Jorge Gregorio Rodriguez Vargas
Expediente 122/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2023
Partes del expediente
- Jorge Gregorio Rodriguez Vargas
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de marzo de dos mil veintitrés. Acusa recibo Agréguese el oficio remitido por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, del que se desprende que acusa recibo de las constancias que fueron remitidas en auto de quince de febrero pasado. De lo que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Archivo Entonces, nada habiendo que cumplimentar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, inclúyase a este expediente el oficio, testimonio de referencia y voto particular y, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente, así como al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Acepta incompetencia Agréguese el oficio remitido por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, del que se desprende que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente sumario promovida por ***********, en favor de **************. De lo que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Se recibe exhorto Por otra parte, glósese el oficio del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual, en lo que interesa, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 27/2023-III, del índice de este órgano de control constitucional, y agréguese para que surta sus efectos legales conducentes. En razón de lo anterior, se advierte que ***********, si ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; en ese sentido, de la misiva que se provee, el oficiante señala que tiene como hecho notorio que con motivo de la incompetencia planteada, radicó el juicio de amparo 139/2023-III-7, por lo que obtuvo copia certificada de la constancia con la que se acredita que el directo quejoso ratificó la demanda de amparo, en consecuencia, resulta innecesaria la remisión de la misma. No obstante lo anterior, tomando en consideración que el juez homólogo aceptó la competencia planteada, previa copia simple que se deje en autos, remítanse las constancias que obran en original en el presente cuaderno de antecedentes, para los efectos legales a que haya lugar. Solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio de la autoridad responsable que lo suscribe, mediante el cual rinde su informe de suspensión de plano otorgada por este órgano de control de constitucional; en ese sentido, se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto, se tenga conocimiento de la incompetencia planteada en auto de ocho de febrero pasado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por **********, en favor de *************, contra actos del Director del Centro Penitenciario en Puebla, denominado "CIEPA" y otras autoridades. Aspectos generales Regístrese con el número de juicio 122/202-III. Fórmese expediente electrónico e impreso. Fijación de la Litis Del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: a) Incomunicación. b) Segregación c) Ataques a la libertad. d) Tratos crueles e inhumanos, azotes, palos y amenazas. e) Falta de atención médica. f) Orden de traslado del "centro de reinserción social" en que se encuentra a uno diverso. g) Prohibición de visitas familiares. Actos reclamados que se fijan de acuerdo a lo manifestado por la promovente en su demanda de amparo, sin perjuicio de que pueda ser modificado en su oportunidad por la autoridad jurisdiccional competente. Por otra parte, no pasa desapercibido que la parte promovente pretende señalar como actos destacados los siguientes: "(.) la dificultad de resocialización, reinserción social, al tratar de alejarlo de nuestro domicilio, de nuestra familia y amistades con esa orden de traslado injustificada (.)"; sin embargo, tal manifestación entraña cuestiones atingentes a atacar el acto reclamado consistente en la orden de traslado combatida; por lo que, en su caso, tales manifestaciones formarán parte de los conceptos de violación al momento de resolver el fondo del asunto. Suspensión de plano respecto de los actos precisados como a) al e) Ahora bien, SE CONCEDE A ************, LA SUSPENSIÓN DE PLANO respecto de la a) incomunicación, b) segregación, c) ataques a la libertad, d) tratos crueles e inhumanos, azotes, palos y amenazas, e) falta de atención médica o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para que CESEN de inmediato. En estrecha relación con lo anterior, el actuario deberá cerciorarse si se encuentra incomunicado y verificar que cese de inmediato tal acto; incluso, se le faculta para que en el momento constate que el quejoso pueda entablar comunicación con su abogado o con algún familiar. Asimismo, se concede la suspensión para el efecto de que la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario en Puebla, denominado "CIEPA", autoridad ante la cual la promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra privado de su libertad el directo quejoso; de inmediato le brinde la atención médica, óptima, suficiente y proporcional al estado de salud en que se encuentra el amparista. En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable en comento, la medida que adopte a fin de que salvaguarde en todo momento la seguridad y dignidad del directo promovente que se encuentra bajo su vigilancia, supervisión y responsabilidad. Lo anterior, es así, con la finalidad de que dote al amparista de los mecanismos y objetos necesarios para garantizar su salud, las condiciones salubres de las estancias, etcétera, pues tal proceder permitiría satisfacer las necesidades básicas o primordiales del ser humano, sin distinción por razón de condición jurídica, personal, económica o de creencia. Ello, en atención a que de lo contrario podría repercutir en el sano desenvolvimiento psícoemocional del quejoso durante su estancia. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a la autoridad a un "hacer", ésta debe de informar en el término de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, sobre el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión otorgada, en la inteligencia de que la violación a la misma entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse éste, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el entendido que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, la autoridad responsable supeditada a informar el resultado de la encomienda, incurre en responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la seguridad y custodia del justiciable queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medida pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto; tomando también las medidas necesarias para salvaguardar la vida del directo agraviado. Defensa adecuada. Asimismo, comuníquese a la autoridad responsable que deberán permitir que el quejoso esté acompañado de defensor que así designe para el efecto de ser quien le asista en las diligencias necesarias. En ese sentido, es de señalar que este órgano de control constitucional considera importante precisar algunos aspectos al derecho de una defensa adecuada, mismos que pueden ser violados de diversa manera por órganos del Estado, para tal efecto la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.).". En ese orden, acorde al principio de Supremacía Constitucional, el derecho a una defensa adecuada entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirles que se entreviste de manera previa y en privado con él, sin que el derecho de defensa se transforme en un mero requisito formal, por el contrario debe ser eficaz y efectiva la intervención del defensor. Lo anterior deberá considerarlo la autoridad responsable, en relación directa a los efectos respecto de los que se provee en el presente asunto. Exhorto Ahora bien, tomando en consideración el contenido del escrito de demanda y toda vez que la peticionaria de amparo señaló, bajo protesta de decir verdad, que el directo quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario en Puebla, denominado "CIEPA", el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; por tanto, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, para que, en auxilio de este juzgado notifique al directo quejoso ***********, el presente proveído, en el lugar en que se encuentra recluido y realice lo precisado en párrafos que anteceden, así como lo siguiente: Diligencia de ratificación de la demanda de amparo. Se solicita al órgano jurisdiccional exhortado que comisione al actuario adscrito para que se constituya en el interior de las instalaciones del Centro Penitenciario en Puebla, denominado "CIEPA", a efecto de que le notifique personalmente este proveído a **************, y para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días hábiles, manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida en su favor; apercibido que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. Asimismo, en virtud de que el domicilio correspondiente a la autoridad señalada como responsable precisada como: Director del Centro Penitenciario en Puebla, denominado "CIEPA", se ubica fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez exhortado instruya a cualquiera de los actuarios adscritos a dicho órgano jurisdiccional, a efecto de que se constituya en el domicilio oficial de la responsable y le notifique el oficio 5225/2022, junto con copia del escrito de demanda y del presente proveído. De igual forma, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que se emitan en este juicio de amparo, por lo que en caso de negarse a recibirlo, con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por no estar completa la denominación) o bien si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad (sobretodo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto el órgano jurisdiccional como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo) se tendrán por hechas las notificaciones y será administrativa y penalmente responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el propio oficio contenga. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso señalar su domicilio correcto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien, lo que se informe se dictará el acuerdo correspondiente. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL EXHORTADO para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue, dirija y firme los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. A fin de dar celeridad en la tramitación del presente asunto, remítase el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y solicítese a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la diligencia encomendada. Incompetencia Vistos los actos que se reclaman, este Jugador Federal determina carecer de competencia por razón de territorio para conocer del asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que, como se dijo, el suscrito juzgador considera carecer de competencia legal para continuar conociendo del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente. La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse(...).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este último numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama entre otros actos a) incomunicación, b) segregación, c) ataques a la libertad, d) tratos crueles e inhumanos, azotes, palos y amenazas, e) falta de atención médica o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en contra del aquí quejoso y que según refiere la promovente -bajo protesta de decir verdad-, aquél se encuentra recluido en el Centro Penitenciario en Puebla, denominado "CIEPA",, de donde se sigue que es ante tal autoridad perteneciente a dicha entidad territorial en donde pudieran materializarse los actos anteriormente destacados. Por ello, es evidente que nos encontramos en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo; por ello, se estima que resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada. Tomando en consideración que el presente juicio de amparo fue promovido vía electrónica y a efecto de evitar dilaciones procesales, se ordena remitir la incompetencia planteada en párrafos que antecedes de la misma forma. Asimismo, solicítese el Juez Federal que conozca del presente juicio de amparo, acuse de recibo de estilo correspondiente, por la remisión del juicio de amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Reserva respecto de los actos f) y g) Respecto a los restantes actos reclamados f) y g), se reserva jurisdicción a la autoridad legalmente competente para acordar lo conducente, en caso de que el directo quejoso ratifique la demanda de amparo promovida en su favor. Ausencia de firma electrónica Sin que pase inadvertido el hecho de que la demanda de que se trata fue presentada sin la firma electrónica de la promovente **************; sin embargo, debe ponderarse que como en el caso, nos encontramos en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la misma se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, aduciendo se actualizan los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Autorización del correo electrónico Se autoriza a las responsables para que remitan su informe correspondiente a la dirección de correo electrónico 11jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Notifíquese; y, personalmente al directo quejoso-vía exhorto-.
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