Jorge Fuentes García

Expediente 53/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
53/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Jorge Fuentes García

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el quince de febrero de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 27 DE ENERO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "... Vista la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por Jorge Fuentes Garcia, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales A.F.S., J.F.S. y B.F.S., fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 53/2023 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el que suscribe tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desechar el asunto sin suspender el acto; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En términos del normativo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la precisión que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar, el auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que el juez natural estimó necesario, previo a pronunciarse sobre la convivencia de los menores de identidad reservada con las iniciales A.F.S., J.F.S. y B.F.S., y su progenitor (aquí quejoso) dentro del expediente 1584/2022, celebrar la audiencia prevista en el numeral 145, párrafo cuarto, del Código Civil para el Estado de Veracruz. En ese orden de ideas, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Sentando lo anterior, las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; mismas que deberán estudiarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. A efecto de determinar lo conducente es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En ese sentido, respecto del auto reclamado de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio ordinario civil 1584/2022, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, del que se combate que la referida autoridad estimó necesario, previo a pronunciarse sobre la convivencia de los menores de identidad reservada con las iniciales A.F.S., J.F.S. y B.F.S., y su progenitor (aquí quejoso), hasta celebrar la audiencia prevista en el numeral 145 párrafo cuarto del Código Civil para el Estado de Veracruz, se evidencia que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del numeral 61 de la ley especial en aplicación, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Esta hipótesis normativa consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, el cual consiste en que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o confirmados; asimismo, dicho precepto consagra las excepciones que operan tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. La jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes, aborda precisamente qué se entiende por definitividad: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Una vez que sean interpuestos esos medios de defensa, el amparo es procedente; no obstante, la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé supuestos de excepción al principio de definitividad y que, por tanto, hacen innecesario agotar los recursos o medios legales ordinarios, de ahí que el quejoso tiene una dispensa para promoverlos y pueda acudir directamente al amparo. En este orden de ideas, se precisa que el juicio del que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Partiendo de ello, se tiene que el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan un daño irreparable en la sentencia." Como se ve, el precepto legal en comento establece, como regla general, la procedencia del recurso de apelación, en contra de sentencias y autos que causan un daño irreparable en la sentencia. Por su parte, el artículo 516 del código procedimental de la materia y fuero, establece: "ARTICULO 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Para la tramitación de la apelación que proceda sólo en el efecto devolutivo, se compulsará y remitirá al tribunal, dentro de tres días, testimonio de las constancias que señalen las partes." De tales preceptos se desprende que: a). El recurso de apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, o solo en el primero; b). La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia hasta que en la segunda instancia se dicte la resolución correspondiente y la misma sea conocida por el inferior; c). Mientras que la apelación admitida solo en el efecto devolutivo, no suspende la prosecución del juicio; d). Entre los autos apelables en efecto devolutivo se encuentran aquellos que tienen fuerza de definitivos o lo disponga expresamente la ley, si además lo fuera la sentencia definitiva en el juicio que se dicten; e). Por autos que tienen fuerza de definitivos se entienden los que causan un gravamen que no pueda repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal, salvo los que se refieran a la mera tramitación del juicio. Dicho lo anterior, se concluye que en contra el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente 1584/2022 (acto reclamado), procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, pues el gravamen que pudiera ocasionar, no puede repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal. Ello se considera así, pues el acto reclamado está vinculado a la solicitud de convivencia para que los menores convivan con su progenitor, esto es, el gravamen que pudiera causarse a las partes contendientes, o a los menores, no podría ser reparado al dictarse la sentencia definitiva, pues las condiciones que se deben fijar, en dado caso, para que los menores convivan con su progenitor, no podrían ser materia de dicha sentencia, pues únicamente se concretaría a analizar si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no las circunstancias de tales convivencias. En esas condiciones, previo a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa estuvo en posibilidad de agotar en su contra el recurso de apelación, pues a través del mismo pudo lograr su revocación, modificación o nulificación; sobre todo, porque el aspecto ahí decidido, no le sería reparable en el momento en que se dictara la sentencia definitiva. En consecuencia, si la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, no agotó el medio ordinario de defensa que contempla la legislación de la materia, evidentemente no cumplió con el principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo. No pasa inadvertida la circunstancia de que en el asunto evidentemente participan tres menores de edad; no obstante, ello no genera una excepción a la regla de definitividad, pues dicho principio se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 350, que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Además, no se está en alguna de las excepciones previstas en la invocada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado que se analiza, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación está prevista de manera expresa en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que no se encuentra sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla; además, dicho precepto establece que dicho medio de impugnación es idóneo contra los autos que puedan causar un daño irreparable en la sentencia. Aunado a que el recurso de apelación expresamente prevé la suspensión de los actos. Por lo que se colige, que a través de la interposición del recurso de apelación pueden suspenderse los efectos del auto combatido a fin de evitar que se produzca un daño irreparable con su ejecución. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, consideró lo siguiente: "65. Sobre la base de las anteriores consideraciones, fundamentalmente a partir de las premisas de que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida, de que, en términos del artículo 1o. constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y de que, particularmente, los derechos de la infancia merecen una especial protección por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes." De la anterior transcripción se advierte que es posible inobservar la regla de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en que esté involucrado un menor de edad cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión, esto es, como consecuencia no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se alegue encuentren. Contradicción de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materias Constitucional y Común, página 990, Décima Época, registro 2004677, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Por tanto, la excepción al principio de definitividad que deriva de la citada jurisprudencia se encuentra supeditada a que concurran los siguientes requisitos: I. Se encuentren involucrados intereses de menores de edad. II. La ley que rija la emisión del acto reclamado no admita suspensión y como consecuencia de ello se alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse el acto reclamado. Ahora, si bien en el presente asunto se satisface el primer requisito, en tanto que se encuentran involucrados intereses de tres menores de edad, de la lectura de los artículos 509 y 516 del Código Adjetivo Civil para el Estado, se advierte contemplan el recurso de apelación y el mismo prevé la suspensión del acto, por ende, se considera idóneo a fin de evitar un daño irreparable con su ejecución, entonces, no se colma la exigencia establecida en el punto II referente a que el medio de impugnación correspondiente no admita suspensión. Lo que se itera porque la excepción al principio de definitividad, establecida en el criterio jurisprudencial en cita, procede sólo en el supuesto que las condiciones ahí previstas se cumplan. En esas condiciones, al no tratarse el presente acto reclamado de alguno de los casos de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y al no haberse agotado el recurso de apelación en su contra por la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Jorge Fuentes García. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito, ya que acreditan estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, mediante el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y/o en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por Jorge Fuentes Garcia, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales A.F.S., J.F.S. y B.F.S., fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 53/2023 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el que suscribe tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desechar el asunto sin suspender el acto; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En términos del normativo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la precisión que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar, el auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que el juez natural estimó necesario, previo a pronunciarse sobre la convivencia de los menores de identidad reservada con las iniciales A.F.S., J.F.S. y B.F.S., y su progenitor (aquí quejoso) dentro del expediente 1584/2022, celebrar la audiencia prevista en el numeral 145, párrafo cuarto, del Código Civil para el Estado de Veracruz. En ese orden de ideas, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Sentando lo anterior, las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; mismas que deberán estudiarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. A efecto de determinar lo conducente es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En ese sentido, respecto del auto reclamado de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio ordinario civil 1584/2022, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, del que se combate que la referida autoridad estimó necesario, previo a pronunciarse sobre la convivencia de los menores de identidad reservada con las iniciales A.F.S., J.F.S. y B.F.S., y su progenitor (aquí quejoso), hasta celebrar la audiencia prevista en el numeral 145 párrafo cuarto del Código Civil para el Estado de Veracruz, se evidencia que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del numeral 61 de la ley especial en aplicación, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Esta hipótesis normativa consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, el cual consiste en que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o confirmados; asimismo, dicho precepto consagra las excepciones que operan tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. La jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes, aborda precisamente qué se entiende por definitividad: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Una vez que sean interpuestos esos medios de defensa, el amparo es procedente; no obstante, la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé supuestos de excepción al principio de definitividad y que, por tanto, hacen innecesario agotar los recursos o medios legales ordinarios, de ahí que el quejoso tiene una dispensa para promoverlos y pueda acudir directamente al amparo. En este orden de ideas, se precisa que el juicio del que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Partiendo de ello, se tiene que el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan un daño irreparable en la sentencia." Como se ve, el precepto legal en comento establece, como regla general, la procedencia del recurso de apelación, en contra de sentencias y autos que causan un daño irreparable en la sentencia. Por su parte, el artículo 516 del código procedimental de la materia y fuero, establece: "ARTICULO 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Para la tramitación de la apelación que proceda sólo en el efecto devolutivo, se compulsará y remitirá al tribunal, dentro de tres días, testimonio de las constancias que señalen las partes." De tales preceptos se desprende que: a). El recurso de apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, o solo en el primero; b). La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia hasta que en la segunda instancia se dicte la resolución correspondiente y la misma sea conocida por el inferior; c). Mientras que la apelación admitida solo en el efecto devolutivo, no suspende la prosecución del juicio; d). Entre los autos apelables en efecto devolutivo se encuentran aquellos que tienen fuerza de definitivos o lo disponga expresamente la ley, si además lo fuera la sentencia definitiva en el juicio que se dicten; e). Por autos que tienen fuerza de definitivos se entienden los que causan un gravamen que no pueda repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal, salvo los que se refieran a la mera tramitación del juicio. Dicho lo anterior, se concluye que en contra el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente 1584/2022 (acto reclamado), procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, pues el gravamen que pudiera ocasionar, no puede repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal. Ello se considera así, pues el acto reclamado está vinculado a la solicitud de convivencia para que los menores convivan con su progenitor, esto es, el gravamen que pudiera causarse a las partes contendientes, o a los menores, no podría ser reparado al dictarse la sentencia definitiva, pues las condiciones que se deben fijar, en dado caso, para que los menores convivan con su progenitor, no podrían ser materia de dicha sentencia, pues únicamente se concretaría a analizar si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no las circunstancias de tales convivencias. En esas condiciones, previo a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa estuvo en posibilidad de agotar en su contra el recurso de apelación, pues a través del mismo pudo lograr su revocación, modificación o nulificación; sobre todo, porque el aspecto ahí decidido, no le sería reparable en el momento en que se dictara la sentencia definitiva. En consecuencia, si la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, no agotó el medio ordinario de defensa que contempla la legislación de la materia, evidentemente no cumplió con el principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo. No pasa inadvertida la circunstancia de que en el asunto evidentemente participan tres menores de edad; no obstante, ello no genera una excepción a la regla de definitividad, pues dicho principio se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 350, que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Además, no se está en alguna de las excepciones previstas en la invocada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado que se analiza, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación está prevista de manera expresa en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que no se encuentra sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla; además, dicho precepto establece que dicho medio de impugnación es idóneo contra los autos que puedan causar un daño irreparable en la sentencia. Aunado a que el recurso de apelación expresamente prevé la suspensión de los actos. Por lo que se colige, que a través de la interposición del recurso de apelación pueden suspenderse los efectos del auto combatido a fin de evitar que se produzca un daño irreparable con su ejecución. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, consideró lo siguiente: "65. Sobre la base de las anteriores consideraciones, fundamentalmente a partir de las premisas de que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida, de que, en términos del artículo 1o. constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y de que, particularmente, los derechos de la infancia merecen una especial protección por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes." De la anterior transcripción se advierte que es posible inobservar la regla de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en que esté involucrado un menor de edad cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión, esto es, como consecuencia no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se alegue encuentren. Contradicción de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materias Constitucional y Común, página 990, Décima Época, registro 2004677, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Por tanto, la excepción al principio de definitividad que deriva de la citada jurisprudencia se encuentra supeditada a que concurran los siguientes requisitos: I. Se encuentren involucrados intereses de menores de edad. II. La ley que rija la emisión del acto reclamado no admita suspensión y como consecuencia de ello se alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse el acto reclamado. Ahora, si bien en el presente asunto se satisface el primer requisito, en tanto que se encuentran involucrados intereses de tres menores de edad, de la lectura de los artículos 509 y 516 del Código Adjetivo Civil para el Estado, se advierte contemplan el recurso de apelación y el mismo prevé la suspensión del acto, por ende, se considera idóneo a fin de evitar un daño irreparable con su ejecución, entonces, no se colma la exigencia establecida en el punto II referente a que el medio de impugnación correspondiente no admita suspensión. Lo que se itera porque la excepción al principio de definitividad, establecida en el criterio jurisprudencial en cita, procede sólo en el supuesto que las condiciones ahí previstas se cumplan. En esas condiciones, al no tratarse el presente acto reclamado de alguno de los casos de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y al no haberse agotado el recurso de apelación en su contra por la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Jorge Fuentes García. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito, ya que acreditan estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, mediante el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y/o en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.

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