Jorge González García
Expediente 84/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge González García
- Jorge González García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, devuélvase al Juez Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, las constancias que adjunto a su informe justificado. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y al asesor jurídico del menor.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, Jorge González García, por propio derecho y en representación del menor Iker González Hernández, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que se precisará más adelante en el considerando segundo. SEGUNDO. TRÁMITE Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, dio vista a las partes con el informe justificado que rindió la autoridad responsable, y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se dictó dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, que permite que el menor se mantenga en peligro de contagio de covid, por cohabitar en el mismo domicilio que la madre Michel Yareni Hernández Vázquez, quien a la fecha de presentación de la demanda de amparo estaba contagiada con el virus Sars-Cov2. La omisión de dictar alguna medida de protección inmediata en favor del menor, para que no se contagie de covid-19 al estar en convivencia con su madre. Resolución de quince de febrero de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación como improcedente en contra del diverso auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado, aceptó los actos que se le atribuyen. Lo cual se corrobora con las constancias que allegó, mismas que producen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de esta última en su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Ahora, por lo que hace al acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, que permite que el menor se mantenga en peligro de contagio de covid-19, por cohabitar en el mismo domicilio que la madre Michel Yareni Hernández Vázquez, quien a la fecha de presentación de la demanda de amparo estaba contagiada con aquel virus; así como la resolución de quince de febrero de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación como improcedente en contra del diverso auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, este juzgador considera que en el juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". Del dispositivo legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Dicho motivo de improcedencia se actualiza cuando el órgano de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso ni se concretarán, o bien, de haberse concretado, no continuarán materializándose debido a la modificación del entorno en el cual se emitió el acto, por lo que, aún de convenir en su inconstitucionalidad, jurídicamente no sería posible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Para aplicar dicha causa de improcedencia, según se desprende del propio precepto, se requiere que converjan tres condiciones: 1. La subsistencia del acto reclamado. 2. La imposibilidad de que surta efecto legal o material alguno y, 3. Que dicha imposibilidad obedezca a que ha dejado de existir el objeto o materia del mismo, por lo que ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia de amparo. La primera condición apuntada se entiende como la necesidad de que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio, es decir, que las responsables en realidad lo hayan expedido; el segundo extremo se refiere a que los efectos legales o materiales del acto reclamado sean irrealizables a pesar de su subsistencia, en otras palabras, que el acto controvertido resulte inocuo en la esfera jurídica de los gobernados porque sus consecuencias materiales o jurídicas no podrán impactar en la esfera jurídica del quejoso o no continuarán concretándose; finalmente, el tercer elemento constituye el extremo esencial de la causa analizada, el cual se refiere a la extinción del objeto o materia que recae sobre el acto, y surge con posterioridad a su emisión por razones naturales o propias del acto, o bien como reflejo de otros actos jurídicos. Sobre estas bases, debe señalarse que los actos reclamados ya no pueden surtir efecto legal alguno al haber dejado de subsistir la materia de los mismos, como se verá a continuación. De las constancias que obran en este expediente, se aprecia que el quejoso por escrito registrado con el número 1445/2022, de veintiséis de enero de dos mil veintidós, solicitó al juez de la causa emitiera una medida de protección de emergencia en favor de su menor hijo, toda vez que su progenitora se encontraba contagiada de covid-19 y el menor corría el riesgo de enfermar al no estar vacunado. Por auto de veintisiete de enero siguiente, el juez familiar dio vista a la parte demandada a efecto de que en tres días acreditara estar libre de covid-19, para acordar lo conducente. A través de las promociones de registro 1603/2022 y 1604/2022, nuevamente solicitó que se dictara una medida de emergencia a favor del menor por los motivos antes aducidos, y pidió que la progenitora exhibiera una prueba de PCR, así como el estado de salud del infante, de una institución oficial, y pidió el cambio del domicilio del mismo, derivado de dichas circunstancias. En auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, el juzgado responsable tuvo por hechas las manifestaciones del quejoso y le dijo que se estuviera a lo acordado en auto de veintisiete anterior. Por autos de tres y cuatro de febrero de dos mil veintidós, el juzgado familiar acordó lo conducente a las medidas de protección a favor del menor, a fin de que se demostrara su estado de salud, por lo que requirió a la progenitora para que exhibiera prueba médica de PCR de detección de covid-19, tanto del menor como de ella, así como constancia de salud expedida por institución médica reconocida que justificara el estado clínico del menor y no acordó favorablemente el cambio de domicilio del menor. En contra de auto de veintiocho de febrero del año en curso antes citado, el quejoso promovió recurso de revocación, el cual fue resuelto por la responsable el quince de febrero de dos mil veintidós, como improcedente, toda vez que adujo que al haberse emitido el auto de cuatro de febrero del presente año, se colmaban los pedimentos de que se demostrara que la tercero interesada y el menor estuvieran libres de covid-19. A fin de acatar las medidas de protección, la progenitora del menor exhibió el comprobante a su nombre de veintiséis de enero de dos mil veintidós, del que se aprecia que la prueba de covid que se le realizó dio negativo; asimismo, presentó la prueba de covid hecha al menor en el Centro Médico Issemym Ecatepec, el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la que dio negativo; así como diversa realizada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México de veintidós de febrero de dos mil veintidós, a nombre de la tercero interesada, de la que se advierte que fue negativo a covid-19; certificado médico expedido por el DIF Cuautitlán Izcalli, a nombre del menor de veintidós de febrero de dos mil veintidós, del que se desprende su estado de salud; así como la revisión que se le realizó en la escuela Liceo Bretaña, en la que se observa que del once al veintidós de febrero del año en curso, se informó que el infante no tenía síntomas de covid. De lo expuesto se aprecia que la finalidad del quejoso era que se emitiera una medida de protección de emergencia a favor del menor para que no se contagiara de covid-19, incluso que hubiera un cambio de domicilio para evitarlo; a lo que la autoridad no acordó lo conducente en las actuaciones reclamadas; no obstante, aun cuando aquellas subsisten, no pueden surtir efecto legal alguno al haber dejado de existir la materia de los mismos, ya que la progenitora del menor, demostró que no estaba contagiada del virus, así como el estado de salud del menor, del cual no se advierte alguna anomalía ni tampoco que estuviera enfermo de covid-19, por lo que resulta innecesario estudiar los actos combatidos; puesto que de hacerlo, tampoco se conseguiría la protección constitucional, al no haber riesgo de contagio del menor por parte de la mamá, al haber dado ambos negativo a la prueba de covid-19, en febrero de dos mil veintidós. Asimismo, debe indicarse que si bien actualmente nadie está exento de poder contraer el virus de covid-19, lo cierto es que por lo menos al momento de enfermedad de la señora, no se aprecia un contagio al menor, y la misma ha dado negativo a la prueba en dos ocasiones. No se soslaya que la medida de protección dictada por el juez familiar, fue para el efecto de que se exhibiera la prueba de PCR, y que la que obra en el expediente de origen es una prueba rápida de antígeno SARS-COV-2 del menor; sin embargo, ningún fin práctico tendría que se requiriera la prueba de PCR, si del diecisiete de febrero de dos mil veintidós en que se efectuó la prueba a la fecha de emisión de la presente sentencia, han pasado cuatro meses, sin que este juzgador tenga noticia de que el menor presente algún síntoma de enfermedad de covid-19, que hiciera necesario que se realizara la mencionada prueba PCR. Aunado a lo anterior, debe precisarse que en el calendario de la revisión que se le hace al menor en su colegio, se desprende que de los días once a diecisiete de febrero de este año, no había presentado síntomas de estar contagiado de covid-19, por lo que no hay indicio de que haya desarrollado dicho padecimiento. Por otra parte, por lo que hace al acto combatido consistente a la omisión de dictar alguna medida de protección inmediata en favor del menor, para que no se contagie de covid al estar en convivencia con su madre. Al respecto este Juzgado advierte que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el numeral en cita refiere que es improcedente el juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entendiéndose por tal situación cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio 1999, visible a página 38, de registro 193758 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esto es así, ya que la razón que justifica dicha causa de improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se estima así, ya que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto que se está analizando consiste en la omisión de dictar alguna medida de protección inmediata en favor del menor, para que no se contagie de covid al estar en convivencia con su madre; siendo que la autoridad responsable, mediante proveídos de tres y cuatro de febrero de dos mil veintidós, acordó lo conducente a las medidas de protección a favor del menor a fin de que se demostrara su estado de salud, por lo que se debía exhibir prueba médica de PCR de detección de covid 19, tanto del menor como de su progenitora, así como constancia de salud expedida por institución médica reconocida que justificara el estado clínico del menor, con lo que se estima que los efectos del acto reclamado han cesado. No pasa desapercibido para este juzgador, que el auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, fue emitido en cumplimiento a la suspensión concedida por este órgano jurisdiccional; y que en tales circunstancias, por lo general, no podría sobreseerse el juicio de amparo indirecto toda vez que la suspensión únicamente supone la detención temporal -no definitiva y absoluta- de un acto, mas no su destrucción total e incondicional, tal como lo explica la jurisprudencia 2a./J. 62/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 479, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS. NO SE ACTUALIZA POR LA SOLA ORDEN DE SUSPENDER LOS EFECTOS DEL ACTO, CONSISTENTE EN LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR CUOTAS DE RECUPERACIÓN, IMPUESTA A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO. Para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, no es suficiente con que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En congruencia con lo anterior, el oficio mediante el cual el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco informa a los beneficiarios del "Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida" que se "suspenden" los efectos de la obligación de cubrir cuotas de recuperación, no actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que la suspensión únicamente supone la detención temporal -no definitiva y absoluta- de un acto, mas no su destrucción total e incondicional. Además, el indicado oficio se constriñó a paralizar temporalmente los actos de ejecución, pero dejó incólume el acto del que éstos emanaron, a saber, la determinación de la Junta de Gobierno (órgano máximo del referido ente público estatal) relativa al establecimiento de las cuotas de recuperación la cual, al estar vigente, sigue produciendo efectos jurídicos". No obstante, este juzgador considera que no se afecta al interés superior del menor con la actualización de la presente causal de improcedencia, ya que al haberse dictado el auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en cumplimiento a la suspensión concedida por este órgano jurisdiccional, la progenitora exhibió el comprobante de salud del menor, así como las pruebas de las que se aprecia que no se encuentran contagiados de covid-19; de ahí que aún y cuando se declarara sin efectos la determinación en comento, se habrían destruido todas las consecuencias de la omisión combatida, en los términos establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que refiere: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, con fundamento en la fracción V del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este asunto. Por lo anteriormente expuesto y fundado; se, Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge González García, por propio derecho y en representación del menor Iker González Hernández, por los motivos expuestos en la presente resolución. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y al asesor jurídico del menor, por lista a la tercera interesada y personalmente al Agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito del defensor especial del menor de identidad reservada con iniciales I.G.H., por medio del cual hace diversas manifestaciones en vía de alegatos; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los mismos, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstos en la audiencia constitucional. Finalmente, requiérase al Analista Jurídico de la adscripción para que de inmediato proceda a hacer visible la totalidad de las constancias que integran el expediente electrónico del presente asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con la finalidad de que dicho defensor tenga acceso a las constancias que lo integran. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término ocho días otorgado a las partes por auto de veintinueve de los cursantes, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Juez Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; en consecuencia, para dar margen a que fenezca dicha vista, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del veintinueve de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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