Jorge Francisco Carlos Portillo Nuñez

Expediente 1322/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1322/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Jorge Francisco Carlos Portillo Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... se tiene por consentido el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio, el cual le fue notificado personalmente el catorce de octubre del presente año, transcurrió del dieciséis de octubre al seis de noviembre del año en curso, al mediar como inhábiles los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de la anualidad cursante, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que lo hubiera hecho... se ordena enviar el expediente al archivo como asunto concluido... Notifíquese...

  2. Principal

    SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO B, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO JORGE FRANCISCO CARLOS PORTILLO NUÑEZ, EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta presentado por María Elena López Mandujano, en su carácter de delegada de las autoridades responsables, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la promovente. Se ordena agregar a los autos el escrito que se atiende y copia simple del escrito de expresión de agravios, distribuir entre las partes las demás copia simples y, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original y el cuaderno principal en que se actúa, dejando en su lugar el cuaderno de antecedentes respectivo. Respecto del escrito original de expresión de agravios, deberá ser resguardado en la secretaría del juzgado. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante Zulema María Gutiérrez Gutiérrez, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, informes justificados y diversas constancias glosadas en autos; asimismo; se da cuenta con el estado que guardan los autos. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Por otra parte, se toma en consideración que en ocho y once de noviembre de la anualidad cursante, se tuvieron por recibidos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, lo que implica que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan de su contenido, por tanto, es menester precisar que la celebración de esta audiencia no desatiende la jurisprudencia número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI LA QUEJOSA O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Lo anterior, toda vez que la finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen el contenido de los informes justificados; sin embargo, en el caso particular, se reclaman actos de carácter omiso y por tanto, éstos se apreciarán tal y como aparezcan acreditados ante la responsable. Abierto el período de pruebas, la Secretaria certifica que la parte quejosa y la autoridad responsable Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, presentaron pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos,la Secretaria certifica que las partes no formularon alegatos, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita presentó pedimento. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, por lo que se procede a dictar resolución en los términos siguientes: VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1322/2019, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito de demanda presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnada a este Juzgado el mismo día, Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), con sede en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado conocer de la demanda de amparo en comento, por lo que en auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables por los informes justificados, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se programó fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman omisiones de autoridades administrativas con sede en la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Ante todo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es conveniente precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Así las cosas, tenemos que el acto que reclama la parte quejosa consiste en la omisión de realizar el pago de los fondos del beneficio de indemnización global. TERCERO. Inexistencia del acto. No es cierto el acto reclamado al Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. Es de esta manera pues si bien es cierto el trámite de devolución de Fondo de Pensión de Indemnización Global, lo inició el quejoso ante del Departamento de Créditos de ese Instituto, también lo es que el mismo se encuentra concluido por esa área administrativa y fue turnado con número de contra recibo 7234, al Departamento de Contabilidad dependiente de la Subdirección de Finanzas de ese Instituto, para la programación del pago, ya que el artículo 17, fracción IX, del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, faculta a la Subdirección de Finanzas para efectuar los pagos por prestaciones de tipo económicos. Lo anterior se acredita con la copia certificada que remitió adjunta a su informe justificado el referido subdirector, a la que se le otorga valor probatorio pleno a la luz de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. En esa tesitura, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo hace a esta autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y al Jefe del Departamento de Control de Fondos dependiente de dicha Subdirección, ambos con sede en esta ciudad, no obstante que en su informe justificado negaron la existencia del acto que se le reclama, dicha negativa se desvirtúa, al no haber presentado elementos de convicción con los cuales acrediten el pago realizado al quejoso Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez, por concepto de indemnización global. Además, dicha certeza se corrobora con la documental que anexó el Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a su informe justificado, de las que se advierte que el trámite de indemnización global se encuentra concluido, ya que fue turnado a la Subdirección de Finanzas de dicho Instituto con número de contra recibo 7234, a fin de que sea programado su pago. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio, ni las partes precisaron la existencia de alguna de ellas; por lo que se procede al estudio del fondo del asunto planteado. SEXTO. Conceptos de violación. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el Máximo Tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de los cuales resulta innecesario realizar la transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea por las partes; tal como se sostiene en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. El peticionario de amparo hace referencia a la transgresión a sus derechos constitucionales derivados de la omisión de las autoridades responsables para hacer entrega de la cantidad a la cual tiene derecho por concepto de indemnización global. La vulneración al derecho fundamental de pronta impartición de justicia se encuentra previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, misma que se genera ante la ineficaz y tardía actuación de las responsables en llevar a cabo las medidas necesarias para lograr el pago de las aportaciones por el concepto en comento. Ahora bien, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del análisis del precepto constitucional trascrito, se advierte como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. El derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. El principio de justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Por su parte la imparcialidad significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Finalmente la justicia gratuita estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si el citado derecho constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho. Tales consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. En ese sentido, resultan fundados los argumentos que expone la parte quejosa, al señalar que las autoridades responsables han omitido realizar el pago de las aportaciones por concepto de indemnización global, mismo que fue solicitado en el mes de enero de dos mil diecinueve, aprobado y turnado al Departamento de Contabilidad dependiente de la Subdirección de Finanzas del citado instituto, desde el trece de mayo del presente año, bajo número de contra recibo 7234, para la programación del pago. En efecto, la inconformidad de la parte quejosa se traduce en una violación al derecho de seguridad social como ex trabajador al servicio del Estado, ello porque de su demanda de amparo, informes justificados y de las constancias que se remitieron en copia certificada se advierte lo siguiente: Que el quejoso realizó el trámite de indemnización global el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, ante la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que le fueran devueltos los fondos aportados por este concepto. Luego, del informe rendido por el Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora, se advierte que el trámite de indemnización global se encuentra concluido dentro de esa área administrativa y fue turnado a la Subdirección de Finanzas de dicho Instituto con número de contra recibo 7234, a fin de que sea programado su pago, sin que a la fecha en que se emite la presente sentencia se haya cubierto dicha aportación al solicitante de amparo. Lo anterior, actualiza la omisión por parte del Subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y del Jefe del Departamento de Control de Fondos de la Citada Subdirección, pues desde enero de dos mil diecinueve, se inició el trámite de la referida devolución y al día de hoy han transcurrido diez meses sin que esto haya acontecido; hecho que evidentemente le depara perjuicio a la parte quejosa al no poder disponer del beneficio de seguridad social al que tiene derecho, como es la indemnización global; sin que la autoridad responsable justifique en modo alguno el retraso en el pago de tal prestación. Por ende, la autoridad correspondiente ineludiblemente debe llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios para que de inmediato se dé trámite a la solicitud de devolución de la indemnización global y entregue los fondos solicitados. Ante tales circunstancias, se concede la protección constitucional a la parte quejosa. OCTAVO. Efectos de la sentencia de amparo. En las relatadas circunstancias se decreta conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y al Jefe del Departamento de Control de Fondos de la citada Subdirección: Provean los mecanismos necesarios para que de inmediato se dé trámite a la solicitud de devolución de la indemnización global y entregue los fondos correspondientes. En el entendido que toda autoridad o dependencia que deba tener intervención en la entrega del numerario se encuentra vinculada al cumplimiento de esta sentencia. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, párrafo primero, 74, 75 párrafo primero, 77 y 217 de la Ley de Amparo, así como el precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve en los siguientes términos: Resolutivos: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 1322/2019 promovido por Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez, contra la omisión de entregar los fondos por concepto de indemnización global reclamada al Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez, contra la omisión de entregar los fondos por concepto de indemnización global reclamada al Subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y Jefe del Departamento de Control de Fondos dependiente de dicha Subdirección, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Zulema María Gutiérrez Gutiérrez, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · 9,271 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano