Jorge González Ortega
Expediente 884/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge González Ortega
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Agente del Ministerio Público Número Uno adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Trámite Común, de esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 884/2019-IV. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de: El auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, dentro del procedimiento especial hipotecario C197/2015 de su índice, por el que ordenó suspender el procedimiento especial hipotecario, ello en atención a la solicitud hecha por el Ministerio Público Número Uno de esta ciudad, mediante el oficio 2844/2019. El oficio 2844/2019, de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Agente del Ministerio Público Número Uno adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Trámite Común, de esta ciudad, girado dentro de la carpeta de investigación ********** de su estadística, por el cual solicita al Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, la suspensión del procedimiento especial hipotecario llevado a cabo dentro del expediente C197/2015. Bajo ese contexto, respecto del acto precisado en el inciso a), se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es necesario destacar que los artículos 232 y 704-O del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuyen: "Artículo 704 O. En los juicios hipotecarios sólo son apelables los autos que nieguen la admisión de la demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias interlocutorias y definitiva, así como los autos que declaran fincado el remate. La apelación sólo se admitirá en el efecto devolutivo. Ningún recurso interrumpirá la continuación del procedimiento. Si llegada la fecha de la audiencia de remate no se ha resuelto la apelación, se suspenderá la celebración de la misma hasta en tanto se resuelva el recurso. El juzgador informará diez días antes de la fecha señalada para la celebración del remate, el estado procesal a la autoridad de alzada. Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que en los juicios hipotecarios sólo son apelables: Los autos que nieguen la admisión de la demanda; Los que no admitan pruebas; Las sentencias interlocutorias y definitive; y, Los autos que declaran fincado el remate. Dicha apelación sólo se admitirá en el efecto devolutivo. En ese orden, tratandose de actos dictados en los referidos juicios que no esten dentro de los supuestos para ser apelables, la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Sobre el referido medio de impugnación, el tratadista José Ovalle Favela en su libro titulado "Derecho Procesal Civil", octava edición, editorial Oxford University Press, página 269, establece que la revocación es el recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la dictó. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, dentro del procedimiento especial hipotecario C197/2015, por el que ordenó suspender el procedimiento especial hipotecario, ello en atención a la solicitud hecha por el Ministerio Público Número Uno de esta ciudad, mediante el oficio 2844/2019; el referido numeral 704-O del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, no contempla a dicho auto dentro de su catálogo para ser apelable; y el diverso 232 establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como el solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a procedimiento, dado que es la parte actora en el juicio de origen, y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Sin que obste que el auto reclamada pudiera considerarse un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de Distrito procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. En otro orden de ideas, por lo que respecta al acto descrito en el inciso b) en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el oficio 2844/2019, de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Agente del Ministerio Público Número Uno adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Trámite Común, de esta ciudad, girado dentro de la carpeta de investigación ********** de su estadística, por el cual solicita la suspensión del procedimiento especial hipotecario llevado a cabo dentro del expediente C197/2015 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato. En esa tesitura, dicho oficio no constituye un acto dentro del procedimiento penal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que el referido acto reclamado no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (persona, propiedades, posesiones o derechos), ello porque la emisión del oficio por el que solicita a una autoridad diversa la suspensión del procedimiento especial hipotecario, no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, dado que la autoridad a quien va dirigida la orden, no está obligada necesariamente a acordar de conformidad con lo solicitado. De ahí que el referido oficio emitido por la responsable constituye una mera solicitud que no causa un agravio de imposible reparación a la parte quejosa, pues consiste en una estimación procesal que no tiene el carácter de definitiva, para los efectos del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, al contar con cédulas profesionales ****** registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y a las demás personas que menciona en términos limitados del numeral en cita por así solicitarlo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".
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