Jorge Geovani Marin Gongora
Expediente 569/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Geovani Marin Gongora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******, la determinación de 16 de octubre de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: "Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de la cual se advierte que, en proveído de catorce de febrero del año en curso, se ordenó el resguardo del Primer Testimonio de la Escritura Pública número doscientos ochenta y nueve de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, pasada ante la fe de la Notario Público Suplente de la Notario Publica número Treinta del Estado, con sede en esta ciudad, que exhibió la parte quejosa en autos del presente juicio de amparo, y, en el diverso auto de once de julio del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del expediente en el que se actúa. Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, comparezca a recoger dicha documentación, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, dicho documento seguirá el destino del expediente principal. En consecuencia, a fin de conservar en su integridad dicho documento, glósese en sobre de plástico a los presentes autos. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA." NOTIFIQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de la cual se advierte que, en proveído de catorce de febrero del año en curso, se ordenó el resguardo del Primer Testimonio de la Escritura Pública número doscientos ochenta y nueve de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, pasada ante la fe de la Notario Público Suplente de la Notario Publica número Treinta del Estado, con sede en esta ciudad, que exhibió la parte quejosa en autos del presente juicio de amparo, y, en el diverso auto de once de julio del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del expediente en el que se actúa. Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, comparezca a recoger dicha documentación, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, dicho documento seguirá el destino del expediente principal. En consecuencia, a fin de conservar en su integridad dicho documento, glósese en sobre de plástico a los presentes autos. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que en su primer punto resolutivo sobresee y en su segundo punto resolutivo no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se negó y concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. DUPLICADO DEL INCIDENTE. Es destruible atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a); lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo que remitió la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, junto con el oficio con registro de oficialía de partes 21877; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichas constancias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 127/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número 289/2023 del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. Ahora, dada la voluminosidad del expediente físico de este asunto, para facilitar su manejo, se ordena formar el Tomo II, el cual será parte integrante del mismo y a partir de esta fecha está conformado por todas las actuaciones realizadas con motivo de las diversas actuaciones posteriores, por lo que se ordena cerrar este tomo con la constancia correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. XALAPA, VERACRUZ, A DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 569/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******, contra actos de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ***** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (.) SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, cuya titular en auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, registró el juicio de amparo bajo el número de expediente 2205/2022, admitió a trámite la demanda, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esa adscripción. En acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, se tuvo como terceras interesadas a **** y *****, a quienes se ordenó emplazar a juicio. (.) C O N S I D E R A N D O: (.) SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, se precisan los actos reclamados. Por tanto, del análisis integral de la demanda, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y de las demás constancias electrónicas que integran el presente juicio, se advierte que **** reclama: Del 1) Juez Primero Mercantil, 2) Juez Segundo Mercantil, 3) Juez Tercero Mercantil, 4) Juez Cuarto Mercantil, 5) Juez Primero Civil, 6) Juez Segundo Civil, 7) Juez Tercero Civil, y del 8) Juez Cuarto Civil, todos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida: a) La orden de desalojo con el apoyo y uso de la fuerza pública respecto del predio número ************, en Mérida, Yucatán, dictada dentro del expediente relativo al juicio de interdicto para recuperar posesión ***/2015. De la 9) Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán; 10) Actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil, 11) Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mercantil, 12) Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mercantil, 13) Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil, 14) Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil, 15) Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil, 16) Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil, 17) Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil, todos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, del 18) Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, 19) Secretario de Seguridad Pública de la referida entidad federativa, y del 20) Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán: b) La ejecución de la orden de desalojo con el apoyo y uso de la fuerza pública practicada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, respecto del predio citado en el punto que antecede. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados al 1) Juez Primero Mercantil, 2) Juez Segundo Mercantil, 3) Juez Tercero Mercantil, 4) Juez Cuarto Mercantil, 6) Juez Segundo Civil, 7) Juez Tercero Civil, y 8) Juez Cuarto Civil, 10) Actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil, 11) Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mercantil, 12) Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mercantil, 13) Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil, 16) Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil, 17) Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil, todos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y al 20) Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, pues así lo manifestaron las citadas autoridades responsables en sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas y de las constancias que integran el juicio de amparo, no se advierte la existencia de tales actos. Así, en virtud de que de la interpretación armónica de los numerales 62, 63, fracción IV, y 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que las pruebas que obren en el juicio se deben apreciar al dictar la sentencia relativa, para tener por acreditada o no, la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de sobreseimiento o de improcedencia, o bien los aspectos de fondo de la controversia. Por lo anterior, en esta instancia constitucional el quejoso tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de derechos humanos que alega, ya que el que presenta una demanda de amparo está obligado a establecer directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el que el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario del amparo, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto, dicen: "Novena Época. Registro: 187728. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Febrero de 2002. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o.A.4 K. Página: 903. PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De igual manera, no es cierto el acto reclamado a la 9) Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y al 15) Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ya que aun cuando fueron omisos en rendir sus informes justificados, a pesar de haber sido notificados mediante oficios 43394/2022 y 43404/2022, también es verdad que no procede tenerles por cierto el acto de ejecución que reclamado, dado que de las constancias de las que deriva el acto reclamado, se aprecia que es un diverso actuario de otro juzgado, quien llevó a cabo la diligencia de desalojo reclamado. De lo expuesto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables citadas en este considerando. CUARTO. Es cierto el acto reclamado al 14) Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, pues así lo señaló al rendir su informe justificado. De igual forma, son ciertos los actos reclamados a la 5) Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; al 18) Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y al 19) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con residencia en Mérida, pues no obstante que dichas autoridades al rendir sus informes justificados, negaron los actos a ellas reclamado, lo cierto es que el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador de dicha entidad federativa realizó manifestaciones que evidencian su certeza; mientras que de las copias certificadas del juicio del que emanan los actos reclamados, se aprecia que el juzgado antes citado fue quien ordenó el desalojo reclamado y el Secretario de Seguridad Pública de la citada entidad federativa tuvo participación en auxilio de dicho órgano jurisdiccional en la ejecución de dicha orden. (.) SÉPTIMO. Agotado el estudio de la causa de improcedencia y al no advertirse una diversa o que se hagan valer por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y debido a que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; aunado a que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. (.) OCTAVO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. En primer término, conviene tener en cuenta las copias certificadas del interdicto para recuperar la posesión ***/2015 del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, que obran en los anexos enviados como apoyo a su informe justificado. (.) Del precepto constitucional transcrito se observa que la Ley Suprema impone que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado. Fundar consiste en expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y motivar es señalar, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Una vez verificado que éste fue fundado y motivado (aspecto formal de la garantía consignada en el artículo 16 constitucional) procede examinar la adecuada o debida fundamentación y motivación (aspecto material de la referida garantía constitucional) de tal acto; es decir, procede determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas (si se configuran las hipótesis normativas), requisitos indispensables para que los actos de imperio cumplan la legalidad y seguridad jurídica consagradas en el mencionado precepto constitucional. Cabe mencionar, que las resoluciones respetan tales derechos cuando los argumentos que las soportan son jurídicos, esto es, cuando se encuentran apegados a la ley y, por ende, resuelven con acierto el conflicto; del mismo modo, las resoluciones deben cumplir con la garantía de audiencia o debido proceso, prevista en el artículo 14 constitucional, la cual se traduce, en este caso, en que la resolución emitida por una autoridad debe contener el análisis congruente y exhaustivo de los puntos expuestos a su consideración. Cumpliéndose con lo expuesto lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia 268 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: "Época: Novena Época. Registro: 1011560. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Materia(s): Común. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación. Tesis: 268. Página: 1241. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Los artículos 651, 652, 654, 655 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establecen: "ARTICULO 651. Se llaman interdictos los juicios que tienen por objeto adquirir, retener o recobrar la posesión interina de una cosa, suspender la ejecución de una obra nueva, o que se practiquen, respecto de la que amenaza ruina, o de un objeto que ofrece riesgo, las medidas conducentes para precaver el daño." "ARTICULO 652. Los interdictos sólo proceden respecto de las cosas raíces y derechos reales constituidos sobre ellas." "ARTICULO 654. Los interdictos no preocupan las cuestiones de propiedad y de posesión definitivas." "ARTICULO 655. Los interdictos no pueden acumularse al juicio de propiedad, y deberán decidirse previamente." "ARTICULO 696. El interdicto de recuperar compete al que estando en posesión pacífica de una cosa raíz o de alguno de los derechos a que se refieren los artículos 652 y 653 aunque no tenga título de propiedad, ha sido despojado por otro." Los artículos transcritos ponen de manifiesto que los interdictos para recuperar o retener la posesión, no prejuzgan ni proceden respecto de cuestiones de propiedad, ni pueden acumularse a juicios de propiedad, de modo que su finalidad no es de privar en forma definitiva la posesión que se pretende recuperar, sino únicamente reponer al despojado en la posesión, y compete dicha acción a quien ha sido despojado por otro, aunque no tenga título de propiedad. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto, dicen: "Registro digital: 1013495. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materias(s): Civil. Tesis: 896. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 1 - Sustantivo, página 992. Tipo: Jurisprudencia. INTERDICTOS, NATURALEZA DE LOS. Los interdictos no se ocupan de cuestiones de propiedad y de posesión definitiva, sino sólo de posesión interina; pero esta preocupación no es el medio, sino el fin de los interdictos. O dicho de otro modo: a lo que todo interdicto tiende es a proteger la posesión interina del promovente, bien de que se trate de adquirir, de retener o de recuperar tal posesión, puesto que su real y positiva finalidad no es resolver en definitiva acerca de la posesión a favor del que obtiene el interdicto, sino sólo momentánea, actual e interinamente, dado que después de la protección así obtenida mediante sentencia judicial, puede muy bien discutirse la posesión definitiva en el juicio plenario correspondiente, e inclusive la propiedad en el reivindicatorio, sin que en forma alguna la resolución interdictal pueda invocarse en estos juicios con autoridad de cosa juzgada." Ahora bien, en este caso, el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio interdicto para recuperar posesión ***/2015, pues señala que no fue llamado a dicho juicio, y alega la afectación a su propiedad respecto del bien inmueble marcado con el número *** de la calle ***, respecto del cual se ostenta como propietario según la copia certificada del instrumento público con número *********** (páginas 65 a 71 del archivo digital de la demanda de amparo), pasada ante la fe del Notario Público Número Treinta del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, del cual se advierte el contrato de compraventa celebrado por **** como vendedor y ****, aquí quejoso, como comprador, respecto del mencionado bien inmueble. Por su parte, en el interdicto para recuperar la posesión del que emanan los actos reclamados, se aprecia que, en ejecución de la sentencia, la juez responsable ordenó y ejecutó el desalojo de la parte demandada ***, el cual, en diligencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, fue entregado en posesión a la parte actora, ahora tercera interesada ****. Lo anterior en virtud de que en sentencia de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la cual adquirió firmeza, se declaró procedente el juicio de interdicto de recuperar la posesión promovido en contra de **** y, por ende, se le condenó a restituir a la parte actora en la posesión de dicho predio. De tal manera que, la juez responsable actuó conforme a derecho al emitir la orden de desalojo de dicho bien inmueble, desde el dos de febrero de dos mil veintidós, con auxilio de la fuerza pública, la cual finalmente se ejecutó el dieciocho de agosto siguiente, sin que dichos actos fueran arbitrarios en la medida que, fueron emitidos en cumplimiento a una sentencia firme, cuya ejecución debía hacerse efectiva. (.) Por tanto, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que los actos aquí reclamados lo privaron del derecho de propiedad que refiere tener al amparo del título allegado a los presentes autos, ya que únicamente tuvo como efecto que la parte actora recupera la posesión del bien inmueble materia del interdicto del que emanan los actos reclamados. En efecto, no se está ante la presencia de un acto privativo para cuyo pronunciamiento deba otorgarse derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional, sino uno de molestia regido por el artículo 16 de la Carta Magna, lo anterior es así, porque como ya se dijo el interdicto de recuperar la posesión de origen no dilucidó ningún derecho de propiedad sino sólo de posesión transitoria, cuyo derecho fue justificado por *********. Lo anterior es así, pues ese derecho de posesión decretado a favor de la citada tercera interesada, fue declarado de manera previa al derecho de propiedad adquirido por el quejoso, mediante contrato de compraventa de *****, razón por la cual en el presente juicio no es posible dilucidar si dicho acto jurídico posterior hizo cesar los efectos de la posesión declarada a favor de la citada tercera interesada, en el interdicto de reponer la posesión de origen. Lo anterior es así, porque ni siquiera en dicho juicio es factible atender a esas cuestiones, tan es así que los artículos 654 y 655 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establecen que los interdictos no dirimen cuestiones de propiedad y posesión definitivas, y no pueden acumularse al juicio de propiedad. Por tal razón, el quejoso, en todo caso, tiene expedito su derecho para promover el juicio reivindicatorio o el que corresponda, precisamente para que se discuta respecto del derecho de propiedad frente al diverso derecho de posesión declarado a favor de la citada tercera interesada. De tal manera que, se insiste el interdicto de recuperar la posesión de origen, únicamente tenía como finalidad reponer al despojado de la posesión que ostentaba de manera transitoria y, por ende, no priva sobre los derechos de propiedad adquiridos con posterioridad por el quejoso. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación y toda vez que no procede suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al 14) Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al 18) Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y al 19) Secretario de Seguridad Pública de la misma entidad federativa, todos con residencia en Mérida, por no haber sido reclamados por vicios propios. Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. (.) Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 569/2023-IV, del índice del Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *****, contra los actos reclamados al 1) Juez Primero Mercantil, 2) Juez Segundo Mercantil, 3) Juez Tercero Mercantil, 4) Juez Cuarto Mercantil, 6) Juez Segundo Civil, 7) Juez Tercero Civil, y 8) Juez Cuarto Civil, 9) Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 10) Actuario adscrito al Juzgado Primero Mercantil, 11) Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mercantil, 12) Actuario adscrito al Juzgado Tercero Mercantil, 13) Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil, 15) Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil, 16) Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil, 17) Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil, todos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y al 20) Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta sentencia, respectivamente, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *****, en el juicio de amparo 569/2023-IV, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, contra los actos reclamados a la 5) Juez Primero Civil y al 14) Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al 18) Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y al 19) Secretario de Seguridad Pública de la citada entidad federativa, todos con residencia en Mérida, precisados en los incisos a) y b), del considerando segundo de este fallo, respectivamente, por los motivos expuestos en el diverso considerando octavo de esta resolución. TERCERO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. CUARTO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 289/2023-I de este juzgado. CÚMPLASE.
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