Jorge Guadalupe Hernandez Estrada
Expediente 87/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Guadalupe Hernandez Estrada
- Junta Especial Numero Cuatro de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de doce de mayo de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón Secretarial con que se da cuenta; se tiene por recibido el oficio de cuenta; a través del cual informa sobre el cumplimiento otorgado a la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con el oficio de cuenta dése vista a las partes, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este auto, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, y tomando en consideración la constancia remitida por la autoridad responsable, así como en observancia a la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA; este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento a la ejecutoria y en su caso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo y se ordenará el archivo. Finalmente, y tomando en consideración la excesiva carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional; se faculta a los actuarios adscritos, para que realicen la presente notificación, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. N O T I F Í Q U E S E P E R S O N A L M E N T E .
- Principal
SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados. Notifíquese.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 87/2016, promovido por Jorge Guadalupe Hernández Estrada, contra actos de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Jorge Guadalupe Hernández Estrada, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: ".La omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada el doce de enero de dos mil dieciséis." SEGUNDO. El veintiuno de enero del año en curso, se admitió la demanda de amparo y se radicó el asunto con el número de expediente 87/2016, se requirió a la responsable su informe justificado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede, por lo que, a efecto de concluirla, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponde; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada el doce de enero del presente año, en el expediente laboral 01/2139/12. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos reclamados. La autoridad responsable adjuntó a su informe justificado copia certificada de diversa constancia que constituye prueba instrumental pública y merece eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. CUARTO. Al no advertir el suscrito resolutor que en la especie se actualice alguna causa de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de los motivos de inconformidad planteados por el quejoso. QUINTO. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Pues bien, como se dijo, el quejoso reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito presentado el doce de enero del presente año, en el expediente laboral 01/2139/12. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: Los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quién se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." De lo antes transcrito se colige, que cuando se presente alguna promoción dentro de cualquier juicio que se tramite en un tribunal, éstos deben acordarlo de manera, así como en los plazos y términos que señalan las leyes. Asimismo, se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 838, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley." Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional. Por otro lado, si bien es cierto la responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada del escrito presentado el doce de enero del año en curso, en el juicio laboral 01/2139/12, el cual hasta la fecha no ha sido acordado, lo que lleva a la dilación del procedimiento en contravención al citado artículo 17 constitucional. Se afirma lo anterior, porque la dilación u omisión en el juicio laboral causa un retraso, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad laboral incumplió con los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Jorge Guadalupe Hernández Estrada, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Pronuncie el acuerdo correspondiente al escrito presentado por el actor Jorge Guadalupe Hernández Estrada, aquí quejoso, el doce de enero de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 01/2139/12, y lo haga del conocimiento del mismo, como legalmente corresponda. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento al punto antes precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele el quejoso en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, diciembre de 2013, tomo I Materia: Común Tesis: 2ª CV/2013 Página: 732 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los numerales 1°, fracción I, 74, 77, 78, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jorge Guadalupe Hernández Estrada, respecto del acto reclamado de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el doce de enero de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 01/2139/12, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta de la Secretaria; con fundamento en los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual solicita que se le requiera cumplimiento al fallo protector en el presente asunto; atento a lo anterior, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en auto de veinticinco de agosto de dos mil quince; lo anterior para los efectos legales conducentes.
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