Jorge Hachity Rodriguez

Expediente 448/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
448/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge Hachity Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de ocho de julio de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo propuesta y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se aprecia que con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19, se interrumpió el trámite regular del presente asunto, de conformidad con las disposiciones de los Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, con vigencia a partir del tres de agosto de este mismo año, establece los lineamientos bajo los cuales deben reanudarse los juicios, se reactiva el trámite en este asunto. Ahora, del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se advierte que mediante proveído de ocho de julio de dos mil veinte, se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, ordenándose realizar a la parte quejosa ***, la notificación de dicho auto en el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado para tal efecto. En tales condiciones, se advierte de las presentes actuaciones que no obra constancia de notificación a las partes del proveído de ocho de julio de dos mil veinte; en consecuencia, como medida de reactivación, se ordena la regularización del expediente electrónico y, a fin de evitar posibles nulidades, se ordena turnar los autos al actuario judicial adscrito para que a la brevedad se sirva notificar de manera personal a la parte quejosa el referido auto. Finalmente, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte. AUTO 08-07-2020: Vista la demanda de amparo que promueve XXXX, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla Capital, y otras autoridades, atento a su contenido; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 448/2020. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "XXXX" De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que tenga un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, preceptos que son del tenor siguiente: XXXX En los preceptos antes trascritos está previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En la especie, la demanda de amparo presentada por Jorge Hachity Rodríguez, carece de evidencia criptográfica conforme a la certificación secretarial de cuenta. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de Jorge Hachity Rodríguez de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, con la firma autógrafa, las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, en atención a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada en reproducción digital. Se precisa que las promociones que carecen de firma, en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se está avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por lo que este juzgado está impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tales condiciones, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se contienen, la Jurisprudencia P./J.8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 65, Abril de 2019, página 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que refiere en el proemio de su demanda. Por otra parte, se tienen por autorizados en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Yesenia Mireya Vázquez Vélez y Eduardo Palacios Castillo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Ello, tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Asimismo, se tienen como autorizados para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a Fernando Zulbarán y Rojas, Juan Carlos Torres Castillo, Jhonatan Jesús Castro Palominos y/o Jesús Antonio Gómez Hernández. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020, se exhorta a las partes para que señalen un usuario a efecto de que la comunicación se efectúe a través de la vía electrónica autorizada por la ley de Amparo; es decir, para que este asunto sea tramitado como juicio en línea, lo que lo haría aún más ágil. De igual forma, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo General 13/2020, se requiere a las partes para que proporcionen un número telefónico móvil y una cuenta de correo electrónico, ello a fin de establecer un medio de contacto exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." Se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, ya que la demanda de amparo se recibió fuera del horario de labores, en su oportunidad remítase a la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para su registro como juicio de amparo, a fin de que haga la compensación correspondiente.

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