Jorge Horacio Villarreal Ovalle
Expediente 1313/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jorge Horacio Villarreal Ovalle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal, así como la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. 1.5 Devolución constancias. Hágase devolución al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial Río Grande, con sede en esta ciudad, del disco compacto en formato DVD, que remitió en su oportunidad, por no ser necesaria su permanencia en este juicio. 1.6 Incidente de suspensión. Toda vez que en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original.
- Incidental
1. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se negó y concedió la suspensión definitiva en el original del presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 1313/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido *********, contra las autoridades responsables Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Piedras Negras, Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Norte I, Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y Juez de Control adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, todos con residencia en esta ciudad, respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión dicta en su contra el trece de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ************ y su ejecución. . ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Jorge Horacio Villarreal Ovalle solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos ahí precisados. 2. Trámite. Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo en el acta que antecede. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Piedras Negras, Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Norte I, Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y Juez de Control adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, todos con residencia en esta ciudad. 4.2 Actos reclamados. La orden de aprehensión dicta en su contra el trece de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 43/2022 y su ejecución. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia del acto y las causales de improcedencia alegada por las responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Inexistencia del acto por una autoridad. No es cierto el acto reclamado a la Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Piedras Negras, pues así lo refirió al rendir informe justificado, sin que la parte quejosa aportara pruebas para desvirtuar la negativa. Además, de las constancias que obran en autos y la videograbación que remitió la diversa autoridad judicial responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande en Piedras Negras, no se advierte la participación de tal autoridad en el acto reclamado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio por lo que hace a esas autoridades. 5.2 Existencia de acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, al así haberlo reconocido las autoridades responsables Juez de Control adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres e Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Norte I, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar su existencia, en términos de la jurisprudencia 7492. Además, la certeza se corrobora con la copia certificada de las actuaciones y videograbación de la causa penal 0043/2022-JEVF, que acompañaron las autoridades como complemento de sus informes; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5.3 Causal de improcedencia. En el caso concreto se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. 5.4 Premisas argumentativas de la causal de improcedencia. La citada fracción del mencionado artículo 63, determina la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional cuando la parte quejosa incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no acreditar ante el órgano que conoce del asunto que entregó los edictos para ser publicados en términos del diverso 27, o bien, que no haya acreditado con justa causa su omisión. Dicha causal deriva del incumplimiento hacia un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano de control constitucional, sino a la propias impetrantes, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, la parte quejosa. En efecto, la carga procesal de la parte quejosa de coadyuvar a la publicación de los edictos implica diversos actos, como son recogerlos, entregarlos para su publicación -lo que conlleva pagar esta última-, y acreditar ante el órgano judicial que los edictos fueron entregados para su publicación. En ese sentido, la parte quejosa debe satisfacer todos y cada uno de esos actos; los cuales, no podrá realizarlos en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que entraña diversos tiempos, ya que, primero, debe recoger los edictos; a continuación, pagar la publicación donde corresponda; y, por último, exhibirla en los autos del juicio de amparo, ello dentro del término de veinte días, tal y como lo establece el artículo 27 inciso b) segundo párrafo de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 27/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo expuesto, torna improcedente el juicio de amparo, porque no es válido que este órgano de control constitucional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a la tercera interesada Paula Rodríguez Mejía, cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. 6. Caso concreto. Acorde a lo anterior, de autos se advierte que mediante proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, con la finalidad de lograr el emplazamiento de la referida tercera interesada, posterior a la investigación correspondiente de conformidad con el numeral 27, fracción II, de la Ley de la Materia, se ordenó el emplazamiento a juicio por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándole el plazo de veinte días para que los recogiera y justificara su entrega. El plazo de veinte días transcurrió del veintitrés de enero al veinte de febrero del año en curso, toda vez que fue notificada por medio de lista el diecinueve de enero de este año, sin que la parte quejosa haya demostrado interés en la continuación del juicio al no acreditar que entregó para su publicación los edictos de referencia. Por consiguiente, es claro el desinterés de la parte quejosa con la continuación del juicio de amparo, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República. 7. Conclusión. La parte quejosa no acreditó en el plazo de veinte días que se le otorgó que entregó para su publicación los edictos para emplazar a la tercera interesada *************************; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. 8. Notifíquese en términos de ley.9. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 10. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo a la parte quejosa el plazo de veinte días otorgado en proveído de trece de enero del año en curso, en el que se le requirió para que compareciera ante este órgano de justicia a recoger los edictos y justifique que los entregó para su publicación a fin de emplazar a la tercera interesada ... 2. Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.
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