Jorge González Torres
Expediente 774/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2019
Partes del expediente
- Jorge González Torres
- Agente de Ministerio Público adscrito a la Unidad de rezago de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días establecido por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de veintitrés de septiembre último, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por *******, transcurrió para éste del veintiséis de ese mes al dos de los actuales, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la demanda vía electrónica de cuenta enviada por el promovente ************** contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Rezago de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc, por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo ************** y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora bien, en principio conviene precisar que el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que el numeral 6° de la citada legislación, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Así también, el dispositivo 15 del referido ordenamiento, prevé: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. Por su parte, el arábigo 3º de la Ley de la materia dispone: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. En ese orden de ideas, tomando en consideración que, si bien la demanda fue promovida por ********, y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso la misma carece de la firma del promovente, por lo cual no satisface dicho principio. A mayor abundamiento, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de que el promovente es justamente el quejoso, debe contener la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda, en la que se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió, le pertenece. En ese sentido, al inadvertirse la voluntad expresa del promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio de amparo, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6° de la ley de la materia. Criterio además sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la queja administrativa ***, quien señaló que no debe considerarse que el desechamiento de la demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique desatender el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En tal virtud, al no haberse demostrado la voluntad de iniciar la acción de garantías por la persona señalada con antelación, SE DESECHA la demanda en estudio por lo que a él respecta y por los actos que reclama, con fundamento en el dispositivo 113, en relación con los arábigos 6° y 15 de la Ley de Amparo. Máxime que de la lectura integral de la demanda no se advierte que el quejoso se encuentre en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de la materia, o el diverso 22 de la Constitución Federal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud de que se señaló para tal efecto los estrados, y como autorizadas en términos amplios, conforme al numeral 12 de la ley de la materia, a las personas que menciona. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la invocada ley, a Arturo Salvador Ceja Cervantes, en virtud de que al ingresar a la página http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que se encuentran legalmente acreditadas para ejercer la profesión de licenciado en Derecho; y por facultadas para los efectos que indica el párrafo segundo del numeral 24 del citado ordenamiento legal, a las restantes personas que menciona. Con fundamento en el arábigo 21, párrafo tercero, de la indicada ley, se faculta al actuario judicial adscrito a realizar las notificaciones personales en días y horas inhábiles que surjan en este asunto.
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