Jorge González García
Expediente 349/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge González García
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por Jorge González García, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP.349/2022 CAUSA ESTADO Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Se tiene por recibida la demanda presentada por Jorge González García, por propio derecho, contra actos que reclama de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Registro de la demandas. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 349/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. En mérito de lo anterior, quien esto juzga, advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "El oficio 4.1.3-448 con expediente 0018/2022 entregado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós en el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, dentro del juicio de violencia familiar 322/2020, por el que se omite rendir el informe respecto tanto al vuelo de salida hacia los Estados Unidos de América como al de regreso a México, que tomaron los abuelos maternos de mi menor hijo en el mes de marzo de dos mil veinte, Justina Vázquez Castrejón y Moisés Hernández Carnalla, en el que se detalle nombre de la aerolínea fechas y horarios de vuelo, así como lugares de origen y destino requerido por dicho juzgado familiar." Ahora bien, de la lectura del acto reclamado, así como de los antecedentes del mismo, en lo medular se advierte que el ocho de septiembre de dos mil quince, se declaró la disolución del vínculo matrimonial entre el quejoso y Michel Yareni Hernández Vázquez, en el procedimiento de divorcio incausado con expediente número 1007/2015 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; asimismo, que el ocho de octubre de dos mil quince, en el expediente 1526/2013, del control de referido juzgado, celebró convenio con la antes mencionada respecto de sus pretensiones, entre ellas la relativa a la guarda y custodia, en la que convinieron el régimen de convivencias con su menor hijo. Sin embargo, y ante el impedimento que el quejoso refiere, ha ejercido Michel Yareni Hernández Vázquez, y sus familiares para convivir con su menor hijo, el tres de abril de dos mil veinte promovió demanda de violencia familiar correspondiéndole el expediente 322/2020 del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el cual hizo del conocimiento a dicha autoridad que en el mes de marzo de dos mil veinte, los abuelos maternos de su menor hijo viajaron a los Estados Unidos de América, país que tiene los mayores contagios del virus Covid-19, y ante el temor del riesgo de contagio y con el objeto de acreditar dicha circunstancia, solicitó a dicho juzgado, requerir a la autoridad señalada como responsable Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que informara a detalle nombre de aerolínea, fechas y horarios de vuelo, así como lugares de origen y destino, para lo cual se giró exhorto a la Ciudad de México, del que tocó conocer al Juzgado Noveno Familiar de Proceso Escrito en esa entidad, y que posteriormente en acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós dictado en el expediente 322/2020, recayó un acuerdo al oficio presentado por la autoridad responsable en el que hizo del conocimiento que había canalizado el oficio respectivo para que las aerolíneas remitieran la información que le fue solicitada. Por tanto, debe decirse que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En consecuencia, la emisión del oficio 4.1.3-448 con expediente 0018/2022 entregado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós en el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, dentro del juicio de violencia familiar 322/2020, por el que se omite rendir el informe respecto tanto al vuelo de salida hacia los Estados Unidos de América como al de regreso a México, que tomaron los abuelos maternos de mi menor hijo en el mes de marzo de dos mil veinte, Justina Vázquez Castrejón y Moisés Hernández Carnalla, en el que se detalle nombre de la aerolínea fechas y horarios de vuelo, así como lugares de origen y destino requerido por dicho juzgado familiar, no son susceptibles de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad que señala como responsable, con el ánimo de dar cumplimiento al requerimiento ordenado por el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México en el expediente 322/2020, canalizó el referido oficio al área respectiva y así contar con la información que le fue solicitada. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que la solicitud del quejoso se cumpla a cabalidad. Por tanto, se estima que el acto que reclama no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales del hoy amparista, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre, obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las violaciones procesales no tocan por sí, tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Se desecha demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jorge González García. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señalen un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Río Tepojaco, Número 5-b, Departamento 4, (con entrada con Avenida Paseos del Bosque), Colonia Colinas del Lago, Código Postal 54744, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizada a la persona que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Acceso y consulta al expediente electrónico De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que señala el usuario "usuario174949", que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, como lo solicita se le autoriza tener acceso y consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, la oficial judicial A, deberá realizar las gestiones correspondientes. Sin perjuicio, de que sí es su deseo de que a través del citado usuario se le realicen las notificaciones de carácter personal, deberá realizar la solicitud correspondiente. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.
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