Jorge González García

Expediente 321/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
321/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge González García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por --------, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada I.G.H., HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración; con excepción de la demanda, así como el auto relativo al otorgamiento de la suspensión de plano, de los cuales se ordena el desglose en su oportunidad, asimismo, se ordena se realice la copia digitalizada de las mismas a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia, pues no obstante que se sobreseyó el juicio de amparo, fue concedida la suspensión de plano, respecto de los actos reclamados; y por lo que hace a los cuadernos incidentales, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, son susceptibles de destrucción. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General señalado, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. En diverso aspecto, con relación al documentos que la parte quejosa exhibió, con fundamento en el citado artículo 21 del acuerdo general, se deja a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada del mismo; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlo en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica y por lista al resto de las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 321/2020-VI, promovido por -----------, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada I.G.H., contra los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito recibido el veintiséis de marzo de dos mil veinte, por el Secretario adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, autorizado para recibir demandas de amparo por incomunicación, las relativas a los artículos 15, 17 y 20 de la Ley de Amparo, y todas aquellas promociones que requieran diligenciarían urgente, -----------, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada I.G.H., solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Los solicitantes del amparo estimaron que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos que consagran los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintiséis de marzo dos mil veinte, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 321/2020-VI; concedió la suspensión de plano, solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y con fundamento en el Acuerdo General 4/2020 del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto fueran reanudadas las labores de este recinto judicial. Posteriormente, por auto de tres de agosto de dos mil veinte, se ordenó la reanudación del trámite en el presente sumario constitucional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que los actos reclamados carecen de ejecución material, aunado a que la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda de amparo y de las demás constancias del expediente,8 se precisa que los actos que el quejoso reclama del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Gobernación, del Titular del Instituto Nacional de Migración, del Secretario de Salud y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, todos del Gobierno Federal, en el presente juicio, son los siguientes:9 5) La omisión de imponer de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días a cualquier persona que ingrese al territorio mexicano, procedente del extranjero, en especial a personas procedentes de países con mayores índices de contagios de COVID 19. 6) La omisión de dar seguimiento al estado de salud de cualquier persona que ingrese a México procedente del extranjero. 7) La omisión de imponer de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días respecto de ----------- y ----------- (abuelos maternos del menor quejoso) quienes realizaron un viaje durante el mes de marzo de dos mil veinte a Estados Unidos de América. 8) La omisión de dar seguimiento al estado de salud de ----------- y (abuelos maternos del menor quejoso) quienes realizaron un viaje durante el mes de marzo de dos mil veinte a Estados Unidos de América. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En primer lugar es importante destacar que en el caso de que se reclame actos omisivos, la carga de la prueba sobre la existencia o inexistencia de tal acto, por regla general, recae en las autoridades, sin embargo, de manera previa a estar en aptitud de realizar un pronunciamiento sobre la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, el juez de distrito debe acudir en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad competencia para verificar si en realidad ésta se encuentra obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de emitir un pronunciamiento sobre la existencia de una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, 8 Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." 9 Tesis: II.3o.A.23 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Página: 1554, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso." soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXIV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Adicionalmente, además de la existencia de la obligación objetiva, es decir contenida en una norma jurídica, para corroborar la certeza o existencia de una omisión, es necesario que las autoridades tengan o deban tener conocimiento de esa obligación, es decir es necesario que la autoridad haya estado en posibilidad de saber que tenía que actuar en el sentido que la ley lo mandata; pues de otra manera sería incorrecto atribuir una omisión a una autoridad que no tenía forma de conocer que se había actualizado el supuesto normativo que activaba su obligación. Así, la jurisprudencia ha identificado tres supuestos en los se debe considerar que la autoridad tenía conocimiento de su obligación:10 4) Cuando ese conocimiento sea consecuencia de un acto previo que la origine, en estos casos, la autoridad conoce su obligación de manera directa, por ejemplo, a partir de la notificación de una sentencia condenatoria la autoridad sabe que debe cumplir con la condena impuesta, y en consecuencia en caso de que el quejoso le atribuya la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar, la carga de la prueba para acreditar la inexistencia de la omisión recaerá en la autoridad; 10 Tesis: (V Región)2o. J/2 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Pag. 2351, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." Sin lo anterior sería erróneo tener por cierto el incumplimiento por parte de la autoridad de una sentencia, que no tenía posibilidad de conocer, ni por ende de cumplir. 5) Los casos donde por sus atribuciones debe conocer ciertos hechos, por ejemplo un delito flagrante o una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, por lo tanto, en esos casos, en los que la simple actualización de un hecho actualiza la hipótesis de una norma jurídica, la carga de la prueba de la negativa de la omisión de actuar, en consecuencia, también recae en la autoridad; y, 6) Los actos que requieren de una solicitud, petición o condición previa, es decir cuando las leyes prevén la existencia de requisitos previos de impulso por parte del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe, en caso de que ello se encuentre acreditado, entonces la autoridad es quien debe desvirtuar la omisión que se le atribuye. Ahora bien, debe decirse que las omisiones señaladas en los incisos 3) y 4), del considerando anterior resultan INEXISTENTES. Conforme a las bases antes expuestas, a fin de poder tener por ciertas esas omisiones reclamadas, era preciso que la parte quejosa probara que las autoridades responsables, no solo tenía la obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, sino que también tenía conocimiento de esa obligación a raíz de alguno de los supuestos antes mencionados. Así, para poder tener certeza sobre la existecia de las omisiones de imponer de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días y de dar seguimiento al estado de salud de ----------- y ----------- (abuelos maternos del menor quejoso) quienes realizaron un viaje durante el mes de marzo a Estados Unidos de América; era necesario que se hubiera acreditado cuando menos que dichas personas realizaron el viaje al extranjero que la parte quejosa refiere. De otra forma no podría sostenerse que las responsables hubieran tenido una obligación de imponerles un aislamiento ni de dar seguimiento a su estado de salud; y sin esa obligación, no puede tenerse por acreditada la omisión que se les imputa. Lo anterior es consistente con la resolución de tres de abril de dos mil veinte, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, dentro de la queja 74/2020, en la cual, el superior jerárquico concedió la suspensión de plano, pero condicionó su eficacia a que la parte quejosa acreditara "que las personas ----------- y -----------, abuelos maternos del quejoso, quienes, a su decir, viajaron durante el "mes de marzo" a Estados Unidos de América, efectivamente realizaron dicho viaje y volvieron al país después del once de marzo de dos mil veinte, fecha en que la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad COVID-19, como pandemia." Por lo tanto, si las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Gobernación, del Titular del Instituto Nacional de Migración, del Secretario de Salud y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, todos del Gobierno Federal, al momento de rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de las omisiones a ellas reclamadas, debe concluirse que éstas son inexistentes. Lo anterior, porque la parte quejosa no acreditó dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, ----------- y -----------, abuelos maternos del menor quejoso, quienes, viajaron durante el "mes de marzo" a Estados Unidos de América y volvieron al país después del once de marzo de dos mil veinte; y de esa manera, no se puede estimar que las autoridades responsables se encontraran obligadas a imponer de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días y de dar seguimiento al estado de salud de ----------- y -----------. En consecuencia, si en el caso no están acreditados los presupuestos y requisitos para tener certeza sobre la existencia de las omisiones que se les imputaron a las autoridades, ante su negativa de los actos, lo procedente es tener por INTEXISTENES, los actos reclamados marcados en los incisos 3) y 4) del considerando SEGUNDO. Por tanto, en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio, por lo que hace a las omisiones de imponer de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días y de dar seguimiento al estado de salud de y (abuelos maternos del menor quejoso). CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, a partir de los razonamientos antes expuestos, se tienen por CIERTOS los actos reclamados marcados con los incisos 1) y 2) del considerando SEGUNDO, por las razones que se exponen a continuación: Las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de:  La omisión de imponer de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días, a cualquier persona que ingrese a territorio nacional; y  La omisión de dar seguimiento al estado de salud de cualquier persona que ingrese a territorio nacional, en especial a las personas provenientes de los países de mayores índices de contagio de coronavirus COVID-19 o Coronavirus a nivel mundial. Al respecto, si bien es cierto que no existe ningún precepto legal que las obligue de manera específica a "imponer de forma obligatoria el aislamiento" o "dar seguimiento al estado de salud de cualquier persona que ingrese a territorio nacional", también lo es que el marco normativo, sí les confiere en términos generales la obligación de adoptar las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para preservar la salud pública y garantiza el derecho a la salud de las personas que se encuentren en territorio nacional, lo cual podría incluir precisamente las obligaciones a que se refiere la parte quejosa. Tan es así que todas las responsables, informaron estar o haber realizado alguna acción tendiente a atender los riesgos sanitarios derivados de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y de la entrada de personas al territorio nacional. Por ejemplo, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Salud, informaron además de la emisión de diversos Acuerdos Generales en materia de salubridad general, para combatir y atender la situación generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), informaron de la emisión del "Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de Enfermedad por 2019-nCOV", el cual contiene los procedimientos para la vigilancia epidemiológica que contemplan la identificación de casos, seguimiento de contactos, notificación oportuna al sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; y por laboratorio, para la toma, manejo, envío de muestra y emisión de diagnóstico. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración refirió que sí ha tomado medidas pertinentes de vigilancia y revisión en los puntos de internación para detectar personas con COVID-19, ente ellas la inclusión de preguntas en los cuestionarios de ingreso al país; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que a través del a Agencia Federal de Aviación Civil, emitió la circular obligatoria número CO SA-09.1/13 R2, "que establece el plan de contingencia de la aviación civil ante eventos de importancia en salud pública (plan de respuesta a emergencia sanitaria)", en la que se establecen protocolos por ejemplo para detección de pasajeros con síntomas, y el establecimiento de personal en cada terminal aérea que pueda adoptar medidas y tomar decisiones de traslado y atención médica ante casos sospechosos; y finalmente la Secretaría de Gobernación reconoció que tiene facultades para regular la movilidad internacional de las personas. En segundo término, debe decirse que las autoridades responsables también tenían conocimiento de su deber de actuar, ya que el veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en la misma fecha la Secretaría de Salud, emitió el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2". De esa forma, se concluye que la emergencia sanitaria era un hecho notorio para las responsables, en tanto que existió una declaratoria del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario Oficial de Salud; y más aún porque en los diversos acuerdos emitidos por las autoridades sanitarias, se estableció que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán coordinarse para brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la citada enfermedad en nuestro país. Por lo tanto, es evidente que las responsables sí tenían conocimiento o debieron haberlo tenido, en cuanto a sus obligaciones en la materia. Ahora, una vez acreditada la existencia de una obligación objetiva de actuar conforme a sus atribuciones para atender la emergencia sanitaria, era carga de las autoridades responsables desvirtuar la existencia de la omisión específica, por lo tanto, no era suficiente que negaran la existencia de las omisiones, sino que a éstas les correspondía probar su dicho y no al quejoso probar la existencia del acto, de conformidad con la tesis VI.1o.230 K, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." Bajo ese entendido, no obstante que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negaron los actos reclamados, lo cierto es que no aportaron información ni algún elemento probatorio que permitiera advertir que sí "impusieron de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días, a cualquier persona que ingrese a territorio nacional" o que "dieron seguimiento al estado de salud de cualquier persona que ingrese a territorio nacional"; por lo tanto, se deben tener por CIERTOS los actos reclamados precisados en los incisos 1) y 2) del considerando segundo. QUINTO.- Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio de fondo del asunto debe verificarse si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que opere de oficio o que la hagan valer las partes. Dicho artículo establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Bajo esa óptica, este Juzgado Federal advierte de oficio que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, en razón de que los quejosos no acreditaron tener interés para reclamar los actos precisados en el considerando segundo. Los referidos preceptos legales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". "Artículo 5°. [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Dichos artículos permiten advertir que para la procedencia del juicio es requisito indispensable que la parte quejosa tenga un interés jurídico o legítimo que se vea afectado por el acto de autoridad combatido en la demanda de amparo. Así, el interés representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si los actos reclamados no son susceptibles de lesionar la esfera jurídica del gobernado, entonces éste no tendría legitimación para instaurar el juicio constitucional. En esa línea, el interés requiere un vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.11 Ahora, la ley establece que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica (interés jurídico) o que produce una afectación real y actual a su esfera jurídica (interés legítimo); de tal manera que, si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Dicho de otro modo, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés que le asiste en el juicio de amparo, el cual no puede inferirse con base en presunciones.12 Por lo tanto, el juzgador debe inevitablemente constatar que la parte quejosa demuestre fehacientemente dentro del trámite del juicio, que los actos reclamados resulten susceptibles de perjudicarla de alguna manera, sin que las simples manifestaciones formuladas en la demanda de amparo resulten suficientes para satisfacer dicho requisito. Tampoco es suficiente la existencia de los actos reclamados; ya que suele acontecer que éstos no produzcan afectación alguna a los derechos de los gobernados, por lo que a pesar de haberse constatado la existencia del acto, de cualquier manera no habría ningún agravio o violación a derechos fundamentales que reparar mediante el juicio de amparo. Asimismo, vale la pena mencionar que el concepto de interés legítimo, no implica apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por 11 Tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 50/2014, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). 12Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 51/2019, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Por el contrario, el interés legítimo, legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Página: 690, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sobre esas bases, se concluye que en el presente juicio, la parte quejosa no acreditó su interés, por las razones que a continuación se exponen. De la demanda de amparo, se advierte que los quejosos se duelen de las omisiones reclamadas (de imponer de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días, a cualquier persona que ingrese a territorio nacional; y de dar seguimiento al estado de salud de cualquier persona que ingrese a territorio nacional), porque los abuelos maternos, con los que el menor quejoso comparte casa-habitación, realizaron un viaje a los Estados Unidos de América en marzo de este año, por lo que representan una amenaza para la salud del quejoso de identidad reservada I.G.H. No obstante lo anterior, como se explicó en el considerando TERCERO, en el presente sumario constitucional no está acreditado que ----------- y -----------, efectivamente hayan hecho el viaje que dice la parte quejosa, tampoco se aportó información en el sentido de que hayan sido portadores del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ni siquiera se menciona que éstos hubieran presentado algún síntoma de la enfermedad. En consecuencia, no se explica cuál es la afectación real y actual en la esfera jurídica que se produce a los quejosos, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, con las omisiones reclamadas. En otras palabras, si no hay constancia de que los abuelos maternos del aquí quejoso de identidad reservada I.G.H. hayan realizado el viaje que refiere la parte quejosa, entonces no puede decirse que en el caso, se haya acreditado un interés legítimo; en todo caso los quejosos pudieran ser titulares de un interés simple, el cual se ve reflejado en la forma en que describen los actos reclamados: La omisión de imponer de forma obligatoria el aislamiento por un periodo de al menos catorce días, a cualquier persona que ingrese a territorio nacional; y La omisión de dar seguimiento al estado de salud de cualquier persona que ingrese a territorio nacional. Así, desde la perspectiva de éste juzgador, el hecho de que se reclame que las autoridades responsables han omitido imponer un aislamiento a cualquier persona o dar seguimiento al estado de salud de todas las personas que ingresan al territorio nacional, refleja que los aquí quejoso acuden al juicio de amparo únicamente con un interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para los quejosos. Es importante reiterar que son los quejosos quienes tienen la carga de probar su especial situación que guardan frente al ordenamiento jurídico, por tanto, si en el presente juicio no hay elemento para acreditar que los quejosos tienen o vayan a tener contacto con alguna persona que haya ingresado o vaya a ingresar al territorio nacional, entonces las omisiones reclamadas no suponen afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Máxime que, de la demanda de amparo, se desprende que la pretensión del quejoso -----------, era que se le concediera la guardia y custodia de su menor hijo de identidad reservada I.G.H., por lo que si en el considerando TERCERO se tuvieron como inexistentes las omisiones relacionadas con los abuelos maternos del menor, es claro que tampoco existe un interés diferenciado del que puede tener cualquier persona en reclamar las omisiones de imponer medidas de cuarentena o de vigilar el estado de salud de todas y cada una de las personas que ingresan al territorio nacional. Por lo anterior, se concluye que los quejosos no acreditaron su interés jurídico ni legítimo en el presente juicio, con lo cual se tiene por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede SOBRESEER en el presente juicio biinstancial. Atento a los razonamientos vertidos en esta resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa con relación a la inconstitucionalidad que se aduce de los actos combatidos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por --------, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada I.G.H., contra los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO y por las razones sostenidas en los considerandos TERCERO y QUINTO de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 2114 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinte, respecto del contenido del informe justificado rendido por la Secretaría de Gobernación, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Así las cosas, a efecto de dar margen a lo anterior y no violar las reglas del procedimiento, lo conducente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 251, del Acuerdo General 21/2020, para el efecto de que si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta por medio del cual rinde informe justificado la siguiente autoridad responsable: Secretaría de Gobernación. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Dése nueva cuenta con dicho informe justificado en la audiencia constitucional. En diverso aspecto, con fundamento en los artículos 9° y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones del oficiante, los que indica en su misiva que se atiende. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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