Jorge Gutiérrez Oliveros

Expediente 628/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
628/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Gutiérrez Oliveros

Actuaciones

  1. Principal

    ...se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que se prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hiciera uso de ese derecho. Por tanto, se declara que el auto en cita causa estado y como consecuencia de ello queda firme.....archívese este asunto como totalmente concluido; en la inteligencia de que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción....

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve Jorge Gutiérrez Oliveros, por su propio derecho, contra actos del Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente con el número 628/2023, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda en cita, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, éste Juzgador Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 6º. y 107, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "[.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De las normas transcritas se obtiene que el juicio constitucional se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, entendida ésta, como aquella que aduce ser titular de algún derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y plantea que las normas generales, actos u omisiones reclamadas, conculcan sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por México; sin embargo, para ello se requiere que exista alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta, con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. En ese orden de ideas, existen dos reglas para acudir al juicio de amparo: la primera establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico) y, la segunda, se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En tal virtud, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; por ende, para la procedencia del juicio de amparo el promovente deberá acreditar la afectación a su interés jurídico, o bien, a su interés legítimo. De igual forma, conviene señalar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, pone de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que se encuentra previsto en el artículo 5º de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, carácter que tiene quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Ahora bien, el interés jurídico únicamente corresponde a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o su patrimonio; perjuicio que debe entenderse como la afectación por los actos de autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Al respecto, este Tribunal Colegiado comparte la jurisprudencia 854, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 582, Tomo VI, Materia Común, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro digital: 394810, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.-El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Sobre esa base, el interés jurídico para solicitar el amparo se constituye con los siguientes elementos: a) La existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado por el orden jurídico. b) La titularidad de ese derecho corresponde de manera individual y exclusiva a determinada persona. c) La actualización de un acto de autoridad que ocasione una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, de manera actual y real; es decir, una afectación personal y directa a la esfera jurídica del gobernado. d) El aludido derecho otorga a su titular la capacidad de exigir a la autoridad responsable que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo. Es aplicable la jurisprudencia 293, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 313, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y Sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, registro digital: 1002359, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.-El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En ese orden de ideas, se colige que el concepto de interés jurídico está íntimamente ligado al de perjuicio, ya que si un acto de autoridad no lo causa, no puede existir aquél para integrar válidamente la acción de amparo contra dicho acto, ya que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad determinada conducta positiva o negativa; como consecuencia lógica, existe como correlativo el deber de la autoridad de realizar tal conducta. En ese contexto, la noción de perjuicio supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por una ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Es aplicable la jurisprudencia 10, Séptima Época, emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 46, Séptima Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, registro digital: 395558, que establece lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.-El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Por otro lado, el concepto de interés legítimo individual o colectivo, como presupuesto para la procedencia del amparo, se configura cuando la parte quejosa alega: a) Ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio). b) Reclama normas, actos u omisiones de la autoridad que afectan su esfera jurídica de manera directa o indirecta, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, para justificar el interés legítimo cuando se reclaman normas, actos u omisiones que no provienen de tribunales jurisdiccionales, no se requiere acreditar alguna afectación personal y directa (lo cual sucede con el interés jurídico), sino que basta que exista cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, con motivo de la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sentado lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia en mención, porque el quejoso promovió el juicio de amparo indirecto contra las actuaciones generadas en la investigación ******************** y las posibles consecuencias, esto es, la posible suspensión preventiva, atribuido a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal, las cuales no afectan su interés jurídico, porque la facultad de investigación que lleva a cabo la autoridad del órgano de control interno de las instituciones policiales, conferida en la Constitución y en las leyes secundarias, no repercute en la esfera jurídica del promovente. A fin de demostrar lo anterior, conviene destacar la facultad de investigación contra los servidores públicos, contenida en el artículo 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como la facultad de investigación administrativa contra los miembros de las instituciones policiales, prevista en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como 186 Bis 1 y 186 Bis 2, ambos del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California. Del marco normativo transcrito se desprende la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. En sede local, la facultad exclusiva para la investigación administrativa contra los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California es del Titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, esto es, de la Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente. En ese contexto, el Titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, al iniciar una investigación administrativa contra un servidor público o un miembro de las instituciones policiales de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. De ahí que la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos o conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, sea una labor de orden público e interés social. Razón por la cual, no resulta factible considerar que la investigación administrativa reclamada, al constituir actuaciones indispensables para integrar un posible procedimiento de remoción, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, dado el interés social que subyace de esa función investigadora, generen una afectación al interés jurídico del quejoso, debido a que no existe algún derecho particular que emane de la Constitución Federal ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas irregulares de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucional y legalmente al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. En ese contexto, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegar elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la responsabilidad, implica que la fase de investigación sea distinta al inicio del procedimiento administrativo de remoción del cargo. De tal forma que las actuaciones generadas en la investigación administrativa ********************, al constituir actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, no generan agravio personal ni directo al servidor público para promover el amparo, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de remoción es lo que, en todo caso, causaría perjuicio al promovente en su esfera jurídica. Sin que en el presente caso se actualice una excepción para la procedencia del juicio de amparo, al no existir vulneración directa a los derechos sustantivos del recurrente, como podría ser que la autoridad responsable decretara la suspensión de sus labores mientras se lleva a cabo la investigación, pues si bien en su escrito de demanda refiere "posible suspensión preventiva", lo cierto es en sus antecedentes no señala que la responsable haya decretado la suspensión preventiva de sus labores. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia XV.4o. J/3 (10a.), que a la letra dice: "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación administrativa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a cabo la investigación". Desechamiento que se hace extensivo por lo que hace al acto reclamado a la Comisión de Honor y Justicia, pues son actos futuros que pudieran derivarse de la investigación administrativa que reclama, dado que el quejoso señala que el procedimiento de responsabilidad en su caso iniciará a consecuencia de la conclusión de la memorada investigación número ********************, lo que significa que dicho acto no es actual y real, por tanto no le causa perjuicio al amparista. Apoya lo anterior, por las razones que expresa, la jurisprudencia 2a./J. 124/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXVIII, septiembre de 2008, materia administrativa, página 259, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 168796, que dispone: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN.-Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: 'RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.', al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público." De igual forma, apoya la tesis 2a. CXXVII/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, octubre de 2002, materia administrativa, página 473, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 185655, que establece: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.-Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta." En ese contexto, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegar elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la responsabilidad, implica que la fase de investigación sea distinta al inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva del cargo. De tal forma, se reitera que las actuaciones generadas en la investigación administrativa ********************, al constituir actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, no generan agravio personal ni directo al servidor público para promover el amparo, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación es lo que, en todo caso, causaría perjuicio al promovente en su esfera jurídica. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, materia común, página 1329 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas», registro digital: 2011659, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 6º. y 107, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional, se desecha de plano la demanda que se trata, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Así las cosas, al efecto, es importante precisar que se actualiza la causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable, ya que en cuanto a lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio de amparo no requiere mayor explicación, ya que los motivos de inejercitabilidad del juicio, se encuentran reglamentados en forma específica en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en cambio, el requisito relativo a "lo manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, opere en el caso concreto. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, Tesis: I.1o.A. J/4, de la Página: 890, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria del acceso a la justicia que prevé el artículo 17 Constitucional, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable al promovente; pues como se dijo en párrafos supra, de tramitarse el juicio de amparo que se promueve, ello no se traduciría en beneficio fehaciente a la quejosa, es decir, no se acortaría el lapso en que deba desahogarse la audiencia trifásica, sino que, por el contrario, impondría que aquella se retrasara aún más en perjuicio del principio de expeditez en la administración de justicia con que cuenta la parte quejosa. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En el entendido que las tesis que se citan en la presente determinación, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta. Autorizados y notificaciones a la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito; y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados David Evander Zozaya Olachea, Leonardo Lugo López y Yaksi Aleidi Leal Valdez; y únicamente para oír y recibir toda tipo de notificaciones y documentos a los pasantes Christopher Jesús Duran Romero, Jorge Riodel Valdez Acosta y Ricardo Esteban Rocha Orozco. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que el Actuario de la adscripción, se constituya en el domicilio señalado por las partes en el presente juicio, a fin de hacer de su conocimiento los proveídos que contengan notificación personal. Asimismo, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; al considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales. En la inteligencia de que, con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, en la versión pública de las resoluciones o autos que se emitan en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales. También, se les hace saber que para que las constancias que alleguen al expediente se consideren, en principio, información confidencial, deberán manifestar dicho carácter al momento de exhibirlas, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Isaac Serecero Aispuro, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia del Titular, conforme al artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en atención al contenido del oficio SEPLE./GEN./001/1823/2023, por el que se informó la autorización de licencia que otorgó al Titular de este órgano jurisdiccional el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Adolfo Portillo Esquivel, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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