Jorge Humberto Fajardo Aguilar

Expediente 703/2018 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 40 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
703/2018
Año
2018
Actuaciones
40
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Jorge Humberto Fajardo Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintidós. En términos del numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio el oficio 401-T-DGAJ-DG-01362-2022, signado por el Director de Garantías en suplencia del titular de la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual informa que se hizo efectivo el billete de depósito N587862, a favor del Erario Federal. Finalmente, devuélvase el presente expediente al archivo, de donde fue extraído. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Incidental

    II...Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 703/2018-II, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concedió la medida cautelar (suspensión provisional y la suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; por lo que, en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Toda vez que, el presente incidente se formó por duplicado y separado; procédase a su destrucción a partir del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. En otro aspecto, de autos se desprende que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 587862, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida dentro del presente asunto, el cual se encuentra en la caja de valores de este juzgado. Ahora bien, en virtud de que en el cuaderno principal del que deriva este incidente de suspensión, se encuentra concluido en su totalidad y se ordenó el archivo definitivo en esta propia fecha, por lo que resulta dable ordenar la devolución del mencionado billete de deposito a la parte quejosa. En tales condiciones, de conformidad con lo previsto por los artículos 21 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se requiere a la quejosa para que comparezca ante este órgano jurisdiccional en día y hora hábil, debidamente identificada, a recibir el billete de depósito N 587862, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $3,000.00 ( tres mil pesos, moneda nacional). En la inteligencia de que en caso de no hacerlo dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que sea notificada del presente auto, prescribirá su derecho a reclamarlo y se ordenará hacerlo efectivo a favor del erario federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hayan inconformado con el contenido de dicha determinación, en términos del numeral 201, fracción I de la propia ley; por lo que, con fundamento en el precepto legal invocado en primer término, se tiene por consentida la mencionada determinación. Toda vez que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, con fundamento en los numerales 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. El presente expediente es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ya que se concedió la protección constitucional solicitada, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente respecto a su archivo, para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante resolución terminada de engrosar el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jorge Humberto Fajardo Aguilar, respecto del acto que reclamó al Juez Segundo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta localidad, para el efecto de que dejara insubsistente el proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 0943/2015, anteriormente 368/2010; y por consiguiente la orden de reaprehensión librada el seis de julio de dos mil dieciocho; y en su lugar, pronunciara otra pero cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación al momento de abordar el estudio de la póliza de seguros que obra en la causa penal de origen, en los términos precisados en dicha sentencia; y, hecho lo cual, resolviera con plenitud de jurisdicción. Por lo que, al no ser recurrida por las partes, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 106 y 107). Posteriormente, oficios 4156/2018 y 1930/2018, recepcionados en este órgano jurisdiccional el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, signados respectivamente por el titular del Juzgado de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, y por la agente del Ministerio Público adscrita a dicho órgano jurisdiccional, ambas con sede en esta ciudad, por medio de los cuales informaron sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado por este Tribunal, remitiendo las constancias respectivas, por lo que en auto de veinte de ese mismo mes y año, se ordenó dar vista a las partes. Luego, en proveído de veintidós de marzo del año en curso, este órgano de control constitucional requirió al juez de origen, para que informara sí ya había emitido la resolución correspondiente, toda vez que a través del oficio 4156/2018, aludido líneas supra, adjuntó copias certificadas del acuerdo, en el que dejó insubsistente el auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, y por consiguiente la orden de reaprehensión librada el seis de julio del mismo año, dictado dentro de la causa penal número 943/2015 del extinto Juzgado Segundo Penal, ahora proceso 775/2018, la cual se instruye en contra del quejoso Jorge Humberto Fajardo Aguilar, por el delito de lesiones, en agravio de la tercera interesada Blanca Silvia Larraga Rodríguez. Asimismo, la responsable requirió al representante legal de la Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable Grupo Financiero Aserta, a fin de que informara sobre la validación de la póliza número 127945, la cual fuera exhibida en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diez, para garantizar el beneficio de la libertad bajo caución del aquí agraviado, a efecto de que estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a la misma. En consecuencia, a través del oficio 826/2019, recepcionado en este tribunal federal el veintisiete de marzo del año en curso, signado por el Titular del Juzgado de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado al fallo emitido en el presente asunto, por lo que adjuntó copia certificada del proveído de veintiséis de marzo del año en curso, en el cual se determinó que la póliza número 127945, se encontraba vigente, misma que garantizaba la libertad provisional bajo caución del aquí quejoso, la cual cubre la cantidad de doscientos setenta y cinco mil pesos moneda nacional, por lo que se cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 401 fracción VI del Código de Procedimientos Penales en el Estado; aunado a que la misma garantiza el monto total fijado en auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la cual se estableció la cantidad citada para obtener el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Comunicado anterior que se ordenó poner a la vista de las partes a fin de que manifestaran lo de su intención; sin que así lo hubieren hecho. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Bajo ese contexto, en la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 0943/2015, anteriormente 368/2010; y por consiguiente la orden de reaprehensión librada el seis de julio de dos mil dieciocho. En su lugar, pronunciara otra pero cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación al momento de abordar el estudio de la póliza de seguros que obra en la causa penal de origen, siguiendo los lineamientos del fallo constitucional, sin que pudiera agravarse la situación del quejoso y con plenitud de jurisdicción. En tales condiciones, este órgano de control constitucional procede a analizar si el fallo protector dictado en este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplido o no. En razón a ello, se advierte de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, que el Juez de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a través del oficio 4156/2018, adjuntó copias certificadas del acuerdo, en el que dejó insubsistente el auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, y por consiguiente la orden de reaprehensión librada el seis de julio del mismo año, dictado dentro de la causa penal número 943/2015 del extinto Juzgado Segundo Penal, ahora proceso 775/2018, la cual se instruye en contra del quejoso Jorge Humberto Fajardo Aguilar, por el delito de lesiones, en agravio de la tercera interesada Blanca Silvia Larraga Rodríguez. Asimismo, la responsable requirió al representante legal de la Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable Grupo Financiero Aserta, a fin de que informara sobre la validación de la póliza número 127945, la cual fuera exhibida en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diez, para garantizar el beneficio de la libertad bajo caución del aquí agraviado, a efecto de que estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a la misma. Luego, por medio del comunicado 826/2019, informó sobre el cumplimiento dado al fallo emitido en el presente asunto, por lo que adjuntó copia certificada del proveído de veintiséis de marzo del año en curso, en el cual se determinó que la póliza número 127945, se encontraba vigente, misma que garantizaba la libertad provisional bajo caución del aquí quejoso, la cual cubre la cantidad de doscientos setenta y cinco mil pesos moneda nacional, por lo que se cumple con los requisitos establecidos por el artículo 401 fracción VI del Código de Procedimientos Penales en el Estado; aunado a que la misma garantiza el monto total fijado en auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la cual se estableció la cantidad citada para obtener el beneficio de la libertad provisional bajo caución. En tales condiciones, se advierte que el juez responsable acató el fallo constitucional, dado que dejó insubsistente el proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 0943/2015, anteriormente 368/2010; y por consiguiente la orden de reaprehensión librada el seis de julio de dos mil dieciocho; a su vez pronunció otra el pasado veintiséis de marzo del año en curso, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación al momento de abordar el estudio de la póliza de seguros que obra en la causa penal de origen, dado que verificó que la póliza estaba vigente y que la misma podía garantizar la libertad provisional bajo caución del aquí quejoso, fundado su determinación con los numerales 396, 401 y 406 del código adjetivo de la materia. Así, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora, este juzgador estima que se ha dado cumplimiento a la resolución de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, este Juzgado de Distrito con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el veintiséis de marzo dos mil diecinueve, en que el Juez de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal número 775/2018, anteriormente 943/2015, la cual se instruye en contra del quejoso Jorge Humberto Fajardo Aguilar, por el delito de lesiones, en agravio de la tercera interesada Blanca Silvia Larraga Rodríguez, dio cabal cumplimento a la ejecutoria de merito, toda vez que de las constancias que remitió se advierte que en auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, y por consiguiente la orden de reaprehensión librada el seis de julio del mismo año; y en proveído de veintiséis de marzo del año en curso, determinó que la póliza número 127945, se encontraba vigente, misma que garantiza la libertad provisional bajo caución del aquí quejoso, toda vez que cubre la cantidad de doscientos setenta y cinco mil pesos moneda nacional, por lo que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 401 fracción VI del Código de Procedimientos Penales en el Estado; aunado a que la misma garantiza el monto total fijado en auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la cual se estableció la cantidad citada para obtener el beneficio de la libertad provisional bajo caución. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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