Jorge Herrera Ramírez

Expediente 523/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 38 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
523/2019
Año
2019
Actuaciones
38
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Jorge Herrera Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General Asimismo, de autos se aprecia que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda exhibió diversas documentales; por ello, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante éste juzgado a recoger los documentos que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibido que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General Asimismo, de autos se aprecia que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda exhibió diversas documentales; por ello, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante éste juzgado a recoger los documentos que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibido que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia.

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y toda vez que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará el requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo hubiera hecho; no obstante encontrarse debidamente notificado. En ese orden de ideas, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en cita y se entiende que la parte quejosa mostró un absoluto desinterés en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por ende, se resolverá lo que en derecho proceda tomando en consideración únicamente los elementos que obren en autos. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Lo anterior se estima de tal forma, toda vez que mediante diversos proveídos de dos de septiembre, veintiséis de octubre y dieciocho de noviembre, todos de dos mil veintiuno; se requirió a la parte quejosa para que coadyuvara en el procedimiento de ejecución de sentencia; haciendo de su conocimiento que el propósito de lo requerido, radicaba en hacer cumplir la ejecutoria de amparo; ello, sin que al efecto hubiese realizado manifestación alguna al respecto, no obstante que dichos requerimientos le fueron debidamente notificados. Ahora bien, en la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto siguiente: "(.) la Delegación Sur del Distrito Federal (ahora Distrito Federal), Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8 "Doctor Gilberto Flores Izquierdo"; y, Responsable de las Funciones de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Delegación Sur del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, cumplan con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.3005181/158.C.DJ, dictado en sesión ordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se traduce en: a) Cite al quejoso a las oficinas de la Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que le informe a éste cuál es la documentación necesaria para iniciar o continuar el procedimiento para el pago de la reparación del daño material. b) Hecho lo anterior, determine el monto que corresponde al quejoso como pago de reparación del daño material. c) Finalmente, previa suscripción de los convenios y finiquitos con cargo a la partida presupuestal correspondiente, pague a éste el monto previamente determinado como reparación del daño material." Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien a través de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada en el amparo en revisión R.A. 71/2020, de su índice, modificó la sentencia recurrida, para sobreseer en el juicio por lo que hace al acto reclamado al Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 8 de la Delegación Sur de la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social y conceder el amparo respecto del acto atribuido al titular de la citada delegación y al responsable de las funciones de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente; para los efectos señalados en el último considerando de la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se recibieron los autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguido que fue el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, entre otros aspectos, se tuvo al delegado de las autoridades responsables informando que se emitió el oficio de veintiséis de agosto del año en cita, en el que se requirió al quejoso para que acudiera a la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, con el objeto de que presente los documentos necesarios para iniciar el procedimiento para el pago del daño material; sin embargo, indicó que no le fue posible llevar a cabo la diligencia de notificación respectiva en tanto no se localizó al quejoso, por lo que procedió a levantar un acta de hechos asentando las circunstancias correspondientes; además, indicó que el quejoso no se presentó en dichas oficinas, ni exhibió los documentos que le fueron solicitados para estar en posibilidad de iniciar el trámite para el pago respectivo. En razón de lo anterior, en el referido auto se requirió a la parte quejosa para que exhibiera la totalidad de los requisitos solicitados por la autoridad, a saber: 1. Nombramiento de heredero o herederos en un testamento o el acuerdo judicial o notarial que así lo refiera. 2. Acta de nacimiento del heredero o herederos. 3. Acta de defunción de la finada Benita Ramírez Velázquez. 4. CURP de la finada y de los herederos. 5. Comprobante de domicilio de los herederos Como ya se dijo, el referido requerimiento se reiteró a través de los diversos proveídos de veintiséis de octubre y dieciocho de noviembre todos de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna. En este punto, se estima oportuno destacar que el Titular y Responsable de las Funciones de Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, ambos de la Delegación Sur de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, informaron que: 1. Respecto a la determinación del monto que corresponde a la parte quejosa, como pago de reparación del daño material, mediante oficio 095217614C20/1216 de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se autorizó un monto de $1´402,000.00 (un millón cuatrocientos dos mil pesos). 2. En relación con la suscripción del convenio y finiquito, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, se encuentra condicionado a que el quejoso acredite de manera fehaciente su legítimo derecho para recibir la indemnización por daño material. 3. Que existe una imposibilidad material para la elaboración del convenio y finiquito, toda vez que el quejoso no ha exhibido la totalidad de los requisitos para acreditar su legítimo derecho. En consecuencia, a criterio de este juzgado, con las acciones llevadas a cabo por la autoridad responsable, debe considerarse cumplido el fallo protector. Lo anterior, dado que la conducta contumaz de la parte quejosa en coadyuvar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, impide al juzgador continuar requiriendo a las autoridades responsables, en tanto para los trámites necesarios es indispensable la participación activa del promovente de amparo. Así las cosas, de razonar en sentido contrario, es claro que se dejaría al arbitrio de la parte quejosa dejar paralizado el juicio constitucional por no cumplir con lo requerido, a efecto de que las autoridades continúen con las gestiones subsecuentes; en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, ni a las autoridades responsables; pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de las partes. Por lo que no influye en esta determinación que el monto a devolver respecto del daño material no haya sido pagado hasta la fecha, dado que la autoridad requerida cumplió con la obligación de acreditar las actuaciones que se encontraba realizando, empero, la parte quejosa fue omisa en exhibir la documentación solicitada, a fin de que se suscribiera el convenio y finiquito, con cargo a la partida presupuestal correspondiente; sin embargo, ello no es materia de la ejecutoria, pues como se advierte en líneas precedentes, la autoridad responsable acreditó las actuaciones realizadas, siendo responsabilidad de la parte quejosa realizar lo conducente a fin de nombrar albacea de la sucesión. Por tanto, la conducta omisiva de la parte quejosa no puede condicionar el cumplimiento de la obligación de la responsable. Esto es así, pues el procedimiento de ejecución de la sentencia debe quedar indefinidamente sin resolver ante el desinterés de la parte promovente. Lo anterior, sin perjuicio que ésta última pueda acudir posteriormente ante la autoridad a solicitar la entrega de la cantidad relativa, previo cumplimiento de los requisitos respectivos. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ciudad de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y toda vez que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará el requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo hubiera hecho; no obstante encontrarse debidamente notificado. En ese orden de ideas, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en cita y se entiende que la parte quejosa mostró un absoluto desinterés en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por ende, se resolverá lo que en derecho proceda tomando en consideración únicamente los elementos que obren en autos. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Lo anterior se estima de tal forma, toda vez que mediante diversos proveídos de dos de septiembre, veintiséis de octubre y dieciocho de noviembre, todos de dos mil veintiuno; se requirió a la parte quejosa para que coadyuvara en el procedimiento de ejecución de sentencia; haciendo de su conocimiento que el propósito de lo requerido, radicaba en hacer cumplir la ejecutoria de amparo; ello, sin que al efecto hubiese realizado manifestación alguna al respecto, no obstante que dichos requerimientos le fueron debidamente notificados. Ahora bien, en la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto siguiente: "(.) la Delegación Sur del Distrito Federal (ahora Distrito Federal), Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8 "Doctor Gilberto Flores Izquierdo"; y, Responsable de las Funciones de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Delegación Sur del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, cumplan con el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.3005181/158.C.DJ, dictado en sesión ordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se traduce en: a) Cite al quejoso a las oficinas de la Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que le informe a éste cuál es la documentación necesaria para iniciar o continuar el procedimiento para el pago de la reparación del daño material. b) Hecho lo anterior, determine el monto que corresponde al quejoso como pago de reparación del daño material. c) Finalmente, previa suscripción de los convenios y finiquitos con cargo a la partida presupuestal correspondiente, pague a éste el monto previamente determinado como reparación del daño material." Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien a través de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada en el amparo en revisión R.A. 71/2020, de su índice, modificó la sentencia recurrida, para sobreseer en el juicio por lo que hace al acto reclamado al Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 8 de la Delegación Sur de la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social y conceder el amparo respecto del acto atribuido al titular de la citada delegación y al responsable de las funciones de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente; para los efectos señalados en el último considerando de la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se recibieron los autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Seguido que fue el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, entre otros aspectos, se tuvo al delegado de las autoridades responsables informando que se emitió el oficio de veintiséis de agosto del año en cita, en el que se requirió al quejoso para que acudiera a la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, con el objeto de que presente los documentos necesarios para iniciar el procedimiento para el pago del daño material; sin embargo, indicó que no le fue posible llevar a cabo la diligencia de notificación respectiva en tanto no se localizó al quejoso, por lo que procedió a levantar un acta de hechos asentando las circunstancias correspondientes; además, indicó que el quejoso no se presentó en dichas oficinas, ni exhibió los documentos que le fueron solicitados para estar en posibilidad de iniciar el trámite para el pago respectivo. En razón de lo anterior, en el referido auto se requirió a la parte quejosa para que exhibiera la totalidad de los requisitos solicitados por la autoridad, a saber: 1. Nombramiento de heredero o herederos en un testamento o el acuerdo judicial o notarial que así lo refiera. 2. Acta de nacimiento del heredero o herederos. 3. Acta de defunción de la finada Benita Ramírez Velázquez. 4. CURP de la finada y de los herederos. 5. Comprobante de domicilio de los herederos Como ya se dijo, el referido requerimiento se reiteró a través de los diversos proveídos de veintiséis de octubre y dieciocho de noviembre todos de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna. En este punto, se estima oportuno destacar que el Titular y Responsable de las Funciones de Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, ambos de la Delegación Sur de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, informaron que: 1. Respecto a la determinación del monto que corresponde a la parte quejosa, como pago de reparación del daño material, mediante oficio 095217614C20/1216 de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se autorizó un monto de $1´402,000.00 (un millón cuatrocientos dos mil pesos). 2. En relación con la suscripción del convenio y finiquito, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, se encuentra condicionado a que el quejoso acredite de manera fehaciente su legítimo derecho para recibir la indemnización por daño material. 3. Que existe una imposibilidad material para la elaboración del convenio y finiquito, toda vez que el quejoso no ha exhibido la totalidad de los requisitos para acreditar su legítimo derecho. En consecuencia, a criterio de este juzgado, con las acciones llevadas a cabo por la autoridad responsable, debe considerarse cumplido el fallo protector. Lo anterior, dado que la conducta contumaz de la parte quejosa en coadyuvar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, impide al juzgador continuar requiriendo a las autoridades responsables, en tanto para los trámites necesarios es indispensable la participación activa del promovente de amparo. Así las cosas, de razonar en sentido contrario, es claro que se dejaría al arbitrio de la parte quejosa dejar paralizado el juicio constitucional por no cumplir con lo requerido, a efecto de que las autoridades continúen con las gestiones subsecuentes; en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, ni a las autoridades responsables; pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de las partes. Por lo que no influye en esta determinación que el monto a devolver respecto del daño material no haya sido pagado hasta la fecha, dado que la autoridad requerida cumplió con la obligación de acreditar las actuaciones que se encontraba realizando, empero, la parte quejosa fue omisa en exhibir la documentación solicitada, a fin de que se suscribiera el convenio y finiquito, con cargo a la partida presupuestal correspondiente; sin embargo, ello no es materia de la ejecutoria, pues como se advierte en líneas precedentes, la autoridad responsable acreditó las actuaciones realizadas, siendo responsabilidad de la parte quejosa realizar lo conducente a fin de nombrar albacea de la sucesión. Por tanto, la conducta omisiva de la parte quejosa no puede condicionar el cumplimiento de la obligación de la responsable. Esto es así, pues el procedimiento de ejecución de la sentencia debe quedar indefinidamente sin resolver ante el desinterés de la parte promovente. Lo anterior, sin perjuicio que ésta última pueda acudir posteriormente ante la autoridad a solicitar la entrega de la cantidad relativa, previo cumplimiento de los requisitos respectivos. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

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