Jorge Hernández Martínez
Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Hernández Martínez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se le informe si el presente juicio de amparo deriva de la incompetencia planteada en el juicio de amparo 979/2021 de su índice. Sobre el particular, se hace del conocimiento que el juicio de amparo 27/2022, del índice de este juzgado, fue promovido por el propio quejoso ........ y mediante proveído de doce de enero del presente año, se desechó por extemporánea, causando estado y ordenándose el archivo como asunto totalmente concluido en acuerdo de veintiocho del citado mes y año. Finalmente, vuelvan los autos al archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo...HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia...en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido...
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a doce de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda promovida por José Hernández Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México y otra autoridad...Anotaciones...Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 27/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal...Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso...Desechamiento...Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda...El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que de la demanda de amparo se tiene que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio hipotecario especial número 1041/2016, del índice del Juzgado Noveno de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, instaurado en su contra, por parte de la moral Tertius Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, así como su ejecución, que se traduce en la entrega del inmueble ubicado en vivienda quinientos cincuenta y ocho, condominio ochenta, lote ochenta, manzana quince romano, del Conjunto Urbano tipo de Interés Social denominado "Geo Villas de Santa Bárbara", ubicado en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México" que habita con su familia. Por tanto, después de analizar el acto reclamado, este juzgado de Distrito, de oficio determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Artículo 17.El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Preceptos, de los que se colige que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro de los términos que establecen los artículos 17 y 18 de la propia Ley. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso; esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que indica el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. En el caso, el acto reclamado por el peticionario de amparo consiste en el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio hipotecario especial 1041/2016, del índice del Juzgado Noveno de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, y como consecuencia, la desocupación del inmueble ubicado en vivienda quinientos cincuenta y ocho, condominio ochenta, lote ochenta, manzana quince romano, del Conjunto Urbano tipo de Interés Social denominado "Geo Villas de Santa Bárbara", ubicado en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México"; actos que bajo protesta de decir verdad manifiesta tuvo conocimiento el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ya que una notificadora adscrita al Juzgado Segundo Civil de Ixtapaluca, Estado de México, le informó que le hacía el requerimiento para que entregara el inmueble por el que fue demandado, en el juicio hipotecario especial antes mencionado. Como puede apreciarse, los actos que se reclaman no se encuentran comprendidos en los casos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Bajo esa premisa, queda de manifiesto que el promovente de amparo tuvo conocimiento pleno de la tramitación del juicio de origen, cuya falta de emplazamiento reclama, desde el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, no obstante que aunque manifieste bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento el dieciocho anterior, sin embargo, no fue sino hasta el diecinueve del citado mes y año, que acudió al Juzgado Noveno de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, a imponerse de los autos. Sobre esa base, a las manifestaciones vertidas por la parte promovente en su escrito de cuenta, se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." Luego entonces, el plazo de quince días para la presentación del juicio de amparo se computa, en la demanda que nos ocupa, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado, esto, con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Derivado de lo antes señalado podemos advertir: 1. El que se duele Jorge Hernández Martínez, conoció del acto reclamado el viernes diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 2. El plazo para presentar la demanda de amparo, no admite excepción por su naturaleza siendo de quince días; y, 3. El primer día del plazo de quince días lo fue el lunes veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, teniendo los datos suficientes para analizar si es oportuna la demanda de amparo, es menester realizar el cómputo correspondiente. MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8o 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (tiene conocimie nto del acto reclamado ) 20 21 22 Día uno de cómputo 23 Día dos de cómputo 24 Día tres de cómputo 25 Día cuatro de cómputo 26 Día cinco de cómputo 27 28 29 Día seis de cómputo 30 Día siete de cómputo MES DE DICIEMBRE DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Día ocho de cómputo 2 Día nueve de cómputo 3 Día ocho de cómputo 4 5 6 Día once de cómputo 7 Día doce de cómputo 8 Día trece de cómputo 9 Día catorce de cómputo 10 Día quince de cómputo Luego, se colige que para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, debe tomarse como base el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que la parte promovente tuvo conocimiento de los actos impugnados, por lo que el plazo para promover la demanda de amparo había fenecido a la fecha en que presentó la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, que fue el diez de enero de dos mil veintidós, según se advierte del sello de recepción correspondiente. Se afirma lo anterior, puesto que el terminó de los quince días que establecen los numerales transcritos transcurrió del diecinueve de noviembre al diez de diciembre de dos mil veintinueve, descontando los días veintisiete, veintiocho de noviembre, así como cuatro y cinco de diciembre, todos de dos mil veintiuno, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así, es evidente que el acto reclamado fue consentido, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda había transcurrido en demasía el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte promovente promoviera oportunamente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis del Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pagina 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Registro: 232213, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En las relatadas circunstancias, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizaciones. Toda vez que la parte promovente señala domicilio fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia, en relación con los diversos artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se pública en este Juzgado. Por otra parte, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo; asimismo, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere, siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen como correos electrónicos y números telefónicos los que señala en su escrito de demanda, como medios alternos para entablar comunicación con este juzgado. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios Electrónicos. Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias. Se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx, o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, cuando incurran en alguna de las siguientes conductas: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". También se hace de conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.". Finalmente, considerando las condiciones que aún imperan con motivo de la pandemia de conocimiento público, y dado que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la parte quejosa está fuera de la residencia, lo que dificulta la inmediatez con la que deben realizarse las diligencias de comunicación procesal, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia, por única ocasión se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que publique íntegramente el presente acuerdo en la lista electrónica respectiva, con el objeto que aquélla pueda imponerse con efectos de notificación personal de esta determinación, en términos del artículo cuarto, fracción II, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE POR LISTA MANERA ÍNTEGRA LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE.
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