Jorge Granados Perez

Expediente 516/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
516/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge Granados Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    ...CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la autoridad responsable, en razón de que así lo manifestó al rendir su informe previo. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (MATERIA PARA LA SUSPENSIÓN). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, de la demanda se aprecia que la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar, medularmente para evitar que se continúe con la paralización del procedimiento laboral de origen. Sobre esa base, se considera que no resulta procedente la medida cautelar en los términos solicitados, pues de lo narrado en la demanda de amparo no se aprecia que el juicio de origen se encuentre paralizado, por el contrario, el quejoso refiere que se admitió a trámite su demanda, sin embargo, se soslayó fijar la fecha para la audiencia bifásica en términos de ley. Cuestión esta última contra la que no procede la medida cautelar, pues esa circunstancia implicaría que se den efectos similares a la revocación del acto impugnado, tales como ordenar que la responsable deje insubsistente la fecha señalada en el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veinte que se reclama, y en consecuencia, fije una fecha más cercana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ello, dentro del plazo que dispone la ley que rige el acto. En efecto, resulta claro que con la medida cautelar no se pretende la conservación de algún derecho que dicho inconforme hubiera tenido constituido previo a la presentación de la demanda, sino lo que se pretende es que se devuelva al quejoso en el goce de la garantía que considera transgredida y que se constituya un derecho, esto es, que se revoque la resolución reclamada y que se emita un nuevo auto en el que se fije un fecha más cercana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Situación que no corresponde a los fines suspensivos de la medida cautelar, pues se reitera que tales efectos implican la constitución de un derecho, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal, dado que la naturaleza del juicio de amparo es restitutoria; por tanto, los efectos de los que se ocupa cuando se concede el amparo es volver las cosas al estado que se encontraban y, en su caso, otorgar el derecho que el quejoso solicitó ante la responsable; lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, que establece que el otorgamiento de la suspensión en ningún caso podrá tener como efecto constituir derechos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda. Como se ve, de concederse la medida definitiva que se solicita para los efectos señalados, se estaría restituyendo al quejoso en el goce de la garantía que estima violada; lo que podría implicar resolver en el incidente la materia de fondo del asunto y vaciar de contenido y efectos la sentencia de amparo, quedando implícitamente sin materia una eventual concesión. Así, se concluye que los efectos solicitados corresponden a la materia de análisis del fondo del juicio principal del que deriva la presente incidencia, por lo que, de conceder la suspensión se darían efectos constitutivos que son propios del juicio de amparo, pues podría implicar que se den efectos similares a la revocación del acto impugnado. Por tanto, en el caso en especificó, no es posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho que aduce como violentado, mientras se dicta la resolución definitiva en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, esto, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada por lo que hace al acto en estudio. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 144 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *********, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones aludidas en el considerando quinto de la presente interlocutoria.

  2. Principal

    ...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 25 y 28). Además, su existencia se corrobora con las constancias que acompañó la Junta responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copias certificadas del juicio laboral *********; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se analizará la litis constitucional, debido a que se advierte la existencia de una causa de improcedencia. En efecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Del numeral transcrito en primer término se colige que la improcedencia del amparo, puede devenir de diverso precepto de la ley de la materia, o bien, de la Ley Suprema. Por su parte, del segundo precepto en cita se aprecia que, tratándose de una concesión de amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. De lo anterior se infiere, que cuando el acto reclamado en el juicio constitucional sea factible obligar a la autoridad responsable, como sucede con el señalamiento de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, el amparo tiene como finalidad que la autoridad responsable obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija. En efecto, el acto reclamado en este juicio lo constituye la fecha lejana para la celebración de la audiencia bifásica, esto es, para el quince de enero de dos mil veintiuno, decretada en proveído de veintisiete de julio de dos mil veinte, dentro del expediente laboral *********, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato. Así las cosas, se concluye que ningún fin práctico tendría conceder la protección y amparo solicitados, pues para el momento en que se requiriera su cumplimiento, ya se habrá ejecutado el acto reclamado de modo irreparable para el quejoso. De ahí, que aún en el supuesto de que se dictara resolución concesoria de amparo, en este día señalado para la celebración de la audiencia constitucional (treinta de noviembre de dos mil veinte) y que se notificara a las partes, a más tardar al siguiente día (uno de diciembre de dos mil veinte), el plazo de diez días a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que cause ejecutoria la sentencia, concluiría el dieciséis de diciembre del año en curso, con exclusión de los días cinco, seis, doce y trece de diciembre de dos mil veinte, por ser inhábiles, conforme con el numeral 19 de la ley de la materia. Por lo que, no podrá requerirse a la autoridad responsable, el cumplimiento de la sentencia, porque para cuando cause ejecutoria, esto es, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se estaría a nueve días de la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepción, señalada para el quince de enero de dos mil veintiuno; los cuales son dieciocho de diciembre de dos mil veinte, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce y quince de enero de dos mil veinte; dado que la autoridad responsable gozará de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al cinco de enero de dos mil veintiuno, siendo el último día laborable el dieciocho de diciembre del año en curso, reincorporándose a sus labores el seis de enero de la próxima anualidad. Plazo (nueve días) menor al indicado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para que sean notificadas las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, ya que como se advierte del proveído de veintisiete de julio del año en curso, la autoridad responsable ordenó notificar personalmente el citado proveído a la parte demanda, por lo menos con ese término de anticipación. Lo anterior pone en claro que, aún en el caso de conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, la ejecutoria de dicha resolución ocurriría hasta el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, momento en el cual ya se estarán agotado los efectos del acto impugnado. Así las cosas se insiste, que las posibles violaciones a los derechos humanos del quejoso, cometidas en el proveído de veintisiete de julio del año en curso, no pueden ser subsanadas con el pronunciamiento del fallo protector que se dictara en este juicio de amparo, porque para el momento en que esa resolución concesoria se hiciera exigible, ya se estaría a nueve días de la celebración de la audiencia bifásica, fijada para el quince de enero de dos mil veintiuno. Dicho de otra manera, dé celebrarse la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, con nueve días después en que la sentencia cause ejecutoria, hace imposible restituir a la quejosa en el goce de las posibles garantías individuales violadas, puesto que para el día diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en que se requiriera el cumplimiento del fallo protector, se habría ejecutado el acto reclamado de modo irreparable y, en caso de que la citada audiencia bifásica se difiriera, esto sería debido a un acto autoritario distinto del que aquí reclama y en detrimento de su derecho al acceso a la justicia. De ahí, que el presente juicio resulte improcedente, toda vez que ninguna finalidad práctica tendría la concesión del amparo, al no ser posible restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos que se estimara violados, en virtud, de que el acto reclamado dejará de surtir sus efectos con anterioridad al momento en que sea posible requerir el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son del tenor siguiente: Época: Séptima Época Registro: 237751 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 145-150, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 58 "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación". Amparo en revisión 4131/80. Hermelinda de Jesús Hernández. 15 de enero de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. En consecuencia, queda actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia referida, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo.

  3. Principal

    ...Ténganse por recibido el oficio de cuenta y anexo, remitido por la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Misiva mediante la cual rinde su informe justificado; en tales condiciones, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de ley. De igual forma, con apoyo en el artículo 119 de la Ley en comento, se le tiene anunciando como prueba en apoyo a su informe justificado, la documental que acompaña a su oficio; con la cual, dado su volumen, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado, con el consecutivo I. Informe y constancias que se ponen a la vista de las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de éstos en la audiencia respectiva...

  4. Incidental

    ...Ténganse por recibido el oficio de cuenta, remitido por la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Misiva mediante la cual rinde su informe previo; en tales condiciones, de conformidad con el artículo 140, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de ley. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de este en la audiencia respectiva...

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