Jorge Gonzalez Ayala
Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Gonzalez Ayala
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, hubiese recurrido el auto de doce de junio del presente año, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo han quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, del que se advierte que la promovente del amparo, no subsanó la prevención formulada mediante acuerdo de veinticuatro de abril del presente año, y toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito, en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Jueza Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Tetecala de la Reforma, a través del cual, devuelve sin diligenciar el despacho 40/2023, orden 100/2023, enviado a fin de notificar a los promoventes del amparo el acuerdo de veinticuatro de abril del presente año. Por consiguiente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Además, en atención a la razón actuarial de diecinueve de mayo del presente año, realizada por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Tetecala de la Reforma, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa, el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés y subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional; ello hasta en tanto, designe domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos o bien, dentro de la zona conurbada. Notifíquese; y cúmplase.*************Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la demanda de amparo Silvia Córdova Jiménez, Jorge González Ayala, Jorge Ignacio González Córdova, Atziri Marilu Córdova Jiménez y la menor de edad Kelly Itzel González Córdova, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y diversas autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 524/2023-PJ, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Prevención. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido de la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, en relación con el numeral 108, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, o en acto de la diligencia, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Toda vez que Silvia Córdova Jiménez y Jorge González Ayala, refieren que promueven la demanda de amparo en representación de su menor hija Kelly Itzel González Córdova, deberán exhibir copia certificada del acta de nacimiento o del documento con el cual acrediten ser tutores de la menor. Asimismo, deberá exhibir las copias necesarias del documento con el que acrediten lo anterior, a fin de que se corra traslado a las partes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de 1996, página 48, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19-21, con los títulos de PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que el juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Apoya lo anterior, la diversa tesis 2a./J. 124/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, viernes 11 de noviembre de 2016, cuyo texto es: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." SEGUNDO. Deberá precisar cuál es el acto que por esta vía constitucional reclama de las autoridades responsables para estar en aptitud de proveer respecto de la demanda de mérito ya que refiere en el capítulo correspondiente al acto lo siguiente: Posteriormente, en el capítulo de antecedentes refiere lo siguiente: Lo anterior, causa incertidumbre jurídica ya que no se tiene con exactitud cuál es el acto u omisión que en la presente instancia constitucional reclama, es decir, si reclama: a) La orden de despojo del bien inmueble ubicado en calle Alma de La Virgen sin número, Municipio de Miacatlán, Morelos; o, b) La negativa de darle acceso a la carpeta de investigación FTC/104/2023, por conducto de su asesora jurídica; o, c) La privación de la libertad. Toda vez que los actos antes señalados SON DE DISTINTITA NATURALEZA JURÍDICA, por ello a fin de que esta autoridad esté en aptitud de fijar la litis en el presente asunto, la parte quejosa deberá precisar de manera concreta el acto reclamado, es decir, si señala el indicado con el inciso a), el b) o en el c); así como el grado de participación de cada una de las autoridades responsables en el acto que pretende impugnar, es decir, la forma en que las autoridades tuvieron intervención en el acto reclamado. Toda vez que, es obligación de las partes señalar en la demanda de manera clara y precisa, la ley o acto que reclama de la autoridad que señale como responsable, puesto que el señalamiento del mismo que como requisito exige el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se admitan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis I.4o.C. 26 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 63 del Semanario Judicial de la Federación, IX, Febrero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente a la Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." TERCERO. En caso de señalar el acto reclamado indicado en el inciso b), deberá de manifestar la fecha en que el Agente del Ministerio Público de Tetecala, Morelos, le negó el acceso a la carpeta de investigación FTC/104/2023. Y, en caso de señalar el acto reclamado indicado en el inciso c), deberá de manifestar a qué autoridades responsables se lo reclama, así como su grado de participación de cada una, además, de forma clara, precisa y cronológica tendrá que manifestar la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto. Lo anterior, en virtud de que para dar cumplimiento al requerimiento previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Apoya la anterior consideración la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." (Énfasis añadido). Por último, se apercibe al accionante de amparo que de no cumplir con lo requerido en los puntos primero y segundo del cuerpo de este proveído, con fundamento en el numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de la Materia, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de que se trata. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Alma de La Virgen, sin número, colonia Los Linares, Municipio de Miacatlán, Morelos, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado Federal, con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Tetecala, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que notifique personalmente el presente auto a los directos quejosos. Asimismo, el actuario de su adscripción, deberá prevenirle para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, siguiente al de la notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, sin necesidad de ulterior acuerdo, se notificaran los acuerdos y resoluciones que surjan en el expediente por medio de lista, hasta en tanto señale uno para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia. Medios especiales de comunicación Además, se tiene por señalado el medio electrónico (correo electrónico y teléfonos), a efecto de establecer contacto con dicha parte procesal, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime pertinente. Autorizados Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, en razón de que es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a la parte quejosa, para que promueva la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo y la naturaleza del acto (materia penal) de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Suspensión de Oficio y de Plano. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la parte quejosa solicita se provea sobre la suspensión de oficio y de plano en relación con los actos reclamados; sin embargo, de los hechos narrados por dicha quejosa, de momento no se advierte que su vida se encuentre en peligro toda vez que no se ubican en los supuestos previstos en el artículo 15 y 48 de la Ley de Amparo, ni se trata de actos en concreto, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los que prohíbe el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, de aquéllos respecto de los cuales se requiera conceder la suspensión de oficio y de plano prevista en el diverso artículo 126 de la Ley de la Materia, como son los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, una vez que la parte quejosa desahogue lo requerido en el presente proveído, se estará en aptitud de pronunciarse sobre dicha medida suspensional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por despacho.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la demanda de amparo Silvia Córdova Jiménez, Jorge González Ayala, Jorge Ignacio González Córdova, Atziri Marilu Córdova Jiménez y la menor de edad Kelly Itzel González Córdova, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y diversas autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 524/2023-PJ, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Prevención. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido de la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, en relación con el numeral 108, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, o en acto de la diligencia, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Toda vez que Silvia Córdova Jiménez y Jorge González Ayala, refieren que promueven la demanda de amparo en representación de su menor hija Kelly Itzel González Córdova, deberán exhibir copia certificada del acta de nacimiento o del documento con el cual acrediten ser tutores de la menor. Asimismo, deberá exhibir las copias necesarias del documento con el que acrediten lo anterior, a fin de que se corra traslado a las partes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de 1996, página 48, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19-21, con los títulos de PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que el juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Apoya lo anterior, la diversa tesis 2a./J. 124/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, viernes 11 de noviembre de 2016, cuyo texto es: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." SEGUNDO. Deberá precisar cuál es el acto que por esta vía constitucional reclama de las autoridades responsables para estar en aptitud de proveer respecto de la demanda de mérito ya que refiere en el capítulo correspondiente al acto lo siguiente: Posteriormente, en el capítulo de antecedentes refiere lo siguiente: Lo anterior, causa incertidumbre jurídica ya que no se tiene con exactitud cuál es el acto u omisión que en la presente instancia constitucional reclama, es decir, si reclama: a) La orden de despojo del bien inmueble ubicado en calle Alma de La Virgen sin número, Municipio de Miacatlán, Morelos; o, b) La negativa de darle acceso a la carpeta de investigación FTC/104/2023, por conducto de su asesora jurídica; o, c) La privación de la libertad. Toda vez que los actos antes señalados SON DE DISTINTITA NATURALEZA JURÍDICA, por ello a fin de que esta autoridad esté en aptitud de fijar la litis en el presente asunto, la parte quejosa deberá precisar de manera concreta el acto reclamado, es decir, si señala el indicado con el inciso a), el b) o en el c); así como el grado de participación de cada una de las autoridades responsables en el acto que pretende impugnar, es decir, la forma en que las autoridades tuvieron intervención en el acto reclamado. Toda vez que, es obligación de las partes señalar en la demanda de manera clara y precisa, la ley o acto que reclama de la autoridad que señale como responsable, puesto que el señalamiento del mismo que como requisito exige el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se admitan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis I.4o.C. 26 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 63 del Semanario Judicial de la Federación, IX, Febrero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente a la Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." TERCERO. En caso de señalar el acto reclamado indicado en el inciso b), deberá de manifestar la fecha en que el Agente del Ministerio Público de Tetecala, Morelos, le negó el acceso a la carpeta de investigación FTC/104/2023. Y, en caso de señalar el acto reclamado indicado en el inciso c), deberá de manifestar a qué autoridades responsables se lo reclama, así como su grado de participación de cada una, además, de forma clara, precisa y cronológica tendrá que manifestar la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto. Lo anterior, en virtud de que para dar cumplimiento al requerimiento previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Apoya la anterior consideración la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." (Énfasis añadido). Por último, se apercibe al accionante de amparo que de no cumplir con lo requerido en los puntos primero y segundo del cuerpo de este proveído, con fundamento en el numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de la Materia, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de que se trata. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Alma de La Virgen, sin número, colonia Los Linares, Municipio de Miacatlán, Morelos, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado Federal, con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Tetecala, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que notifique personalmente el presente auto a los directos quejosos. Asimismo, el actuario de su adscripción, deberá prevenirle para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días, siguiente al de la notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, sin necesidad de ulterior acuerdo, se notificaran los acuerdos y resoluciones que surjan en el expediente por medio de lista, hasta en tanto señale uno para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia. Medios especiales de comunicación Además, se tiene por señalado el medio electrónico (correo electrónico y teléfonos), a efecto de establecer contacto con dicha parte procesal, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime pertinente. Autorizados Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, en razón de que es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a la parte quejosa, para que promueva la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo y la naturaleza del acto (materia penal) de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Suspensión de Oficio y de Plano. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la parte quejosa solicita se provea sobre la suspensión de oficio y de plano en relación con los actos reclamados; sin embargo, de los hechos narrados por dicha quejosa, de momento no se advierte que su vida se encuentre en peligro toda vez que no se ubican en los supuestos previstos en el artículo 15 y 48 de la Ley de Amparo, ni se trata de actos en concreto, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los que prohíbe el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, de aquéllos respecto de los cuales se requiera conceder la suspensión de oficio y de plano prevista en el diverso artículo 126 de la Ley de la Materia, como son los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, una vez que la parte quejosa desahogue lo requerido en el presente proveído, se estará en aptitud de pronunciarse sobre dicha medida suspensional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por despacho.
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