Jorge Gaudencio Muñoz Villela

Expediente 290/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
290/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Gaudencio Muñoz Villela

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documento. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, acompañó al presente juicio un documento que por sus características debe ser devueltos, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y personalmente a la parte promovente.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Se forma expediente. Con la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Titular del Poder Ejecutivo Federal, (Presidente de la República), y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 290/2023-I. Desechamiento de la demanda. Examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional; y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma ya que se actualiza de modo manifestó e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del análisis conjunto de tales normas, se advierte que cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte del quejoso para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Sobre el tema, específicamente respecto a que si se presenta una demanda de amparo, y esta es firmada por el autorizado en el escrito de demanda del quejoso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, determinó que no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito debe desechar de plano la demanda intentada. Sobre tales bases, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa fue signada por diversa persona -********************, y esta carece de firma del directamente promovente ******************** es patente que no se ha ejercido la acción constitucional, pues la ausencia de firma de este último equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Sobre este aspecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, dispuso que en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o. y 6o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos humanos previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Significa entonces, que el escrito de demanda a través del que se pretenda instaurar el citado mecanismo de control constitucional, debe estar suscrito y firmado por el directamente agraviado, pues de lo contrario, se desconocería la identidad del promovente y consecuentemente, se estaría incumpliendo con el principio de "instancia de parte agraviada"; lo cual causaría la improcedencia de la acción de amparo. Es ilustrativa por su idea jurídica, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. DA LUGAR A SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acreditara su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4 de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo.". De lo anterior, deviene inconcuso que no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte, pues sin su firma no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Máxime, que en el presente caso no se actualizan los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea motivo de excepción la firma. Luego, como la demanda que originó este asunto no se presentó con la firma del quejoso, sino de diversa persona, no existe la voluntad de quien aparece como promovente, y por tanto es inconcuso que tampoco hay instancia de parte. Lo que actualiza la causal de improcedencia analizada; ante lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Autorizados de la parte quejosa. Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************,********************,********************,********************y********************, quien cuenta con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y en términos restringidos del citado numeral a ********************,********************,********************,********************,********************,********************y********************, toda vez que no cuentan con su cedula profesional debidamente registrada en el referido sistema, así como a las personas que menciona expresamente para esos efectos. Consulta de expediente electrónico y notificaciones. Con fundamento en los artículo 36 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa para consultar el expediente electrónico a través de los usuarios "********************" y "********************", asimismo, practíquensele las notificaciones de carácter personal vía electrónica a través del usuario "********************". Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese los usuarios respectivos para tales efectos. Sin que haya lugar a autorizar los diversos usuarios "********************" y "********************", toda vez que los mismos no cuentan con registro para la consulta del expediente electrónico, de acuerdo con la información que se verificó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, no ha lugar a tener a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 439/2018, señaló que la Ley de Amparo establece la posibilidad del promovente que quisiera ser notificado por medios electrónicos de expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el quejoso pueda ser comunicado. En ese tenor, tomando en consideración que la propia promovente solicitó a este órgano de control constitucional, le fueran practicadas las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que no ha lugar a tenerla por señalando domicilio para tal efecto, pues será precisamente a través de dicho sistema (electrónico) que se le practicarán las notificaciones personales en este asunto. La contradicción de tesis en cita, dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Incluso deviene pertinente destacar que de tener a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, implicaría que se pudieran duplicar las notificaciones a la propia promovente, ordenándolas tanto vía electrónica como en su domicilio. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte promovente a designar como único medio para oír y recibir notificaciones personales el domicilio que indica, en cuyo caso deberá solicitar que quede sin efectos la designación que hizo previamente para recibirlas vía electrónica. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Constancias digitales. Al respecto, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 y 12, inciso g), del similar 1/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas con usuario autorizado para consultar un expediente electrónico vía Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en este. Cuando éstas incluyan evidencia criptográfica del servidor público, se considerarán como copias certificadas electrónicamente y tendrán la misma calidad que las impresas. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregarán los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese por medio de lista y personalmente a la parte quejosa.

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