Jorge González García

Expediente 290/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
290/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Jorge González García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: ".una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jefe del Área de Recursos Humanos de dicha Secretaría, Encargado del Área de Investigación Interna, en su carácter de Órgano Prosecutor, todos dependientes de la citada Secretaría, con residencia en esta ciudad, deberán en el ámbito de sus funciones: a) Dejar de ejecutar la orden de preventiva de pago, sobre el salario del quejoso***** y, en su lugar le otorguen el treinta porciento (sic) del ingreso real que percibía al momento de la suspensión de sus percepciones, el que nunca será inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, para el efecto de otorgarle al peticionario de amparo el derecho al mínimo vital; el cual deberá cubrirse por el tiempo que dure el procedimiento de responsabilidad que se instauró en su contra". Por lo que mediante auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 176 y 177), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Por su parte, el normativo 196, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que el Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, por una parte dejó de ejecutar la orden preventiva de pago sobre el salario del quejoso, pues mediante oficio *****de veinte de junio del año en curso, el Coordinador de Administración de esa dependencia, solicitó a la Coordinadora de Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con domicilio en esta ciudad, se continúe pagando el treinta por ciento de los salarios que le corresponden al mencionado quejoso, pues otorgó el derecho al mínimo vital. Asimismo, mediante oficio ***** de veinticinco de junio del año que transcurre, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, a través la Coordinadora General de Recursos Humanos, con domicilio en esta ciudad, dio contestación a la solicitud realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informando que el pago al aquí quejoso será atendido a partir de la primera quincena del mes de julio de este año, con retroactivo a partir del uno de abril al treinta de junio de dos mil diecinueve, destacando que el mencionado pago se realizará con el sueldo de la categoría de policía razo, ya que al efectuarse el cálculo del treinta por cientos de su ingreso real con la categoría que ocupa actualmente (inspector), este es inferior al salario tabulador más bajo que cubre esa institución. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: ".una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jefe del Área de Recursos Humanos de dicha Secretaría, Encargado del Área de Investigación Interna, en su carácter de Órgano Prosecutor, todos dependientes de la citada Secretaría, con residencia en esta ciudad, deberán en el ámbito de sus funciones: a) Dejar de ejecutar la orden de preventiva de pago, sobre el salario del quejoso ******** y, en su lugar le otorguen el treinta porciento (sic) del ingreso real que percibía al momento de la suspensión de sus percepciones, el que nunca será inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, para el efecto de otorgarle al peticionario de amparo el derecho al mínimo vital; el cual deberá cubrirse por el tiempo que dure el procedimiento de responsabilidad que se instauró en su contra". Por lo que mediante auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 176 y 177), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Por su parte, el normativo 196, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que el Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, por una parte dejó de ejecutar la orden preventiva de pago sobre el salario del quejoso, pues mediante oficio ******* de veinte de junio del año en curso, el Coordinador de Administración de esa dependencia, solicitó a la Coordinadora de Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con domicilio en esta ciudad, se continúe pagando el treinta por ciento de los salarios que le corresponden al mencionado quejoso, pues otorgó el derecho al mínimo vital. Sin embargo, hasta la presente data, no se advierte que la referida Secretaría de Hacienda haya realizado lo solicitado por la responsable de mérito; ante tales condiciones, y tomando en consideración que la referida dependencia hacendaria debe autorizar el pago del treinta por ciento de los salarios que le corresponden al aquí quejoso, bajo ese supuesto se advierte que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el este expediente depende de los actos de la citada Secretaría de Hacienda del Estado, pues no obstante que fue sobreseído este juicio respecto de los actos que le fueron atribuidos, tiene intervención en el cumplimiento del fallo protector, con el objeto de autorizar y realizar los trámites administrativos conducentes. De manera que, efectivamente la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, se encuentra obligada dentro del ámbito de su competencia, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, y en caso de desacato, corresponde a este juzgado hacerle los apercibimientos que prevé la Ley de Amparo con relación a las responsabilidades señaladas en el capítulo de cumplimiento de ejecución, de conformidad con el precepto 192 de la ley de la materia. En consecuencia, dada la naturaleza del acto reclamado y a las atribuciones de la citada Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, téngase como autoridad vinculada a ésta para el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, considerando que en razón de sus funciones tiene intervención en este asunto para el cabal y pronto cumplimiento de la sentencia de amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 57/2017, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Así también, tiene aplicación la tesis que a continuación se cita: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento". De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, con copia de esta ejecutoria y la sentencia dictada en el juicio de origen, requiérase a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias que acrediten el trámite que ha dado al oficio ************ de veinte de junio del año en curso (foja 185), signado por el Coordinador de Administración del Área de recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con domicilio en esta ciudad, y en su caso, realice las gestiones necesarias para autorizar el pago del treinta por ciento de los salarios que le corresponden al quejoso ********** Lo anterior encuentra justificación en la jurisprudencia 54/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Décima época, noviembre de 2014, libro 12, tomo I, página 19, registro electrónico 2007918, cuya sinopsis es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del plazo legal, la sentencia dictada en este asunto, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso *******, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jefe del Área de Recursos Humanos de dicha Secretaría, Encargado del Área de Investigación Interna, en su carácter de Órgano Prosecutor, todos dependientes de la citada Secretaría, con residencia en esta ciudad, deberán en el ámbito de sus funciones: a) Dejar de ejecutar la orden de preventiva de pago, sobre el salario del quejoso******* y, en su lugar le otorguen el treinta porciento (sic) del ingreso real que percibía al momento de la suspensión de sus percepciones, el que nunca será inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, para el efecto de otorgarle al peticionario de amparo el derecho al mínimo vital; el cual deberá cubrirse por el tiempo que dure el procedimiento de responsabilidad que se instauró en su contra". Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tenga para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientas cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el diverso 258, de la ley de la materia. No obstante lo anterior, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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