Jorge Gonzalez Arenas

Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
385/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Jorge Gonzalez Arenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, el oficio 3745/2021 signado -electrónicamente- por Edgar Alán Guzmán Espinoza, Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula; y en atención a su contenido, se advierte que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que la autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la autoridad oficiante informando que por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno se admitió el recurso de revisión interpuesto por la responsable 2. Grúas Hems -por conducto de su representante Sonia Elizabeth Villalobos Tavera- en contra de la sentencia terminada de engrosar dictada el treinta de agosto del año en curso, en el presente juicio de amparo, radicándolo bajo el número de expediente R-202/2021 de su índice; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la responsable 2. Grúas Hems -por conducto de su representante Sonia Elizabeth Villalobos Tavera-; y, en atención a su contenido, se provee: Se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el presente juicio; por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente integrado el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, así como el escrito de expresión de agravios; para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con diversa copia del escrito mencionado en el párrafo precedente y de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente al quejoso Jorge González Arenas; y, por oficio a las autoridades responsables (a 2. Grúas Hems, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (corriéndoles traslado con copia autorizada del escrito de expresión de agravios, con excepción de la parte recurrente).

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 385/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jorge González Arenas; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este juzgado de Distrito, Jorge González Arenas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Saúl Guzmán Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y otra autoridad. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 20, Apartado C, fracciones I, IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Segundo. Radicación y admisión. Por acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda de amparo indirecto con el número 385/2021; asimismo, la admitió a trámite -sin incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Audiencia constitucional y sentencia. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que este órgano de control constitucional se declaró incompetente por razón de materia y declinó la misma a un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Cuarto. Conflicto Competencial. 1. En resolución dictada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla radicó el juicio de amparo 917/2021 con motivo de la competencia planteada; sin embargo, no aceptó la misma y regresó los autos a este órgano de control constitucional. 2. Mediante determinación emitida el veintidós de junio del año en curso, este juzgado de distrito no compartió las consideraciones del referido Homólogo Federal; por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, planteó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito. 3. En ejecutoria dictada el doce de agosto de la presente anualidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del conflicto competencial 9/2021 de su índice, resolvió que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo; por lo que en auto de veintitrés de agosto pasado, se ordenó turnar los autos al secretario respectivo para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, de conformidad con las consideraciones plasmadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del conflicto competencial 9/2021, mismas que, a la letra, se reproducen a continuación: ...QUINTO. Este órgano colegiado estima que es el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el legalmente competente para continuar conociendo del juicio de amparo indirecto número 385/2021 de su índice, dadas las siguientes consideraciones. A efecto de así determinarlo, es oportuno precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los conflictos competenciales, en razón de la materia, deben resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la cuestión debatida, lo cual se puede determinar mediante el análisis del acto o actos reclamados, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda; debiendo prescindirse del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Se cita en ilustración de lo expuesto, la siguiente jurisprudencia: (.) Precisado lo anterior, resulta necesario puntualizar que en la demanda de amparo, se señalan como actos reclamados los siguientes: "IV.-ACTOS RECLAMADOS.- 1. De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo que hasta la fecha no haya exigido a las GRÚAS HEMS, a través de quien legalmente las represente, el incumplimiento (sic) de la determinación de entregarme el vehículo de mi propiedad, Marca: NISSAN, Tipo: NP300 FRONTIER, Modelo: 2017, color GRIS, número de Serie: 3N6AD33A6HK846312, Número de Motor: QR25148631H, Placas de Circulación: SL76693 DEL ESTADO DE PUEBLA, ordenado mediante oficio número UEIRV/0518/2021, dentro de la puesta a disposición FGEP/EAT/SJCHIAPA-I/001249/2021.- 2. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo el incumplimiento de dicha determinación de hacerme entrega del vehículo de mi propiedad, además de realizarme de manera ilegal e injustificada cobro de derechos respecto del arrastre y encierro de mi vehículo, para que pueda entregarme mi vehículo". Por otra parte, es menester considerar lo expuesto por el quejoso, en su demanda de amparo, concretamente en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, en el que hizo referencia al procedimiento penal que se inició, por los hechos que la ley tipifica como delito de robo de vehículo, y de donde emergen los actos reclamados en el juicio constitucional, como se desprende de los cinco primeros puntos de dicho apartado, en donde el quejoso narró lo siguiente: "1. El día dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las siete horas con cuarenta y cinco minutos de la mañana, me trasladaba a un terreno de mi propiedad que se ubica en Juan Jiménez entre la Calle Ocho Oriente y diez Oriente del Barrio de San Soledad de Nopalucan de la Granja, Puebla, fui a darle mantenimiento al mismo terreno y ya estando allí, observé que se iba acercando una camioneta blanca, la cual se paró en un costado de mi camioneta, bajándose tres sujetos con pistola en mano, de los cuales no pude percatarme de sus características, amedrentándome con palabras altisonantes, pidiéndome las llaves de mi vehículo Marca NISSAN, Tipo: NP300 FRONTIER, Modelo 2017, color GRIS, número de serie: 3N6AD33A6HK846312, número de motor: QR25148631H, placas de circulación: SL76693 DEL ESTADO DE PUEBLA, mismas que me las quitaron y me obligaron a subirme en la parte de atrás de la camioneta, tapándome la cara de inmediato, llevándome con rumbo desconocido, transcurriendo aproximadamente una hora o más, y me cambiaron de vehículo y empezaron a transitar nuevamente y en un tramo en la camioneta en la que me llevaban se atoró, pasando un rato no oía ruido de ellos, pues ya se habían bajado del vehículo, por lo que me bajé del vehículo, y vi que ya no estaban, ni tampoco mi vehículo y me eché a correr a la carretera que vi, y pasando un rato me auxilió la Guardia Nacional, explicándoles desde luego lo sucedido y me aconsejaron que tenía que hacer mi denuncia de robo de vehículo, dejándome en una gasolinera que se encuentra en la desviación de San José Chiapa, Puebla, y de ahí me fui caminando, cuando vi pasar un conocido y me llevó a hacer la pre denuncia al 911, dándome como folio de pre denuncia el número 44152718.-- 2. El día diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las once horas, recibí una llamada telefónica de la policía, informándome que mi vehículo Marca: Nissan, Tipo: NP300FRONTIER, Modelo 2017, color gris, número de serie: 3N6AD33A6HK846312, número de motor: QR25148631H, placas de circulación: SL76693 del Estado de Puebla, ya se había recuperado por medio de "encontrac", y que ya se encontraba ingresada mi unidad en el corralón de Grúas Hems, en San José Chiapa, cuyas oficinas de dichas grúas se encuentran en Ciudad Serdán, Puebla, y que la puesta a disposición se iba hacer ante la Agente del Ministerio Público de San José Chiapa, con sede en Ciudad Modelo San José, Chiapa, asignándole como número de puesta a disposición FGEP/EAT/SJCHIAPA-I/001249/2021, por lo que acudí con la licenciada Claudia Cajica en su carácter de Agente del Ministerio Público para que acreditara propiedad de mi unidad y desde luego solicitar la devolución de mi unidad, y me manifestó que ella no era competente para que me recibiera la acreditación de propiedad y por consiguiente no me podía devolver la unidad, que tenía que remitir la puesta a disposición a la fiscalía especializada en robo de vehículo en la ciudad de puebla, indicándome que ella remitiría la carpeta al día siguiente.-- 3. El día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, acudí ante el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con domicilio en Antiguo Camino a Batán, Kilómetro 2.5, Colonia Lomas de San Miguel, de esta ciudad de Puebla, domicilio bien conocido, en esta ciudad de Puebla, en la ciudad de Puebla, a acreditar propiedad de mi vehículo, siendo turnada mi carpeta al Ministerio Público Lic. Saúl Guzmán Hernández, acreditando la propiedad de mi vehículo mediante escrito que me fue recepcionado con fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno y desde luego solicitando la devolución de mi vehículo, anexando copia simple de mi escrito al presente.-- 4. Es el caso que una vez acreditada la propiedad de mi vehículo por el suscrito, y ya debidamente integrada la carpeta con todos y cada uno de los oficios y contestación de los oficios, como son identificación vehicular, centro de información, informe de la policía ministerial, me fue entregado el oficio número UEIRV/0518/2021, de liberación de mi unidad el día doce de marzo de dos mil veintiuno, oficio que fue dirigido a las Grúas Hems con domicilio en la casa marcada con el número doscientos dos, de la calle cuatro Norte, Colonia Centro, Ciudad Serdán, Puebla.-- 5. El día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, acudí al domicilio de las Grúas Hems para que me hicieran entrega de mi vehículo Marca Nissan, Tipo NP300 Frontier, Modelo dos mil diecisiete, color gris, número de serie: 3N6AD33A6HK846312, número de motor: QR25148631H, placas de circulación: SL76693 DEL ESTADO DE PUEBLA, tal y como se encuentra ordenado en el oficio número UEIRV/0518/2021, y al momento de solicitar a la encargada de las grúas, me hiciera entrega de mi vehículo, atendiéndome una persona del sexo femenino de aproximadamente 22 años, me informa que tenía que pagar aproximadamente la cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($33,900.00) CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de arrastre y pensión de mi vehículo, por lo que le dije que no estaba de acuerdo con dicho pago, respondiéndome dicha persona que lo iba a checar con sus patrones, por lo que ella se comunicaría conmigo al otro día, pero no tuve respuesta de dicha persona al siguiente día...". De lo hasta aquí relatado, se pone de manifiesto que la naturaleza de la que surgen los actos reclamados, es penal, pues así se desprende, tanto de los actos reclamados, como de los hechos que constituyen los antecedentes de éstos, antes reproducidos, así como de las constancias que a su informe justificado adjuntó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, (fojas 35 a 109 del juicio de amparo); de las que se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público de San José Chiapa, Puebla, dio inicio a la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-1/001249/2021, con motivo de la localización de dos vehículos en estado de abandono, entre ellos, el de la marca Nissan, tipo Frontier, Línea NP300, modelo dos mil diecisiete, color Gris, placas de circulación SL76693, del Estado de Puebla; con número de serie: 3N6A033A6HK846312, y con número de motor número QR25148631H (fojas 38 y 39 del juicio de amparo) Constancias de las que también se desprende que en esa misma data (diecinueve de febrero de dos mil veintiuno) el citado representante social decretó el aseguramiento del vehículo en cita y también se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la investigación y ordenó remitir lo actuado a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ante quien compareció el quejoso Jorge González Arenas, y mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, adjuntó la documentación relativa para acreditar la propiedad de dicho automotor, solicitando su devolución (fojas 80, 81, 82 y de la 87 a 97 del juicio de amparo). Así el seis de marzo del mismo año, el representante social, comunicó al encargado del corralón "Grúas Hems" que se había levantado el aseguramiento del citado vehículo y ordenó su devolución al quejoso Jorge González Arena; posterior a ello, el diez de mayo de esta anualidad, compareció ante el representante social el encargado de "Grúas Hems", para manifestar que por conceptos de piso y arrastre era de dieciocho mil setecientos cuarenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos, cantidad a la que se le haría una rebaja de mil ochocientos sesenta y tres pesos con setenta y tres centavos (fojas 98, 101 y 102 del juicio de amparo). Luego, si los actos reclamados en el juicio de amparo del que surge este conflicto competencial se hacen consistir en que la autoridad ministerial: ".no haya exigido a las GRÚAS HEMS, a través de quien legalmente las represente, el incumplimiento (sic) de la determinación de entregarme el vehículo de mi propiedad, Marca: NISSAN, Tipo: NP300 FRONTIER, Modelo: 2017, color GRIS, número de Serie: 3N6AD33A6HK846312, Número de Motor: QR25148631H, Placas de Circulación: SL76693 DEL ESTADO DE PUEBLA, ordenado mediante oficio número UEIRV/0518/2021, dentro de la puesta a disposición FGEP/EAT/SJCHIAPA-I/001249/2021.- 2. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo el incumplimiento de dicha determinación de hacerme entrega del vehículo de mi propiedad, además de realizarme de manera ilegal e injustificada cobro de derechos respecto del arrastre y encierro de mi vehículo, para que pueda entregarme mi vehículo"; la competencia se surte en favor del Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Puebla, precisamente, porque se reclaman actos que derivan del aseguramiento y liberación de un vehículo, emitidos dentro de una carpeta de investigación, iniciada con el aseguramiento de un vehículo abandonado, hechos que aparentemente constituyen el delito de robo de vehículo; sin que puedan desvincularse los actos relativos al cobro de los derechos de piso y arrastre que se le atribuyen a la persona moral denominada "Grúas Hems" por derivar precisamente de la carpeta de investigación en la que se decretó el aseguramiento y posterior liberación del vehículo en cita. En esas condiciones, no puede sostenerse que se trata de actos administrativos, como lo consideró el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque el hecho de que se reclamen, además de la autoridad ministerial, actos a un particular señalado como responsable, (Grúas Hems); de ninguna forma desvirtúa que atañe a la materia penal, al resultar dichos actos, una de las consecuencias de la determinación del Agente del Ministerio Público, señalado como responsable, dentro de la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-1/001249/2021. Resultando también inexacto lo considerado en la sentencia de amparo, en el sentido de que los actos reclamados, a quien legalmente representa a Grúas Hems, no están vinculados con la actividad persecutoria propia del ejercicio de la acción penal, que atañe, por regla general al Ministerio Público; pues contrariamente a dicha afirmación, los actos reclamados a dicha persona moral, derivan precisamente de una investigación sobre hechos que pudieran constituir el delito de robo de vehículo, en la que fue asegurado, resguardado y después levantado dicho aseguramiento, respecto a un vehículo que fue objeto de robo, como se desprende de lo declarado por el propio quejoso, en el hecho número uno de los antecedentes de la demanda de amparo. Por ende, la competencia sí corresponde al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en términos de lo previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que los efectos de los actos reclamados pueden influir, o generar alguna consecuencia jurídica en la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-1/001249/2021 de la que surgen. Así es, el precepto legal en cita establece: (.) Del precepto legal transcrito, se desprende que los jueces de distrito en materia penal, conocerán, entre otros actos, de las resoluciones judiciales emitidas en materia penal; sin embargo, la interpretación a esta porción normativa, no debe acotarse sólo resoluciones judiciales; sino a cualquier resolución emitida por las autoridades del orden penal, en las que desde luego se deben incluir las determinaciones del Ministerio Público. Sin que impida estimar lo anterior, que los actos reclamados no importen ataques a la libertad dentro de procedimiento, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que no se trate, de una resolución emitida dentro del procedimiento penal, ni de una determinación dictada en un incidente de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando la acción se funde, en la comisión de un delito, y tampoco que los actos reclamados no sean una norma de observancia general en materia penal. Ello, debido a que, como se ha puesto de manifiesto, los actos reclamados en el amparo, derivan de una carpeta de investigación, en la que se aseguró y posteriormente se liberó un vehículo, cuya entrega por parte de la responsable "Grúas Hems"; se encuentra condicionada al pago por conceptos de arrastre y derecho de piso, cuya constitucionalidad de dichos actos, será materia del análisis de fondo, en la sentencia que se dicte en el amparo. Así las cosas, al atender a la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto de que se trata, se colige que es penal; por tanto, la competencia para seguir conociendo del juicio de amparo de que se trata, corresponde al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, dada la naturaleza del acto reclamado; aspecto que se atiende para definir dicha competencia, sin que para ello influya lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación, en torno a la ilegalidad del pago de las contribuciones de arrastre y deposito del vehículo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: (.) En ese orden de consideraciones, se concluye que la competencia para continuar conociendo del asunto que se examina, corresponde al referido Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, transcrito en párrafos precedentes, toda vez que, como se ha dicho, los actos reclamados son de naturaleza penal, aunque involucre a una persona moral señalada como responsable, (Grúas Hems); debido a que los efectos de dichos actos pueden influir, o generar alguna consecuencia jurídica dentro de la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-1/001249/2021 de la que emergen los actos reclamados. (.)" Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, de la revisión de los informes justificados y de las constancias de autos, se advierte que el quejoso Jorge González Arenas reclama lo siguiente: 1. La falta del fiscal responsable de exigir el cumplimiento al oficio UEIRV/0518/2021 de seis de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, por el cual comunicó al Encargado del Corralón "Grúas Hems" el levantamiento del aseguramiento del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H; asimismo, ordenó que el mismo fuera entregado al quejoso, quien -se señaló- tenía el carácter de víctima del delito de robo de vehículo, por lo que no se debían realizar actos que generaran revictimización. 2. El incumplimiento de "Grúas Hems" al oficio antes señalado, traducido en no entregar el vehículo mencionado. 3. El cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo, desglosado mediante correo electrónico enviado al quejoso el catorce de abril de dos mil veintiuno, por la cantidad total de $48,992.60 (cuarenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos, sesenta centavos, moneda nacional). Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Saúl Guzmán Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Acepta. 35 y 36. 2 2. Grúas Hems -por conducto de su representante Sonia Elizabeth Villalobos Tavera-. Acepta. 113 a 117. Tabla Única. Las aludidas responsables convinieron en la existencia de los actos que se les imputan. Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, que el fiscal responsable remitió en apoyo a su informe justificado, la cual, por tratarse de una documental pública, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de la referida documental se desprende la siguiente información: 1. A las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, Claudia Lizzete Cajica Morales, Agente del Ministerio Público de San José Chiapa, Puebla, dio inicio al expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, con motivo de la entrevista recabada a Omar Castillo Munguía, Policía Estatal de la Secretaría Seguridad Pública del Estado de Puebla, quien narró que a las nueve horas con treinta y cinco minutos de ese día, al realizar una inspección en camino de terracería localizado detrás de la empresa "Pasteurizadora Maulec (Natura-Tamariz)" en el Municipio de Rafael de Lara Grajales, Puebla, él y otros elementos de seguridad encontraron en estado de abandono y aseguraron dos vehículos, entre ellos, el identificado como Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H. 2. A las trece horas con cincuenta minutos del mismo día, la citada fiscal decretó el aseguramiento de los dos vehículos encontrados, por tratarse de "instrumentos del delito" y ante la necesidad de práctica de dictámenes periciales para el esclarecimiento de los hechos. 3. En la citada data, dicha fiscal se declaró incompetente para seguir conociendo de la investigación, por lo que remitió la misma a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 4. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso Jorge González Arena presentó un escrito por el cual solicitó la devolución del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H; para ello, exhibió diversos documentos para acreditar la propiedad del mismo; del igual forma, pidió que se girara el oficio correspondiente para que se diera de baja el reporte de robo respectivo. 5. El seis de marzo de dos mil veintiuno, el fiscal responsable giró el oficio UEIRV/0518/2021, por el cual, con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, comunicó al Encargado del Corralón "Grúas Hems" el levantamiento del aseguramiento del vehículo precisado; asimismo, ordenó que el mismo fuera entregado al quejoso, quien -se señaló- tenía el carácter de víctima del delito de robo de vehículo, por lo que no se debían realizar actos que generaran revictimización. 6. En la misma fecha, el fiscal responsable giró el oficio UEIRV/0519/2021, por el cual, con fundamento en los artículos 127, 128, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla el desetiquetamiento del vehículo propiedad del quejoso del sistema 911. 7. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el fiscal responsable, en alcance a su oficio UEIRV/0518/2021, giró el diverso UEIRV/4660/2021, a través del cual requirió al Encargado del Corralón "Grúas Hems" para que presentara un informe del monto desglosado que se cobraba al ahora quejoso por conceptos de piso y arrastre de grúa, mismo que -le indicó- debía ajustarse a las tarifas de cobro establecidas en el tabulador regulado en el Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, en el que se expidió el Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en materia de Servicios Auxiliares de "Arrastre y Salvamento y Depósito", así como en el Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, en el que se determinan las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado de Puebla; asimismo, le pidió un proyecto o propuesta de quita para la víctima, aquí quejoso. 8. El diez de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo anterior, Earvin Flores García, en su carácter de Encargado de la negociación "Grúas Hems", compareció ante el fiscal responsable y, entre otras cuestiones, manifestó que era falsa la cantidad que el quejoso mencionó en este juicio de amparo por conceptos de derecho de piso y arrastre -$48,992.69 pesos mexicanos-, ya que la correcta ascendía a la cantidad de $18,743.34 pesos mexicanos, a la cual se le haría una rebaja de $1,863.73 pesos mexicanos. En ese tenor, se puede apreciar la existencia del acto reclamado al fiscal responsable, pues no ha exigido ni concretado el cumplimiento a su oficio UEIRV/0518/2021 de seis de marzo de dos mil veintiuno -descrito en el punto 5 anterior-, al no existir constancia de que la negociación "Grúas Hems" haya entregado al quejoso el vehículo en comento, máxime si la devolución no fue condicionada al pago de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo y, por ende, también se tiene por cierto el acto que se le imputa a dicha negociación, consistente en la falta de cumplimiento al requerimiento formulado en la mencionada misiva. Por otro lado, respecto al acto reclamado a la citada moral, consistente en el cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo, desglosado mediante correo electrónico enviado al quejoso el catorce de abril de dos mil veintiuno, por la cantidad total de $48,992.60 pesos mexicanos, también se tiene por cierto, en virtud del contenido de una documental que exhibió el quejoso en su demanda de amparo. En efecto, de la impresión de un correo electrónico, exhibida por el quejoso en su demanda de amparo, se puede apreciar que una persona de nombre Sonia Elizabeth Villalobos Tavera, a través de la cuenta de correo electrónico gruashems.liberaciones@gmail.com, envió el catorce de abril de dos mil veintiuno a la diversa cuenta dra.almaerika@gmail.com, un correo en el que se describe el cobro por los servicios de grúa, arrastre y de "pensión en corralón", del siguiente modo: En ese sentido, resulta que dicha persona es quien rindió el informe justificado en representación de la negociación "Grúas Hems", en su calidad de encargada; de modo que esta información concatenada con la apreciada en el correo electrónico, de conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente a la ley de la materia-, genera suficiente convicción a este órgano de control constitucional para considerar que la aludida negociación realmente desglosó al quejoso el aludido cobro por conceptos de arrastre y de "pensión en corralón". No obsta lo anterior, el hecho de que -como se vio- el diez de mayo de dos mil veintiuno, Earvin Flores García, en su carácter de Encargado de la negociación "Grúas Hems", compareció ante el fiscal responsable y, entre otras cuestiones, manifestó que era falsa la cantidad que el quejoso mencionó en este juicio de amparo por conceptos de derecho de piso y arrastre -$48,992.69 pesos mexicanos-, ya que la correcta ascendía a la cantidad de $18,743.34 pesos mexicanos, a la cual se le haría una rebaja de $1,863.73 pesos mexicanos, cuenta habida que lo que realmente interesa es que se encuentre acreditado el cobro por los aludidos conceptos, sin que por el momento importe el monto. En tales condiciones, se tiene probada la existencia de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La indagatoria de la que derivan los actos reclamados que se tuvieron por ciertos, se tramita conforme al Código Nacional del Procedimientos Penales, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos que se tuvieron por ciertos, se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tienen reconocido el carácter de víctima en el procedimiento penal de origen. Quinto. Oportunidad de la acción constitucional. Este órgano de control constitucional advierte que la promoción de la demanda de amparo es oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Se explica. En primer lugar, respecto de los actos reclamados que se hicieron consistir en la falta del fiscal responsable de exigir el cumplimiento al oficio UEIRV/0518/2021 de seis de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, así como al incumplimiento de "Grúas Hems" al oficio antes señalado, debe decirse que su naturaleza jurídica es de carácter omisiva y, como tal, la violación que, en su caso, provoca es de tracto sucesivo, porque se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata. Por tanto, no está sujeta al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento. Por otro lado, por cuanto al cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo, desglosado mediante correo electrónico enviado al quejoso el catorce de abril de dos mil veintiuno, por la cantidad total de $48,992.60 (cuarenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos, sesenta centavos, moneda nacional), dada su naturaleza jurídica, esto es, que se trata de un acto derivado de un procedimiento penal -tal como se precisó en el conflicto competencial referido en el considerando primero de esta sentencia-, se sigue que la acción de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. De lo contrario, se considerará que el acto reclamado se encuentra tácitamente consentido por el quejoso, entendiéndose por tal aquél contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la Ley de Amparo. Así, la hipótesis señalada en el inciso a) que antecede, relativa a que haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso, mientras que no se acredite su ilegalidad o inconstitucionalidad, o bien, pruebe que se ha dictado su nulidad. La segunda regla, inciso b), relativa a que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado, establece que para computar el plazo de quince días es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación del acto reclamado-de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. La última hipótesis, contenida en el inciso c), relativa a que el quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual, implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Sentado ello, es menester indicar que dentro de los autos del expediente de origen no se advierte dato alguno que ilustre cuándo el quejoso se enteró del cobro de los derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo; por tanto, se tomará en cuenta la fecha que, bajo protesta de decir verdad, comunicó el quejoso sobre el conocimiento del mismo. Así las cosas, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que se enteró del aludido cobro el catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico recibido en esa fecha. Entonces, esa manifestación, adminiculada con la documental que aportó en su demanda de amparo, hace prueba plena de conformidad con los artículos 199, 200 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la ley de la materia- y, por ende, los quince días hábiles para que el quejoso promoviera la demanda de amparo en contra del aludido acto transcurrieron del quince de abril al seis de mayo de dos mil veintiuno, previo descuento de los siguientes días: i) diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril, así como uno y dos de mayo, todos de esta anualidad, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) cinco de mayo, inhábil en términos del citado numeral. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el veintiséis de abril de dos mil veintiuno ante el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción es oportuna. Sexto. Procedencia del amparo indirecto. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que este juzgador advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo, luego, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el quejoso. Séptimo. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene reiterar algunos de los antecedentes que derivan de los informes justificados y de las probanzas ofrecidas por las partes, y que son los siguientes: 1. A las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, Claudia Lizzete Cajica Morales, Agente del Ministerio Público de San José Chiapa, Puebla, dio inicio al expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, con motivo de la entrevista recabada a Omar Castillo Munguía, Policía Estatal de la Secretaría Seguridad Pública del Estado de Puebla, quien narró que a las nueve horas con treinta y cinco minutos de ese día, al realizar una inspección en camino de terracería localizado detrás de la empresa "Pasteurizadora Maulec (Natura-Tamariz)" en el Municipio de Rafael de Lara Grajales, Puebla, él y otros elementos de seguridad encontraron en estado de abandono y aseguraron dos vehículos, entre ellos, el identificado como Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H. 2. A las trece horas con cincuenta minutos del mismo día, la citada fiscal decretó el aseguramiento de los dos vehículos encontrados, por tratarse de "instrumentos del delito" y ante la necesidad de práctica de dictámenes periciales para el esclarecimiento de los hechos. 3. En la citada data, dicha fiscal se declaró incompetente para seguir conociendo de la investigación, por lo que remitió la misma a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 4. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso Jorge González Arena presentó un escrito por el cual solicitó la devolución del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H; para ello, exhibió diversos documentos para acreditar la propiedad del mismo; del igual forma, pidió que se girara el oficio correspondiente para que se diera de baja el reporte de robo respectivo. 5. El seis de marzo de dos mil veintiuno, el fiscal responsable giró el oficio UEIRV/0518/2021, por el cual, con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, comunicó al Encargado del Corralón "Grúas Hems" el levantamiento del aseguramiento del vehículo precisado; asimismo, ordenó que el mismo fuera entregado al quejoso, quien -se señaló- tenía el carácter de víctima del delito de robo de vehículo, por lo que no se debían realizar actos que generaran revictimización. 6. En la misma fecha, el fiscal responsable giró el oficio UEIRV/0519/2021, por el cual, con fundamento en los artículos 127, 128, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla el desetiquetamiento del vehículo propiedad del quejoso del sistema 911. 7. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el fiscal responsable, en alcance a su oficio UEIRV/0518/2021, giró el diverso UEIRV/4660/2021, a través del cual requirió al Encargado del Corralón "Grúas Hems" para que presentara un informe del monto desglosado que se cobraba al ahora quejoso por conceptos de piso y arrastre de grúa, mismo que -le indicó- debía ajustarse a las tarifas de cobro establecidas en el tabulador regulado en el Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, en el que se expidió el Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en materia de Servicios Auxiliares de "Arrastre y Salvamento y Depósito", así como en el Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, en el que se determinan las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado de Puebla; asimismo, le pidió un proyecto o propuesta de quita para la víctima, aquí quejoso. 8. El diez de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo anterior, Earvin Flores García, en su carácter de Encargado de la negociación "Grúas Hems", compareció ante el fiscal responsable y, entre otras cuestiones, manifestó que era falsa la cantidad que el quejoso mencionó en este juicio de amparo por conceptos de derecho de piso y arrastre -$48,992.69 pesos mexicanos-, ya que la correcta ascendía a la cantidad de $18,743.34 pesos mexicanos, a la cual se le haría una rebaja de $1,863.73 pesos mexicanos. Octavo. Estudio del asunto. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Primero, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Apartado A. Conceptos de violación. Primero, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo el acto reclamado se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, pues si no es clara la intención de la quejosa, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Precisado lo anterior, el quejoso Jorge González Arenas alega que los actos ahora reclamados violan sus derechos fundamentales consagrados en los artículos los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 20, Apartado C, fracciones I, IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo siguiente: A. Que le causa agravio la omisión del fiscal responsable de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos, de manera específica la reparación del daño derivada de la comisión de un delito, ya que la literalidad del oficio de devolución de vehículo número UEIRV/0518/2021 de seis de marzo de dos mil veintiuno, le ordena al encargado del corralón "Grúas Hems" entregarle el vehículo de su propiedad sin cobro alguno de derechos y con la abstención de realizar actos que generen revictimización, correspondiéndole al fiscal la obligación de asegurarse de que dicha determinación se cumpla, es decir, debió vigilar que el encargado del corralón "Grúas Hems" efectivamente le hiciera la entrega del vehículo y no limitarse únicamente a enviar el oficio al encargado. B. Que le causa agravio que al haberse presentado en varias ocasiones a la oficina del corralón "Grúas Hems", la encargada le ha solicitado el pago de la cantidad de $33,900.00 pesos mexicanos más IVA, para que pueda entregarle el vehículo, no obstante que el fiscal responsable ordenó esa entrega mediante oficio UEIRV/0518/2021 sin pago alguno de derechos y con la abstención de realizar actos que generen revictimización, todo lo cual, le genera incertidumbre jurídica, pues al tener el carácter de víctima del delito, -afirma- se le debía reducir el pago al 100% de las contribuciones de arrastre y depósito de vehículo, tal como lo establece el artículo 99 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2021. C. Que se le priva del derecho de propiedad de su vehículo por un acto de autoridad injustificado y contrario a derecho y que no se encuentra debidamente fundado ni motivado, al no reunir los siguientes requisitos: i) que conste por escrito, el cual -refiere- no se cumplió porque no se le entregó algún documento, recibo oficial o ficha de depósito donde constaran los conceptos y las cantidades de los derechos que tenía que pagar para la devolución y entrega de su vehículo; ii) que provenga de autoridad competente, requisito que -afirma- no se cumple, en virtud de que la encargada del corralón "Grúas Hems" no tiene la facultad de imponerle el pago de dichos derechos al no existir disposición legal alguna que la faculte para ello; iii) que se encuentre debidamente fundado, que se traduce en la expresión del fundamento legal aplicable al caso, lo cual -sostiene- no se cumple, cuenta habida que el artículo 99 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2021, establece claramente que por tener el carácter de víctima u ofendido del delito se le debe hacer una reducción del pago de dichas contribuciones del 100%; y, iv) que se encuentre debidamente motivado, que se traduce en la precisión de las circunstancias especiales, razones peculiares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, mismas que deben adecuarse con las normas aplicables, lo que -se afirma- no se cumple. Apartado B. Opinión jurisdiccional. En primer lugar, debe decirse que de la interpretación de los artículos 74, 75, 76, 79, último párrafo, de la Ley de Amparo, a la luz de los principios y derechos fundamentales consagrados en los numerales 1 y 17, en especial en su nuevo tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es factible concluir que aun cuando puedan existir vicios formales en el acto reclamado, debe privilegiarse el estudio de fondo del asunto, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Aunado a ello, se tiene que la nueva sistemática del juicio de amparo exige que se prefiera resolver íntegramente el asunto de fondo, para así evitar postergar innecesariamente su resolución definitiva y, de esta manera, cumplir con el derecho a una justicia pronta y expedita, maximizando así la efectividad del juicio de amparo para remediar violaciones a derechos humanos. En ese tenor, el suscrito considera que, para el presente asunto, se privilegiará el estudio de fondo. En ese sentido, son esencialmente fundados los conceptos de violación formulados, aunque para declararlo así, deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Se explica. Es preciso destacar que el reconocimiento de los derechos de la víctima a nivel constitucional en México, ha atravesado por diversas etapas, cuyo objetivo ha sido dar respuesta a la demanda social de impunidad y a los efectos del delito en la víctima. De esta manera, las reformas constitucionales han generado el reconocimiento de una serie de derechos a favor de la víctima u ofendido del delito que, esencialmente, lo colocaron en posición de tener mayor presencia en las diversas etapas procedimentales penales. En la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el conjunto de derechos constitucionalmente reconocidos a la víctima u ofendido fue ubicado en el apartado C, en el que se comprende, con el mismo alcance y amplitud, el derecho de intervención activa en las diversas etapas procedimentales penales. Ciertamente, de dicho precepto se advierte que, entre otros derechos, la víctima constitucionalmente goza del derecho de recibir asistencia técnico-jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución, coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley, esto es, la posición que guarda la víctima o el ofendido del delito frente al proceso penal, es de "parte procesal" con derecho a intervenir activamente. Legitimación que es acorde con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del delito, ya que permite exigir el derecho a conocer la verdad; solicitar que el delito no quede impune; que se sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño. Asimismo, es de destacar que dada la tendencia para ampliar el ámbito de protección de derechos humanos y ante los diversos compromisos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, es que el diez de junio de dos mil once, se publicó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, cuya aportación más importante se encuentra en el artículo 1°, ya que en dicho numeral se incorporaron las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales a la propia Constitución, robusteciéndola notablemente. Además, tal precepto establece la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos. La referida reforma constitucional estableció, en el segundo transitorio, que la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos debía ser reglamentada mediante una ley en esa materia, la cual debía ser expedida en un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del referido decreto. Motivo por el cual, el nueve de enero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, que entró en vigor en términos del transitorio primero, al día siguiente de su publicación, por lo que se considera reglamentaria del artículo 1° constitucional, la cual consagra diversos derechos, entre otros, el estatuido en la fracción V del artículo 7 de dicho ordenamiento legal, relativo al derecho fundamental de la víctima a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas. Lo cual nos permite inferir, que la tendencia para proteger a la víctima u ofendido en el proceso penal en México, ha sido una constante en los últimos años. En consonancia con la reforma constitucional, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales enlista diversos derechos que la víctima u ofendido tendrán en los procedimientos previstos en el código. Entre dichos derechos, se encuentra el de ser restituido en sus derechos, cuando estén acreditados (fracción XXIII). Sentado lo anterior, recordemos que el quejoso se duele de que el fiscal responsable no ha vigilado el cumplimiento a su oficio UEIRV/0518/2021, emitido el seis de marzo de dos mil veintiuno dentro del expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, mismo que se reproduce a continuación para mayor entendimiento: "(.) (.) De dicho documento se puede colegir lo siguiente: ( Que el fiscal comunicó al Encargado del Corralón "Grúas Hems" el levantamiento del aseguramiento del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H. ( La orden dirigida a la negociación de entregar el referido automotor al quejoso Jorge González Arenas, al haber acreditado su propiedad. ( El reconocimiento del quejoso como víctima del delito de robo de vehículo en el procedimiento penal de origen. ( La orden dirigida a la negociación de abstenerse a realizar actos que generen revictimización al quejoso. ( La inexistencia de alguna obligación a cargo del quejoso de pagar derechos de arrastre y depósito vehicular en las instalaciones de la aludida negociación. Luego, de las actuaciones del presente juicio se advierte que la negociación "Grúas Hems" no ha realizado la entrega del vehículo en razón de que el quejoso no ha cubierto el pago de los derechos por conceptos de grúa, arrastre y depósito vehicular, los cuales primero ascendían a una cantidad total de $48,992.60 pesos mexicanos -como se comunicó mediante correo electrónico- y, luego, a una cantidad total $18,743.34 pesos mexicanos, a la cual se le haría una rebaja de $1,863.73 pesos mexicanos -como según se señaló en comparecencia de diez de mayo de dos mil veintiuno-. En ese tenor, primero se colige que el actuar del agente del ministerio público responsable es adverso a los derechos humanos a la legalidad e impartición de justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la medida que omitió vigilar el cumplimiento a los requerimientos y prevenciones establecidos en el oficio antes descrito, en donde no se fijó obligación alguna del quejoso de pagar contribución por conceptos de grúa, arrastre y depósito vehicular; incluso, se constriñó a la particular responsable de abstenerse a realizar actos que generaran revictimización al ahora quejoso. No obstante, al margen de dicha actuación inconstitucional, este órgano jurisdiccional advierte que lo que materialmente impide la devolución del vehículo es la circunstancia de que la negociación denominada "Grúas Hems" se encuentra cobrando al quejoso derechos de grúa, arrastre y depósito vehicular, lo cual no es acorde con los derechos de la víctima antes reseñados. En efecto, como se vio en líneas precedentes, la víctima tiene el derecho a ser restituida en sus derechos, cuando estén acreditados, lo cual en la especie aconteció, ya que el fiscal responsable, después de que el quejoso probara ser propietario del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H, ordenó su desaseguramiento y su devolución sin generar en su perjuicio algún acto de revictimización. Luego, resulta necesario precisar que, dada la naturaleza del acto que se reclama de una persona particular señalada como "Grúas Hems", el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable quien, con independencia de su naturaleza formal: i) dicta; ii) ordena; iii) ejecuta o trata de ejecutar un acto que: a) crea, b) modifica o c) extingue situaciones jurídicas en forma: unilateral y obligatoria; o en todo caso, quien omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, dicho numeral dispone que un particular tendrá esa calidad cuando realice actos: I) equivalentes a los de autoridad; y, II) cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, se aprecia que la particular de motu proprio informó tanto al quejoso como al fiscal que, para que fuera procedente la entrega de su vehículo, el primero debía pagar los gastos por conceptos de grúa, arrastre y depósito del vehículo en mención. Al respecto, cabe señalar que los artículos 245, 246, 247 y 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 245. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: I. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar, o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o II. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables." "Artículo 246. Entrega de bienes Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación." "(.) Artículo 247. Devolución de bienes asegurados La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado. La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación o la instancia correspondiente en las Entidades federativas por los depósitos a la vista que reciba. La autoridad que haya administrado empresas, negociaciones o establecimientos, al devolverlas rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la persona que tenga derecho a ello, y le entregará los documentos, objetos, numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la administración. Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el inventario correspondiente." "Artículo 248. Bienes que hubieren sido enajenados o sobre los que exista imposibilidad de devolver Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido enajenados o haya imposibilidad para devolverlos, deberá cubrirse a la persona que tenga la titularidad del derecho de devolución el valor de los mismos, de conformidad con la legislación aplicable. (.)" De los citados numerales se obtienen, en lo que interesa, los siguientes elementos: ( La devolución de bienes asegurados cuando el Ministerio Público levante el aseguramiento de un bien. ( A la persona que acredite la titularidad sobre el bien. ( La devolución del bien se verificará dentro de los diez días siguientes a la notificación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría. ( Previo a la recepción de los bienes, el interesado revisará e inspeccionará las condiciones en que se encuentren. Entonces, es cierto que en términos de los citados artículos 245, 246, 247 y 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde a la autoridad ministerial asegurar y resguardar los bienes sujetos a investigación de un hecho con apariencia de delito; y en el presente caso, aquélla delegó en un particular parte de las facultades que le son propias (resguardar) según lo dispuesto en la norma general. Lo expuesto, permite concluir que la negociación "Grúas Hems" tiene el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, toda vez que llevó a cabo un acto reservado a la autoridad ministerial, en virtud que de forma unilateral y obligatoria ejecutó un acto (retención del vehículo que defiende la parte quejosa), que creó una situación jurídica para el quejoso (obligación de realizar el pago por conceptos de grúa, arrastre y depósito del vehículo en mención), ejerciendo funciones reservadas a las autoridades en términos de los artículos 245, 246, 247 y 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales (norma general). Establecido lo anterior, es de precisarse, que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todo acto de molestia por el que se restrinja el goce de un derecho sustantivo (reconocido en la constitución y en los tratados internacionales), debe constar en mandamiento escrito emitido por la autoridad competente, suficientemente fundado y motivado; entendiéndose por lo primero, que han de citarse los preceptos legales aplicables al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para su emisión como acto de molestia; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Lo anterior, implica que la autoridad únicamente puede generar un acto de molestia hacia un gobernado, cuando sustente su actuar a través de un mandamiento escrito. Esto es, todo acto de autoridad hacia los particulares, debe encontrase materializado en un documento por escrito, en el que se externe la decisión tomada, que ponga en evidencia los alcances, efectos y destinatarios del acto, para evitar un actuar arbitrario, con el propósito de que el gobernado tenga la posibilidad de atacar los fundamentos si estos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada. Ahora bien, de los ordinales reproducidos anteriormente, se aprecia que el legislador no estableció como carga para los propietarios de los bienes asegurados el pago de los gastos originados con motivo de dicho aseguramiento. Mucho menos cuando el bien a devolver es el objeto robado y el solicitante es la víctima del delito, pues ello supondría imponer una carga a una persona que padeció un injusto penal y que implicaría su revictimización. En esas condiciones, es indudable que la condicionante para devolver el vehículo consistente en el pago por los conceptos de grúa, arrastre y depósito de vehículo, carece de la fundamentación y motivación que debe satisfacer todo acto de autoridad, trasgrediendo en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, dado que no derivó de alguna orden emitida por autoridad competente, que estableciera las razones y bases jurídicas para su realización. Se afirma lo anterior, pues incluso la autoridad investigadora ya ordenó la devolución del vehículo a su propietario, sin exigir la satisfacción de algún requisito previo, por lo que el hecho de que se le pretenda cobrar por concepto de arrastre y depósito del vehículo en mención (o algún otro emolumento similar), ocasiona perjuicio al quejoso, en razón de que se le impone la carga de cumplir con una obligación carente de fundamento. Justamente, el fiscal responsable no ordenó el pago de cantidad alguna; además, el aseguramiento no se debió a una causa atribuible al demandante constitucional que diera lugar a la aplicación de una sanción pecuniaria, ya que el traslado del automotor únicamente obedeció a las exigencias de resguardo e investigación de hechos presuntamente delictivos, de conformidad con los numerales 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En otras palabras, si el servicio otorgado por parte la negociación "Grúas Hems" se debió a lo ordenado por la autoridad policial y ministerial, es decir, por diligencias inherentes a su encargo público como investigador de delitos en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ella misma ordenó devolver el automotor, sin imponer el pago de alguna obligación pecuniaria, luego, es inconcebible que se imponga al quejoso el cobro de los servicios efectuados, ya que eso se traduciría en cobrar emolumentos por el desempeño de la función pública que realiza el Ministerio Público. En ese sentido, no debe desatenderse el hecho toral de que el quejoso en ningún momento solicitó los servicios de grúa, traslado y depósito, sino que dicha prestación ocurrió en términos de lo informado por los elementos de la Policía Estatal, quienes aseguraron el vehículo antes descrito, para ponerlo a disposición de la representación social, bajo depósito, en las instalaciones del resguardo vehicular mencionado. En consecuencia, se reitera, no existe un vínculo jurídico con el que pueda exigirse el cobro del servicio base del presente análisis constitucional al quejoso, ni siquiera por concepto de cualquier tipo de contribución, pues basta indicar que no se materializó ningún hecho imponible o supuesto de retención que permitiera dicha exigencia, o propiamente la actualización de la obligación tributaria correspondiente; además, tampoco hubo un consenso contractual que le permitiera exigir el pago de una contraprestación. Ciertamente, el fiscal responsable ordenó la devolución del automotor de referencia al ahora quejoso sin mayor trámite, es decir, sin condicionarla a realizar pago alguno con motivo del servicio de grúa, arrastre, maniobras y depósito, por parte de alguna empresa o dependencia, pues de haber estimado procedente que debía efectuar pago o contribución alguna, lo hubiera expuesto así en el propio oficio de devolución, como parte de su obligación constitucional de fundar y motivar sus actuaciones. No se soslaya que el fiscal responsable, en alcance a su oficio UEIRV/0518/2021, giró el diverso UEIRV/4660/2021, a través del cual requirió al Encargado del Corralón "Grúas Hems" para que presentara un informe del monto desglosado que se cobraba al ahora quejoso por conceptos de piso y arrastre de grúa, mismo que -le indicó- debía ajustarse a las tarifas de cobro establecidas en el tabulador regulado en el Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, en el que se expidió el Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en materia de Servicios Auxiliares de "Arrastre y Salvamento y Depósito", así como en el Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, en el que se determinan las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado de Puebla; asimismo, le pidió un proyecto o propuesta de quita para la víctima, aquí quejoso. Sin embargo, dicha circunstancia en ningún modo implica que el fiscal haya cambiado el sentido de su primer oficio, es decir, la orden de devolver al quejoso el vehículo de su propiedad sin que previamente tuviera que pagar algún tipo de derecho y con la abstención de la negociación de realizar actos que generaran revictimización, pues, incluso, del contenido del segundo oficio se desprende la intención del fiscal a que la negociación dé cumplimiento a la primera misiva. Aunado a lo anterior, el fiscal delega a la particular la elaboración del desglose de los montos por conceptos de grúa, arrastre y depósito vehicular, lo cual -como se dijo en líneas precedentes- no se encuentra ajustado a derecho, ya que no derivaría de alguna orden emitida por autoridad competente, que estableciera las razones y bases jurídicas para su realización. En virtud de lo expuesto, se consideran inconstitucionales los actos aquí reclamados y, por ende, se concede al quejoso Jorge González Arenas el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a dichos actos. Finalmente, ante la suplencia de la queja que operó en favor del quejoso para determinar lo anterior, resulta innecesario el estudio del resto de los motivos de disenso planteados, pues en nada mejorarán lo obtenido. Noveno. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que, una vez que quede firme la presente sentencia, se realice lo siguiente: A. 1. Saúl Guzmán Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, deberá señalar hora y fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se le requiera el cumplimiento, a efecto de que se constituya asociado del quejoso Jorge González Arenas, en las instalaciones de la negociación "Grúas Hems". B. En la hora y fecha que para tal efecto señale la representante social, el representante o encargado de la negociación "Grúas Hems", sin mayor trámite y sin exigir el pago de concepto alguno, deberá entregar al referido quejoso (quien deberá quedar debidamente identificado) el vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H; esto es, la devolución deberá realizarse sin condicionarlo a pago alguno por los servicios de grúa, arrastre y depósito vehicular o algún otro concepto, de lo que deberá elaborarse el acta circunstanciada correspondiente. En el entendido que el referido fiscal deberá notificar oportunamente al quejoso sobre la fecha que señale para tal actuación, en términos de la legislación procesal aplicable; asimismo, deberá hacer uso de todas las facultades e incluso medidas de apremio o coercitivas que tenga a su alcance para lograr la devolución aludida. Décimo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Jorge González Arenas, respecto a los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso Jorge González Arenas; por oficio a las autoridades responsables (a 2. Grúas Hems, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 385/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jorge González Arenas; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este juzgado de Distrito, Jorge González Arenas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Saúl Guzmán Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y otra autoridad. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 20, Apartado C, fracciones I, IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Segundo. Radicación y admisión. Por acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda de amparo indirecto con el número 385/2021; asimismo, la admitió a trámite -sin incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Audiencia constitucional y sentencia. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que este órgano de control constitucional se declaró incompetente por razón de materia y declinó la misma a un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Cuarto. Conflicto Competencial. 1. En resolución dictada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla radicó el juicio de amparo 917/2021 con motivo de la competencia planteada; sin embargo, no aceptó la misma y regresó los autos a este órgano de control constitucional. 2. Mediante determinación emitida el veintidós de junio del año en curso, este juzgado de distrito no compartió las consideraciones del referido Homólogo Federal; por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, planteó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito. 3. En ejecutoria dictada el doce de agosto de la presente anualidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del conflicto competencial 9/2021 de su índice, resolvió que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo; por lo que en auto de veintitrés de agosto pasado, se ordenó turnar los autos al secretario respectivo para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, de conformidad con las consideraciones plasmadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del conflicto competencial 9/2021, mismas que, a la letra, se reproducen a continuación: ...QUINTO. Este órgano colegiado estima que es el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el legalmente competente para continuar conociendo del juicio de amparo indirecto número 385/2021 de su índice, dadas las siguientes consideraciones. A efecto de así determinarlo, es oportuno precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los conflictos competenciales, en razón de la materia, deben resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la cuestión debatida, lo cual se puede determinar mediante el análisis del acto o actos reclamados, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda; debiendo prescindirse del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Se cita en ilustración de lo expuesto, la siguiente jurisprudencia: (.) Precisado lo anterior, resulta necesario puntualizar que en la demanda de amparo, se señalan como actos reclamados los siguientes: "IV.-ACTOS RECLAMADOS.- 1. De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo que hasta la fecha no haya exigido a las GRÚAS HEMS, a través de quien legalmente las represente, el incumplimiento (sic) de la determinación de entregarme el vehículo de mi propiedad, Marca: NISSAN, Tipo: NP300 FRONTIER, Modelo: 2017, color GRIS, número de Serie: 3N6AD33A6HK846312, Número de Motor: QR25148631H, Placas de Circulación: SL76693 DEL ESTADO DE PUEBLA, ordenado mediante oficio número UEIRV/0518/2021, dentro de la puesta a disposición FGEP/EAT/SJCHIAPA-I/001249/2021.- 2. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo el incumplimiento de dicha determinación de hacerme entrega del vehículo de mi propiedad, además de realizarme de manera ilegal e injustificada cobro de derechos respecto del arrastre y encierro de mi vehículo, para que pueda entregarme mi vehículo". Por otra parte, es menester considerar lo expuesto por el quejoso, en su demanda de amparo, concretamente en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, en el que hizo referencia al procedimiento penal que se inició, por los hechos que la ley tipifica como delito de robo de vehículo, y de donde emergen los actos reclamados en el juicio constitucional, como se desprende de los cinco primeros puntos de dicho apartado, en donde el quejoso narró lo siguiente: "1. El día dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las siete horas con cuarenta y cinco minutos de la mañana, me trasladaba a un terreno de mi propiedad que se ubica en Juan Jiménez entre la Calle Ocho Oriente y diez Oriente del Barrio de San Soledad de Nopalucan de la Granja, Puebla, fui a darle mantenimiento al mismo terreno y ya estando allí, observé que se iba acercando una camioneta blanca, la cual se paró en un costado de mi camioneta, bajándose tres sujetos con pistola en mano, de los cuales no pude percatarme de sus características, amedrentándome con palabras altisonantes, pidiéndome las llaves de mi vehículo Marca NISSAN, Tipo: NP300 FRONTIER, Modelo 2017, color GRIS, número de serie: 3N6AD33A6HK846312, número de motor: QR25148631H, placas de circulación: SL76693 DEL ESTADO DE PUEBLA, mismas que me las quitaron y me obligaron a subirme en la parte de atrás de la camioneta, tapándome la cara de inmediato, llevándome con rumbo desconocido, transcurriendo aproximadamente una hora o más, y me cambiaron de vehículo y empezaron a transitar nuevamente y en un tramo en la camioneta en la que me llevaban se atoró, pasando un rato no oía ruido de ellos, pues ya se habían bajado del vehículo, por lo que me bajé del vehículo, y vi que ya no estaban, ni tampoco mi vehículo y me eché a correr a la carretera que vi, y pasando un rato me auxilió la Guardia Nacional, explicándoles desde luego lo sucedido y me aconsejaron que tenía que hacer mi denuncia de robo de vehículo, dejándome en una gasolinera que se encuentra en la desviación de San José Chiapa, Puebla, y de ahí me fui caminando, cuando vi pasar un conocido y me llevó a hacer la pre denuncia al 911, dándome como folio de pre denuncia el número 44152718.-- 2. El día diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las once horas, recibí una llamada telefónica de la policía, informándome que mi vehículo Marca: Nissan, Tipo: NP300FRONTIER, Modelo 2017, color gris, número de serie: 3N6AD33A6HK846312, número de motor: QR25148631H, placas de circulación: SL76693 del Estado de Puebla, ya se había recuperado por medio de "encontrac", y que ya se encontraba ingresada mi unidad en el corralón de Grúas Hems, en San José Chiapa, cuyas oficinas de dichas grúas se encuentran en Ciudad Serdán, Puebla, y que la puesta a disposición se iba hacer ante la Agente del Ministerio Público de San José Chiapa, con sede en Ciudad Modelo San José, Chiapa, asignándole como número de puesta a disposición FGEP/EAT/SJCHIAPA-I/001249/2021, por lo que acudí con la licenciada Claudia Cajica en su carácter de Agente del Ministerio Público para que acreditara propiedad de mi unidad y desde luego solicitar la devolución de mi unidad, y me manifestó que ella no era competente para que me recibiera la acreditación de propiedad y por consiguiente no me podía devolver la unidad, que tenía que remitir la puesta a disposición a la fiscalía especializada en robo de vehículo en la ciudad de puebla, indicándome que ella remitiría la carpeta al día siguiente.-- 3. El día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, acudí ante el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con domicilio en Antiguo Camino a Batán, Kilómetro 2.5, Colonia Lomas de San Miguel, de esta ciudad de Puebla, domicilio bien conocido, en esta ciudad de Puebla, en la ciudad de Puebla, a acreditar propiedad de mi vehículo, siendo turnada mi carpeta al Ministerio Público Lic. Saúl Guzmán Hernández, acreditando la propiedad de mi vehículo mediante escrito que me fue recepcionado con fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno y desde luego solicitando la devolución de mi vehículo, anexando copia simple de mi escrito al presente.-- 4. Es el caso que una vez acreditada la propiedad de mi vehículo por el suscrito, y ya debidamente integrada la carpeta con todos y cada uno de los oficios y contestación de los oficios, como son identificación vehicular, centro de información, informe de la policía ministerial, me fue entregado el oficio número UEIRV/0518/2021, de liberación de mi unidad el día doce de marzo de dos mil veintiuno, oficio que fue dirigido a las Grúas Hems con domicilio en la casa marcada con el número doscientos dos, de la calle cuatro Norte, Colonia Centro, Ciudad Serdán, Puebla.-- 5. El día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, acudí al domicilio de las Grúas Hems para que me hicieran entrega de mi vehículo Marca Nissan, Tipo NP300 Frontier, Modelo dos mil diecisiete, color gris, número de serie: 3N6AD33A6HK846312, número de motor: QR25148631H, placas de circulación: SL76693 DEL ESTADO DE PUEBLA, tal y como se encuentra ordenado en el oficio número UEIRV/0518/2021, y al momento de solicitar a la encargada de las grúas, me hiciera entrega de mi vehículo, atendiéndome una persona del sexo femenino de aproximadamente 22 años, me informa que tenía que pagar aproximadamente la cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($33,900.00) CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de arrastre y pensión de mi vehículo, por lo que le dije que no estaba de acuerdo con dicho pago, respondiéndome dicha persona que lo iba a checar con sus patrones, por lo que ella se comunicaría conmigo al otro día, pero no tuve respuesta de dicha persona al siguiente día...". De lo hasta aquí relatado, se pone de manifiesto que la naturaleza de la que surgen los actos reclamados, es penal, pues así se desprende, tanto de los actos reclamados, como de los hechos que constituyen los antecedentes de éstos, antes reproducidos, así como de las constancias que a su informe justificado adjuntó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, (fojas 35 a 109 del juicio de amparo); de las que se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público de San José Chiapa, Puebla, dio inicio a la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-1/001249/2021, con motivo de la localización de dos vehículos en estado de abandono, entre ellos, el de la marca Nissan, tipo Frontier, Línea NP300, modelo dos mil diecisiete, color Gris, placas de circulación SL76693, del Estado de Puebla; con número de serie: 3N6A033A6HK846312, y con número de motor número QR25148631H (fojas 38 y 39 del juicio de amparo) Constancias de las que también se desprende que en esa misma data (diecinueve de febrero de dos mil veintiuno) el citado representante social decretó el aseguramiento del vehículo en cita y también se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la investigación y ordenó remitir lo actuado a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ante quien compareció el quejoso Jorge González Arenas, y mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, adjuntó la documentación relativa para acreditar la propiedad de dicho automotor, solicitando su devolución (fojas 80, 81, 82 y de la 87 a 97 del juicio de amparo). Así el seis de marzo del mismo año, el representante social, comunicó al encargado del corralón "Grúas Hems" que se había levantado el aseguramiento del citado vehículo y ordenó su devolución al quejoso Jorge González Arena; posterior a ello, el diez de mayo de esta anualidad, compareció ante el representante social el encargado de "Grúas Hems", para manifestar que por conceptos de piso y arrastre era de dieciocho mil setecientos cuarenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos, cantidad a la que se le haría una rebaja de mil ochocientos sesenta y tres pesos con setenta y tres centavos (fojas 98, 101 y 102 del juicio de amparo). Luego, si los actos reclamados en el juicio de amparo del que surge este conflicto competencial se hacen consistir en que la autoridad ministerial: ".no haya exigido a las GRÚAS HEMS, a través de quien legalmente las represente, el incumplimiento (sic) de la determinación de entregarme el vehículo de mi propiedad, Marca: NISSAN, Tipo: NP300 FRONTIER, Modelo: 2017, color GRIS, número de Serie: 3N6AD33A6HK846312, Número de Motor: QR25148631H, Placas de Circulación: SL76693 DEL ESTADO DE PUEBLA, ordenado mediante oficio número UEIRV/0518/2021, dentro de la puesta a disposición FGEP/EAT/SJCHIAPA-I/001249/2021.- 2. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo el incumplimiento de dicha determinación de hacerme entrega del vehículo de mi propiedad, además de realizarme de manera ilegal e injustificada cobro de derechos respecto del arrastre y encierro de mi vehículo, para que pueda entregarme mi vehículo"; la competencia se surte en favor del Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Puebla, precisamente, porque se reclaman actos que derivan del aseguramiento y liberación de un vehículo, emitidos dentro de una carpeta de investigación, iniciada con el aseguramiento de un vehículo abandonado, hechos que aparentemente constituyen el delito de robo de vehículo; sin que puedan desvincularse los actos relativos al cobro de los derechos de piso y arrastre que se le atribuyen a la persona moral denominada "Grúas Hems" por derivar precisamente de la carpeta de investigación en la que se decretó el aseguramiento y posterior liberación del vehículo en cita. En esas condiciones, no puede sostenerse que se trata de actos administrativos, como lo consideró el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque el hecho de que se reclamen, además de la autoridad ministerial, actos a un particular señalado como responsable, (Grúas Hems); de ninguna forma desvirtúa que atañe a la materia penal, al resultar dichos actos, una de las consecuencias de la determinación del Agente del Ministerio Público, señalado como responsable, dentro de la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-1/001249/2021. Resultando también inexacto lo considerado en la sentencia de amparo, en el sentido de que los actos reclamados, a quien legalmente representa a Grúas Hems, no están vinculados con la actividad persecutoria propia del ejercicio de la acción penal, que atañe, por regla general al Ministerio Público; pues contrariamente a dicha afirmación, los actos reclamados a dicha persona moral, derivan precisamente de una investigación sobre hechos que pudieran constituir el delito de robo de vehículo, en la que fue asegurado, resguardado y después levantado dicho aseguramiento, respecto a un vehículo que fue objeto de robo, como se desprende de lo declarado por el propio quejoso, en el hecho número uno de los antecedentes de la demanda de amparo. Por ende, la competencia sí corresponde al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en términos de lo previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que los efectos de los actos reclamados pueden influir, o generar alguna consecuencia jurídica en la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-1/001249/2021 de la que surgen. Así es, el precepto legal en cita establece: (.) Del precepto legal transcrito, se desprende que los jueces de distrito en materia penal, conocerán, entre otros actos, de las resoluciones judiciales emitidas en materia penal; sin embargo, la interpretación a esta porción normativa, no debe acotarse sólo resoluciones judiciales; sino a cualquier resolución emitida por las autoridades del orden penal, en las que desde luego se deben incluir las determinaciones del Ministerio Público. Sin que impida estimar lo anterior, que los actos reclamados no importen ataques a la libertad dentro de procedimiento, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que no se trate, de una resolución emitida dentro del procedimiento penal, ni de una determinación dictada en un incidente de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando la acción se funde, en la comisión de un delito, y tampoco que los actos reclamados no sean una norma de observancia general en materia penal. Ello, debido a que, como se ha puesto de manifiesto, los actos reclamados en el amparo, derivan de una carpeta de investigación, en la que se aseguró y posteriormente se liberó un vehículo, cuya entrega por parte de la responsable "Grúas Hems"; se encuentra condicionada al pago por conceptos de arrastre y derecho de piso, cuya constitucionalidad de dichos actos, será materia del análisis de fondo, en la sentencia que se dicte en el amparo. Así las cosas, al atender a la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto de que se trata, se colige que es penal; por tanto, la competencia para seguir conociendo del juicio de amparo de que se trata, corresponde al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, dada la naturaleza del acto reclamado; aspecto que se atiende para definir dicha competencia, sin que para ello influya lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación, en torno a la ilegalidad del pago de las contribuciones de arrastre y deposito del vehículo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: (.) En ese orden de consideraciones, se concluye que la competencia para continuar conociendo del asunto que se examina, corresponde al referido Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, transcrito en párrafos precedentes, toda vez que, como se ha dicho, los actos reclamados son de naturaleza penal, aunque involucre a una persona moral señalada como responsable, (Grúas Hems); debido a que los efectos de dichos actos pueden influir, o generar alguna consecuencia jurídica dentro de la carpeta de investigación FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-1/001249/2021 de la que emergen los actos reclamados. (.)" Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, de la revisión de los informes justificados y de las constancias de autos, se advierte que el quejoso Jorge González Arenas reclama lo siguiente: 1. La falta del fiscal responsable de exigir el cumplimiento al oficio UEIRV/0518/2021 de seis de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, por el cual comunicó al Encargado del Corralón "Grúas Hems" el levantamiento del aseguramiento del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H; asimismo, ordenó que el mismo fuera entregado al quejoso, quien -se señaló- tenía el carácter de víctima del delito de robo de vehículo, por lo que no se debían realizar actos que generaran revictimización. 2. El incumplimiento de "Grúas Hems" al oficio antes señalado, traducido en no entregar el vehículo mencionado. 3. El cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo, desglosado mediante correo electrónico enviado al quejoso el catorce de abril de dos mil veintiuno, por la cantidad total de $48,992.60 (cuarenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos, sesenta centavos, moneda nacional). Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Saúl Guzmán Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Acepta. 35 y 36. 2 2. Grúas Hems -por conducto de su representante Sonia Elizabeth Villalobos Tavera-. Acepta. 113 a 117. Tabla Única. Las aludidas responsables convinieron en la existencia de los actos que se les imputan. Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, que el fiscal responsable remitió en apoyo a su informe justificado, la cual, por tratarse de una documental pública, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de la referida documental se desprende la siguiente información: 1. A las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, Claudia Lizzete Cajica Morales, Agente del Ministerio Público de San José Chiapa, Puebla, dio inicio al expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, con motivo de la entrevista recabada a Omar Castillo Munguía, Policía Estatal de la Secretaría Seguridad Pública del Estado de Puebla, quien narró que a las nueve horas con treinta y cinco minutos de ese día, al realizar una inspección en camino de terracería localizado detrás de la empresa "Pasteurizadora Maulec (Natura-Tamariz)" en el Municipio de Rafael de Lara Grajales, Puebla, él y otros elementos de seguridad encontraron en estado de abandono y aseguraron dos vehículos, entre ellos, el identificado como Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H. 2. A las trece horas con cincuenta minutos del mismo día, la citada fiscal decretó el aseguramiento de los dos vehículos encontrados, por tratarse de "instrumentos del delito" y ante la necesidad de práctica de dictámenes periciales para el esclarecimiento de los hechos. 3. En la citada data, dicha fiscal se declaró incompetente para seguir conociendo de la investigación, por lo que remitió la misma a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 4. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso Jorge González Arena presentó un escrito por el cual solicitó la devolución del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H; para ello, exhibió diversos documentos para acreditar la propiedad del mismo; del igual forma, pidió que se girara el oficio correspondiente para que se diera de baja el reporte de robo respectivo. 5. El seis de marzo de dos mil veintiuno, el fiscal responsable giró el oficio UEIRV/0518/2021, por el cual, con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, comunicó al Encargado del Corralón "Grúas Hems" el levantamiento del aseguramiento del vehículo precisado; asimismo, ordenó que el mismo fuera entregado al quejoso, quien -se señaló- tenía el carácter de víctima del delito de robo de vehículo, por lo que no se debían realizar actos que generaran revictimización. 6. En la misma fecha, el fiscal responsable giró el oficio UEIRV/0519/2021, por el cual, con fundamento en los artículos 127, 128, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla el desetiquetamiento del vehículo propiedad del quejoso del sistema 911. 7. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el fiscal responsable, en alcance a su oficio UEIRV/0518/2021, giró el diverso UEIRV/4660/2021, a través del cual requirió al Encargado del Corralón "Grúas Hems" para que presentara un informe del monto desglosado que se cobraba al ahora quejoso por conceptos de piso y arrastre de grúa, mismo que -le indicó- debía ajustarse a las tarifas de cobro establecidas en el tabulador regulado en el Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, en el que se expidió el Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en materia de Servicios Auxiliares de "Arrastre y Salvamento y Depósito", así como en el Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, en el que se determinan las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado de Puebla; asimismo, le pidió un proyecto o propuesta de quita para la víctima, aquí quejoso. 8. El diez de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo anterior, Earvin Flores García, en su carácter de Encargado de la negociación "Grúas Hems", compareció ante el fiscal responsable y, entre otras cuestiones, manifestó que era falsa la cantidad que el quejoso mencionó en este juicio de amparo por conceptos de derecho de piso y arrastre -$48,992.69 pesos mexicanos-, ya que la correcta ascendía a la cantidad de $18,743.34 pesos mexicanos, a la cual se le haría una rebaja de $1,863.73 pesos mexicanos. En ese tenor, se puede apreciar la existencia del acto reclamado al fiscal responsable, pues no ha exigido ni concretado el cumplimiento a su oficio UEIRV/0518/2021 de seis de marzo de dos mil veintiuno -descrito en el punto 5 anterior-, al no existir constancia de que la negociación "Grúas Hems" haya entregado al quejoso el vehículo en comento, máxime si la devolución no fue condicionada al pago de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo y, por ende, también se tiene por cierto el acto que se le imputa a dicha negociación, consistente en la falta de cumplimiento al requerimiento formulado en la mencionada misiva. Por otro lado, respecto al acto reclamado a la citada moral, consistente en el cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo, desglosado mediante correo electrónico enviado al quejoso el catorce de abril de dos mil veintiuno, por la cantidad total de $48,992.60 pesos mexicanos, también se tiene por cierto, en virtud del contenido de una documental que exhibió el quejoso en su demanda de amparo. En efecto, de la impresión de un correo electrónico, exhibida por el quejoso en su demanda de amparo, se puede apreciar que una persona de nombre Sonia Elizabeth Villalobos Tavera, a través de la cuenta de correo electrónico gruashems.liberaciones@gmail.com, envió el catorce de abril de dos mil veintiuno a la diversa cuenta dra.almaerika@gmail.com, un correo en el que se describe el cobro por los servicios de grúa, arrastre y de "pensión en corralón", del siguiente modo: En ese sentido, resulta que dicha persona es quien rindió el informe justificado en representación de la negociación "Grúas Hems", en su calidad de encargada; de modo que esta información concatenada con la apreciada en el correo electrónico, de conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente a la ley de la materia-, genera suficiente convicción a este órgano de control constitucional para considerar que la aludida negociación realmente desglosó al quejoso el aludido cobro por conceptos de arrastre y de "pensión en corralón". No obsta lo anterior, el hecho de que -como se vio- el diez de mayo de dos mil veintiuno, Earvin Flores García, en su carácter de Encargado de la negociación "Grúas Hems", compareció ante el fiscal responsable y, entre otras cuestiones, manifestó que era falsa la cantidad que el quejoso mencionó en este juicio de amparo por conceptos de derecho de piso y arrastre -$48,992.69 pesos mexicanos-, ya que la correcta ascendía a la cantidad de $18,743.34 pesos mexicanos, a la cual se le haría una rebaja de $1,863.73 pesos mexicanos, cuenta habida que lo que realmente interesa es que se encuentre acreditado el cobro por los aludidos conceptos, sin que por el momento importe el monto. En tales condiciones, se tiene probada la existencia de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La indagatoria de la que derivan los actos reclamados que se tuvieron por ciertos, se tramita conforme al Código Nacional del Procedimientos Penales, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos que se tuvieron por ciertos, se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tienen reconocido el carácter de víctima en el procedimiento penal de origen. Quinto. Oportunidad de la acción constitucional. Este órgano de control constitucional advierte que la promoción de la demanda de amparo es oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Se explica. En primer lugar, respecto de los actos reclamados que se hicieron consistir en la falta del fiscal responsable de exigir el cumplimiento al oficio UEIRV/0518/2021 de seis de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, así como al incumplimiento de "Grúas Hems" al oficio antes señalado, debe decirse que su naturaleza jurídica es de carácter omisiva y, como tal, la violación que, en su caso, provoca es de tracto sucesivo, porque se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata. Por tanto, no está sujeta al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento. Por otro lado, por cuanto al cobro de derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo, desglosado mediante correo electrónico enviado al quejoso el catorce de abril de dos mil veintiuno, por la cantidad total de $48,992.60 (cuarenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos, sesenta centavos, moneda nacional), dada su naturaleza jurídica, esto es, que se trata de un acto derivado de un procedimiento penal -tal como se precisó en el conflicto competencial referido en el considerando primero de esta sentencia-, se sigue que la acción de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. De lo contrario, se considerará que el acto reclamado se encuentra tácitamente consentido por el quejoso, entendiéndose por tal aquél contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la Ley de Amparo. Así, la hipótesis señalada en el inciso a) que antecede, relativa a que haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso, mientras que no se acredite su ilegalidad o inconstitucionalidad, o bien, pruebe que se ha dictado su nulidad. La segunda regla, inciso b), relativa a que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado, establece que para computar el plazo de quince días es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación del acto reclamado-de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. La última hipótesis, contenida en el inciso c), relativa a que el quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual, implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Sentado ello, es menester indicar que dentro de los autos del expediente de origen no se advierte dato alguno que ilustre cuándo el quejoso se enteró del cobro de los derechos por conceptos de grúa, arrastre y encierro del vehículo; por tanto, se tomará en cuenta la fecha que, bajo protesta de decir verdad, comunicó el quejoso sobre el conocimiento del mismo. Así las cosas, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que se enteró del aludido cobro el catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico recibido en esa fecha. Entonces, esa manifestación, adminiculada con la documental que aportó en su demanda de amparo, hace prueba plena de conformidad con los artículos 199, 200 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la ley de la materia- y, por ende, los quince días hábiles para que el quejoso promoviera la demanda de amparo en contra del aludido acto transcurrieron del quince de abril al seis de mayo de dos mil veintiuno, previo descuento de los siguientes días: i) diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril, así como uno y dos de mayo, todos de esta anualidad, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) cinco de mayo, inhábil en términos del citado numeral. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el veintiséis de abril de dos mil veintiuno ante el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción es oportuna. Sexto. Procedencia del amparo indirecto. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que este juzgador advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo, luego, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el quejoso. Séptimo. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene reiterar algunos de los antecedentes que derivan de los informes justificados y de las probanzas ofrecidas por las partes, y que son los siguientes: 1. A las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, Claudia Lizzete Cajica Morales, Agente del Ministerio Público de San José Chiapa, Puebla, dio inicio al expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, con motivo de la entrevista recabada a Omar Castillo Munguía, Policía Estatal de la Secretaría Seguridad Pública del Estado de Puebla, quien narró que a las nueve horas con treinta y cinco minutos de ese día, al realizar una inspección en camino de terracería localizado detrás de la empresa "Pasteurizadora Maulec (Natura-Tamariz)" en el Municipio de Rafael de Lara Grajales, Puebla, él y otros elementos de seguridad encontraron en estado de abandono y aseguraron dos vehículos, entre ellos, el identificado como Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H. 2. A las trece horas con cincuenta minutos del mismo día, la citada fiscal decretó el aseguramiento de los dos vehículos encontrados, por tratarse de "instrumentos del delito" y ante la necesidad de práctica de dictámenes periciales para el esclarecimiento de los hechos. 3. En la citada data, dicha fiscal se declaró incompetente para seguir conociendo de la investigación, por lo que remitió la misma a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 4. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso Jorge González Arena presentó un escrito por el cual solicitó la devolución del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H; para ello, exhibió diversos documentos para acreditar la propiedad del mismo; del igual forma, pidió que se girara el oficio correspondiente para que se diera de baja el reporte de robo respectivo. 5. El seis de marzo de dos mil veintiuno, el fiscal responsable giró el oficio UEIRV/0518/2021, por el cual, con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, comunicó al Encargado del Corralón "Grúas Hems" el levantamiento del aseguramiento del vehículo precisado; asimismo, ordenó que el mismo fuera entregado al quejoso, quien -se señaló- tenía el carácter de víctima del delito de robo de vehículo, por lo que no se debían realizar actos que generaran revictimización. 6. En la misma fecha, el fiscal responsable giró el oficio UEIRV/0519/2021, por el cual, con fundamento en los artículos 127, 128, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla el desetiquetamiento del vehículo propiedad del quejoso del sistema 911. 7. El siete de mayo de dos mil veintiuno, el fiscal responsable, en alcance a su oficio UEIRV/0518/2021, giró el diverso UEIRV/4660/2021, a través del cual requirió al Encargado del Corralón "Grúas Hems" para que presentara un informe del monto desglosado que se cobraba al ahora quejoso por conceptos de piso y arrastre de grúa, mismo que -le indicó- debía ajustarse a las tarifas de cobro establecidas en el tabulador regulado en el Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, en el que se expidió el Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en materia de Servicios Auxiliares de "Arrastre y Salvamento y Depósito", así como en el Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, en el que se determinan las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado de Puebla; asimismo, le pidió un proyecto o propuesta de quita para la víctima, aquí quejoso. 8. El diez de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo anterior, Earvin Flores García, en su carácter de Encargado de la negociación "Grúas Hems", compareció ante el fiscal responsable y, entre otras cuestiones, manifestó que era falsa la cantidad que el quejoso mencionó en este juicio de amparo por conceptos de derecho de piso y arrastre -$48,992.69 pesos mexicanos-, ya que la correcta ascendía a la cantidad de $18,743.34 pesos mexicanos, a la cual se le haría una rebaja de $1,863.73 pesos mexicanos. Octavo. Estudio del asunto. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Primero, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Apartado A. Conceptos de violación. Primero, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo el acto reclamado se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, pues si no es clara la intención de la quejosa, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Precisado lo anterior, el quejoso Jorge González Arenas alega que los actos ahora reclamados violan sus derechos fundamentales consagrados en los artículos los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 20, Apartado C, fracciones I, IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo siguiente: A. Que le causa agravio la omisión del fiscal responsable de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos, de manera específica la reparación del daño derivada de la comisión de un delito, ya que la literalidad del oficio de devolución de vehículo número UEIRV/0518/2021 de seis de marzo de dos mil veintiuno, le ordena al encargado del corralón "Grúas Hems" entregarle el vehículo de su propiedad sin cobro alguno de derechos y con la abstención de realizar actos que generen revictimización, correspondiéndole al fiscal la obligación de asegurarse de que dicha determinación se cumpla, es decir, debió vigilar que el encargado del corralón "Grúas Hems" efectivamente le hiciera la entrega del vehículo y no limitarse únicamente a enviar el oficio al encargado. B. Que le causa agravio que al haberse presentado en varias ocasiones a la oficina del corralón "Grúas Hems", la encargada le ha solicitado el pago de la cantidad de $33,900.00 pesos mexicanos más IVA, para que pueda entregarle el vehículo, no obstante que el fiscal responsable ordenó esa entrega mediante oficio UEIRV/0518/2021 sin pago alguno de derechos y con la abstención de realizar actos que generen revictimización, todo lo cual, le genera incertidumbre jurídica, pues al tener el carácter de víctima del delito, -afirma- se le debía reducir el pago al 100% de las contribuciones de arrastre y depósito de vehículo, tal como lo establece el artículo 99 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2021. C. Que se le priva del derecho de propiedad de su vehículo por un acto de autoridad injustificado y contrario a derecho y que no se encuentra debidamente fundado ni motivado, al no reunir los siguientes requisitos: i) que conste por escrito, el cual -refiere- no se cumplió porque no se le entregó algún documento, recibo oficial o ficha de depósito donde constaran los conceptos y las cantidades de los derechos que tenía que pagar para la devolución y entrega de su vehículo; ii) que provenga de autoridad competente, requisito que -afirma- no se cumple, en virtud de que la encargada del corralón "Grúas Hems" no tiene la facultad de imponerle el pago de dichos derechos al no existir disposición legal alguna que la faculte para ello; iii) que se encuentre debidamente fundado, que se traduce en la expresión del fundamento legal aplicable al caso, lo cual -sostiene- no se cumple, cuenta habida que el artículo 99 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2021, establece claramente que por tener el carácter de víctima u ofendido del delito se le debe hacer una reducción del pago de dichas contribuciones del 100%; y, iv) que se encuentre debidamente motivado, que se traduce en la precisión de las circunstancias especiales, razones peculiares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, mismas que deben adecuarse con las normas aplicables, lo que -se afirma- no se cumple. Apartado B. Opinión jurisdiccional. En primer lugar, debe decirse que de la interpretación de los artículos 74, 75, 76, 79, último párrafo, de la Ley de Amparo, a la luz de los principios y derechos fundamentales consagrados en los numerales 1 y 17, en especial en su nuevo tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es factible concluir que aun cuando puedan existir vicios formales en el acto reclamado, debe privilegiarse el estudio de fondo del asunto, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Aunado a ello, se tiene que la nueva sistemática del juicio de amparo exige que se prefiera resolver íntegramente el asunto de fondo, para así evitar postergar innecesariamente su resolución definitiva y, de esta manera, cumplir con el derecho a una justicia pronta y expedita, maximizando así la efectividad del juicio de amparo para remediar violaciones a derechos humanos. En ese tenor, el suscrito considera que, para el presente asunto, se privilegiará el estudio de fondo. En ese sentido, son esencialmente fundados los conceptos de violación formulados, aunque para declararlo así, deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Se explica. Es preciso destacar que el reconocimiento de los derechos de la víctima a nivel constitucional en México, ha atravesado por diversas etapas, cuyo objetivo ha sido dar respuesta a la demanda social de impunidad y a los efectos del delito en la víctima. De esta manera, las reformas constitucionales han generado el reconocimiento de una serie de derechos a favor de la víctima u ofendido del delito que, esencialmente, lo colocaron en posición de tener mayor presencia en las diversas etapas procedimentales penales. En la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el conjunto de derechos constitucionalmente reconocidos a la víctima u ofendido fue ubicado en el apartado C, en el que se comprende, con el mismo alcance y amplitud, el derecho de intervención activa en las diversas etapas procedimentales penales. Ciertamente, de dicho precepto se advierte que, entre otros derechos, la víctima constitucionalmente goza del derecho de recibir asistencia técnico-jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución, coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley, esto es, la posición que guarda la víctima o el ofendido del delito frente al proceso penal, es de "parte procesal" con derecho a intervenir activamente. Legitimación que es acorde con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del delito, ya que permite exigir el derecho a conocer la verdad; solicitar que el delito no quede impune; que se sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño. Asimismo, es de destacar que dada la tendencia para ampliar el ámbito de protección de derechos humanos y ante los diversos compromisos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, es que el diez de junio de dos mil once, se publicó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, cuya aportación más importante se encuentra en el artículo 1°, ya que en dicho numeral se incorporaron las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales a la propia Constitución, robusteciéndola notablemente. Además, tal precepto establece la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos. La referida reforma constitucional estableció, en el segundo transitorio, que la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos debía ser reglamentada mediante una ley en esa materia, la cual debía ser expedida en un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del referido decreto. Motivo por el cual, el nueve de enero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, que entró en vigor en términos del transitorio primero, al día siguiente de su publicación, por lo que se considera reglamentaria del artículo 1° constitucional, la cual consagra diversos derechos, entre otros, el estatuido en la fracción V del artículo 7 de dicho ordenamiento legal, relativo al derecho fundamental de la víctima a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas. Lo cual nos permite inferir, que la tendencia para proteger a la víctima u ofendido en el proceso penal en México, ha sido una constante en los últimos años. En consonancia con la reforma constitucional, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales enlista diversos derechos que la víctima u ofendido tendrán en los procedimientos previstos en el código. Entre dichos derechos, se encuentra el de ser restituido en sus derechos, cuando estén acreditados (fracción XXIII). Sentado lo anterior, recordemos que el quejoso se duele de que el fiscal responsable no ha vigilado el cumplimiento a su oficio UEIRV/0518/2021, emitido el seis de marzo de dos mil veintiuno dentro del expediente puesta a disposición de vehículo con reporte de robo FGEP/EAT/FIR/SJCHIAPA-I/001249/2021, mismo que se reproduce a continuación para mayor entendimiento: "(.) (.) De dicho documento se puede colegir lo siguiente: ( Que el fiscal comunicó al Encargado del Corralón "Grúas Hems" el levantamiento del aseguramiento del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H. ( La orden dirigida a la negociación de entregar el referido automotor al quejoso Jorge González Arenas, al haber acreditado su propiedad. ( El reconocimiento del quejoso como víctima del delito de robo de vehículo en el procedimiento penal de origen. ( La orden dirigida a la negociación de abstenerse a realizar actos que generen revictimización al quejoso. ( La inexistencia de alguna obligación a cargo del quejoso de pagar derechos de arrastre y depósito vehicular en las instalaciones de la aludida negociación. Luego, de las actuaciones del presente juicio se advierte que la negociación "Grúas Hems" no ha realizado la entrega del vehículo en razón de que el quejoso no ha cubierto el pago de los derechos por conceptos de grúa, arrastre y depósito vehicular, los cuales primero ascendían a una cantidad total de $48,992.60 pesos mexicanos -como se comunicó mediante correo electrónico- y, luego, a una cantidad total $18,743.34 pesos mexicanos, a la cual se le haría una rebaja de $1,863.73 pesos mexicanos -como según se señaló en comparecencia de diez de mayo de dos mil veintiuno-. En ese tenor, primero se colige que el actuar del agente del ministerio público responsable es adverso a los derechos humanos a la legalidad e impartición de justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la medida que omitió vigilar el cumplimiento a los requerimientos y prevenciones establecidos en el oficio antes descrito, en donde no se fijó obligación alguna del quejoso de pagar contribución por conceptos de grúa, arrastre y depósito vehicular; incluso, se constriñó a la particular responsable de abstenerse a realizar actos que generaran revictimización al ahora quejoso. No obstante, al margen de dicha actuación inconstitucional, este órgano jurisdiccional advierte que lo que materialmente impide la devolución del vehículo es la circunstancia de que la negociación denominada "Grúas Hems" se encuentra cobrando al quejoso derechos de grúa, arrastre y depósito vehicular, lo cual no es acorde con los derechos de la víctima antes reseñados. En efecto, como se vio en líneas precedentes, la víctima tiene el derecho a ser restituida en sus derechos, cuando estén acreditados, lo cual en la especie aconteció, ya que el fiscal responsable, después de que el quejoso probara ser propietario del vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H, ordenó su desaseguramiento y su devolución sin generar en su perjuicio algún acto de revictimización. Luego, resulta necesario precisar que, dada la naturaleza del acto que se reclama de una persona particular señalada como "Grúas Hems", el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable quien, con independencia de su naturaleza formal: i) dicta; ii) ordena; iii) ejecuta o trata de ejecutar un acto que: a) crea, b) modifica o c) extingue situaciones jurídicas en forma: unilateral y obligatoria; o en todo caso, quien omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, dicho numeral dispone que un particular tendrá esa calidad cuando realice actos: I) equivalentes a los de autoridad; y, II) cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, se aprecia que la particular de motu proprio informó tanto al quejoso como al fiscal que, para que fuera procedente la entrega de su vehículo, el primero debía pagar los gastos por conceptos de grúa, arrastre y depósito del vehículo en mención. Al respecto, cabe señalar que los artículos 245, 246, 247 y 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 245. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: I. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar, o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o II. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables." "Artículo 246. Entrega de bienes Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación." "(.) Artículo 247. Devolución de bienes asegurados La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado. La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación o la instancia correspondiente en las Entidades federativas por los depósitos a la vista que reciba. La autoridad que haya administrado empresas, negociaciones o establecimientos, al devolverlas rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la persona que tenga derecho a ello, y le entregará los documentos, objetos, numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la administración. Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el inventario correspondiente." "Artículo 248. Bienes que hubieren sido enajenados o sobre los que exista imposibilidad de devolver Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido enajenados o haya imposibilidad para devolverlos, deberá cubrirse a la persona que tenga la titularidad del derecho de devolución el valor de los mismos, de conformidad con la legislación aplicable. (.)" De los citados numerales se obtienen, en lo que interesa, los siguientes elementos: ( La devolución de bienes asegurados cuando el Ministerio Público levante el aseguramiento de un bien. ( A la persona que acredite la titularidad sobre el bien. ( La devolución del bien se verificará dentro de los diez días siguientes a la notificación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría. ( Previo a la recepción de los bienes, el interesado revisará e inspeccionará las condiciones en que se encuentren. Entonces, es cierto que en términos de los citados artículos 245, 246, 247 y 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde a la autoridad ministerial asegurar y resguardar los bienes sujetos a investigación de un hecho con apariencia de delito; y en el presente caso, aquélla delegó en un particular parte de las facultades que le son propias (resguardar) según lo dispuesto en la norma general. Lo expuesto, permite concluir que la negociación "Grúas Hems" tiene el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, toda vez que llevó a cabo un acto reservado a la autoridad ministerial, en virtud que de forma unilateral y obligatoria ejecutó un acto (retención del vehículo que defiende la parte quejosa), que creó una situación jurídica para el quejoso (obligación de realizar el pago por conceptos de grúa, arrastre y depósito del vehículo en mención), ejerciendo funciones reservadas a las autoridades en términos de los artículos 245, 246, 247 y 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales (norma general). Establecido lo anterior, es de precisarse, que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todo acto de molestia por el que se restrinja el goce de un derecho sustantivo (reconocido en la constitución y en los tratados internacionales), debe constar en mandamiento escrito emitido por la autoridad competente, suficientemente fundado y motivado; entendiéndose por lo primero, que han de citarse los preceptos legales aplicables al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para su emisión como acto de molestia; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Lo anterior, implica que la autoridad únicamente puede generar un acto de molestia hacia un gobernado, cuando sustente su actuar a través de un mandamiento escrito. Esto es, todo acto de autoridad hacia los particulares, debe encontrase materializado en un documento por escrito, en el que se externe la decisión tomada, que ponga en evidencia los alcances, efectos y destinatarios del acto, para evitar un actuar arbitrario, con el propósito de que el gobernado tenga la posibilidad de atacar los fundamentos si estos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada. Ahora bien, de los ordinales reproducidos anteriormente, se aprecia que el legislador no estableció como carga para los propietarios de los bienes asegurados el pago de los gastos originados con motivo de dicho aseguramiento. Mucho menos cuando el bien a devolver es el objeto robado y el solicitante es la víctima del delito, pues ello supondría imponer una carga a una persona que padeció un injusto penal y que implicaría su revictimización. En esas condiciones, es indudable que la condicionante para devolver el vehículo consistente en el pago por los conceptos de grúa, arrastre y depósito de vehículo, carece de la fundamentación y motivación que debe satisfacer todo acto de autoridad, trasgrediendo en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, dado que no derivó de alguna orden emitida por autoridad competente, que estableciera las razones y bases jurídicas para su realización. Se afirma lo anterior, pues incluso la autoridad investigadora ya ordenó la devolución del vehículo a su propietario, sin exigir la satisfacción de algún requisito previo, por lo que el hecho de que se le pretenda cobrar por concepto de arrastre y depósito del vehículo en mención (o algún otro emolumento similar), ocasiona perjuicio al quejoso, en razón de que se le impone la carga de cumplir con una obligación carente de fundamento. Justamente, el fiscal responsable no ordenó el pago de cantidad alguna; además, el aseguramiento no se debió a una causa atribuible al demandante constitucional que diera lugar a la aplicación de una sanción pecuniaria, ya que el traslado del automotor únicamente obedeció a las exigencias de resguardo e investigación de hechos presuntamente delictivos, de conformidad con los numerales 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En otras palabras, si el servicio otorgado por parte la negociación "Grúas Hems" se debió a lo ordenado por la autoridad policial y ministerial, es decir, por diligencias inherentes a su encargo público como investigador de delitos en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ella misma ordenó devolver el automotor, sin imponer el pago de alguna obligación pecuniaria, luego, es inconcebible que se imponga al quejoso el cobro de los servicios efectuados, ya que eso se traduciría en cobrar emolumentos por el desempeño de la función pública que realiza el Ministerio Público. En ese sentido, no debe desatenderse el hecho toral de que el quejoso en ningún momento solicitó los servicios de grúa, traslado y depósito, sino que dicha prestación ocurrió en términos de lo informado por los elementos de la Policía Estatal, quienes aseguraron el vehículo antes descrito, para ponerlo a disposición de la representación social, bajo depósito, en las instalaciones del resguardo vehicular mencionado. En consecuencia, se reitera, no existe un vínculo jurídico con el que pueda exigirse el cobro del servicio base del presente análisis constitucional al quejoso, ni siquiera por concepto de cualquier tipo de contribución, pues basta indicar que no se materializó ningún hecho imponible o supuesto de retención que permitiera dicha exigencia, o propiamente la actualización de la obligación tributaria correspondiente; además, tampoco hubo un consenso contractual que le permitiera exigir el pago de una contraprestación. Ciertamente, el fiscal responsable ordenó la devolución del automotor de referencia al ahora quejoso sin mayor trámite, es decir, sin condicionarla a realizar pago alguno con motivo del servicio de grúa, arrastre, maniobras y depósito, por parte de alguna empresa o dependencia, pues de haber estimado procedente que debía efectuar pago o contribución alguna, lo hubiera expuesto así en el propio oficio de devolución, como parte de su obligación constitucional de fundar y motivar sus actuaciones. No se soslaya que el fiscal responsable, en alcance a su oficio UEIRV/0518/2021, giró el diverso UEIRV/4660/2021, a través del cual requirió al Encargado del Corralón "Grúas Hems" para que presentara un informe del monto desglosado que se cobraba al ahora quejoso por conceptos de piso y arrastre de grúa, mismo que -le indicó- debía ajustarse a las tarifas de cobro establecidas en el tabulador regulado en el Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, en el que se expidió el Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, en materia de Servicios Auxiliares de "Arrastre y Salvamento y Depósito", así como en el Acuerdo del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, en el que se determinan las tarifas máximas para el cobro por los servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado de Puebla; asimismo, le pidió un proyecto o propuesta de quita para la víctima, aquí quejoso. Sin embargo, dicha circunstancia en ningún modo implica que el fiscal haya cambiado el sentido de su primer oficio, es decir, la orden de devolver al quejoso el vehículo de su propiedad sin que previamente tuviera que pagar algún tipo de derecho y con la abstención de la negociación de realizar actos que generaran revictimización, pues, incluso, del contenido del segundo oficio se desprende la intención del fiscal a que la negociación dé cumplimiento a la primera misiva. Aunado a lo anterior, el fiscal delega a la particular la elaboración del desglose de los montos por conceptos de grúa, arrastre y depósito vehicular, lo cual -como se dijo en líneas precedentes- no se encuentra ajustado a derecho, ya que no derivaría de alguna orden emitida por autoridad competente, que estableciera las razones y bases jurídicas para su realización. En virtud de lo expuesto, se consideran inconstitucionales los actos aquí reclamados y, por ende, se concede al quejoso Jorge González Arenas el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a dichos actos. Finalmente, ante la suplencia de la queja que operó en favor del quejoso para determinar lo anterior, resulta innecesario el estudio del resto de los motivos de disenso planteados, pues en nada mejorarán lo obtenido. Noveno. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que, una vez que quede firme la presente sentencia, se realice lo siguiente: A. 1. Saúl Guzmán Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, deberá señalar hora y fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se le requiera el cumplimiento, a efecto de que se constituya asociado del quejoso Jorge González Arenas, en las instalaciones de la negociación "Grúas Hems". B. En la hora y fecha que para tal efecto señale la representante social, el representante o encargado de la negociación "Grúas Hems", sin mayor trámite y sin exigir el pago de concepto alguno, deberá entregar al referido quejoso (quien deberá quedar debidamente identificado) el vehículo Marca Nissan, Tipo Frontier, Línea NP300, modelo 2017, color Gris, placas de circulación SL7-66-93 del Estado de Puebla, número de serie 3N6AD33A6HK846312, número de motor QR25148631H; esto es, la devolución deberá realizarse sin condicionarlo a pago alguno por los servicios de grúa, arrastre y depósito vehicular o algún otro concepto, de lo que deberá elaborarse el acta circunstanciada correspondiente. En el entendido que el referido fiscal deberá notificar oportunamente al quejoso sobre la fecha que señale para tal actuación, en términos de la legislación procesal aplicable; asimismo, deberá hacer uso de todas las facultades e incluso medidas de apremio o coercitivas que tenga a su alcance para lograr la devolución aludida. Décimo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Jorge González Arenas, respecto a los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso Jorge González Arenas; por oficio a las autoridades responsables (a 2. Grúas Hems, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

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