Jorge García García y Otros.

Expediente 809/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
809/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge García García y Otros.
  • Bárbara Mori Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de dos de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, ..., se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo que promueve Jorge García García, Elena Álvarez Solorio, Michelle Bárcena Hernández, por su propio derecho y Bárbara Mori Ochoa, por conducto de quien dice ser su apoderado legal Oscar Samuel Aguirre Barrios, contra actos del Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Consideraciones previas. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. Así es, de acuerdo con el artículo 113 invocado, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la Jurisprudencia V.2o. J/75, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, Registro digital: 215188, página 77, cuyo rubro a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Fundamentos para desechar la demanda. Este Juzgado considera que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con los 1. Respecto de la quejosa: Bárbara Mori Ochoa, por conducto de quien refiere ser su apoderado Óscar Samuel Aguirre Barrios. preceptos 3, 5 y 6, del mismo ordenamiento; por los argumentos que se exponen a continuación. "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, consiste en que debe ser promovido a instancia de parte agraviada, esto es, la persona física o moral a quien le afecte el acto. La demanda de amparo, podrá presentarse en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, al utilizar la firma electrónica conforme a la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa y, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de la voluntad para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que su ausencia, convierte la promoción en un documento anónimo o privado de autenticidad, salvo las excepciones a que se refiere el ordinal 15 de la ley que rige la materia. Por tanto, para la presentación de las demandas electrónicas, se utilizará la firma electrónica o certificado digital institucional vigente y reconocida por la Unidad; la cual se verificará en la parte final del documento electrónico que se reciba y debe mostrar el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado fue reconocido por la Unidad respectiva, a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, se tiene que el escrito inicial de demanda carece de firma electrónica de Óscar Samuel Aguirre Barrios quien refiere ser apoderado de Bárbara Mori Ochoa, a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual provoca incertidumbre jurídica en cuanto a la voluntad de la quejosa referida, para accionar a este órgano de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, pues era indispensable éste requisito (firma electrónica), para dar formalidad al caso, pues al carecer de la firma autógrafa o electrónica, no existe declaración de voluntad para presentar la demanda de amparo, ya que a través de ella, se exterioriza su propósito de promover el juicio de derechos fundamentales; de tal manera que la ausencia de tal firma electrónica convierte la promoción en un documento anónimo o privado de autenticidad. Además, no se advierte que la promovente aludida refiera tener alguna imposibilidad material o jurídica de comunicarse y obtener el auxilio de persona experta en derecho, para iniciar el procedimiento constitucional que pretenden. Entonces, atento a la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la demanda de amparo se presentó, como ya se dijo, en la modalidad "juicio en línea", pero carece de la firma electrónica de Óscar Samuel Aguirre Barrios quien refiere ser apoderado de Bárbara Mori Ochoa, por lo cual deviene improcedente y procede desecharla. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 3, 5 y 6, y con fundamento en los diversos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto a la quejosa Bárbara Mori Ochoa. Por otra parte, este Juzgado considera que respecto a la demanda presentada por el quejoso referido, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra disponen lo siguiente: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro los plazos previstos. (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I.Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo 2. Respecto a los quejosos: Jorge García García; Elena Álvarez Solorio y Michelle Bárcena Hernández. aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." Conviene señalar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las fracciones del artículo 61 antes mencionado, sólo establezcan algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos, no son los únicos que pueden estimarse para decretar la improcedencia del juicio de amparo, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el diverso artículo 107 de la Ley de la materia, establece que todos aquellos supuestos por los que procede el juicio de amparo indirecto, por lo que si no se está en ninguno de esos supuestos, es evidente que el juicio de amparo indirecto intentado, resulta improcedente. Ahora, cabe destacar que la figura del tercero extraño estricto sensu, se refiere a la persona (física o moral) ajena a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio de origen, y no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo; en ese supuesto, el perfecto tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Mientras tanto, la figura del tercero extraño a juicio por equiparación, se identifica con la persona (física o moral) que, siendo parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental alega en el juicio de amparo. Asimismo, es de resaltar que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño, sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, del ordenamiento legal invocado, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, Tomo VII, enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 196932, página 56, que a la letra dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE... Precisado lo anterior y para justificar la actualización de la causa de improcedencia que se estudia, conviene precisar que en este Juzgado se encuentran registrado el juicio de amparo 418/2023, el cual se cita como hecho notorio, que fue promovido por el propio quejoso Jorge García García, contra actos derivados del juicio especial hipotecario 130/2008 radicado ante la propia autoridad responsable Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual fue admitido a trámite mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés y el siete de junio posterior le fue concedida la suspensión definitiva de los actos reclamados, como se aprecia de las siguientes imágenes: (.) Asimismo, se aprecia que se halla en trámite el juicio de amparo 322/2023, que fue promovido por la propio quejosa Elena Álvarez Solorio, contra actos derivados del juicio especial hipotecario 130/2008 radicado ante la propia autoridad responsable Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual fue admitido a trámite mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés y el veintiséis de mayo del año en curso le fue concedida la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que: ".Ahora bien, dado que existe la solicitud de la parte interesada y no se contravienen disposiciones de orden público, procede conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se desaloje a Elena Álvarez Solorio del bien inmueble ubicado en Manzana I, Verona Villas Paraíso, Casa Número 4, Lotes 1 y 13, resultante de la Granja 68 Fraccionamiento Granjas del Marqués, Código postal 39906, Acapulco de Juárez, Guerrero, el cual es materia del embargo ordenado en el juicio especial hipotecario 130/2008, del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hasta en tanto, cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal de donde deriva este cuaderno. Para arribar a la conclusión que antecede, el suscrito juez de Distrito tiene a la vista las pruebas documentales que exhibió la quejosa, a las cuales concede valor probatorio de indicio en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con las que se acredita de manera indiciaria la propiedad del inmueble de referencia con la exhibición del contrato privado de compraventa celebrado con Cig Paradiso, Sociedad Anónima de Capital Variable; y once fichas de depósito bancario a favor de Cig Paradiso, Sociedad Anónima de Capital Variable. Cabe precisar que la medida cautelar no implica la paralización de procedimiento alguno, por ser de orden público y de naturaleza insuspendible; de suerte que, el procedimiento de que se trate, podrá continuar, pero no deberán ejecutarse sus consecuencias, hasta que se decida sobre la suspensión definitiva, tampoco prevé que si los actos reclamados se llevaron a cabo en su totalidad, las cosas se retrotraigan al estado que se encontraban con anterioridad. Esta medida cautelar surte sus efectos desde luego, en términos de los artículos 132 y 139 de la Ley de Amparo, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe, en el término de CINCO DÍAS a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, garantía por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos moneda nacional), a satisfacción de este Juzgado, en cualquiera de las formas establecidas en la ley, con la finalidad de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causaren a quienes les resulta el carácter de terceros interesados, la que se fija de manera discrecional, tomando en consideración el valor del inmueble consignado en el contrato privado de compraventa y la base gravable establecida en la factura relativa al número de cuenta 274787, relativa al pago del impuesto predial de fecha dos de enero de dos mil veintitrés, respecto del bien inmueble en conflicto (foja 153)." Desde otro aspecto, también se tiene como hecho notorio, que en el diverso juicio de derechos fundamentales 512/2023, la parte quejosa es Michelle Bárcena Hernández y en el libelo inicial manifestó haber conocido del juicio de instancia el trece de mayo de dos mil veintitrés; igualmente, señaló como acto reclamado el siguiente: "La orden de desalojo y lanzamiento emitida en los autos del juicio especial de desahucio 130/2008, por el Juez Vigésimo Séptimo de los Civil de la Ciudad de México, respecto del inmueble identificado como Villa 1 Clouster Verona (Verona Villa 1), ubicado en los lotes de terreno 1 y 13, Granja 68 del fraccionamiento Granjas de la Marqués, en esta ciudad y puerto, del cual mantiene la posesión, la que se ordenó ejecutar mediante exhorto que al efecto se libró al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al que le asignó el número 24/2023-3." No obstante lo anteriormente evidenciado, Elena Álvarez Solorio, Jorge García García, y Michelle Bárcena Hernández, instaron el presente juicio de amparo indirecto reclamando sustancialmente la falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 130/2008, así como la inscripción de catorce de marzo de dos mil diecinueve y el auto de veintiséis de enero de este año; sin embargo, como se ha demostrado, no tienen el carácter de terceros extraños, en virtud de que se encuentran inmiscuidos en la relación jurídico procesal dentro del referido juicio civil, al ser la parte quejosa respectivamente en los juicios 322/2023, 418/2023 y, 512/2023 cuyas demanda se presentaron en su orden el veintiocho de marzo, veinticuatro de abril y el diecinueve de mayo, todos de dos mil veintitrés. Lo que basta para que pierdan el carácter de terceros extraños al juicio por equiparación que en esta vía constitucional ostentan, en razón de que por conocer el juicio pueden combatir cualquier determinación a través de los medios de impugnación que estimen pertinentes, incluso el amparo, pero no con la calidad con que se ostentan. Establecido lo anterior, en el caso concreto tenemos que de las constancias que integran el juicio de amparo 418/2023 del índice de este Juzgado, se aprecia que el quejoso Jorge García García, conoció del juicio de origen al menos desde el diez de abril de dos mil veintitrés, como lo señaló en aquél. Igualmente, se destaca que en el juicio de amparo 322/2023, promovido por la quejosa Elena Álvarez Solorio, ésta expresó conocer del juicio especial hipotecario del que emanan los actos reclamados desde el quince de marzo de dos mil veintitrés. De la misma forma, se tiene que la promovente del amparo Michelle Bárcena Hernández, en la demanda constitucional que dio origen al expediente 512/2023, manifestó que tuvo conocimiento del juicio especial hipotecario de mérito el trece de mayo de dos mil veintitrés. Las actuaciones del juicio de amparo antes indicados del índice de este Juzgado, se citan como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Asimismo, con sustento en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2017123, cuyo rubro a la letra establece: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."; así como el criterio Registro digital: 2009158, que en su rubro a la letra dispone: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). VALOR PROBATORIO DE LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA."; y el diverso criterio Registro digital: 2006082, que en su rubro señala: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." Así, tenemos que al haber conocido Jorge García García, al menos desde el diez de abril de dos mil veintitrés, los quince días para promover juicio de amparo transcurrieron del doce de abril al tres de mayo de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Mientras que por lo que hace a Elena Álvarez Solorio, al haber conocido desde el quince de marzo de dos mil veintitrés, los quince días para promover juicio de amparo transcurrieron del dieciséis de marzo al doce de abril de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por su parte por lo que hace a Michelle Bárcena Hernández, al haber conocido desde el trece de mayo de dos mil veintitrés, los quince días para promover juicio de amparo transcurrieron del quince de mayo al dos de junio de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por esa razón, si la presente demanda se presentó vía electrónica y las recibió la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, hasta el uno de agosto actual, como se advierte del sello de recepción y de la papeleta de turno correspondientes, debe concluirse que se presentó de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo legal de quince días, por lo que debe considerarse que los actos reclamados en cuestión fueron consentidos tácitamente. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta las referidas causas de improcedencia previstas en el artículo 61, en relación con los diversos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente. ? Precisiones. Es indispensable puntualizar que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, no configura una denegación de justicia, tal como lo dispone la tesis III.2o.C.3 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro digital 2002537, página 2066, que en su rubro a la letra establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Asimismo, este Juzgador considera necesario precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de Derechos Humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, registro digita 2006485, página 772, que a la letra dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL...

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