Jorge Hiram Luna García
Expediente 1250/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Hiram Luna García
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin embargo, en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede se advierte la imposibilidad del actuario judicial para entregar el oficio 29613/2022 dirigido al "encargado de la Guardia de Prevención en turno adscrito a la Dirección de Seguridad Vial del Municipio de Santa Lucia del Camino", debido a que al entrevistarse con el encargado le manifestó que dicha autoridad no existe con esa denominación. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°, hágase del conocimiento de la parte quejosa la imposibilidad de la fedataria para entregar el oficio de mérito, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se dejará de tener como responsable en este juicio de amparo la citada autoridad. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de noviembre de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1250/2022. Suspensión de oficio y de plano. De la revisión de la demanda de amparo se advierte que el promovente Manuel Alejandro San Pedro Ruiz reclama del Juez Calificador en turno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y del Encargado de la Guardia de Prevención en turno, adscrito a la Dirección de Seguridad Vial del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, la privación de la libertad fuera de procedimiento, la detención, el arresto e incomunicación que afirma es objeto el quejoso Jorge Hiram Luna García. En ese contexto, se provee en cuanto a la suspensión de oficio y de plano lo siguiente: Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a mantener privado de la libertad personal al directo quejoso fuera de procedimiento, hacerlo víctima de malos tratos, incomunicación, coacción, castigos o tormentos y que pueda privarlo de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de este Juzgador por lo que hace a su libertad personal. Apercibimiento a la autoridad responsable. Requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comuniquen, vía informe, a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que dén cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano con el apercibimiento, que de no cumplir con ello, a la omisa, se le impondrá multa de cincuenta veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito en términos de lo dispuesto por el ordinal 262, fracción III, de la ley de la materia, por lo que de consumarse, de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. También deberán permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados del directo agraviado, quienes deberán acatar las medidas sanitarias que se hayan implementado en la institución de que se trate, ante la contingencia decretada para hacer frente al fenómeno de salud pública causado por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario Judicial correspondiente el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a la aludida autoridad por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Por otro lado, se ordena a la Actuaria Judicial de la adscripción para que solicite que le proporcionen el control de ingreso que se maneje en la dependencia antes citada con relación al detenido, debiendo hacer constar dicha fedataria la hora y el día en el que la parte quejosa ingresó a la dependencia a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Prevención y apercibimiento al directamente agraviado. Tomando en consideración que el promovente del amparo señala que el agraviado Jorge Hiram Luna García, se encuentra privado de su libertad personal en las celdas del Municipio de la Dirección de Seguridad Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Por tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para que se haga presente en las celdas del Municipio de la Dirección de Seguridad Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca o en cualquier otro lugar donde pueda ser localizado el quejoso Jorge Hiram Luna García y al momento de la diligencia realice lo siguiente: a) Notifique a Jorge Hiram Luna García, este proveído. b) De fe de las condiciones físicas en las que se encuentra el inconforme Jorge Hiram Luna García y lo requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice. c) Requiera al agraviado Jorge Hiram Luna García, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por Manuel Alejandro San Pedro Ruiz, dicho lapso de tiempo contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no ratificarla se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con lo que exponga el inconforme o concluido el mencionado plazo dese nueva cuenta a fin de proveer sobre la admisión de la demanda. Asimismo, con transcripción de este auto gírese oficio a las autoridades responsables para que permitan la entrada a esa institución a la Actuaria Judicial comisionada, así como el acceso a las listas o los registros que en la misma se lleven como control de ingresos y egresos de las personas detenidas a fin de cumplir su encomienda. Precisión de los efectos de la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento. Con fundamento en lo previsto por el numeral 164 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que en el caso de que el arresto o detención del directo quejoso haya sido efectuado por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público en relación a la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad de los directos agraviados, o bien, ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras competentes. De manera semejante, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que la parte quejosa sea puesta en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya ejecutado la orden privativa de la libertad, deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el registro del arresto o detención, pues los miembros de la policía que la realicen, deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y hora en que la persona fue detenida o puesta a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada para el efecto que si la detención se hubiere realizado en flagrancia o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición al agraviado deberá examinar de inmediato las condiciones en que éste se realizó, debiendo remitir a este Juzgado las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro del arresto o detención correspondiente a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar la libertad o solicitar la respectiva audiencia de control de la detención ante el Juez competente En caso de que el arresto del directo agraviado obedezca a un supuesto distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad o consignada ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictada en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de un hecho continuo, el cual es susceptible de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de la parte quejosa y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente esté ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a la parte agraviada, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por la autoridad señalada como responsable, pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso, a los solicitantes del amparo en el goce del derecho fundamental violado, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a la autoridad responsable que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenida la persona agraviada, respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. Apercíbase a la autoridad responsable, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el numeral 211 de la ley de la materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública. Por otro lado, se ordena a la Actuaria de la adscripción para que solicite le proporcionen el control de ingreso que se maneje en las dependencias antes citadas con relación al detenido, debiendo hacer constar dicha fedataria la hora y el día en el que la parte quejosa ingresó a la dependencia a fin de acordar, en su caso, lo que en derecho corresponda. Vinculación de autoridades. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de una persona, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye en delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la parte agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona a la Actuaria de la adscripción para que en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades que hayan sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención, están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad de los quejosos. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables refieren que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta a la Actuaria Judicial para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicha funcionaria, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a la autoridad responsable, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de las responsables, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo. AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Copias. Expídase a favor de la parte quejosa copia certificada de esta determinación, autorizando a cualquiera de las personas que se indican en la demanda para recibirla, previa identificación y razón de entrega que se asiente en autos. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del justiciable para recibir notificaciones el que indican en su ocurso y como autorizada en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Mayra Estela Monjaraz Lustre (cédula profesional 12736238). Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Por otro lado, se tiene al quejoso señalando el número telefónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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