Jorge Gustavo Álvarez Sánchez
Expediente 557/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Gustavo Álvarez Sánchez
- Juez de Control, con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, Capítulo Sexto relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no se considera de relevancia documental para su conservación..."
- Principal
"...Visto el estado de autos, se advierte que en auto de trece de los cursantes, se ordenó remitir al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, las constancias que fueron exhibidas por el quejoso junto con la demanda de amparo y por las responsables al rendir su informe justificado. Sin embargo, las constancias que fueron remitidas a este juzgado por la autoridad responsable, Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, consistentes en once tomos de pruebas que se mantuvieron por separado, fueron devueltas a dicha autoridad en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, este juzgado únicamente cuenta con copia digital de dichas constancias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. En consecuencia, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, esto es, tres días, legalmente computado, envíe a este Juzgado, los autos originales de las diligencias de jurisdicción voluntaria ******************** de su índice, y a su vez, el suscrito remitirlas a la superioridad como lo solicita..."
- Principal
"...Agréguese a los autos el escrito del promovente ********************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; atento a ello, se provee: Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En principio debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la ley de la materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formase una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Además, dicha hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En primer término, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos humanos contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda a la parte afectada ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, para que se actualice tal causa de improcedencia, se advierten las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. d) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el caso particular, se advierte que la parte quejosa reclama del juez señalado como responsable, la negativa de solicitar el procedimiento abreviado (acto reclamado). En efecto, dicha determinación el quejoso, previo a promover el presente juicio de amparo, debió interponer en su contra, recurso de apelación, en términos del artículo 467, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de Control Apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; [.]" Lo anterior es así, toda vez que el auto reclamado consiste en la negativa de solicitar el procedimiento abreviado, proveniente de un tribunal judicial de acuerdo a lo que el quejoso narró en su demanda de amparo; por tanto, como se dijo, existe disposición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de que dicha resolución es recurrible mediante el recurso de apelación, lo que en el caso no aconteció. Entonces, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, no constituye un auto con carácter definitivo, ya que es impugnable, como se dijo, de acuerdo con el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del recurso de apelación por virtud del cual puede ser modificado, y considerando que la parte quejosa es el vinculado a proceso en el juicio de origen, está en condiciones de acudir a defender sus derechos, en la vía referida con anterioridad. En ese orden de ideas, al no haberse hecho valer contra el auto que se reclama el recurso de apelación, es claro que no se satisfizo por la parte promovente del amparo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada; atento a lo cual, es incuestionable que la parte quejosa debió agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia de éste pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio constitucional. En otro contexto, en relación con el diverso acto consistente en la negativa de solicitar el procedimiento abreviado a su superior jerárquico, por parte del fiscal responsable. Se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) En la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo se establece por regla general que el juicio de amparo indirecto, únicamente será procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de lo que deriva que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en el procedimiento, sino sólo contra aquéllas con las que se cause un gravamen irreparable al peticionario del amparo, esto es, cuando con ellos se afecten de forma directa e inmediata derechos fundamentales del gobernado, es decir, aquellos derechos sustantivos consagrados en la Constitución General de la República, pero no aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; pues en este último caso, el juicio de amparo únicamente será procedente cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Al respecto, tiene aplicación la tesis P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario judicial de la Federación, consultable en la página 9, tomo XX, octubre de 2004, Novena Época, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De lo anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 1. Los actos de imposible reparación son aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General de la República o Tratados Internacionales, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una determinación favorable a sus pretensiones en el juicio. 2. Por el contrario, son actos de posible reparación, aquellos que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los cuales son reparados si se obtiene una resolución acorde a los intereses del inconforme, dado que las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. 3. No obstante lo anterior, existe una excepción tratándose de actos procesales, ya que se consideran de imposible reparación, y por tanto, el juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de ellos será procedente, cuando sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior; afectación que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, es decir, se dará tal afectación cuando concurran circunstancias de gran trascendencia, que signifiquen una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Sin embargo, el acto reclamado no puede ser considerado como uno de los previstos en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo biinstancial en su contra, ya que no afecta derechos fundamentales del quejoso, pues el acceso al procedimiento abreviado no constituye un derecho humano previsto en la constitución, tratados internacionales o el Código Nacional de Procedimientos Penales, al no transgredir el derecho de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa. Lo anterior se afirma, porque con base en los artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el legislador por política criminal, introdujo a la legislación adjetiva, el procedimiento abreviado, el cual constituye una potestad exclusiva del Ministerio Público para concluir los procesos penales, con el propósito de despresurizar el sistema de justicia penal adversarial. En esa medida, como el ius puniendi es una facultad exclusiva del Estado, el cual se reservó para sí, la potestad de elegir los procesos que puedan ingresar a esa vía sumaria de conclusión. Por ende, el quejoso, como lo establece el artículo 20, apartado A, constitucional tiene el derecho a ser juzgado en un procedimiento oral y adversarial, en el cual se cumplan con el cúmulo de derechos previstos a su favor, como el ser juzgado ante un tribunal previamente establecido, por un juez competente, independiente e imparcial, que se cumplan con el debido proceso, que se le trata como inocente hasta en tanto no se demuestre su culpabilidad mediante sentencia emitida en una audiencia de juicio oral, entre muchos más; pero no el acceder al procedimiento abreviado. De ahí que, el concluir su proceso de manera anticipada, no se encuentra dentro de los derechos fundamentales del quejoso, es innegable que la negativa del fiscal investigador de otorgarle dicho beneficio, no afecta de modo inmediato y directo los derechos sustantivos tutelados en la constitución y los tratados internacionales. Además, el hecho de que se establezca que corresponde al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado, lejos de obstaculizar el acceso al mismo, lo agiliza, en tanto que permite que en la solicitud respectiva se fijen las bases necesarias para verificar la aceptación informada por parte del implicado respecto a resolver el conflicto de esa manera y sus consecuencias, esto es, la acusación, los datos de prueba que la sustentan, las penas y el monto de la reparación del daño. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII y XXIII, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia antes invocadas..."
- Principal
"...Agréguese a los autos el escrito de Jorge Gustavo Álvarez Sánchez, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrar la demanda en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 557/2023-II-B. Al respecto, se provee: A efecto de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. [.]" De los artículos y fracciones transcritas, se desprende la facultad de este juzgado de distrito para prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda se pueda advertir: Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, como el señalamiento preciso de la autoridad señalada como responsable. Imprecisión del acto reclamado, así como la falta de exhibición de las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En la especie, se estima que se actualiza el segundo de los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. Para mayor soporte del aserto que precede, es conveniente traer a contexto las fracciones IV y V, del numeral 108, de la citada Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad que se reclama: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" De lo anterior se obtiene que para dar cumplimiento al requisito concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, si bien es cierto la promovente señala como actos reclamados: "Se reclama a la ordenadora, la OMISIÓN del acuerdo emitido en fecha 22 de Agosto de 2023, respecto de su tercera contestación de su acuerdo emitido por el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, LIC. Sonia Lima Santos, pues la OMISIÓN de NO respetar un acuerdo de lo que estaba ya debidamente acordado en fecha 16 de febrero de 2023, por el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, LIC. GUILLERMO VARGAS HERNÁNDEZ, vulnera gravemente mi derecho de PETICIÓN, DIGNIDAD, CERTEZA JURÍDICA, SEGURIDAD JURÍDICA, CERTIDUMBRE JURÍDICA Y MI LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, ya que del audio y video de la fecha que se indica en el minuto 16:36 el Juez acuerda que en un término de 20 dias hábiles le indique a su superior jerárquico con residencia en la ciudad de Tuxpan, Veracruz llamado Fiscal Regional autorice el Procedimiento Abreviado o manifieste los motivos para negarlo, en la inteligencia de que no realizarlo se le solicitará de manera directa a la Fiscal General del Estado. Se reclama a la ordenadora, la NEGATIVA FICTA E INMINENTE del acuerdo emitido en fecha 2 de Agosto de 2023, en sus puntos 1, 2 y 4 por el C. Juez de Control del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, Lic Sonia Lima Santos, ya que por medio de la emisión de su acuerdo vulnera gravamente mi derecho de petición, DIGNIDAD, CERTEZA JURÍDICA, SEGURIDAD JURÍDICA, CERTIDUMBRE JURÍDICA Y MI LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. También lo es que, en el contenido de la demanda de amparo, la parte quejosa se duele de la omisión por parte del Juez de cumplir con lo acordado en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; sin embargo, soslaya precisar en qué consiste tal omisión. Asimismo, no precisa qué acto específicamente le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables; máxime que, también señala con ese carácter al Fiscal Séptimo de la Unidad de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial, con sede en Papantla. Aspectos que se estiman imprescindibles, a fin de que este Juzgado esté en aptitud de determinar la procedencia del juicio biinstancial, por ser una cuestión de análisis oficioso y preferente al fondo del asunto; imprecisiones que pueden dar lugar a diversas confusiones, verbigracia: a. La autoridad responsable no podría rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados, que en su caso tengan ese carácter, no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo. Lo expuesto, encuentra sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos noventa y siete, tomo IX, Materia Común, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Imprecisión que cobra relevancia en la especie, toda vez que deja en estado de indefensión a las autoridades responsables, ya que al momento de rendir sus informes no sabrán con claridad cuál es el acto que les reclama, amén que incide directamente en determinar al momento de pronunciarse sobre la medida suspensional peticionada. En consecuencia, conforme al mencionado artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, de rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA", procede prevenir a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días siguientes al que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con cinco copias de su escrito de aclaración, realice lo siguiente: Refiera de manera clara y específica, qué acto le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. En caso de insistir en señalar la omisión del acuerdo emitido el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, indique en qué consiste dicha omisión o si reclama la negativa a iniciar el procedimiento abreviado. En caso de señalar como acto reclamado la negativa de iniciar el procedimiento abreviado, informe si lo fue solicitado y si promovió algún medio de impugnación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la resolución que le niegue dicho inicio. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que, de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado ordinal 114, de la Ley de Amparo, que dispone: "Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." TRAMITACIÓN DEL ASUNTO "EN LÍNEA" Con base en lo dispuesto en el artículo 263 fracción II, del citado Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, realicen la tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán señalar su usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea o el de quien los represente, así como solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas; incluso podrán señalar los correos de las restantes partes si tuvieren conocimiento de ellos. Asimismo, podrán promover mediante el uso de la firma electrónica certificada vigente del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de la e.firma (antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Para la actuación desde el Portal referido, las partes o sus representantes deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de las notificaciones electrónicas de las resoluciones que se dicten, así como proporcionar su nombre de usuario; y, en su caso, si desean participar en la celebración de videoconferencias, lo que deberán manifestar expresamente en el término de tres días, para estar en condiciones de generar el id correspondiente, ello, sin perjuicio de formular alegatos por escrito o de manera digital..."
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