Jorge Gabriel Estrada García
Expediente 143/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2017
Partes del expediente
- Jorge Gabriel Estrada García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y registró la misma con el número de juicio de amparo 1536/2017; en esas condiciones, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previa las anotaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia declinada por este Juzgado. Por otra parte, como lo solicita la oficiante, notifíquese por listas a la parte quejosa el proveído de nueve de junio del año en curso, dictado en el diverso juicio de amparo 1536/2017 del índice del Juzgado que aceptó la competencia declinada; hecho lo anterior; sin ulterior acuerdo remítase las constancias de notificación respectivas. EN ATENCION AL ACUERDO ANTERIOR: En la Ciudad de México, nueve de junio de dos mil diecisiete Recepción v avocamiento de la demanda Se tiene por recibido la demanda de amparo, asf como anexos promovida por José Gabriel Estrada García, en atención al Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, ntre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, en atención al principio de pronta y expedita impartición de justicia, con fundamento en los artículos 103, fracción 1, 107, fracción 1, y VII de la Constitución Federal, asf como el citado Acuerdo General, este Juzgado de Distrito acepta el asunto, se AVOCA al conocimiento cualitativo de la demanda y en este acto se acusa recibo al Juzgado remitente. En ese orden de ideas, SE ADMITE la demanda, con fundamento en el artfculo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente ffsico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 1536/2017. Anotaciones en el SISE1 En atención a lo anterior. háganse las anotaciones en el libro de electrónico de gobierno correspondiente. Incidente de suspensión. Ahora. de los anexos se advierte que el quejoso no exhibió copias de la demanda para tramitar los incidentes de suspensión. pues solo acompañan nueve copias de su escrito y estas se distribuirán de la siguiente manera, ocho para las autoridades señaladas como responsables y una para el representante social adscrito . Por tanto, con fundamento en el artículo 114, último párrafo de la Ley de Amparo, se posterga su apertura, hasta en tanto el peticionario observe su carga procesal, la cual podrá realizarse hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoria Intervención ministerial de la adscripción Con apoyo en el artículo 50" fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde a la representación ministerial de la adscripción, lo cual deberá hacerse mediante oficio, conforme al artículo 26, fracción 11,inciso c) del mismo ordenamiento, por tratarse el particular de amparo contra normas generales. Solicitud de informe justificado Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro del plazo de quince dias, en el que, refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación, deberán: a) Manifestar si es cierto o no el(los) acto (s) reclamado(s), en el entendido de que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. c) Hacer saber a este órgano sobre la existencia de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercibase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos bY, c) y d) antes precisados, se le podrá imponer una multa de conformidad con lo establecido en los artículos 64, 237, fracción 1, 251 Y 260, fracción 11,de la Ley de Amparo. Señalamiento de audiencia constitucional De conformidad con lo previsto en el numeral 115 de la ley de la materia, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del término legal previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cabe destacar que la indicada data obedece fundamentalmente a la imposibilidad material ante la saturación excesiva de la agenda de este órgano jurisdiccional en el que se ha radicado un número significativo de juicios de amparo, lo que impide sustanciar con mayor prontitud la diligencia constitucional. Representación del Presidente de la República. Notifíquese la presente determinación al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda v Crédito Público, de conformidad con el Artículo Tercero. fracción V, número 8 del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2015). Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que en original, copias certificada v copias simples exhibe, así como la instrumental de actuaciones V la presuncionallegal y humana, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionar tal medio de convicción al celebrarse la audiencia constitucional, sin necesidad de gestión expresa de la interesada. Asimismo, se tiene por anunciada la prueba que refiere en su capítulo de pruebas marcado con el numeral cinco. Domicilio para oir v recibir notificaciones. El quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones/as Íístas que se fijen en los estrados del Juzgado" libelo que fue turnado en primer lugar al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Esto es, fuera del lugar de residencia de este Juzgado Federal, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción 11de la Ley de Amparo; 297, fracción 11,del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; y 144 Y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, girese atento exhorto al JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, POR CONDUCTO DE SU OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN para que, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, se sirva notificar el presente acuerdo por medio de lista que para tal efectos se fije en ese órgano jurisdiccional. con libertad de jurisdicción, y lo requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el momento de la notificación o dentro del término de TRES DíAS, contados a partir del siguiente a aquel en que surte efectos legales la notificación del este proveído. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de no cumplir, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista. Asimismo. solicítese atentamente al Juez exhortado que, de no existir inconveniente legal alguno, en caso de que el quejosa desahoguen el requerimiento formulado en autos en el local que ocupa el Juzgado a su digno cargo, lo haga saber a este órgano jurisdiccional mediante vía fax, con independencia del oficio que gire para tal efecto. Lo anterior, agradeciendo las actuaciones que en auxilio de este juzgado federal lleve a cabo. Devolución de documentos Se estima conveniente precisar a la parte quejosa que los documentos exhibidos o que llegaren a exhibirse en original no podrán ser devueltos por el momento. A partir de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Amparo y en el articulo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no pOdrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 2212000, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 192,294, de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Reproducción fotostática v medios electrónicos para la obtención v consulta de determinaciones Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de una copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello, sin necesidad de solicitud expresa. También, en términos de la Circular 1212009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso a al sistema de consulta electrónico. la parte quejosa y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Lo anterior con fundamento en los artículos 77, 78, 87, 93 Y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Transparencia v datos personales Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACiÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACiÓN DE LOS DA TOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRA TlVAS DE SU PROTECCiÓN." NOTlFíQUESE EN TÉRMINOS DE ESTE PROVEíDO. Así lo proveyó y firma, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, Esther Ibañez Cárdenas, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 81, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del oficio CCJ/ST/1974/2017 de nueve de mayo de dos mil diecisiete, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida del secretario Jesús Rivera Garcia, que da fe. Doy fe. NOTIFíQUESE EN TÉRMINOS DE ESTE PROVEíDO.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de siete del mes y año en curso, este juzgado declaró carecer de competencia y ordenó su envió al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción Territorial en toda la República, en turno; luego, con motivo del aviso de siete de los cursantes, emitido por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de ocho de los cursantes, se reservó el envió del presente sumario constitucional, hasta en tanto se publicara el Acuerdo General relativo. Por tanto, toda vez que el veintiuno anterior, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señala como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; los Acuerdos que establecen el precio máximo de la gasolina, y el que establece el cronograma de flexibilización de previos de gasolina y diesel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. En obvio de mayores dilaciones procesales, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente para conocer del asunto que nos ocupa, por tanto, remítase el presente asunto y sus anexos al Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de siete de febrero de la presente anualidad, se ordenó remitir el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, en turno; sin embargo, en atención al aviso de siete de los cursantes, emitido por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reserva remitir el presente juicio, hasta en tanto se publique el Acuerdo General relativo.
- Principal
ESCRITO DE DESAHOGO. Agréguese el escrito y anexos, signado por el quejoso, mediante el cual en atención al proveído de treinta y uno de enero del año en curso, desahoga la prevención decretada en dicho acuerdo; además, señaló como autoridad responsable a la Comisión Federal de Competencia Económica; atento a lo anterior, se deja sin efectos apercibimiento con que fuera conminado. PRECISIÓN DE DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado: A. El Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, emitido el 20 de diciembre de 2016, emitido por los CC. Integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016. Así como la Nota Aclaratoria al Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2017 emitido el 20 de diciembre de 2016 por los CC. Integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016; la cual fue emitida por el C. Presidente de la mencionada Comisión el 27 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017. B. El Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, emitido por el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público el 26 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016. C. La lista de "Precios máximos al público aplicables a las gasolinas y el diésel en las regiones que se indican durante el periodo comprendido del 1 de enero al 3 de febrero de 2017", publicada el 27 de diciembre de 2016 en la página web de la Comisión Reguladora de Energías. Los actos reclamados fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo descrito en el punto A. del Capítulo de Acto Reclamado el 26 de diciembre de 2016; el Acuerdo descrito en el mencionado Capítulo en el punto B. el 27 de diciembre de 2016; la Nota Aclaratoria reclamada, se publicó el 3 de enero de 2017, todos del Diario Oficial de la Federación por otra parte la publicación del acto descrito en el punto C del Capítulo correspondiente se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2016 en la página web de la Comisión Reguladora de Energía. D. El artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, únicamente en cuanto a lo relativo a su inconstitucionalidad de señalar que en tratándose de normar generales, actos u omisiones de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, únicamente en cuanto a lo relativo a su inconstitucionalidad de señalar que no serán objeto de suspensión en el juicio de amparo. E. Reclamo de todas las autoridades responsables, la omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 (sic) constitucional párrafo primero y segundo, en relación con la fijación de precios máximos en relación con las gasolinas o combustibles, que son necesarios y obligatorios para la economía nacional o el consumo popular, que traen como resultado su alza de precio, con el que desde luego, se violenta mi derecho fundamental de igualdad, equidad y proporcionalidad, y específicamente al haberse omitido la intervención por parte de la Secretaría de Economía para esos efectos, en términos de sus facultades legales." INCOMPETENCIA En principio, debe precisarse que para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado, ya que la competencia es la medida de la jurisdicción. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, precisó, en el punto Cuarto transitorio, la competencia de los nuevos órganos jurisdiccionales especializados, al señalar que conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de aquéllos que se presenten como asuntos nuevos a partir del diez de agosto de dos mil trece, relacionados con los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En este punto, debe destacares que el acuerdo en comento no se define qué es lo que debe entenderse por competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; sin embargo, al resolver el conflicto competencial 1/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció reglas específicas a efecto de determinar la competencia de los referidos órganos especializados, la resolución de mérito establece en lo que interesa lo siguiente: CUARTO. Estudio de fondo. Para determinar a qué Tribunal Colegiado le corresponde, por materia, conocer del juicio de amparo del que deriva este conflicto competencial, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que es menester tener en cuenta lo siguiente: 10. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron el párrafo primero del artículo 6, el artículo 7, el párrafo sexto del artículo 27, el párrafo segundo del artículo 28, la fracción XVII del artículo 73, la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94, y se hicieron adiciones al artículo 6, al artículo 28 y al 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas estas reformas y adiciones se hicieron en materia de telecomunicaciones. 11. En virtud de lo anterior, en el artículo décimo segundo transitorio de dicho decreto se ordenó: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.-El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de Jueces y Magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." 12. En cumplimiento a lo ordenado en esa disposición transitoria, el Consejo de la Judicatura Federal, en uso de sus facultades, expidió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región. 13. En relación con la competencia de los órganos creados, en el punto sexto de dicho Acuerdo General 22/02013 se estableció: "Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 14. De lo anterior deriva que en el mencionado acuerdo se dotó a los órganos señalados con la misma competencia que al resto de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa y se especificó que estarían especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sin aclarar lo que debe entenderse por tales materias. Entonces, se trata de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, subespecializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 15. Ahora, si bien es cierto, como ya se señaló, que en el mencionado acuerdo no se encuentra definido qué es lo que debe entenderse por competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, lo cierto es que la propia reforma constitucional permite establecer lo que debe entenderse por dichas materias y así, conocer cuál es la materia reservada a la competencia de estos órganos judiciales. 16. Tratándose, específicamente, de materia de competencia, su definición deriva de lo dispuesto en los reformados artículos 6o. y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que, en lo que interesa, se establece: Artículo 6o.(.) B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.- Artículo 28. (.) En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. (...) El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. Corresponde al instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el instituto continuará los trámites correspondientes. Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; (.) VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por Jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. 17. Por consiguiente, atendiendo a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en el tema de competencia económica, en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia. Entendiendo por la primera, la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. Además, los actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales deben surgir de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude en el transcrito artículo 28 constitucional. 18. Establecido lo anterior, es necesario recordar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro digital: 167761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", en el sentido de que para fijar la competencia por materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable y no a los conceptos de violación o a los agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que sólo evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario, resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." De la transcripción que antecede se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras cosas, que la competencia de los órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, debe surgir de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude en el transcrito artículo 28 constitucional. Así, resulta patente al haberse señalado como autoridad responsable a la Comisión Federal de Competencia Económica, en su carácter de organismo autónomo regulador, la competencia para conocer del asunto recae en los referidos órganos jurisdiccionales; lo anterior dado que la competencia debe analizarse atendiendo a la naturaleza tanto de los actos reclamados como de las autoridades responsables, por lo que al tratarse uno de los actos de un organismo autónoma creado por el artículo 28 constitucional, corresponde el conocimiento del asunto a los órganos jurisdiccionales creados específicamente para ese fin. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." No representa obstáculo a lo anterior el hecho de que en la demanda de amparo se hayan señalado diversas autoridades y actos reclamados; sin embargo, no es posible dividir la continencia de la causa para que un Juzgado conociera de algunos actos y uno diverso de los restantes; por lo que si a los Juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, les corresponde conocer de un acto por la naturaleza de éste y de la autoridad de responsable, es evidente que es competente para conocer en su integridad de la demanda de amparo. Establecido lo anterior, con fundamento en los artículos 28, fracción VII constitucional, el artículo 6º del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República; este órgano jurisdiccional considera que es legalmente competente para conocer del asunto en cuestión, por razón de especialidad, el Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por tener jurisdicción en toda la república en materia de competencia económica. En consecuencia, este Juzgado de Distrito declara su incompetencia legal para conocer de la presente demanda de amparo y con apoyo en los artículos 37, párrafos primero y tercero, y 48 ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto y sus anexos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes.
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