Jorge Humberto Fuentes Ponce

Expediente 387/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
387/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Jorge Humberto Fuentes Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto; se ordena el archivo del presente asunto, el cual es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Se cumple prevención y se desecha la demanda de amparo por lo siguiente: ...de la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, se tiene que el promovente es parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen del índice del Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del estado, y reclama el auto de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, en el que se ordenó se girara oficio al notario público a fin de que protocolice en rebeldía la escritura de propiedad del bien inmueble consistente en la finca marcada con el número +++, de la calle +++, que se encuentra construida en el lote de terreno marcado con el número +++, de la manzana número +++, del fraccionamiento +++, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el cual tiene una superficie de ciento cinco metros cuadrados, con medidas y colindancias, al norte mide siete metros a colindar a colindar con el lote número +++, al sur mide siete metros a colindar con la calle +++, al oriente mide quince metros a colindar con el lote número +++ y al poniente mide quince metros a colindar con el lote número +++, de la manzana número +++, se encuentra circundada por las siguientes calles, al norte +++, al sur +++, al oriente avenida +++, y al poniente +++. Por otra parte cabe decir que el Título Segundo de la Ley de Amparo regula el Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito, por lo que en el capítulo I y, en especial el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley en cita, establece lo que a continuación se transcribe en la parte que interesa: "El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Del referido numeral se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo después de concluido un juicio, que son: 1. Actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y 2.Actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia (párrafo segundo, 107, fracción IV); o dictada en el procedimiento de remate (párrafo tercero, 107, fracción IV). La fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que por última resolución debe entenderse aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Una vez establecido lo anterior, se estima oportuno diferenciar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas; una, respecto de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia; y la otra de actos dictados en la fase procesal de remate. En el primero no se requiere de remate alguno para darle cumplimiento, en cuyo caso, procederá únicamente contra la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad de cumplirla u ordena archivar el expediente. El segundo supuesto se refiere a aquellos casos en que, para dar cumplimiento a la sentencia es necesario proceder al remate de los bienes que garantizan el resultado de la misma, donde el amparo es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispuso que el citado numeral de la Ley de Amparo, debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Esto último fue determinado por la Primera Sala, en la jurisprudencia 13/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, registro 2011474 que del contenido siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Siguiendo el criterio jurisprudencial recién invocado, debe decirse que el juicio de origen ya no se encuentra en la fase procesal de remate; sino en la de ejecución de sentencia. Así es, ya que la última resolución dictada en la etapa de remate aconteció con el auto que ordenó prevenir a la parte demandada a fin de que se otorgara de forma voluntaria la escritura de bien inmueble objeto del litis, toda vez que es indudable que, el juez señalado como responsable, previo a ordenarlo en rebeldía, ordenó prevenir a la parte demandada para que lo hiciere de forma voluntaria. Luego, esa es la última resolución contra la cual procedía el juicio de amparo indirecto en la fase de remate; sin que en este juicio de amparo se haya reclamado dicha resolución, pues como se señaló anteriormente el acto reclamado lo constituye el auto de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, en el que se ordenó se girara oficio al notario público, a fin de que protocolice en rebeldía la escritura de propiedad del bien inmueble objeto de litis en el juicio ejecutivo mercantil de origen; es decir, se encuentra dictado con posterioridad a la resolución que constituye la última en la etapa de remate; lo que se traduce en que el acto reclamado es un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, ya no en el de remate, por lo cual ahora se debe atender al primer párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para concluir que en este caso, el juicio de amparo será procedente hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, que es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total, declara la imposibilidad para cumplirla u ordena archivar el expediente; donde podrá hacer valer las irregularidades que hayan acontecido en el procedimiento de ejecución de sentencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, diciembre 2020, página 293, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." En tal contexto, se estima que la presente demanda es notoriamente improcedente, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

  3. Principal

    Se previene nuevamente la demanda de amparo: a fin de que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad que, si además de señalar como acto reclamado la orden de protocolización del bien inmueble materia del litigio, reclama el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil de origen. Se hace del conocimiento a la parte promovente y a sus abogados autorizados, que aquél que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, se hará acreedora a la sanción que establece el artículo 261 de la Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con dicha prevención en la forma y términos solicitados, o no manifestar el impedimento que tuviere para ello, o de cumplir sin adjuntar cinco copias de su escrito aclaratorio, para distribuirlas entre las partes, transcurrido el lapso que se le concede para ello, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se levanta la suspensión en el presente procedimiento; se declara que ha causado ejecutoria la resolución constitucional dictada y se ordena el archivo del expediente, el cual es susceptible de destrucción.

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