Jorge García González
Expediente 485/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2021
Partes del expediente
- Jorge García González
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, remite copias certificadas de las constancias que acreditan las gestiones que se encuentra realizando para notificar y emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado ****. En ese sentido, dígasele a la autoridad oficiante que, en fecha veinticuatro de junio pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional, por lo que, se deja sin efectos la solicitud que le fue planteada mediante proveído de fecha diecisiete del mes y año en curso.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, los Integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, rinden su informe justificado dentro del presente juicio de amparo; asimismo, remiten copia certificada del laudo dictado en fecha dieciséis de junio del año en curso, dentro del expediente laboral J1/361/2019 de su índice, así como, las constancias de notificación a las partes del mismo. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Jorge García González, reclamó de los Integrantes de la H. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, la omisión de dictar el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral J1/361/2019 del índice de la responsable, dentro del término previsto por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de las copias certificadas anexadas al oficio de cuenta, remitidas por los Integrantes de la H. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que en fecha dieciséis de junio del año en curso, se emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen, mediante el cual, la responsable resolvió la controversia obrero-patronal de origen, asimismo, que en fecha dieciocho posterior, efectuó su notificación a las partes, por lo que se colige que, en lo que compete a la autoridad responsable, el peticionario de amparo ha quedado restituido en su derecho fundamental de acceso a la justicia. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, comuníquese la determinación anterior a las partes, y se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diecisiete horas con treinta minutos del nueve de julio del dos mil veintiuno.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por por propio derecho, contra actos de los Integrantes de la H. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 485 2021-VII. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juzgado de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar el quejoso, y no solamente lo que en apariencia indicó, de la lectura íntegra efectuada a la misma, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La omisión de la emisión del laudo en el juicio laboral número J.1 361 2019, dentro del término previsto por la Ley Federal del Trabajo. 2. El cumplimiento total del laudo que emita la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. 3. El embargo sobre bienes de los terceros interesados que baste cubrir el crédito laboral que en su caso dicte a favor del actor en el principal, ahora quejoso, así como el debido procedimiento hasta la conclusión del asunto laboral. En ese tenor, respecto de los actos señalados en los arábigos 2 y 3, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J 4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, presentada por el quejoso de mérito, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.; De esta transcripción se puede concluir que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En el caso, el quejoso reclama el cumplimiento total del laudo que emita la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en cuanto a la pronta ejecución del mismo y el embargo sobre bienes de los terceros interesados que baste cubrir el crédito laboral que en su caso dicte a favor en el principal, así como, el debido procedimiento hasta la conclusión del asunto laboral, siempre respetando los términos previstos en la ley federal del trabajo, cuestiones que aún no acontecen, por tanto, dichos actos no inciden en la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, ya que no le ha ocasionado aún una afectación inmediata y directa a sus intereses jurídicos En consecuencia, al resultar un acto futuro e incierto, no se colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual y directa en perjuicio a la parte quejosa, lo que actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia en estudio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, con independencia de que se sustancie el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aún no se han materializado. En ese contexto, la determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Razón por la cual, resulta incuestionable que los actos que ahora reclama la parte quejosa son futuros de realización incierta; y por ende, la acción constitucional que pretende es improcedente, porque la simple posibilidad combatida, no le produce ninguna afectación real a su interés jurídico. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos sesenta y dos, del Volumen XXI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: ACTOS FUTUROS. No pueden ser materia del juicio de garantías. Así como la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ochocientos treinta y nueve, del Volumen XX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal. Por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, del mismo ordenamiento, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar parcialmente la demanda, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Ahora, respecto del acto reclamado enunciado en el numeral 1, consistentes en la omisión de dictar el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral J.1/361/2019 del índice de la responsable, dentro del término previsto por la Ley Federal del Trabajo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por el quejoso Jorge García González, por propio derecho; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación; lo anterior deberá hacerse de su conocimiento, privilegiando el uso de los medios electrónicos; en el entendido que esta circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. Luego, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diecisiete horas con treinta minutos del nueve de julio del dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma y tomar las providencias atinentes para tal efecto, y de no ser necesaria la presencia física de las partes en dicha audiencia, en este asunto queda a discreción de las mismas el comparecer presencialmente a su desahogo; para lo cual, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21 2020, a fin de generar la cita correspondiente en la fecha señalada, sin perjuicio de que, si así lo estiman, e informan con la oportunidad debida a este Juzgado de Distrito, podrá llevarse por medios tecnológicos. Y en ese tenor, dadas las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud de todas las partes intervinientes en el presente juicio, y del personal de este Juzgado de Distrito; se les invita para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contados a partir del en que reciban el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf. gob.mx., o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá, en lo individual, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe de Ley o sean requeridas posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este órgano de control constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiérasele para que, en el supuesto de que exista alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá, en lo individual, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a COMPAÑÍA ALTERNATIVA PLURAL S.A. DE C.V., Y O VORWENK MÉXICO S. DE R.L. DE C.V, por lo tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que los emplace al presente sumario de amparo, corriéndoles traslado con el escrito inicial de demanda de amparo; y, haciendo de su conocimiento el derecho con que cuentan para apersonarse al presente juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos. Por otra parte, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el que señala para tales efectos en su escrito inicial de demanda; asimismo, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ** En diversa guisa, respecto a los medios de pruebas ofrecidos, consistentes en: La instrumental pública de actuaciones consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente juicio y que beneficie a los intereses del ahora quejoso. Presuncional legal y humana, que derive de la anterior probanza en lo que beneficie a los intereses de esta parte quejosa. Las copias certificadas, por la autoridad señalada como responsable de las constancias que integran el expediente laboral número J1/361/2019, de donde emana el acto reclamado. En ese sentido, tocante a los medios de convicción mencionados con los arábigos 1, 2 y 3, se reserva a acordar lo conducente hasta en tanto, se integre debidamente el presente sumario de amparo, y se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable, respectivamente. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI 2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Además, para efecto de notificar a la autoridad responsable del presente proveído, dada la contingencia actual, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que notifique el oficio derivado de la presente determinación privilegiando el uso de medios electrónicos; asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio mediante correo electrónico que al efecto proporcionen, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista electrónica, salvo que proporcione el usuario o su habilitación por interconexión; en el entendido que dicha circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país; además, se les requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación, brinden un correo electrónico al que, en su caso, se le puedan hacer llegar las notificaciones. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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