Jorge Horacio Ortiz Vargas

Expediente 969/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
969/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Horacio Ortiz Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que hasta la fecha no ha informado los trámites que acrediten tal efecto. Se requiere a la responsable En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, para que, dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos. En ese sentido, se reitera que las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, son las siguientes: "1. Para el caso de que a la fecha en que cause ejecutoria la presente determinación, no se haya llevado a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral J-VI-279/2020, emita un auto en el que deje sin efectos el diverso de quince de junio de dos mil veintidós; y, 2. En el referido proveído, reitere las determinaciones que no fueron materia de análisis en la presente sentencia, y señale fechas más próximas para que tengan verificativo el desahogo de las pruebas: confesional y testimoniales ahí señaladas, esto es, en un término prudente para que tengan su verificativo." Subsisten apercibimientos En el concepto de que subsisten los apercibimientos formulados en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el libro de gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consiste en: " 1. Para el caso de que a la fecha en que cause ejecutoria la presente determinación, no se haya llevado a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ********************, emita un auto en el que deje sin efectos el diverso de quince de junio de dos mil veintidós; y, 2. En el referido proveído, reitere las determinaciones que no fueron materia de análisis en la presente sentencia, y señale fechas más próximas para que tengan verificativo el desahogo de las pruebas: confesional y testimoniales ahí señaladas, esto es, en un término prudente para que tengan su verificativo." NO HA LUGAR A REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo en vigor, puesto que la Junta responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea, por tanto, su corresponsable por la falta de cumplimiento a éste. DIGASELE AL QUEJOSO SE ESTÉ A LO ACORDADO Por otra parte, agréguese el oficio signado por el apoderado del quejoso, en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-969/2022, promovido por Jorge Horacio Ortiz Vargas, por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado de manera electrónica el cuatro de septiembre del año en curso, a través del portal en línea del Consejo de la Judicatura Federal, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno al día siguiente, Jorge Horacio Ortiz Vargas, a través de su apoderado Juan Carlos Alcántar García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una omisión del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora. Estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por auto de seis de septiembre del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue levantada como se advierte del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por territorio materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, al reclamarse un acto omisivo de una autoridad con ejecución dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción mixta. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de derechos humanos y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado el siguiente: De la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, la dilación procesal en que ha incurrido en la prosecución del juicio citado supralíneas, en específico, el auto de quince de junio de dos mil veintidós, mediante la cual se señalaron fechas remotas para el desahogo de las pruebas confesional y testimoniales, esto es, a las nueve horas con treinta minutos del doce, quince y dieciséis todos de mayo de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta laboral responsable, se obtiene que aceptó la existencia del acto que se le atribuye; lo anterior, se corrobora con las constancias que se acompañaron. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Documental a la que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. No obstante, de autos se desprende que las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna; además, este órgano jurisdiccional no advierte la actualización de alguna de ellas; entonces, procede el análisis del fondo del juicio de amparo. QUINTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación al señalamiento de fechas remotas para el desahogo de las pruebas confesional y testimoniales en el expediente de origen. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos legales, particularmente, el señalamiento de fechas remotas para el desahogo de diversas pruebas, esto es, a las nueve horas con treinta minutos del doce, quince y dieciséis todos de mayo de dos mil veintitrés en el juicio J-VI-279/2020. En sus conceptos de violación, en esencia, la parte quejosa se duele que se violentan sus derechos fundamentales, relativos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, en términos de los numerales 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la autoridad responsable en su informe justificado se limitó a manifestar que son ciertos los actos reclamados. A efecto de expresar claramente las razones que llevan a este juzgador a sostener que asiste razón a la parte quejosa, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [.]" El precepto constitucional citado reconoce en favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, mediante la cual, el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia.". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada.". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Tales consideraciones dieron génesis a la jurisprudencia de contenido literal siguiente. "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h Materia(s): (Común, Laboral) Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Luego, en el presente caso, se reclama el auto de quince de junio de dos mil veintidós, mediante la cual se señalaron fechas remotas para el desahogo de diversas pruebas, esto es, las nueve horas con treinta minutos de los días doce, quince y dieciséis, todos de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen, al señalar una fecha que excede los ocho meses para su desahogo, por lo que evidentemente trastoca los derechos del quejoso de obtener justicia de manera pronta y expedita. Aunado a que el proceso laboral dado su particularidad de ser oral precisa que se deben de desahogar las diligencias necesarias a la brevedad posible, lo que no acontece en el asunto. En ese orden de ideas, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 del pacto federal, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. Circunstancia que no aconteció en el caso a estudio, por las razones anteriormente expuestas. Consecuentemente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Horacio Ortiz Vargas, para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, realice lo siguiente: Para el caso de que a la fecha en que cause ejecutoria la presente determinación, no se haya llevado a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral J-VI-279/2020, emita un auto en el que deje sin efectos el diverso de quince de junio de dos mil veintidós; y, En el referido proveído, reitere las determinaciones que no fueron materia de análisis en la presente sentencia, y señale fechas más próximas para que tengan verificativo el desahogo de las pruebas: confesional y testimoniales ahí señaladas, esto es, en un término prudente para que tengan su verificativo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Jorge Horacio Ortiz Vargas, por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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