Jorge Hernández Ramírez
Expediente 161/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Hernández Ramírez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintidós. Causa ejecutoria determinación Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Se agrega escrito Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por la Defensora Pública Federal adscrita al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, asesora jurídica del aquí quejoso ****; atento al mismo, se tiene al quejoso de mérito autorizando a la licenciada **** como su asesora jurídica en el presente juicio de amparo. Por otra parte, del escrito de cuenta y del anexo que lo acompaña, se advierte que la parte quejosa desahoga la prevención que le fue formulada en auto de quince de febrero pasado; atento a ello, se acuerda: Desechamiento Ahora, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, a juicio de este órgano jurisdiccional se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 107 fracción V, a contrario sensu, 170 fracción I, 171 y 173, Apartado A, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto. (.) XVI. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. (.)". De las citadas disposiciones legales, se advierte que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando, tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, del segundo numeral transcrito interpretado en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior, con base en que por ejecución irreparable deben considerarse los actos que dentro de un juicio vulneren directa e inmediatamente derechos sustantivos, de forma tal que, al dictarse el acuerdo o resolución, no sean susceptibles de repararse dichas violaciones. Por ende, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos cuya consecuencia sea una afectación a derechos adjetivos o procesales, ya que los efectos de esta clase de violaciones son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable o bien, mediante los respectivos medios ordinarios de defensa. En este contexto, de las manifestaciones realizadas por la asesora jurídica federal designada consistentes en: "En virtud de que mi representado me precisó que lo que pretende obtener es que su señoría al concederle el amparo ordene al Juez Primero de Distrito del Décimo Tercer Circuito que conoce de su causa penal 2/2021 que al dictarse sentencia no tome en cuenta diversas pruebas que fueron declaradas ilícitas por amparos promovidos por otros co procesados, le expliqué que eso no puede ser materia del juicio de amparo indirecto al rubro indicado, que en todo caso cuando la causa 2/2021 ya esté en trámite el defensor público federal que le designen deberá promover un incidente o bien deberá hacerlo valer en las conclusiones de inculpabilidad y en el supuesto de que el juez llegara a tomar en cuenta esa pruebas declaras ilícitas al momento de emitir su sentencia, él puede entonces promover contra esa determinación amparo directo." Y de numeral I, del escrito del quejoso, se advierte que el acto reclamado consistente en: "Lo que pretende el suscrito es que se tomen en cuenta a mi favor las resoluciones dictadas del toca penal 39/2018 del índice del Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, amparo indirecto 99/2018-F, amparo 1/2021 ambas del índice del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito de Mérida Yucatán ya que en estas resoluciones se desestimaron diversas actuaciones a favor del coacusado Manolo Córdova Vidaña, lo cual de acuerdo a dichas resoluciones el suscrito pretende que de igual modo no le sean tomadas en cuenta las actuaciones que mencionan dichas resoluciones las cuales ya le fueron desestimadas al coacusado lo cual es la aspiración del suscrito para que al momento de dictarme sentencia no sean tomadas en mi contra ya que se decretaron en dichas resoluciones que son pruebas ilícitas es por lo cual solicito el amparo y protección de la justicia federal para que el C. Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca se abstenga de tomar en cuenta en contra del suscrito las actuaciones que en su momento ya fueron desestimadas en mencionadas resoluciones." Así, se advierte que el quejoso reclama del Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca la valoración que pretende realizar de diversas pruebas ilícitas, y resoluciones emitidas en diversos juicios al momento de emitir la sentencia respectiva dentro del procedimiento penal. Dicho acto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en todo caso constituye una violación procesal reclamable en amparo directo al promover la demanda contra la sentencia definitiva que llegare a dictarse, en el caso de que tal situación llegare a trascender en el resultado del fallo en el juicio de origen correspondiente, con la posibilidad de alegar las violaciones al procedimiento del que se duele el impetrante, como lo prevé el artículo 171 de la ley de la materia; pues como ya se dijo, los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, pues es hasta que se dicte ésta cuando la quejosa conocerá si la infracción trascendió o no. Resulta ilustrativa a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 13/2020 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2434, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE EXCLUSIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS OBTENIDAS BAJO TORTURA, PROMOVIDO EN UN PROCESO PENAL MIXTO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SU IMPUGNACIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Dos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron de manera disímbola sobre si para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, aquella resolución constituye un acto en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, porque afecte materialmente derechos sustantivos. Al respecto, se determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo anterior, porque en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto contra actos dentro de juicio sólo procede cuando aquéllos sean susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten materialmente derechos sustantivos, categoría bajo la cual no se ubica la determinación del aludido medio de impugnación, cuyos alcances son los de impactar en derechos de índole procesal por incidir únicamente en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el juzgador al dictar sentencia; lo anterior adquiere dimensión si se considera que los efectos de esa resolución no son materializables inmediatamente, ya que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia del proceso penal. Así, podría darse el caso de que el juez de la causa al valorar las pruebas con miras a emitir un fallo, excluyera por iniciativa propia los mismos elementos de prueba controvertidos por el quejoso mediante el incidente no especificado, o bien que los rechazara de valoración por considerarlos producto de vulneración a otros derechos, distintos a no ser torturado. Por el contrario, si en esa sentencia el juzgador llegase a considerar en contra del imputado pruebas materia del mencionado incidente, hasta ese momento tal situación habrá trascendido; ocasión en que el imputado podrá instar juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva, una vez agotado el recurso que proceda, para determinar si existió tortura, así como dilucidar si ello afectó su defensa durante el proceso trascendiendo al resultado de la sentencia penal, como prevén los artículos 170, fracción I y 173, apartado A, fracción XI, de la Ley de Amparo. Lo que corrobora que aquel acto reclamado en amparo indirecto podría generar afectación únicamente a derechos de índole procedimental. Así como la jurisprudencia 1a./J. 138/2011 (9a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2056, Libro III, Diciembre de 2011, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada con rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. Para determinar si la categoría de "violaciones procesales" contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior, algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales. También sustenta lo antes determinado la jurisprudencia número doscientos treinta y uno, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página mil ciento ochenta y seis, Tomo XVII, mayo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". Así como la tesis número 24 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil sesenta y dos, Tomo XI, Enero de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas." Consecuentemente, al actualizarse la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107 fracción V, a contrario sensu, 170 fracción I, 171 y 173, todos de la Ley de la Materia, con fundamento en el artículo 113, de la invocada Ley, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, tomo: XX, Septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su asesora jurídica.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios DOAX-791/2022 y DOAX-792/2022, signados por la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta localidad; respecto al primero, se le tiene designando a la licenciada ***, como defensora pública federal adscrita al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, para que asista al aquí quejoso ***; y, con el segundo, comunica que notificó a la defensora, su designación; de lo que se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta localidad, y visto su contenido, como lo solicita mediante oficio que dimane del presente proveído, remítasele copia de la demanda de amparo promovida por el quejoso *************. Notifíquese por lista electrónica.
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