Jorge Gregorio Rodríguez Vargas
Expediente 900/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Gregorio Rodríguez Vargas
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA VS DESECHAMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la parte quejosa ***, quien se ostenta como defensor del quejoso directo ********************, misma que fue recibida de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de agosto del año en curso; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones: Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, contra actos del JUEZ DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA y otra autoridad. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL ELECTRÓNICO Dado lo anterior, comisiónese a la oficial judicial en cargada del Sistema integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a realizar la autorización de este expediente para que pueda consultarse por otros órganos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ello a efecto de que el tribunal de alzada tenga acceso al expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** quien se ostenta como defensor particular de ******************** contra actos de la Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, y otra autoridad; con la correspondiente firma electrónica. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 900/2023. DESECHADA Vista la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la prisión preventiva impuesta que dice le mantiene privado de la libertad, así como la ejecución de la misma, la cual refiere es excesiva al haber transcurrido más de dos años, ya que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que en su contra se sigue la causa penal ******************** del índice del Juzgado de lo Civil y Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, por el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, y que fue detenido desde el diez de abril de dos mil dieciocho, sin que haya cesado de oficio la misma. De lo cual se advierte de manera notoria y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia que motiva desecharla. Lo anterior, debido a que si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por el quejoso, infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, como se dijo, el quejoso reclama la prisión preventiva que dice le mantiene privado de la libertad, así como la ejecución de la misma, pues refiere que es excesiva porque hasta la fecha han transcurrido más de cinco años. Por tanto, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa del detenido. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión al quejoso, porque el artículo 161, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que el quejoso pueda formular su planteamiento y pretensión en cuanto a que alega que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que le fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el acto reclamado derive de una causa penal del sistema tradicional inquisitivo, puesto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 64/2017 señaló que a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se incorporó al orden constitucional el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual propone un sistema garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado. Bajo esa tesitura, la Sala consideró que los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo tienen la posibilidad de revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la luz del vigente artículo 19 constitucional. Dicha facultad, está sustentada en el artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establecen los parámetros para regular los temas relacionados con las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial, durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En tal virtud, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la facultad extraordinaria otorgada a los jueces que instruyen el proceso penal bajo el sistema tradicional inquisitivo, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas diversas personas contra las que se sigue proceso en dicho sistema. De ahí que los inculpados en el sistema procesal penal mixto pueden solicitar la revisión de dicha medida, de conformidad con el contenido del artículo quinto transitorio del código nacional de procedimientos penales Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2015309 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 74/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 453 Tipo: Jurisprudencia PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales en el diverso domicilio proporcionado. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal y teléfonos que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, respecto a que se le expida copia certificada del presente proveído, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias con evidencia criptográfica, que obran en el presente expediente, por lo tanto no ha lugar a acordar favorable su solicitud. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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