Jorge Granados Mejía
Expediente 956/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Granados Mejía
Actuaciones
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del nueve de agosto del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En este sentido, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en acuerdo del veintiocho de julio pasado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos para el caso de incumplimiento. Por otra parte, visto el escrito del quejoso ************, se le tiene dando cumplimiento a las prevenciones que le fueron formuladas en acuerdo del veintiocho de julio del año en curso, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Jorge Granados Mejía, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, así como el escrito aclaratorio y, atendiendo al contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, del que se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A. J/4 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la especie, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo dictado en la audiencia del trece de julio del año en curso, por el que el Juez responsable, en el que le impuso al quejoso una medida de apremio consistente en una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización vigente, al no haber acatado instrucciones de dicho juez, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)". La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37m, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con registro 187016, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, página 902, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De lo expuesto se advierte que el acto que por esta vía se combate fue dictado en un procedimiento penal el que, para que sea procedente el juicio de amparo, debe afectar derechos sustantivos y, además, no debe existir algún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificado, nulificado o revocado, o de existir, debe actualizarse una excepción al principio de definitividad. Es decir, deben observarse ambos principios que rigen al juicio de amparo, por lo que en caso de que no se surta uno de ellos, no será procedente el medio de defensa extraordinario. De esa manera, en contra del acuerdo dictado en la audiencia del trece de julio del año en curso, por el que el Juez responsable, en el que le impuso al quejoso una medida de apremio una medida de apremio consistente en una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización vigente, al no haber acatado instrucciones de dicho juez, se estima que procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reza: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". El párrafo primero del precepto legal transcrito, establece las fases procesales en las cuales procede el recurso de revocación (en cualquier etapa del procedimiento -en donde interviene la autoridad judicial-), y precisa las características que deben revestir las resoluciones susceptibles de ser recurridas mediante dicho medio de impugnación (de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2019, ha referido que las actuaciones de "mero trámite" son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, son cuestiones que impulsan el proceso, sin embargo, no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio; así como una resolución "sin sustanciación", se refiere a que se trate de determinaciones de mero trámite emitidas de plano, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un trámite específico a seguir previo a la emisión de su determinación, esto es, no contempla la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición de la solicitante, y por tanto el juzgador resuelve lo pedido de plano. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), por contradicción de tesis 331/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Tomo III, Agosto de 2020, página 2760, que dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación. Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico.". Del análisis al ordenamiento en cita, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues la determinación impugnada se atribuye al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que se advierte la procedencia de un medio de defensa que pueden hacer valer las partes en el procedimiento, como lo es el recurso de revocación. Por tanto, el acto de molestia que se analiza en este apartado, puede ser impugnado mediante recurso de revocación, previsto en la ley mencionada, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Lo anterior además, en razón de que el aquí quejoso es parte en el juicio de origen y tuvo conocimiento de su tramitación, como se advierte de las constancias que anexó a su escrito de demanda. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, novena época, página novecientos dos, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, lo anterior encuentra sustento en la tesis I.P.29 P (10a.); Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común, Penal; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4585, Registro digital: 2020472, que dice: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación; atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento; máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha la demanda de que se trata por lo motivos antes expuestos. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Citatorio. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el auto del nueve de agosto de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en acuerdo del veintiocho de julio pasado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos para el caso de incumplimiento. Por otra parte, visto el escrito del quejoso ************, se le tiene dando cumplimiento a las prevenciones que le fueron formuladas en acuerdo del veintiocho de julio del año en curso, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Jorge Granados Mejía, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, así como el escrito aclaratorio y, atendiendo al contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, del que se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A. J/4 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la especie, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo dictado en la audiencia del trece de julio del año en curso, por el que el Juez responsable, en el que le impuso al quejoso una medida de apremio consistente en una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización vigente, al no haber acatado instrucciones de dicho juez, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)". La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37m, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con registro 187016, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, página 902, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De lo expuesto se advierte que el acto que por esta vía se combate fue dictado en un procedimiento penal el que, para que sea procedente el juicio de amparo, debe afectar derechos sustantivos y, además, no debe existir algún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificado, nulificado o revocado, o de existir, debe actualizarse una excepción al principio de definitividad. Es decir, deben observarse ambos principios que rigen al juicio de amparo, por lo que en caso de que no se surta uno de ellos, no será procedente el medio de defensa extraordinario. De esa manera, en contra del acuerdo dictado en la audiencia del trece de julio del año en curso, por el que el Juez responsable, en el que le impuso al quejoso una medida de apremio una medida de apremio consistente en una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización vigente, al no haber acatado instrucciones de dicho juez, se estima que procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reza: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". El párrafo primero del precepto legal transcrito, establece las fases procesales en las cuales procede el recurso de revocación (en cualquier etapa del procedimiento -en donde interviene la autoridad judicial-), y precisa las características que deben revestir las resoluciones susceptibles de ser recurridas mediante dicho medio de impugnación (de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2019, ha referido que las actuaciones de "mero trámite" son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, son cuestiones que impulsan el proceso, sin embargo, no trastocan la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio; así como una resolución "sin sustanciación", se refiere a que se trate de determinaciones de mero trámite emitidas de plano, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un trámite específico a seguir previo a la emisión de su determinación, esto es, no contempla la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición de la solicitante, y por tanto el juzgador resuelve lo pedido de plano. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), por contradicción de tesis 331/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Tomo III, Agosto de 2020, página 2760, que dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación. Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico.". Del análisis al ordenamiento en cita, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues la determinación impugnada se atribuye al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que se advierte la procedencia de un medio de defensa que pueden hacer valer las partes en el procedimiento, como lo es el recurso de revocación. Por tanto, el acto de molestia que se analiza en este apartado, puede ser impugnado mediante recurso de revocación, previsto en la ley mencionada, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Lo anterior además, en razón de que el aquí quejoso es parte en el juicio de origen y tuvo conocimiento de su tramitación, como se advierte de las constancias que anexó a su escrito de demanda. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, novena época, página novecientos dos, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, lo anterior encuentra sustento en la tesis I.P.29 P (10a.); Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común, Penal; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4585, Registro digital: 2020472, que dice: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación; atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento; máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha la demanda de que se trata por lo motivos antes expuestos. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
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VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y otra autoridad, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 956/2023-VII. Con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo, requiérase la parte quejosa para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efecto la legal notificación de este auto, y bajo protesta de decir verdad, desahogue las prevenciones: Primero. Con fundamento en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, proporcione el nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, y en caso de no conocerlo, manifestarlo así bajo protesta de decir. Tiene aplicación a lo anterior, por igualdad de circunstancias, la jurisprudencia P./J. 127/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 32, Materia Común, Novena Época, con registro 192843, que dispone: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL 'PROTESTO LO NECESARIO' Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste 'bajo protesta de decir verdad' los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase 'Protesto lo necesario', que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Segundo. Precise si ha promovido algún recurso o medio de defensa en contra del acto que por esta vía combate, o bien, un diverso juicio de amparo, y de ser así, deberá mencionar ante qué autoridad se tramita, el número de expediente con el cuál fue registrado y el estado procesal en el que se encuentre. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con los requerimientos referidos con antelación dentro del lapso que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, en términos de lo dispuesto en el numeral 114 de la referida ley. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas, legalmente computado, informe que auto o resolución dio origen a la imposición de la multa al aquí quejoso y si interpuso algún recurso en contra del acto reclamado, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia. Háganse las notificaciones por lista electrónica a la parte quejosa, en virtud de que el domicilio que designa se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal. En cuanto a las personas que menciona, se les tiene por autorizadas para los efectos que precisan, en el entendido de que si son en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se tiene por autorizado al usuario "**********" para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes. Se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023 del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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