Jorge Garrido Melo

Expediente 1966/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1966/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Jorge Garrido Melo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías. DECLARACION DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; al efecto se provee: REQUERIMIENTO DE COPIAS DEL RECURSO DE REVISION. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél al en que quede debidamente notificado del presente proveído, exhiba una copia más del escrito de mérito. Lo anterior, por ser necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera: una para formar el expedientillo de antecedentes, tres para las autoridades responsables, y una para correr traslado a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional; es decir, se requieren un total de cinco copias de su escrito, siendo que sólo exhibe cuatro Apercíbasele que de ser omiso, se tendrá por no interpuesto el recurso de mérito, en términos del precepto citado.

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ...., en términos del considerando tercero de esta sentencia.

  4. Principal

    V i s t o el estado procesal de autos se resuelve el cumplimiento dado al fallo protector. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de ***(fojas 175 a 354), dictada por el ***, en el toca de revisión *** de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el ***(foja 174), por la cual revocó la sentencia de garantías dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, el *** (fojas 118 a 141). Por auto de ***, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca en revisión *** se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 355 y 356), en los siguientes términos: ".la responsable aborde el estudio de los agravios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, a la luz de lo verdaderamente expuesto por el recurrente en los temas de competencia (Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no faculta al Estado para sancionar incumplimiento; la fiscalización está expresamente dada a la Auditoría Superior de la Federación; la competencia de la autoridad debe estar prevista en ley y no puede hacerse extensiva mediante convenio); responsabilidad subsidiaria y exacta aplicación de la ley (conducta no contraria a la normatividad que rige su actuación), que fueron expuestos en su escrito de alegatos: así como los referentes a la prescripción (tipo de conducta) omisión en el desahogo de las pruebas que le fueron admitidas y alcance probatorio de las pruebas ofrecidas: y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." (fojas 353 y 353 vuelta). Al respecto debe decirse que de la lectura de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, se advierte que los agravios de los que se dolió la parte quejosa son los siguientes: Competencia (consideraciones expuestas en alegatos -competencia y responsabilidad subsidiaria-). Prescripción. Omisión de desahogar pruebas. Principio de exacta aplicación de la ley. Individualización de la sanción. Valoración y alcance de las pruebas ofrecidas (reitera consideraciones expuestas en alegatos -competencia y responsabilidad subsidiaria-). Mediante oficio *** , de ***, recibido el diez siguiente en este juzgado federal (foja 570) *** informó que dictó la resolución de *** en la cual dejó insubsistente la resolución de ***, dentro del expediente de recurso de revocación *** y siguiendo los lineamientos de la sentencia constitucional dictó otra en la que se pronunció respecto a la totalidad de los agravios hechos valer por el quejoso ***, en los siguientes términos. 1. Declaró inoperante el primer agravio que hizo valer el aquí quejoso, en el cual señala que las formalidades esenciales del procedimiento de responsabilidad administrativa, en su modalidad de absoluta incompetencia del órgano estatal para recriminar y resolver acerca de posible infracción a los artículos 114 fracción IV y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (foja 388). Al efecto la autoridad responsable determino que le resultaba competencia a la autoridad resolutora para iniciar, substanciar y resolver el expediente de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos, donde detecten hechos irregulares en el ejercicio y aplicación de recursos federales, conforme al "***, clausula quinta, fracción V, por lo tanto la *** si contaba con facultades de fiscalización en el caso concreto, por lo que resultaba inexacto el argumento del recurrente, en el sentido de que la fiscalización estaba dada expresamente a la Federación a través de la Auditoría Superior de la Federación (389 a 403). 2.- Respecto del segundo agravio prescripción, el recurrente arguyó que en la especie se actualizaba la figura jurídica de prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad de origen en virtud de que la conducta que le fue imputada no era estimable en dinero (foja 382 vueta). La autoridad responsable, declaró infundado el agravio, al concluir que no le asistía la razón al recurrente en cuanto a su argumento de que las conductas fueron instantáneas, bajo el argumento de que se consumaron el mismo treinta uno de enero de dos mil once, se dice que las conductas de acción y omisión en las que incurrió el ahora quejoso, presentaban las características propias de continuadas, de conformidad con la supletoriedad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Puebla, prevista en el artículo 48, el cual remite al Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículos 18, 19 y 129, en razón de que se estaba ante una repetición de conductas, unidad de propósito del sujeto activo y violación al mismo precepto legal, se trataba de una conducta infractora continuada y en cuyo caso el plazo para la prescripción debía contarse desde el día en que se realizó la última conducta, y precisó lo anterior, tomando en consideración el cúmulo de pruebas que obran en el expediente de origen, y adujo que entonces contrario a lo expuesto por el recurrente, las mismas sí eran estimables en dinero, por lo tanto se encontraba en el supuesto previsto en la fracción II, del artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el cual señala que el plazo para que la autoridad determinara la sanción correspondiente al disidente prescribía en tres años (fojas 383 a 385). Por cuanto al argumento del recurrente en el sentido de que el finiquito de obra no era ningún documento que amparara pagos a realizar a la contratista y por tanto tampoco traducible en dinero, como sí lo eran las estimaciones de obra, estableció que no le asistía la razón al recurrente, toda vez que como se podía advertir de la propia imputación se advertía que la conducta consistió en que se "omitió revisar que en el finiquito que se describe en el inciso anterior, no se consideraron las deductivas de las diferencias a cargo de la contratista ***., por la cantidad de ***, por tanto, era claro que la firma del finiquito se generaron los pagos en exceso que se le imputaron (fojas 386). Por cuanto a la fecha en que debía de comenzarse a contar la prescripción, preciso que la última fecha de la consumación de la conducta lo fue el nueve de febrero de dos mil doce, pues observó en la resolución de origen que se señaló como última fecha de consumación de la conducta la fecha de treinta y uno de enero de dos mil once, por tanto, y ante la presencia de dos diversas fechas, adujo que se debía aplicar aquella que más le beneficiara al gobernado, por tanto, como fecha de consumación se tomaría la última fecha, y concluyó que la prescripción de la facultad sancionadora del estado no había operado, ya que la firma del finiquito fue en la última fecha señalada, mientras que el inicio de procedimiento se le notificó el once de diciembre de dos mil trece, y en esta fecha se interrumpió el término de la prescripción, reiniciando de nueva cuenta el cómputo y la sanción se le notificó el día nueve de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, antes de tres años, por lo tanto, la facultad sancionatoria del estado se ejerció de manera oportuna (fojas 387). 3. Por lo que respecta al tercer agravio, por el cual el recurrente sostuvo violación a las formalidades esenciales del procedimiento, en su modalidad de seguridad jurídica y de derecho de audiencia producto del ilegal acuerdo ***, mediante el cual la responsable medularmente no admitió diversas probanzas que ofreció mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil dieciséis, ordenando el desahogo de alegatos, estando pendientes de desahogar las diversas pruebas que en el propio escrito precisó y que anteriormente habían sido admitidas por la propia autoridad (fojas 403 vuelta). Al respecto la autoridad responsable consideró que no le asistía razón al disidente, en relación a que no se le admitieron la probanzas ofrecidas mediante el citado escrito, por lo que declaró infundado dicho agravió, pues de autos advirtió que feneció el periodo de ofrecimiento de pruebas, del mismo modo no se advirtió que las pruebas identificadas con los números 2 y 3, consistentes en: "***", DEBERÁ RENDIR EL *** (.), en el escrito de mérito fueran supervenientes o que el oferente de las mismas no haya estado en aptitud de ofrecerlas en el momento procesal oportuno, máxime que advirtió del procedimiento que el aquí quejoso ofertó de manera indebida sus pruebas y cuando quiso perfeccionarlas ya se había cerrado el periodo de ofrecimiento de las mismas, sin pasar inadvertido que a pesar de haberse admitido las pruebas en comento y haberse girado los oficios respectivos para lograr su desahogo, el mismo no se logró por causas imputables al oferente de las mismas, ya que en una señalaba a la autoridad de manera incorrecta, mientras que en la otra no estableció la etapa que solicitaba, por lo que resultaba inexacto la apreciación del recurrente en el juicio, en el sentido de que se haya pasado al periodo de alegatos encontrándose pruebas pendientes por desahogar (fojas 404 a 413). 4. Por lo que hace al cuarto agravio, respecto a que aduce violación a las formalidades esenciales del procedimiento, ante la inexacta aplicación de la Ley, derivado que en la combatida no se acreditaba lo indebido de las conductas imputadas, ni se producía su adecuación a los supuestos de responsabilidad administrativa formalmente recriminados al suscrito y previstos en el artículo 50 fracciones I y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ésta última en relación a los diversos 114 fracción IV y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16 fracción XV del Reglamento Interior de la Dependencia a la cual prestó sus servicios al ocurrir hechos (foja 414 vuelta). La autoridad responsable, consideró que resultaba infundado, toda vez que del estudio vertido en la parte considerativa de la resolución impugnada, advirtió con toda claridad que la autoridad de origen sí estableció los fundamentos de hecho y normativos sobre los que hizo depender su determinación, citando como fundamento de la facultad sancionadora el artículo 50 del ordenamiento legal en cita, dispositivo que de manera primigenia, impone como principios rectores de la actuación de todo servidor público del Estado de Puebla: la legalidad, que implica necesariamente que el ejercicio de la función, cargo o puesto designado, se apegue a las facultades y obligaciones que para tal efecto establezca la norma, por tanto era legal que el Director Jurídico Contencioso y Situación Patrimonial al resolver, haya sostenido que las conductas desplegadas por Efraín Ruiz Meneses, encuadraban perfectamente en la fracción I, del artículo 50 de la Ley de la materia, en tanto lo que se reprochó al disidente lo fue el "no cumplir con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado" (fojas 414 a 417) Por cuanto hace al quinto agravio por el cual el aquí quejoso adujo una indebida e insuficiente valoración de las sanciones que le fueron impuestas (428). La autoridad responsable lo declaró infundado, al señalar que contrario a lo que alega el aquí quejoso, la autoridad de origen si individualizó la sanción impuesta, al ponderar las circunstancias personales del ahora recurrente, tales como su nivel jerárquico, su capacidad económica, su antigüedad en la prestación del servicio, la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, así como el monto del daño económico causado al erario público con motivo del indebido ejercicio del cargo que le fue conferido. Además, la referida autoridad administrativa al buscar un equilibrio entre las conductas de acción y omisión desplegadas y la sanción a imponer, para que esta fuera pertinente, justa y proporcional, los elementos objetivos y subjetivos anteriormente citados y enlazados entre sí, válidamente conllevaron a concluir que fueron mayores los que le perjudicaban al recurrente frente a aquellos que le beneficiaban, precisando que aquellos que le perjudicaban sustancialmente coincidían en que realizó conductas de acción y omisión con pleno conocimiento de sus obligaciones y funciones, de su deber de ejercerlas de forma correcta y, no obstante los alcances que produciría el apartarse de lo que le autorizaba la normatividad aplicable, realizó las acciones y omisiones de que se trata, que fueron fuente de responsabilidad administrativa atribuible en su contra; siendo que en la especie y, como aparece acreditado en la resolución de origen, el disidente al cometer dichas conductas, no cumplió con la máxima diligencia al cargo que tenía encomendado como Subsecretario de Obra Pública de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ya que tampoco se abstuvo de acciones y omisiones que implicaban incumplimiento de sus demás obligaciones que las leyes y reglamentos le imponían en el desempeño del mismo (428 a 430 vuelta). Por lo que respecta al agravio sexto consistente en la valoración y alcance de las pruebas ofrecidas (reitera consideraciones expuestas en alegatos -competencia y responsabilidad subsidiaria-), por el cual el aquí quejoso arguyó indebida fundamentación y motivación de las sanciones impuestas en su contra consistentes en inhabilitación temporal por el término de doce años para desempeñar empleo, cargo y comisión en el servicio público y sanción económica por la cantidad de $9,561,944.75 (nueve millones quinientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) (fojas 430 vuelta). La autoridad responsable, lo declaró infundado al considerar que contrario a lo que alega el quejoso, la autoridad de origen sí individualizó la sanción impuesta, al ponderar las circunstancias personales del ahora recurrente, tales como nivel jerárquico, su capacidad económica, su antigüedad en la prestación del servicio, la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, así como el monto del daño económico causado al erario público con motivo del indebido ejercicio del cargo que le fue conferido (431 y 431 vuelta). El aquí quejoso ofreció y le fueron admitidos como elementos probatorios en la segunda instancia la instrumental de actuaciones, a la cual la autoridad responsable le dio valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículo 163 y 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado de Puebla, tal como lo estatuye el artículo 48, manifestando que cuya eficacia, como quedó demostrado en esa resolución, en nada incidía para modificar el sentido de lo determinado por el Director Jurídico Contencioso y Situación Patrimonial (foja 432). Asimismo, el aquí quejoso ofreció la presuncional en su doble aspecto, a la cual la autoridad responsable le dio valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículo 163 y 196, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado de Puebla, tal como lo estatuye el artículo 48, sin embargo la autoridad responsable, concluyó que no le beneficiaba a su oferente, pues de los autos del expediente de origen no se advertía que existiera algún medio de convicción con el que se desvirtuara la responsabilidad que se le atribuyó, por el contrario existía plena certeza de la comisión de las conductas con base en el cúmulo probatorio que el *** estimó para determinar las conductas atribuidas a ***(foja 432 y 432 vuelta). Concluyendo la referida autoridad que al tratarse de una responsabilidad solidaria, por haber sido tres personas a quienes se les siguió el procedimiento de determinación de responsabilidades, cada uno de ellos estaba obligado al pago de la totalidad de la sanción que constituyó el crédito fiscal, declarando infundado el recurso de revocación planteado ante lo ineficiente e inoperante que resultaron los agravios hechos valer por el aquí quejoso ***, en consecuencia confirmó la resolución dictada el *** emitida por el entonces ***, mediante la cual impuso al impetrante de amparo, como sanción administrativa inhabilitación temporal por doce años para desempeñar empleos, cargo o comisiones en el servicio público y sanción económica por la cantidad de ***, dentro de los autos del expediente administrativo de responsabilidades *** 433 y 439 ). Por auto de ***, se dio vista al quejoso con las constancias referidas (foja 441), sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, ***, al haber dejado insubsistente la resolución reclamada de *** con plenitud de jurisdicción, en la que se pronunció de manera fundada y motivada respecto a la totalidad de los agravios hechos valer por la parte quejosa Efraín Ruiz Meneses en su escrito de apelación; como ha quedado de manifiesto en párrafos que anteceden; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que en primera instancia se negó el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Guárdese por separado del presente expediente el original y duplicado del incidente de suspensión. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que negó la medida cautelar definitiva, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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