Jorge Gama Mendez
Expediente 280/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Gama Mendez
- David Ricardo Ponce González, Juez Especializado de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".a) La autoridad responsable deje sin efectos el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, únicamente en cuanto a la sanción impuesta a la quejosa Juana Alejandra Domínguez Sánchez, por la que se impuso un arresto como correctivo disciplinario por treinta y seis horas y respete el derecho fundamental de audiencia a efecto de que se encuentre en posibilidad de que ofrezca pruebas y alegue en su defensa respecto de la infracción que se le reprocha; y, b) Con libertad de jurisdicción y de estimarlo procedente, emita un nuevo correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado, en cuanto a porqué decide imponer el máximo y no el mínimo de la sanción, previo respeto del derecho fundamental de audiencia, además deberá considerar el tiempo que la quejosa permaneció arrestada el día dieciocho de mayo de dos mil veinte. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio recibido por este Juzgado el quince de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual adjunta copia certificada del acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, donde manifestó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en atención que mediante determinación de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno dictada por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, resolvió en el juicio TJA/SaSERA/JRAEM024/2020, la nulidad lisa y llana del correctivo disciplinario consistente en el arresto impuesto el doce de febrero de dos mil veinte, mismo que derivó el acto impugnado en el presente juicio de amparo y como consecuencia de ello, la autoridad aquí responsable declaró la imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó correr traslado y dar vista a la aquí quejosa. Así se tiene que, la determinación de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno dictada por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, donde resolvió en el juicio TJA/5aSERA/JRAEM-024/2020, la nulidad lisa y llana del correctivo disciplinario consistente en el arresto impuesto el doce de febrero de dos mil veinte, mismo que derivó el acto impugnado en el presente juicio de amparo y como consecuencia de ello, la autoridad aquí responsable declaró la imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, siendo así este órgano jurisdiccional estima que existe una imposibilidad material y jurídica para que la responsable dé pleno cumplimiento al fallo constitucional. Lo anterior se afirma, en atención que ya no se puede requerir a la responsable dejar sin efectos el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, únicamente en cuanto a la sanción impuesta a la quejosa Juana Alejandra Domínguez Sánchez, por la que se impuso un arresto como correctivo disciplinario por treinta y seis horas y respete el derecho fundamental de audiencia a efecto de que se encuentre en posibilidad de que ofrezca pruebas y alegue en su defensa respecto de la infracción que se le reprocha; y, con libertad de jurisdicción y de estimarlo procedente, emita un nuevo correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado, en cuanto a porqué decide imponer el máximo y no el mínimo de la sanción, previo respeto del derecho fundamental de audiencia, además deberá considerar el tiempo que la quejosa permaneció arrestada el día dieciocho de mayo de dos mil veinte, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, si este dejó de subsistir en el mundo jurídico, situación que conlleva a declarar sin materia la ejecución de la ejecutoria de amparo; esto es, la autoridad responsable no puede trastocar dicha determinación si está ya se dejó sin efectos antes de la presente ejecutoria, es decir, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, resolvió en el juicio TJA/5aSERA/JRAEM-024/2020, la nulidad lisa y llana del correctivo disciplinario consistente en el arresto impuesto el doce de febrero de dos mil veinte, mismo que derivó el acto impugnado en el presente juicio de amparo, por lo anterior existe un cambio de situación jurídica que hace imposible su cumplimiento al cesar los efectos del acto reclamado. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia, lo cual puede presentarse por cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese acto reclamado, o bien, aun en la hipótesis de que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2008, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, que a la letra dice lo siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Gama Méndez, por propio derecho, contra actos de David Ricardo Ponce González, Juez Especializado de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 280/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Estudio sobre la procedencia de la demanda de amparo: En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad que resulten aplicables. Luego, es ineludible precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o documentos que se anexaron. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, de la demanda se advierte que el quejoso reclama, lo siguiente: Imagen escaneada de la demanda de amparo Así, este juzgador advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Asimismo, el diverso artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De las disposiciones normativas antes transcritas, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Luego, si el quejoso reclama la posible medida cautelar (prisión preventiva) que se le imponga en la audiencia de formulación de imputación, fijada para el nueve de marzo del presente año, dentro la causa penal JC/332/2021, de donde se advierte que el impetrante manifiesta bajo protesta de decir verdad tiene el carácter de imputado dentro de dicho proceso, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de peticionario del amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad que aún no acontecen. Se afirma lo anterior, pues el supuesto de que la medida cautelar que se pudiera imponer al quejoso, es un tema que se verá y debatirá en la referida audiencia del citado proceso penal, aunado a que el agente del Ministerio Público solicite la imposición de la medida cautelar al Juez señalado como responsable, situación que, se reitera, aún no ha sucedido. Por lo tanto, para la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe probar, de manera indiciaria, que el acto de autoridad afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor o inferencia de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Señalado lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa a la fecha de presentación de la demanda no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica por parte de la autoridad responsable, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales y sus efectos son restituir a los agraviados en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1º, 73 y 77 de la ley de la materia, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo es improcedente, toda vez que la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, es el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5o., fracción I, de la ley de la materia y el acto que aquí se pretende combatir aún no se ha materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en El Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Así como la tesis IV.1o.P.29 P (10a.), por los motivos que la integran, sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en La Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5968, de rubro y texto siguientes: AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR, SI AÚN NO SE HA CELEBRADO LA AUDIENCIA RELATIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado diversos criterios que postulan que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros e inciertos, pues son nulas las posibilidades a que el acto de alguna autoridad pudiera causar daño o perjuicio a una persona determinada, sin que éste sea actual o inminente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez impone medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido -en los casos que proceda-, una vez formulada la imputación o se haya vinculado a proceso al imputado. Por tanto, si al momento de la presentación de la demanda de garantías, aún no se verifica la etapa relativa a la imposición de medidas cautelares al incoado, resulta claro que no existe certeza de su materialización ni de su realización inminente y, en consecuencia, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio del quejoso, lo que por vía de consecuencia actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia y toda vez que el acto reclamado no produce una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, se actualiza la improcedencia en el juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la indicada normativa, por lo que debe desecharse la demanda de amparo promovida. Decisión. En conclusión, al ser manifiesta e indudable la improcedencia esbozada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, promovida por Jorge Gama Méndez. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Domicilio, autorizados y notificaciones electrónicas. En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como a las personas que refiere para dichos efectos Asimismo, Asimismo, se tiene por autorizados a los profesionistas que menciona, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente
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