Jorge Gallardo Elizalde
Expediente 722/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2019
Partes del expediente
- Jorge Gallardo Elizalde
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, por medio del cual informa que procedió a la cancelación del embargo sobre el bien inmueble denominado Finca Urbana número treinta y ocho, de la calle once oriente de Tehuacán, Puebla, a nombre de Georgina Irene Juárez Huerta. Por otra parte, mediante oficio recibido el diez de mayo del año en curso el Administrador Desconcentrado de Recaudación Puebla "2" y Ejecutor adscrito a la anterior Administración, informó que dejó sin efectos el embargo de los bienes inmuebles ubicados en: Calle once Oriente número treinta y ocho y Calle Francisco L. Urquizo, número once, colonia Venustiano Carranza en Tehuacán, Puebla. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Jorge Gallardo Elizalde, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualizan de manera manifiesta e indudable causas de improcedencia. En principio, es necesario precisar que de la lectura integral al escrito aclaratorio de demanda se advierte que Jorge Gallardo Elizalde señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional: 1. El acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro de los autos del juicio reivindicatorio 172/2016, a través del cual decretó el lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en calle 35 Poniente, número 2711, interior 10, colonia Benito Juárez, Puebla, Puebla. 2. La falta de notificación del referido proveído. Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por el promovente, bajo protesta de decir verdad, mismas que hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que es parte formal dentro del juicio de origen (parte demandada), pues compareció al mismo. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que respecto al acto reclamado consistente en el auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio reivindicatorio 172/2016, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, en razón a que al margen del recurso ordinario que en su contra proceda, éste no constituye la última resolución que ha de pronunciarse en el procedimiento de ejecución. De lo transcrito, se advierte que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa; y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Lo anterior es así, porque la mencionada fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparos con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Lo anterior, es suficiente para establecer que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, ya que el hecho de que el juez señalado como autoridad responsable haya decretado dentro del juicio reivindicatorio 176/2016 el lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en calle 35 Poniente, número 2711, interior 10, colonia Benito Juárez, Puebla, Puebla, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que con tal determinación no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio de origen. En otro orden, respecto al diverso acto reclamado consistente en la falta de notificación del acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio reivindicatorio 172/2016, el suscrito estima que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra la falta de notificación del proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio reivindicatorio 172/2016, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. En efecto, del análisis del artículo trascrito, se aprecia que el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado (incidente de nulidad de actuaciones), es procedente contra las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, pues es el recurso idóneo para nulificar las actuaciones reclamadas y dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad a partir de su notificación. De ahí que la falta de notificación del acuerdo de cuatro de abril del presente año, debe ser impugnada a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las citadas causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Gallardo Elizalde.
- Principal
Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Jefe del Departamento Jurídico de la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana en su calidad de Vocal, y por el Director General en su calidad de Presidente y del Director Administrativo en su calidad de Secretario, todos del Consejo de Honor y Justicia del Organismo Público Descentralizado para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo se le tiene nombrando como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a las personas que menciona en dicho informe.
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