Jorge Gustavo Paredes Perez

Expediente 930/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
930/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Jorge Gustavo Paredes Perez

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito con evidencia criptográfica de la firma electrónica de la autorizada de la quejosa, por medio del cual solicita se autorice a los usuarios "armandojfsorkin y anissm", la consulta vía internet del expediente electrónico; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el escrito de mérito para que surta los efectos legales conducentes. Ahora bien, en relación con su petición; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a Armando Javier Flores Sorkin y Ana Cristina Sánchez de la Mora, la consulta vía internet del expediente electrónico, toda vez que a ellos corresponde los nombres de usuario "armandojfsorkin y anissm", registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; téngase como forma especial y expedita de contacto para entablar comunicaciones no procesales con la parte quejosa los números telefónicos y cuentas de correo electrónico que señala; en el entendido de que únicamente se tomarán en consideración en caso de ser necesario entablar alguna comunicación de ese tipo, conforme a lo dispuesto en dicho Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el oficio signado por el Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de dieciséis de julio del año en curso, informa que realizada una búsqueda en los archivos y bases de datos, encontró la siguiente información: 1) La averiguación previa FGAM/GAM- 5/T2/2533/2011-09, se localizó registro el cuatro de octubre de dos mil doce, y fue remitida a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. 2) La averiguación previa FGAM/GAM- 5/T1/2275/2013-09, fue remitida el quince de octubre de dos mil trece, a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte; 3) La averiguación previa FGAM/GAM- 5/T1/2262/2009-09 fue determinada por el Agente del Ministerio Público responsable de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en GAM-7, y remitida al Archivo de Concentración e Histórico de la fiscalía citada; tomando conocimiento de su contenido. Sin que haya lugar a requerir las referidas constancias, toda vez que por acuerdo de catorce de junio del año que transcurre, se requirió a las referidas autoridades las constancias que menciona la autoridad oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, en términos del artículo 46, apartado A, inciso C de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, la naturaleza jurídico-política de tal Fiscalía es la de un organismo autónomo, que cuenta con plena autonomía y capacidad para decidir sobre el ejercicio presupuestario y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En ese sentido, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se otorga el plazo de NUEVE DÍAS a las siguientes autoridades: responsable, vinculadas y sus respectivos superiores jerárquicos, para que, en el ámbito de su competencia den cumplimiento a la ejecutoria de amparo respecto a los quejosos y por los respectivos montos. Para lo cual, se determina como plazos razonables y determinados para realizar cada uno de los actos siguientes: 1.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: a) Elaborar la Cuenta por Pagar a nombre del quejoso DE LA TORRE FÉLIX RAÚL, por el monto de $59,930.67 (cincuenta y nueve mil novecientos treinta pesos 67/100 moneda nacional). 2.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su respectivo superior jerárquico Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: b) Expedir el título de crédito por la cantidad correspondiente a nombre del quejoso del quejoso DE LA TORRE FÉLIX RAÚL, por el monto de $59,930.67 (cincuenta y nueve mil novecientos treinta pesos 67/100 moneda nacional). 3.- Respecto de la autoridad directamente responsable Director General de Recursos Humanos y su superior jerárquico Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: c) Citar y entregar los cheques respectivos a cada uno de los quejosos, por la cantidad que les corresponde según la relación contenida en la tabla que se inserta a continuación: Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: 1) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. 2) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. 3) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. TRÁMITE Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Notifíquese

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