Jorge García Cerqueda
Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge García Cerqueda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintitrés. ********************Visto el estado de autos, y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha transcurrido el plazo de noventa días concedido al quejoso ********************, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en dicho auto, por lo que se ordena la destrucción de los documentos que se anexaron a la demanda de amparo (fojas 9 y 10), junto con este expediente.********************Vuelvan los autos al archivo, como está ordenado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós.********************NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que a fojas nueve y diez del presente expediente existen dos escrito del quejoso con firma y sello originales; por tanto, se le requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Juzgado a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con las constancias que se desincorporen del presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. De autos se advierte, ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, en relación a su valoración documental y al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón del Actuario adscrito a este Juzgado, se advierte no fue posible notificar personalmente al quejoso Jorge García Cerqueda, los autos de catorce de julio y diecinueve de agosto, ambos de este año, por las razones que expone; por tanto, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar dichos autos, así como los subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos que se publica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en el lugar de fácil acceso que designó la Administración Regional del edificio que ocupa este Órgano Jurisdiccional; lo anterior, hasta en tanto proporcione domicilio para tal efecto. Por otra parte, adjúntese el oficio y anexo del Secretario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite el informe justificado de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia Huautla de Jiménez, Oaxaca, así como constancias deducidas del expediente civil 151/2021 de su índice. Acúsese recibo. Derivado de lo anterior, agréguese para que obre como corresponda, el oficio o anexo remitidos, toda vez que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós se proveyó al respecto. NOTIFÍQUESE. inserción de auto 14/07/2022. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge García Cerqueda, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 825/2022; tramítese este juicio con incidente de suspensión, por haberlo solicitado la parte quejosa. Desechamiento parcial. Del contenido de la demanda de cuenta se considera que respecto del Secretario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, al no tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Los artículos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Ahora, toda vez que los secretarios, por regla general, están facultados para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea que de ninguna manera involucra de su parte actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las resoluciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De ello se advierte, que los referidos servidores públicos, al no estar investidos de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones no pueden ser considerados como autoridad para efectos del juicio constitucional. Sirve de apoyo, por ilustrativa, la tesis III.2o.C.J/21, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2292, Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO): Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En consecuencia, toda vez que se actualiza de manera indudable y manifiesta la citada causa de improcedencia se desecha la demanda de garantías por lo que respecta a dicha autoridad. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 06/100, moneda nacional ($2,886.06) que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento a los terceros interesados. Toda vez que a Mirella Irene Cerqueda Peralta y Beatriz Cerqueda Peralta, les resulta el carácter de terceras interesadas; por tanto, por conducto de la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, con copia simple de la demanda de amparo emplácese al presente juicio, a quienes deberá de requerir para que en ese acto, o bien, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos su legal notificación, señalen domicilio en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes aun las de carácter personal se le harán por medio de lista de acuerdos, en términos de lo establecido en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto se subsane la omisión. Apercibiendo al citado Juez que de no enviar las constancias de emplazamiento a la brevedad, se hará acreedor a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 06/100, moneda nacional ($2,886.06) que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades. Así mismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales que deban practicarse a las autoridades responsables, a las que tengan el carácter de terceros interesados o que deban intervenir en este juicio, las realice el Actuario adscrito vía correo electrónico, o bien en el portal de servicios en línea si las autoridades tiene celebrado convenido de interconexión, como dispone el apartado B, número 12, de la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Lo anterior, a fin de dar continuidad a este juicio de amparo de forma electrónica, con el objeto de proteger la salud de las partes y del personal de este juzgado. Domicilio y autorizados. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la casa marcada con el número 1403, interior 1, del Centro de la Ciudad de Oaxaca y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raymundo Martínez Soriano (con número de cédula profesional 6725665, localizada en la página de internet del registro nacional de profesiones https://consultatucedula.mx/), y a las restantes personas que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones, sin gozar de las demás facultades a que se refiere el citado artículo 12, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, pues no proporciona su número de cédula profesional o de registro en Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes citado, se les tiene proporcionando el correo electrónico nindoo46@hormail.com, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), para los efectos legales correspondientes. Exhortación a tramitar juicio en línea. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En el entendido que de optar por el "juicio en línea", deberán así expresarlo, solicitar sus notificaciones por esa vía y proporcionar su número de usuario. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. inserción de auto 19/08/2022... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Adjúntese el oficio de la Secretaria Judicial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual remite el informe justificado del Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, así como constancias deducidas del expediente civil 151/2021 de su índice; las que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, las que se desahogan en razón de su propia naturaleza. Visto el estado de autos, se advierte este juicio constitucional, fue promovido por Jorge García Cerqueda, el doce de julio de dos mil veintidós, en el que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y del Secretario Judicial adscrito a ese Juzgado: La falta de contestación a sus dos escritos de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, presentados en el expediente civil 151/2021 del índice de ese Juzgado. En auto de inicio de catorce de julio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo respecto del Secretario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, por no tener el carácter de autoridad responsable. Y se admitió por el aludido juez Mixto. El Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, refiere que los escritos de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, presentados por el demandado Jorge García Cerqueda, en el expediente civil 151/2021 de su índice, fueron acordados: El escrito en que solicita se le fije fianza a fin de que se suspenda la orden de lanzamiento del inmueble de antecedentes. Fue acordado en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, en el sentido de que no es dable obsequiar su petición derivado que en el juicio sumario de desahucio, no se prevé la figura jurídica de fianza, sino durante el plazo fijado para el desahucio, el arrendatario exhibe el recibo de las pensiones debidas o su importe, se dará por terminada la providencia de lanzamiento sin condenación de costas; si el recibo de las pensiones es con fecha posterior al señalado para el desahucio, pero antes de sentencia, se dará por concluida la providencia de lanzamiento, condenándose al arrendatario al pago de costas; por lo que lo único que suspende el lanzamiento ordenado es el pago de las rentas vencidas a favor de la actora. Que fue notificado al quejoso el cinco de agosto de dos mil veintidós. El escrito en el que solicitase ordene la apertura del periodo probatorio. Fue acordado en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, en sentido favorable, ordenándose abrir el juicio a prueba por el plazo de cinco días común a las partes. Que fue notificado al quejoso el ocho de agosto de dos mil veintidós. Lo que se corrobora con las copias certificadas que anexo al oficio de cuenta, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, la omisión reclamada a la fecha de presentación de la demanda de amparo -doce de julio de dos mil veintidós -; actualmente dejó de existir, constituyendo una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero 1998, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós), pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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