Jorge Galván Rodríguez
Expediente 317/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Galván Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la resolución engrosada el veintiuno de octubre de la presente anualidad, donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, SE DECLARA QUE LA CITADA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 317/2021 ...; procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 317/2021, promovido por ... contra actos del Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades mencionadas, por estimarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda -previa aclaración- el tres de junio de dos mil veintiuno, dando intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; también se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, y se reservó llamar a la parte tercera interesada. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la parte tercera interesada fue emplazada; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la -ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un juzgado del orden común, con sede en la ciudad en que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado, de conformidad con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación y reclama todo lo actuado en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario 198/2018, del índice del Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México; particularmente la sentencia definitiva y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Juez responsable negó la existencia de los actos reclamados. empero, del propio informe justificado, se aprecia que dicha negativa se encuentra desvirtuada, habida cuenta que reconoce haber dictado los actos reclamados y sostener su legalidad, por tanto, deben tenerse por ciertos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizar el juzgador, previo al estudio del fondo del amparo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el ordinal 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente por ser extemporánea su presentación, lo que actualiza la causal prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a sus diversos numerales 17 y 18, que isponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son a partir del día: a) Siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) De aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme al criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 5, emitida en la Quinta Época, ene. Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 6, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en se tuvo un conocimiento directo de lo que se pretende combatir, pues de lo contrario se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. En el caso, el promovente refiere en su demanda que fue emplazado ilegalmente al juicio de origen; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado se advierte que por escrito de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso dio contestación y reconvino; lo cual hace prueba plena en su contra en términos del artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Máxime porque el demandante de amparo no impugnó la falsedad de las actuaciones relativas que demuestran su vinculación voluntaria al juicio de origen, ya que ni siquiera externó inconformidad con su contenido en el término que marca el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que dichas piezas surten todos sus efectos y son aptas para acreditar que el hoy quejoso compareció voluntariamente al juicio de origen. Sin que sea impedimento a lo anterior que hubiese señalado que inició una averiguación por conductas criminales que involucran el uso de su identidad con motivo del juicio de origen, pues esas constancias en su caso acreditan que ejerció un derecho público subjetivo con la finalidad de que se castiguen conductas típicas en su perjuicio; sin embargo, para probar la falsedad de las constancias en amparo debe hacerse en la vía incidental a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo; lo cual no se intentó en el presente juicio. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE SON SUSCEPTIBLES DE OBJECIÓN DE FALSEDAD POR PARTE DEL QUEJOSO, CUANDO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE AMPARO." Dicho lo anterior, se concluye que el quejoso en esa fecha de la contestación, ya tenía conocimiento del número del proceso del que se ostenta tercero extraño, su tipo, la autoridad ante la cual está radicado y las partes contendientes; pues posteriormente, por escrito de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, que presentó ante la autoridad responsable e interpuso incidente de nulidad de emplazamiento, todo lo cual, a criterio de este órgano pone de manifiesto un conocimiento completo del acto reclamado. Lo anterior obedece a que al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para estar en condiciones de solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los tribunales federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional. Por esta razón, desde el momento en que el promovente tuvo conocimiento de la existencia del proceso del que se ostenta como tercero extraño, debió promover su acción de amparo en defensa de su derecho de audiencia y debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 115/2010, de la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, en Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En esta tesitura, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que la parte peticionaria de amparo promoviera su demanda, debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que con certeza el suscrito puede determinar que el quejoso tenía conocimiento del reclamo, esto es, a partir del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho -día siguiente al en que confiesa haber conocido del proceso natural-; y feneció, el siete de junio de la misma anualidad, una vez descontados los días inhábiles correspondientes en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el catorce de mayo de dos mil veintiuno, esto es, casi tres años después de que feneció el término que la ley confiere al quejoso para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que es notoriamente extemporánea. Sin que sea impedimento a lo anterior que indique que el quince de abril de dos mil veintiuno le informaron que existía una orden de embargo en su contra; y es así, pues la parte quejosa, como tercera extraña auténtica que pretende defender los derechos que aduce tener, debe plantear su defensa desde que conoce el procedimiento al que pretende vincularse, pues es la propia controversia de arrendamiento la que le causa afectación, sin que la oportunidad se renueve o actualice con actos posteriores. Al efecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 6/98 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, en Materia(s): Común, Página: 95, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema el amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así como el diverso criterio I.3o.C.94 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, en Materia(s): Común, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores." Por lo anterior, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Al respecto se cita la tesis III.2o. P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, con registro 163630, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Sin que sea impedimento a lo anterior que el impetrante plantee su reclamo incorporando diversas interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia y el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, auto de mandamiento en forma para requerir al quejoso (parte condenada) la satisfacción de las obligaciones sentenciadas en el proceso, pues ello es consecuencia de un proceso en que fue oído y vencido, y cuyo llamamiento se califica como un acto extemporáneo para efectos de esta instancia. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.43 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, registro: 193675, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, página 839, cuyo rubro y texto es: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona para los mismos efectos." Ello, sin perjuicio de que en el informe de la autoridad responsable, se aprecia que el mandato de ejecución ni siquiera se ha llevado a cabo. Por lo que hace particularmente a los actos de desposesión, debe decirse que dichas determinaciones no constituyen la ultima resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues conforme al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse a aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, registro 189344, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." De modo que siguiendo la regla de procedencia sobre definitividad de los actos en etapa de ejecución de sentencia (actos después de concluido el proceso) a que se refiere el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, será que una vez preparadas se examinen las posibles violaciones al procedimiento ya que se haya dictado la última resolución en la etapa referida. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 317/2021, promovido por ... contra actos del Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 21 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 317/2021, promovido por ... contra actos del Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades mencionadas, por estimarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda -previa aclaración- el tres de junio de dos mil veintiuno, dando intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; también se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, y se reservó llamar a la parte tercera interesada. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la parte tercera interesada fue emplazada; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la -ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un juzgado del orden común, con sede en la ciudad en que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado, de conformidad con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación y reclama todo lo actuado en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario 198/2018, del índice del Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México; particularmente la sentencia definitiva y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Juez responsable negó la existencia de los actos reclamados. empero, del propio informe justificado, se aprecia que dicha negativa se encuentra desvirtuada, habida cuenta que reconoce haber dictado los actos reclamados y sostener su legalidad, por tanto, deben tenerse por ciertos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizar el juzgador, previo al estudio del fondo del amparo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el ordinal 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente por ser extemporánea su presentación, lo que actualiza la causal prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a sus diversos numerales 17 y 18, que isponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son a partir del día: a) Siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) De aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme al criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 5, emitida en la Quinta Época, ene. Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 6, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en se tuvo un conocimiento directo de lo que se pretende combatir, pues de lo contrario se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. En el caso, el promovente refiere en su demanda que fue emplazado ilegalmente al juicio de origen; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado se advierte que por escrito de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso dio contestación y reconvino; lo cual hace prueba plena en su contra en términos del artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Máxime porque el demandante de amparo no impugnó la falsedad de las actuaciones relativas que demuestran su vinculación voluntaria al juicio de origen, ya que ni siquiera externó inconformidad con su contenido en el término que marca el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que dichas piezas surten todos sus efectos y son aptas para acreditar que el hoy quejoso compareció voluntariamente al juicio de origen. Sin que sea impedimento a lo anterior que hubiese señalado que inició una averiguación por conductas criminales que involucran el uso de su identidad con motivo del juicio de origen, pues esas constancias en su caso acreditan que ejerció un derecho público subjetivo con la finalidad de que se castiguen conductas típicas en su perjuicio; sin embargo, para probar la falsedad de las constancias en amparo debe hacerse en la vía incidental a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo; lo cual no se intentó en el presente juicio. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE SON SUSCEPTIBLES DE OBJECIÓN DE FALSEDAD POR PARTE DEL QUEJOSO, CUANDO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE AMPARO." Dicho lo anterior, se concluye que el quejoso en esa fecha de la contestación, ya tenía conocimiento del número del proceso del que se ostenta tercero extraño, su tipo, la autoridad ante la cual está radicado y las partes contendientes; pues posteriormente, por escrito de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, que presentó ante la autoridad responsable e interpuso incidente de nulidad de emplazamiento, todo lo cual, a criterio de este órgano pone de manifiesto un conocimiento completo del acto reclamado. Lo anterior obedece a que al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para estar en condiciones de solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los tribunales federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional. Por esta razón, desde el momento en que el promovente tuvo conocimiento de la existencia del proceso del que se ostenta como tercero extraño, debió promover su acción de amparo en defensa de su derecho de audiencia y debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 115/2010, de la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, en Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En esta tesitura, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que la parte peticionaria de amparo promoviera su demanda, debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que con certeza el suscrito puede determinar que el quejoso tenía conocimiento del reclamo, esto es, a partir del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho -día siguiente al en que confiesa haber conocido del proceso natural-; y feneció, el siete de junio de la misma anualidad, una vez descontados los días inhábiles correspondientes en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el catorce de mayo de dos mil veintiuno, esto es, casi tres años después de que feneció el término que la ley confiere al quejoso para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que es notoriamente extemporánea. Sin que sea impedimento a lo anterior que indique que el quince de abril de dos mil veintiuno le informaron que existía una orden de embargo en su contra; y es así, pues la parte quejosa, como tercera extraña auténtica que pretende defender los derechos que aduce tener, debe plantear su defensa desde que conoce el procedimiento al que pretende vincularse, pues es la propia controversia de arrendamiento la que le causa afectación, sin que la oportunidad se renueve o actualice con actos posteriores. Al efecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 6/98 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, en Materia(s): Común, Página: 95, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema el amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así como el diverso criterio I.3o.C.94 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, en Materia(s): Común, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores." Por lo anterior, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Al respecto se cita la tesis III.2o. P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, con registro 163630, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Sin que sea impedimento a lo anterior que el impetrante plantee su reclamo incorporando diversas interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia y el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, auto de mandamiento en forma para requerir al quejoso (parte condenada) la satisfacción de las obligaciones sentenciadas en el proceso, pues ello es consecuencia de un proceso en que fue oído y vencido, y cuyo llamamiento se califica como un acto extemporáneo para efectos de esta instancia. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.43 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, registro: 193675, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, página 839, cuyo rubro y texto es: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona para los mismos efectos." Ello, sin perjuicio de que en el informe de la autoridad responsable, se aprecia que el mandato de ejecución ni siquiera se ha llevado a cabo. Por lo que hace particularmente a los actos de desposesión, debe decirse que dichas determinaciones no constituyen la ultima resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues conforme al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse a aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, registro 189344, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." De modo que siguiendo la regla de procedencia sobre definitividad de los actos en etapa de ejecución de sentencia (actos después de concluido el proceso) a que se refiere el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, será que una vez preparadas se examinen las posibles violaciones al procedimiento ya que se haya dictado la última resolución en la etapa referida. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 317/2021, promovido por ... contra actos del Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución.".
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