Jorge González Madera
Expediente 944/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2021
Partes del expediente
- Jorge González Madera
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que el promovente JORGE GONZÁLEZ MADERA, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, en la que se desechó la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el sobre de cuenta, por medio del cual el Administrador Postal de Correos, con sede en esta Ciudad, devuelve el oficio 2680-VIII de catorce de julio del año en curso, dirigido a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, con sede en la Ciudad de México, a través del cual fueron reexpedidos los diversos oficios 1163-VIII y 1858-VIII de dieciséis de marzo y de dieciocho de mayo, ambos del año en curso, a través de los cuales se le requirieron diversas constancias relacionadas con los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Luego, tomando en consideración que en el sobre de referencia se advierte la leyenda: "Rehusado por vigilancia"; consecuentemente reexpídase el citado oficio con los anexos correspondientes a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, con sede en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, en razón de no advertirse un motivo coherente por el que se haya devuelto el sobre de referencia, requiérase a la Administradora Postal de Correos de la ciudad de Tepic, Nayarit, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede notificada del presente proveído, se sirva informar a este juzgado de distrito los motivos y razones por los cuales no puede llevar a cabo la entrega del oficio que hoy devuelve con la leyenda "Rehusado por vigilancia", para lo cual se acompaña copia simple del sobre de referencia; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del término legal concedido, se le aplicará alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por último, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por Administradora de Correos Urbana del Valle, con sede en Tepic, Nayarit, por medio del cual informa que la pieza postal requerida en el presente juicio de amparo, fue devuelta a este juzgado de distrito. Por tanto, téngase por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, dado lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo que de manera electrónica promueve JORGE GONZÁLEZ MADERA, por su propio derecho y anexos que acompaña, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Gerente del Departamento de Comercialización y Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad, División Jalisco, Zona Santiago, con sede en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 944/2021; formándose los expedientes impreso y electrónico respectivos, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de garantías, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...) De los artículos transcritos se advierte que para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Noviembre de 2001, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J 30/2018, determinó que las controversias que surjan entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad a través de la División Comercial Peninsular, en relación con contratos de suministro de energía eléctrica, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil y no a través del juicio de amparo, dado que la citada Comisión Federal no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J 30/2018, determinó que las controversias que surjan entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad a través de la División Comercial Peninsular, en relación con contratos de suministro de energía eléctrica, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil y no a través del juicio de amparo, dado que la citada Comisión Federal no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dicha ejecutoria, en lo que interesa señala: ".En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." La citada jurisprudencia 2a./J 30/2018, visible a página 553, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, es de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Lo que pone de manifiesto que el acto de molestia que atribuye el solicitante del amparo a la autoridad señalada como responsable Gerente del Departamento de Comercialización y Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad, División Jalisco, Zona Santiago, con sede en Santiago Ixcuintla, Nayarit, consistente en la pretensión de la autoridad responsable de suspender el suministro de energía eléctrica en el medidor número 8.JG486, número de registro 4810200590, en el predio ubicado en el domicilio conocido en la Población de "Las Parejas" (Sierra de Yago, Municipio de Santiago Ixcuintla Nayarit), concretamente en el potrero "El Uno", no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, sino actos derivados de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio a virtud del contrato de servicio de energía eléctrica número 4810200590, con número de medidor 8.JG486, que menciona la parte quejosa en su escrito de demanda. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa alegue que la pretensión de suspenderle el suministro de energía eléctrica sea inconstitucional, pues corresponde a las partes, en la vía mercantil, dilucidar si el contrato de suministro celebrado entre el promovente y la Comisión Federal de Electricidad, contempla o no dicha posibilidad, a efecto de que el juez competente decida al respecto. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida por JORGE GONZÁLEZ MADERA. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 2/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1008, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Como lo solicita la parte quejosa se le tiene y como autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Macías Aréchiga y a Alberto Antonio Vega Estrada; y en términos del párrafo segundo del citado numeral en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, a las restantes personas que indica, toda vez que no tienen registrada cédula alguna que las faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en relación al correo electrónico que señala en su demanda de amparo como medio alterno para recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no proporcionó clave de usuario, cuyo registro puede realizarlo vía internet ingresando a la página www.serviciosenlinea.pfj.gob.mx (Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación); sin embargo, se le tiene dicho medio únicamente para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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