Jorge Gerardo Reyes Ortiz

Expediente 1816/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1816/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Gerardo Reyes Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de inconformidad en contra del proveído de doce de junio del dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que lo hubieran realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17 fracción III inciso a) del referido Acuerdo General.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, sin que sea el caso tomar providencia alguna en relación a su contenido, toda vez que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo protector.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por lo que se procede a emitir el pronunciamiento a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo. Antecedentes El veinte de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó la protección de la Justicia Federal. Mediante ejecutoria dictada en sesión de catorce de julio de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 490/2021 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, se modificó la sentencia y, se determinó, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Efectos del fallo protector Los efectos del fallo protector son los siguientes: "Por lo que se impone conceder el amparo para el efecto de que: Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, las porciones normativas reclamadas, únicamente en lo que se refiere al tiempo que el quejoso debía cumplir en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, para acceder al derecho de un haber de retiro, así como la edad mínima que debía tener para ello, al no contemplar la posibilidad de que ese retiro se diera por causa no imputable a dicho impetrante. El Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, deje sin efecto el acto de aplicación de las normas reclamadas, consistente en la resolución de trece de febrero de dos mil veinte, y emita otra en el que, de no advertir alguna causa distinta de las enunciadas en los puntos anteriores, considere que el quejoso hoy inconforme, al haber concluido designación como magistrado (en un total de ocho años tres meses), si tiene derecho a un haber de retiro, en la proporción del tiempo que ejerció el cargo de magistrado, salvaguardando su derecho al haber de retiro. Lo anterior, siguiendo los lineamientos reproducidos en la controversia constitucional 13/2018 y la jurisprudencia P./J. 28/2012 (10a.) transcritos en párrafos precedentes, lleve a cabo el procedimiento correspondiente y le reconozcan al impetrante del amparo el derecho a su haber de retiro de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en base a las consideraciones que sostuvo la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional y jurisprudencia en comento, al ser dicho asunto similar al caso en concreto." Actos relativos al cumplimiento del fallo Mediante oficio recibido el siete de marzo de dos mil veintitrés, el Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad informó que mediante punto de acuerdo autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado el veinticuatro de febrero pasado dejó sin efecto la resolución de trece de febrero de dos mil veinte y dictó otra en la que determinó que el haber de retiro solicitado por el quejoso resultó improcedente, bajo las consideraciones siguientes: "Por lo que en aras de dar un cabal, correcto y adecuado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio y así restituir el goce de sus garantías violadas, es que bajo esa premisa y al ADVERTIR DIVERSA CAUSAL- tal y como lo señaló en la ejecutoria el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito- se determina que el haber de retiro solicitado resulta IMPROCEDENTE, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 293 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que a la letra dice: "ARTÍCULO 293.- Al retirarse del cargo los Magistrados Numerarios tendrán derecho a un haber de retiro, el cual tendrá carácter intransferible, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá exceder del término de siete años contados a partir del día siguiente al último día en que hayan fungido, mismo que no será mayor al salario establecido para el cargo de juez de primera instancia, y que no podrá incrementarse más allá de los términos inflacionarios. El Consejo de la Judicatura, expedirá el Reglamento del haber de retiro, donde se determine el esquema, cuantía, temporalidad y condiciones para su entrega, el cual deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes." Conforme a lo previsto en el dispositivo legal antes invocado, se colige que el haber de retiro, es una prestación periódica, que se constituye a favor del interesado a partir del día siguiente al último día en que hubiese fungido en el cargo y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia puede exceder del término de siete años (así se establece expresamente en la normativa aplicable y por lo tanto no es objeto de interpretación). En ese contexto, bajo la óptica de que Usted fue separado del cargo a partir del 11 de febrero de 2004, el término para disfrutar del haber de retiro empezó a computarse al día siguiente, es decir el 12 de febrero de aquel año 2004, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los siete años de dicho beneficio fenecieron el día 11 de febrero de 2011, una vez que transcurrió el mencionado periodo de tiempo. De ahí que conforme a la normatividad aplicable (Ley Orgánica y Reglamento del Haber de Retiro para Magistrados), carece a la fecha de derecho alguno para reclamar el otorgamiento de dicho beneficio. Además, es conveniente precisar que esta determinación no conculca o violenta los efectos de la ejecutoria que le fue favorable, habida cuenta que la porción normativa en que se sustenta la improcedencia del pago del haber de retiro en esta ocasión, no fue materia de análisis por (sic) en la ejecutoria del Tercero Tribunal Colegiado, con residencia en esta ciudad, ya que dicho Órgano Colegiado resolvió únicamente sobre tiempo que debía cumplir en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia para acceder al derecho de un haber de retiro así como la edad mínima que debía tener para ello." Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Calificación de los actos relativos al cumplimiento del fallo Del análisis de la resolución aludida se advierte que existe exceso en el cumplimiento de la sentencia, toda vez que, la autoridad responsable sustentó la decisión de improcedencia del haber de retiro en un aspecto que no constituye un requisito para su otorgamiento, por lo que se estima que sobrepasó los lineamientos señalados por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali. Para sustentar lo anterior, es necesario retomar que dicho órgano colegiado determinó que la autoridad responsable debía desincorporar las porciones normativas reclamadas en lo que se refiere al tiempo que debía cumplir en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, para acceder al derecho de un haber de retiro, así como la edad mínima que debía tener para ello, como requisitos para el otorgamiento del haber de retiro y que, hecho lo anterior, de no advertir la falta de alguno de ellos, considerar que el quejoso, al haber concluido la designación como Magistrado (en un total de ocho años tres meses), sí tenía derecho a un haber de retiro, en la proporción del tiempo que ejerció el cargo de magistrado, salvaguardando su derecho al haber de retiro. De lo anterior se sigue, que el estudio que debía efectuar la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector está delimitado a los requisitos para el otorgamiento de la prestación multireferida, pues así se advierte del fallo. Para demostrar lo anterior, es oportuno destacar que del análisis del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California y del Reglamento respectivo, de los que se obtiene que los requisitos para acceder al haber de retiro son, en esencia, los siguientes: 1. Ser Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia que ha culminado el ejercicio del encargo. 2. Culminar el ejercicio de su encargo por encuadrar en alguno de los siguientes supuestos: a) Al cumplir setenta años de edad. b) Al cumplir quince años en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. c) Por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones. d) Aquellos que decidan, de forma voluntaria, separarse del cargo. 3. No ser removido de su cargo, en términos de lo dispuesto por el párrafo sexto inciso d) del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Luego, si -como se anticipó- el estudio que efectuó el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, versó sobre el tiempo que debía cumplir en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, para acceder al derecho de un haber de retiro, así como la edad mínima que debía tener para ello, resulta patente que dicho examen corresponde al de los requisitos para acceder a dicha prestación; de ahí que, como se indicó el lineamiento relativo al análisis de alguna causa distinta de las enunciadas, está circunscrito a los requisitos para su otorgamiento. Incluso, tal postura se corrobora con el hecho de que la litis en este juicio se circunscribe a la etapa inicial de la concesión de la prestación, ya que debe tenerse presente que el acto reclamado consistió en la negativa de otorgar el haber de retiro por no reunir los requisitos para su procedencia. No obstante lo anterior, de la resolución analizada se advierte que la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable no está relacionada con los requisitos para el otorgamiento del haber de retiro, sino con la vigencia de dicho beneficio, es decir, con el tiempo máximo que la persona interesada puede gozar de la prestación mencionada. En efecto, en el punto de acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, el Consejo de la Judicatura del Estado determinó que era improcedente la solicitud planteada por el quejoso porque ya había transcurrido el plazo máximo (siete años) para que gozara del haber de retiro, pues precisó que al haber sido separado del cargo el once de febrero de dos mil cuatro, dicho plazo feneció el once de febrero de dos mil once. Aspecto que, se insiste, no corresponde a alguno de los requisitos para acceder al haber de retiro, pues no se trata de una condición previa para su concesión, por el contrario, el plazo de siete años corresponde al límite máximo de tiempo que la ley prevé para que los Magistrados locales reciban la prestación relativa, por lo que, al tratarse de una hipótesis normativa que regula una situación jurídica posterior al otorgamiento del haber de retiro, de ninguna manera puede considerarse un requisito para su concesión. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que la decisión del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, no respeta los lineamientos expuestos en la controversia constitucional 13/2018 y la jurisprudencia P./J. 28/2012 (10a.), pues no tiende a respetar el derecho del hoy quejoso a recibir la prestación multicitada que, como expresamente lo indicó el Tribunal Colegiado, constituye un derecho adquirido. En consecuencia, se declara que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida. Por tanto, en atención a lo narrado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique este acuerdo, deje sin efecto la determinación de veinticuatro de febrero del año en curso y emita una nueva en la que acate los lineamientos del fallo protector, para lo cual se precisa que el estudio de procedencia de la solicitud del quejoso deberá ceñirse a los requisitos que prevé la legislación aplicable. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de ciento veinte Unidades de Medida y Actualización y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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