Jorge Gutiérrez Reyna
Expediente 1772/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1772/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Gutiérrez Reyna
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, primer párrafo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado por este Tribunal el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 4 y 5); con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el artículo décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que no existen documentos originales en el presente expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis . Vista la demanda de amparo que promueve José Gutiérrez Reyna, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con número de registro; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1772/2016. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano por causa manifiesta e indudable de improcedencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos emanados de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, el acto controvertido que se hace consistir en la omisión de la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca, de acordar las peticiones de fecha veinte de septiembre anterior, en el expediente familiar 91/2009, relativo al incidente de reducción de pensión alimenticia definitiva, no transgrede un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino que se trata de una cuestión de carácter adjetiva, surgida dentro del propio procedimiento jurisdiccional, en el que el particular debe atender a las reglas que rigen en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada (derechos de debido proceso y acción). En esas condiciones, es evidente que el citado acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Por tanto, la omisión reclamada, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación al promovente, en atención al concepto de irreparabilidad citado, pues el hecho de que se omita acordar sus promociones, no priva a la parte quejosa del derecho de defensa que tiene en el procedimiento, y tampoco altera las cuestiones debatidas en los mismos, además de tener a su alcance los medios establecidos en la legislación local para obligar a la responsable a dar respuesta a su petición. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la Jurisprudencia 8/2015 (10a.), relativa a la contradicción de tesis 130/2014, resuelta el veintiuno de enero de dos mil quince, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, así como por autorizados para tales efectos a las personas que menciona, sin gozar de la plenitud de las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con ellas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis . Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Raquel Juárez Sánchez, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 103/2010, y su ejecución atribuida al Fiscal General en el Estado, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandante de Grupo o Encargado del Servicio de la Comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo; apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a la omisa multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA) en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), acorde con el artículo 237, fracción I, con el precepto 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena notificar este proveído al Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que ordene a la responsable ordenadora, a cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Finalmente, devuélvase al Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, Oaxaca, las copias certificadas deducidas de la causa penal 103/2010, que remitió como apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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