Jorge Hugo Zambrano Mandujano
Expediente 56/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/01/2019
Partes del expediente
- Jorge Hugo Zambrano Mandujano
Actuaciones
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la demanda de amparo promovida por Jorge Hugo Zambrano Mandujano contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en Tonalá, Chiapas y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 56/2019-1-A. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (Énfasis añadido). Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicitó la protección de la Justicia Federal contra la omisión de celebración de la audiencia incidental de liquidación señalada para las diez horas del diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 33/2017, del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en Tonalá, Chiapas. Ahora, analizando la demanda de amparo se sigue que el reclamo del solicitante de protección constitucional se trata, en principio, de una omisión, pues alude a un "no hacer" por parte de la autoridad señalada como responsable en relación a la celebración de la audiencia incidental de liquidación en el juicio de origen. Es decir, el reclamo de la parte quejosa no se trata de actos que doctrinariamente se conocen como "declarativos", es decir, que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino como se dice, versa en un "no hacer" de las autoridades respecto de algo que inminentemente tendrían la obligación de efectuar, ello, de acuerdo a lo que manifiesta la parte agraviada en el escrito de demanda. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantean los actos reclamados en la demanda de amparo, puede aseverarse que estos tienen la naturaleza jurídica de actos negativos con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter negativo carecen de ejecución material, ya que si bien el quejoso reclama la omisión por parte de la autoridad responsable en proveer respecto a la celebración de la audiencia incidental de liquidación en el juicio laboral de origen; lo cual, en apariencia, son actos puramente de carácter negativo; lo cierto, es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le reclama, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como lo es en su derecho de acceso a la justicia, pues el agraviado no ve satisfecha su pretensión en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan. En otras palabras, dicha afectación de derechos tiene directa, estrecha y materialmente relación con la omisión señalada; de ahí, que los actos negativos en comento posean efectos positivos, porque las omisiones aludidas permiten que se continúe ejecutando la afectación en la esfera jurídica de la agraviada, como lo es la insatisfacción de sus pretensiones, habida cuenta que la autoridad responsable no realiza las acciones necesarias para ello. En vía ilustrativa, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 205, Tomo LIII, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. La prohibición de una autoridad administrativa, para que el poseedor de una finca de campo, extraiga de ella determinadas cosas, tiene la apariencia de acto negativo, pero produce efectos positivos, y la suspensión debe concederse, si se ignora si existe motivo de interés general que funde la orden de la autoridad responsable, en virtud de no haber rendido el informe previo." En ese orden de ideas, al establecerse que los actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, esto implica que se reconoce que tal acto conlleve un principio de ejecución, ya que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tienen las omisiones que han sido apuntadas. Entonces, la regla de competencia aplicable en el caso, es aquélla que establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Toda vez que, como se ha dicho, los actos reclamados conllevan un principio de ejecución -descartando así la regla de cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda-, siendo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es aquél en donde se está ejecutando la afectación a los derechos de la parte quejosa con motivo de las omisiones impugnadas, lo cual acontece en el lugar en donde se encuentra radicado el juicio laboral y donde se efectuaría el eventual acuerdo sobre la celebración de la audiencia incidental de liquidación. Es aplicable la tesis I.1o.P.35 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la Décima Época, registro 2013097, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Materia Común, página 2350, del rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio". Por lo que, la afectación a los derechos de la parte quejosa tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, toda vez que como se advierte del escrito de demanda, el juicio natural se encuentra radicado ante la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en Tonalá. En tal virtud, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo y declina la competencia al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa, establece: ".XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados especializados, dos en materia penal y civil, uno en materia del trabajo y uno en materia administrativo, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Once juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas: dos especializados de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con sede en Tuxtla Gutiérrez y dos Juzgados de Distrito Mixtos, con residencia en Tapachula. (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán.". Similar criterio sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, residente en Mexicali, Baja California, al resolver el conflicto competencial 12/2017, de su índice, el cual este órgano jurisdiccional considera adecuado y orientador para declararse incompetente en el presente asunto, por las razones expuestas. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo antecedente que se forme, remítase el original del escrito de demanda, con sus respectivos anexos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, con el fin de que a su vez los envíe al Juez de Distrito en turno, en esa ciudad, para que proceda al conocimiento del asunto; debiéndose realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizadas en los términos que indica, a las personas que refiere. Dada la naturaleza de los actos reclamados y tomando en consideración que esta determinación no se encuentra dentro de los supuestos contemplados por el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las partes el presente proveído por medio de lista, dado que se estima innecesario realizar la notificación del mismo de manera personal. Lo anterior, conforme a lo establecido en la tesis P./J 12/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y cinco, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor): esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda. Por otra parle. el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las parles en el juicio. y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente: por tanto, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse. en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar. del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente. Se autoriza al secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. NOTIFÍQUESE.
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