Jorge Humberto Dueñas Sevilla
Expediente 853/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/12/2020
Partes del expediente
- Jorge Humberto Dueñas Sevilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE LOS AUTOS Y ATENDIENDO A LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SE HUBIESE INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN LA CUAL SE NEGÓ EL AMPARO SOLICITADO, EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LEY. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PUBLICADO EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTE JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE CONSIDERA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, EN EL PLAZO DE TRES AÑOS BAJO LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 18 DEL ACUERDO GENERAL EN CITA, TODA VEZ QUE SE NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA SE ADVIERTE QUE LAS PARTES NO MANIFESTARON OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 18, DEL REFERIDO ACUERDO GENERAL, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO QUE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL ALGUNO, QUE DEVOLVER A LAS PARTES. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD. DEVUÉLVASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.
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AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA, REMITIDO POR LA PRESIDENTA DE LA SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, POR EL CUAL, ACUSA LA RECEPCIÓN DEL OFICIO 22300/2020-V; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.
- Principal
En Zapopan, Jalisco, a las once horas del diez de noviembre de dos mil veinte, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 853/2020, al estar en audiencia pública Fabiola Moreno Pérez, Juez Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistida de Mabel Cortez Navarrete, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede hacer relación de constancias y dar cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos. A lo que la Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición del informe justificado emitido por la autoridad responsable, lo cual será tomado en consideración en la siguiente etapa procesal. Se abre el periodo de pruebas. Acto continuo, se abre el periodo probatorio y se admiten y se tienen por desahogadas las documentales que obran en actuaciones, y al no existir medio de convicción pendiente por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Periodo de alegatos: Se abre el periodo de alegatos, y al no existir, se cierra este periodo. Así mismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, formuló pedimento. Al no haber diligencia pendiente por desahogar se concluye la presente audiencia de ley, y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 853/2020, promovido por ´´´´´´, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Jorge Humberto Dueñas Sevilla, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra la siguiente autoridad: Autoridad responsable: Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Acto reclamado: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, que declaró infundada la queja interpuesta en el juicio de nulidad ¨¨¨¨. SEGUNDO. Trámite del juicio constitucional. En proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo a la cual se le asignó el número 853/2020, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional y se dio vista al representante social de la adscripción, quien formuló pedimento; finalmente se dio inicio a la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, conforme a los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; por tratarse de un amparo en materia administrativa y haberse presentado la demanda en el territorio en donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción al tratarse de un acto que no cuenta con una ejecución material. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esas condiciones, tenemos que el acto que se combate en el presente juicio de amparo es: De la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, que declaró infundada la queja interpuesta en el juicio de nulidad¨¨¨¨. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado, confesó la certeza de la actuación reclamada; lo que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento de origen, documentales a las que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. No se actualiza causa de improcedencia. Examinado el expediente que se tiene a la vista, se inadvierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ello, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa en su demanda de amparo. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si es legal o no, la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, que declaró infundada la queja interpuesta en el juicio de nulidad de origen. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio de origen, allegadas por el tribunal responsable en apoyo a su informe de ley, en los siguientes términos: El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, Jorge Humberto Dueñas Sevilla, promovió juicio de nulidad en contra del oficio 14.5.1/5796/2018 de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Dirección de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Jalisco y el Jefe de Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Jalisco. En acuerdo de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento de las demandadas. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva que declaró procedente la acción de nulidad planteada, para los efectos siguientes: "Sentadas las premisas anteriores, es que esta Sala estima que la resolución impugnada se emitió en contravención a las disposiciones legales al aplicar la Unidad de Medida y Actualización a partir del año dos mil dieciséis, pues limitó el tope de la pensión a dicha unidad de medida. --- Lo anterior es así, porque si bien la autoridad demandada refirió que a partir de dos mil dieciséis, el factor que debe considerarse de conformidad con el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, lo cierto es que la demandada además de omitir dar los motivos y fundamentos para tener como referencia la unidad de medida y actualización de mérito, aplica de forma retroactiva la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, pues en la misma no existe mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, y en el caso concreto la aplicación de la unidad y actualización conforme a la ley antes citada, le depararía un perjuicio a la parte actora, toda vez que de autos se advierte que se le otorgó su pensión en fecha primero de junio del año dos mil dos, resultando aplicable lo dispuesto por los numerales 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en esa fecha, mismo que hace referencia a que el tope de la cuota diaria de pensión está limitada a 10 salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), razón de la cual no debe aplicarse en perjuicio del demandante y de manera retroactiva el tope de su pensión en base a la Unidad de Medida y Actualización; por consiguiente y ante tal ilegalidad se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del artículo 51, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva en la que considere que el tope de la pensión de la cuota diaria del demandante debe calcularse en base a los 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, en el entendido de que si derivado de lo anterior existe una diferencia de pago a favor del demandante, ésta deberá reintegrársele." El catorce de agosto de dos mil diecinueve, se declaró firme la sentencia definitiva y se concedió un plazo a la autoridad demandada para que diera cumplimiento. Mediante oficio ¨¨¨¨¨¨, la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo definitivo, e informó lo siguiente: "Por lo anterior, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Sala, se procede a calcular su cuota diaria considerando como tope máximo de pensión 10 Salarios Mínimos. (.) Es preciso señalar que los porcentajes de incrementos que le corresponden pueden no ser lo suficientemente altos, para que cada año su cuota pensionaria rebase o alcance el tope máximo. Por tal situación, aún y cuando este Instituto está considerando como límite los 10 salarios mínimos ordenados por la Sala, su última cuota no alcanzó dicho tope. (.) Cuadro V. Comparativo entre lo que se debió pagar y lo pagado. Pensión que se debió pagar (Cuadro III) $3'441,246.85 --- Pensión pagada (Cuadro IV) $4'134,425.72 --- Diferencias -$693,178.87 --- Derivado de lo anteriormente expuesto, por lo que respecta a las diferencias de la retroactividad aplicada se le informa que resultaron con un saldo negativo derivado de la modificación de su cuota diaria de pensión, por la cantidad de -¨¨¨¨¨¨, asimismo, su cuota diaria resultó por la cantidad de $826.48,la cual es inferior a la que actualmente percibe, por ende, este Instituto procede a otorgarle el beneficio de seguir percibiendo los incrementos que este ha otorgado a su pensión, por ser estos en mejores proporciones." Inconforme con el anterior oficio, la parte actora interpuso recurso de queja. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se declaró infundada la queja que interpuso la parte actora. Esta determinación es la que constituye la materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. III. Conceptos de violación. La parte quejosa alude que se violaron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los preceptos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: Se efectuó un deficiente análisis de su recurso de queja dado que en la sentencia se ordenó considerar como tope de la pensión de la cuota diaria del quejoso tomando como base diez salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, y es ilegal que se tenga por cumplida la sentencia mediante el oficio 14.5.1/4537/2019, ya que no se tomó como base el tope diario de diez salarios mínimos generales vigentes a que tiene derecho, pasando por alto lo ordenado en el fallo definitivo y dejando de lado un derecho adquirido, como es el gozar de una pensión conforme a los términos ordenados. La autoridad fue omisa en tomar en consideración lo sentenciado pues aplicó la Unidad de Medida y Actualización para pagarle su pensión, ya que el valor actual de la UMA es de $84.49 pesos y al multiplicar la UMA diaria por 10 veces, resulta la cantidad de $844.90 cantidad que concuerda con la cuota diaria de pensión indicada en el supuesto cumplimiento de sentencia y es omisa en analizar que conforme a los comprobantes de pensión contaba con una cuota diaria de diez veces la UMA, por lo que la resolución reclamada no se encuentra motivada, al no haberse demostrado que ha pagado el tope de los diez salarios mínimos a que tiene derecho. Se debe ejercer un control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad, por lo que al ser un derecho adquirido el recibir la cuota diaria de pensión al tope de los diez salarios mínimos vigentes, dicho derecho no puede ser disminuido atendiendo al principio de progresividad que reconoce el artículo 1° Constitucional, pues es ilógico que sí se pueda aplicar el tope de diez unidades de medida y actualización, si el resultado es superior a diez salarios mínimos vigentes. Se priva al quejoso de un derecho emanado de una sentencia firme porque en la sentencia definitiva sí se ordenó que la cuota diaria de pensión se actualice al tope diario de diez salarios mínimos generales vigentes en la Ciudad de México. La autoridad responsable tuvo por cumplida una determinación totalmente contraria a lo sentenciado, con lo que se transgredió su garantía de defensa, y el principio de exhaustividad y congruencia de las sentencias, ya que no atendió lo condenado al momento de resolver el recurso de queja, e hizo una incorrecta valoración de la documental consistente en sus recibos de pago ya que se puede advertir que su pensión estaba topada a diez veces la unidad de medida y actualización, ya que gozaba de una cuota diaria de $844.90 que al dividirse entre diez da $84.40, por lo cual se debe actualizar su pensión al tope diario de diez salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México. Desde el dos mil dieciséis se le ha negado la posibilidad de gozar de una pensión conforme a derecho, lo que ha redundado en demérito de tener una vida digna y el derecho efectivo a la jurisdicción, ya que es ilógico que se tenga por cumplida la sentencia cuando no se han subsanado las irregularidades pues se siguen aplicando al quejoso las unidades de medida y actualización para efecto de pagarle su pensión y la Sala tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la sentencia. En el supuesto cumplimiento de sentencia se determinó un saldo negativo para el quejoso, lo cual es ilegal porque obtuvo una sentencia favorable y es ilógico que se tenga por cumplida cuando se emite una determinación totalmente desfavorable a sus intereses lo que va en contra del principio non reformatio in peius, por lo que no se puede agravar su situación. IV. Decisión sobre la litis constitucional. Los motivos de disconformidad sintetizados, son infundados e inoperantes, y por ende insuficientes, para conceder el amparo solicitado conforme a las siguientes consideraciones. Los agravios sintetizados en los incisos a), d) y e), son infundados, por las consideraciones siguientes: En la sentencia definitiva se declaró la nulidad del oficio 14.5.1/5796/2018, al considerarse que se emitió en contravención a las disposiciones legales al aplicar la unidad de medida y actualización a partir del año dos mil dieciséis, pues limitó el tope de la pensión a dicha unidad de medida; ello porque la autoridad demandada además de omitir dar los motivos y fundamentos para tener como referencia la unidad de medida y actualización de mérito, aplicó de forma retroactiva la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, pues no existía mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, y en el caso concreto la aplicación de la unidad y actualización conforme a la ley antes citada, ya que al actor se le otorgó su pensión el uno de junio del año dos mil dos, por lo cual, el tope de la cuota diaria de pensión está limitada a 10 salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), razón por la que no debe aplicarse en perjuicio del demandante y de manera retroactiva el tope de su pensión en base a la Unidad de Medida y Actualización. Y, se declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva en la que considere que el tope de la pensión de la cuota diaria del demandante debe calcularse en base a los diez salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, en el entendido de que si derivado de lo anterior existe una diferencia de pago a favor del demandante, ésta deberá reintegrársele. De ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio, pues no es cierto que en el fallo definitivo se haya ordenado tomar como base para cuantificar la pensión, el tope diario de diez salarios mínimos generales vigentes en la Ciudad de México, esto es, que su pensión deba calcularse tomando como base los diez salarios mínimos generales vigentes en la Ciudad de México. Y tampoco es verdad que como anteriormente su pensión estaba topada a diez veces la unidad de medida y actualización, se deba actualizar al tope diario de diez salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México; ello, en virtud de que el motivo de nulidad fue relativo a que su pensión se le estaba cuantificando en unidades de medida y actualización, y debe ser en salarios mínimos generales vigentes en la Ciudad de México. Sin que se haya ordenado tomar como base los diez salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, para cuantificar su pensión, pues lo que se precisó es que el tope superior de la cuota diaria de pensión está limitado a diez salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). No pasa inadvertido el hecho de que el quejoso alegue que como anteriormente su pensión estaba topada a diez veces la unidad de medida y actualización, se debe actualizar su pensión al tope diario de diez salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, sin embargo, dicha circunstancia depende de la cuantificación de que su cuota diaria exceda los diez salarios, tal y como lo señaló la autoridad responsable en la determinación reclamada, cuando refirió: "De la anterior transcripción se advierte que este Cuerpo Colegiado resolvió que de conformidad con el 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en el momento en que se pensionó el demandante -2002- y, el diverso 7° del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el límite superior de diez salarios mínimos como monto a que puede ascender la pensión jubilatoria, tiene como propósito disminuir las disparidades con la finalidad de igualar las seguridades básicas en beneficio de los derechohabientes de menos ingresos, por lo que no atiende exclusivamente a la capacidad económica de cada pensionado, sino principalmente conforme al sentido social y de solidaridad de las aportaciones de seguridad social se busca beneficiar a la totalidad de los asegurados a través de una pensión máxima que asegure el retiro digno y decoroso ya que de no existir dicho límite existe el riesgo de que al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado les sea imposible financiar el pago de las pensiones.--- Esto, se resolvió que la cuota diaria de pensión no podrá exceder en ningún caso del límite de diez salarios mínimos determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lo que implica que el tope de los diez salarios mínimos sólo debe pagarse cuando la cuota diaria de pensión exceda el mismo, esto es, no se estableció que la cuota diaria mínima de pensión parte de los 10 salarios mínimos, ya que dicho monto corresponde al tope de la pensión y no al punto de partida de su cuantificación, de ahí, que si esta es la pretensión del demandante es que se califique la instancia de queja que nos ocupa como infundada." De lo que se observa la ineficacia de los motivos de agravio en estudio. Asimismo, es infundado lo que aduce en el concepto de violación sintetizado en el inciso b), ya que contrario a lo que alega la autoridad responsable sí tomó en consideración lo sentenciado y verificó el cumplimiento de sentencia conforme a lo condenado, advirtiéndose que la autoridad demandada sí se pronunció respecto a su cuota diaria de pensión, dado que indicó lo siguiente: "Es preciso señalar que los porcentajes de incrementos que le corresponden, pueden no ser lo suficientemente altos, para que cada año su cuota pensionaria rebase o alcance el tope máximo. Por tal situación, aun y cuando este instituto está considerando como límite los 10 salarios mínimos ordenados por la Sala, su última cuota no alcanzó dicho tope." Por lo cual son infundadas sus alegaciones en el sentido de que la autoridad fue omisa en tomar en consideración lo sentenciado y en analizar que conforme a los comprobantes de pensión contaba con una cuota diaria de diez veces la unidad de medida y actualización, dado que sí se valoró lo condenado y se determinó que su cuota diaria no rebasa los diez salarios mínimos generales vigentes en la Ciudad de México, para tomarla como punto de partida para cuantificar su pensión jubilatoria. Por otra parte, es inoperante el agravio señalado en el inciso c), porque no basta que se señale el nuevo paradigma del control de convencionalidad y que citara los criterios que lo tutelan, pues en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante esta jurisdicción constitucional, en cuanto a la forma y motivos de inaplicación de algún precepto legal, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que al efecto lo hubiese hecho, ya que se limitó a señalar que es ilógico que sí se pueda aplicar el tope de diez unidades de medida y actualización, si el resultado es superior a diez salarios mínimos generales vigentes. Lo que no combate las consideraciones sustentatorias de la resolución reclamada y no evidencia que existan motivos para inaplicar algún precepto legal, pues el problema jurídico de la litis constitucional es fáctico, ya que lo que pretende el quejoso es que se tome como base para cuantificar su pensión los diez salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, que no fue ordenado en la sentencia definitiva del juicio de origen, y no la inaplicación de alguna norma. Además, tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso, por lo que se desestima lo que alega en el concepto de violación en estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios de rubros y texto siguientes: "Décima Época Registro: 2010532 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: IV.2o.A. J/10 (10a.) Página: 3229 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho." "Décima Época Registro: 2010954 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 4/2016 (10a.) Página: 430 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto." El agravio sintetizado en el inciso f), es infundado, porque contrario a lo que señala el quejoso la autoridad demandada sí dio cumplimiento con lo condenado en el fallo definitivo al realizar la cuantificación correspondiente, de la siguiente manera: De lo que se advierte, que la cuota diaria que le correspondería al quejoso, por ejemplo, en el año dos mil diecinueve, es de $826.48 ochocientos veintiséis pesos con cuarenta y ocho centavos, moneda nacional, en tanto que se le pagó su pensión con base en una cuota diaria de $844.90 ochocientos cuarenta y cuatro pesos con noventa centavos, de lo que se desprende que la cuota diaria que se le debió cubrir, es inferior a la que actualmente percibe, por lo cual, la autoridad demandada le otorgó el beneficio de seguir percibiendo los incrementos que ha otorgado a su pensión, por ser en mejores proporciones, aunado a que precisó que su cuota diaria no alcanzó el tope de los diez salarios mínimos, por lo que se considera que es infundado lo que se aduce en el agravio en análisis. Finalmente, también es infundado el motivo de agravio reseñado en el inciso g), porque no es verdad que se haya agravado su situación, lo que va en contra del principio non reformatio in peius; pues como lo determinó la autoridad demandada al dar cumplimiento a la sentencia definitiva, como el quejoso no alcanzó el tope de los diez salarios mínimos y como su cuota diaria es inferior a la que actualmente percibe, se le otorgó el beneficio de seguir percibiendo los incrementos que este ha otorgado a su pensión, por ser en mejores proporciones, de lo que se observa que no se agravó su situación jurídica al cuantificar su pensión, ya que la autoridad demandada optó por otorgarle la pensión que más le beneficia, de ahí que se desestime lo alegado en el agravio en estudio. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación previamente examinados, y al no existir queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la ley de la materia, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Humberto Dueñas Sevilla, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista física y electrónica. Así lo resolvió y firma Fabiola Moreno Pérez, Juez Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Mabel Cortez Navarrete, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LAS PRESENTES ACTUACIONES, SE OBSERVA QUE ESTÁ TRANSCURRIENDO EL PLAZO OTORGADO A LAS PARTES, EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, RESPECTO DEL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA LA SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY Y SE FIJAN LAS ONCE HORAS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, PARA SU CELEBRACIÓN. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.
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