Jorge Flores Villareal

Expediente 189/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
189/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Jorge Flores Villareal

Actuaciones

  1. Principal

    Se reciben el oficio del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se ordena agregarlo a los autos para que obre como legalmente corresponda, por lo que se le tiene haciendo las manifestaciones a que alude.

  2. Principal

    se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales, se ordena su archivo.

  3. Principal

    se recibe el oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito de la localidad, por el cual declina competencia en favor de este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Jorge Flores Villarreal. Competencia. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 2°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, se admite la competencia declinada por tal tribunal. Al respecto, cabe citarse la tesis de jurisprudencia sesenta y cinco, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página ochenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo VII. Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN Segunda Sección - Común, que dice así: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía." Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Personalidad. Por propio derecho. Improcedencia. A juicio de este juzgador, en el caso, la presente vía resulta improcedente ante la actualización de una causal de ese talante. Única. A criterio de este juzgador se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en torno al diverso 107, fracción V, de la legislación de la materia, aplicado en sentido contrario, atento a que el acto atacado, por su naturaleza y efectos, carece de una ejecución irreparable para efecto de esta vía. Como punto de partida es necesario tener presente el texto del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por ser el que prevé la causal de improcedencia que opera en el caso concreto. Dicho precepto legal, en lo que interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Como puede verse, en la reproducida fracción se establece la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio de amparo, por una causa distinta a las descritas en las veintidós fracciones precedentes, como es la que puede derivar de alguna disposición de la carta magna o de la propia ley de la materia. Desde luego, esto implica que los supuestos legales previstos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos que dan pie a la improcedencia en el juicio de amparo, pues ante lo previsto en la última fracción del precepto legal de que se trata, existe la posibilidad de que la vía constitucional sea improcedente por la aplicación de alguna norma constitucional o de la ley de la materia. En esas condiciones, si bien ese numeral no contiene, en sí, una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por ser una norma de eficacia operativa dependiente del contenido de otra de nuestra carta magna o de la ley de la materia. Nada más. De ahí, pues, que la configuración abierta de tal disposición permite identificar cualquier otro supuesto constitucional o legal que, dada su naturaleza jurídica, imposibilite la procedencia de la acción de amparo. Esta configuración abierta del supuesto normativo que dé lugar a la improcedencia del juicio, dado que el legislador solamente previó la consecuencia -improcedencia de la acción-, debe interpretarse en función del principio de seguridad jurídica, de ahí la necesidad imperiosa de relacionarlo con presupuestos de los previstos exclusivamente en el Pacto Fundamental y en la Ley de Amparo. Lo anterior es jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la estructura de la norma legal como supuesto y consecuencia, conforme con la cual la improcedencia abierta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, califica como una consecuencia y no como un supuesto jurídico, pues este último es precisamente el motivo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Nada más. Luego, si la carta magna o la ley de la materia contienen una consecuencia específica para un supuesto normativo, no es dable atribuirle la consecuencia de improcedencia, de ahí que, se insiste, para la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es necesario la existencia de un motivo legal que no tenga una consecuencia expresa diversa a la improcedencia del juicio en sí. Por tanto, la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, debe derivar necesariamente de cualquier disposición de nuestra carta magna o de la Ley de Amparo, lo que implica que las veintidós primeras fracciones de ese numeral solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del propio juicio, los cuales, desde luego, no son los únicos en que la vía constitucional resulta improcedente, pues existen otras hipótesis que originan la improcedencia de que se trata, como son aquellas que pueden derivar tanto de la Constitución General de la República como de la ley de la materia. Bajo la óptica de este juzgador, la improcedencia del juicio deriva de la aplicación de una disposición contenida en la propia Ley de Amparo, en particular, la de su artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, por carecer el acto reclamado de una ejecución irreparable para efecto de la presente vía. En aras de justificar tal conclusión, cabe dejar establecido el texto de los artículos107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, así como de los diversos 107, fracción V y 170 de la Ley de Amparo. Dichas normas jurídicas son del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.--- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.--- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.--- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.--- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.--- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Así pues, el examen relacionado de esas disposiciones legales revela, como regla general, que en contra de actos violatorios de derechos fundamentales suscitados en el juicio es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, pero cuando se trate de actos pronunciados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, o bien, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de igual índole, procede el juicio de amparo indirecto. Para determinar cuándo se está en presencia de actos dentro del juicio que son de imposible reparación, la nueva Ley de Amparo, a diferencia de la derogada, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance jurídico del extremo de que se trata, que no es otro más que el de imposible reparación, desde luego, para efecto de la procedencia del juicio de amparo. La primera de ellas se encuentra ubicada en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda de esas precisiones se observa en la fracción V del propio precepto legal, cuya vocación es la de normar la misma hipótesis de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dicho. Con lo anterior queda evidente que el legislador secundario otorgó mayor seguridad jurídica en torno a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal fijó su propósito de que tanto en procedimientos en forma de juicio, como en los procedimientos judiciales propiamente dicho, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación para el efecto de la procedencia del juicio de amparo, no exclusivamente necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan de manera actual el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, sino también deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionándose bienes jurídicos cuya fuente no derive únicamente de las leyes adjetivas aplicables. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos reclamados deben tener una ejecución de imposible reparación, lo que se surte cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma actual o presente, antes del dictado del fallo definitivo y, a su vez, la afectación recae sobre derechos que revisten la característica de sustantivos. Sobre el particular, son de invocarse las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 7, Junio de 2014, Tomo I. Tesis: P./J. 37/2014 (10a.). Página: 39.) "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 19, Junio de 2015, Tomo I. Tesis: 2a. L/2015 (10a.). Página: 1069.) "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 19, Junio de 2015, Tomo I. Tesis: 2a. XLVIII/2015 (10a.). Página: 1070.) A partir de esto, el acto atacado en este juicio, por los efectos y consecuencias que genera, no tiene ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía. En principio, debe tenerse presente que el acto atacado en este juicio, no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en la carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, sino que simplemente no es más que una actuación que es parte del procedimiento derivado del juicio respectivo, o sea, tal acto exclusivamente se relaciona con una de las etapas del juicio de origen, pues así lo manifiesta expresamente la parte impetrante al señalar que las apelaciones interpuestas en el juicio civil de origen 36/2021, del índice del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias, versan sobre acuerdos denegatorios de pruebas y excepciones de litisconsorcio pasivo, lo que genera que sus efectos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Por si fuera poco, debe tenerse presente que dicho acto no conlleva una situación relevante para efectos del juicio de origen, pues, además de que la parte quejosa está en aptitud de intervenir en el juicio con todas las oportunidades que la ley de la materia le otorga para la exposición y la prueba de sus propios derechos, lo cierto es que, como quiera, la propia autoridad está constreñida a examinar, oficiosamente, la procedencia de la acción y, con esto, si la parte actora tiene derecho a las prestaciones relativas. En esas condiciones, más allá de que el acto reclamado se relacione con algún derecho sustantivo, en el mejor de los casos exclusivamente se involucra con derechos adjetivos que producen efectos intraprocesales, de ahí que, tal acto no ocasiona a la parte quejosa un perjuicio actual o presente sobre un derecho cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, ni lesiona bienes jurídicos cuya fuente no deriva únicamente de las leyes adjetivas aplicables, tan es así que solamente se involucran pruebas en el juicio natural y la excepción de litisconsorcio pasivo mencionada, lo que indudablemente no es más que un derecho meramente procesal únicamente. Incluso, aunque subsista tanto el acto atacado en el juicio de amparo, como los efectos y consecuencias que procesalmente puedan provocar en la esfera jurídica de la parte quejosa, todavía tenía la posibilidad de que pudiera obtener un fallo favorable en el juicio, que acarreara que se convirtieran en intrascendentes las violaciones que deriven de ese acto reclamado, así como de sus efectos y consecuencias, lo que es de especial relevancia sobre todo si se recuerda que la ejecución irreparable para efectos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe presentarse en forma tal que el vicio o la violación no pueda remediarse aun con el pronunciamiento de un fallo favorable, lo cual, no ocurre en la especie. Cierto. Los derechos sustantivos protegidos por nuestra carta magna, que no pueden ser reparados mediante el dictado de alguna sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, los que, desde luego, surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. En tal virtud, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas, por ejemplo, son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los particulares, pues, por su naturaleza legal, limitan los derechos relativos a la libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, cuyo goce puede tener el gobernado al margen de cualquier juicio o procedimiento y que, no serían susceptibles de restituirse aunque se pronunciara fallo favorable al afectado, ya que pese a que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, resultaría imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó durante los efectos de los actos de que se trata. Por el contrario, los derechos de índole adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan en el trámite de un juicio o procedimiento, de ahí que antes de éste el particular no los tenía, motivo por el cual si esos derechos se vulneraran, el fallo definitivo que se dictara en favor del gobernado podría tener como efecto la restitución de ellos, con lo cual, dicha violación quedaría reparada, convirtiéndose así en jurídicamente intrascendente en la esfera jurídica del afectado. Luego, si el acto reclamado en este juicio de amparo, por su naturaleza, solo se relaciona con las etapas del juicio natural, o sea, con derechos adjetivos y no sustantivos, es inconcuso que en caso de haberse pronunciado un fallo favorable al impetrante, cualquier violación de tal índole quedaría reparada, pues pese a haberse realizado el inconforme vería satisfecha su pretensión en el propio juicio, de ahí que, se insiste, en este caso no se está en presencia de un acto de imposible reparación. Esto es jurídicamente razonable si se toma en cuenta que no pueden considerarse como actos de imposible reparación, aquellos que, como en el caso, tienen como consecuencia alguna afectación a derechos de índole adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, se reitera, como ocurre en la especie. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de un fallo favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejándose intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Estos actos, como en este caso, en el momento en que se producen -que es el punto de donde parte la procedencia del amparo indirecto- no afectan de forma irremediable un derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra cuando se resuelva la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por lo anterior, si al momento de la comisión del acto reclamado, aún existe la posibilidad de que la violación contenida en el acto reclamado en el propio juicio de amparo, sea jurídicamente intrascendente en la esfera legal de la parte inconforme al obtener un fallo favorable a sus intereses, es inconcuso que en el caso no se da la irreparabilidad que justifica la procedencia de la vía constitucional indirecta. En conclusión: válidamente se concluye que el acto atacado en este juicio no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente. Pues, lo que en todo caso le ocasiona un perjuicio en su esfera jurídica de derechos, lo es la sentencia dictada en el juicio natural, que es, en el cual se pueden hacer valer las violaciones procesales denunciadas en esta vía, tal como quedó expuesto. Siendo así, la improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el acto reclamado de que se trata, atento a su naturaleza jurídica, efectos y consecuencias que genera, carece de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. Sobre el particular, cabe invocar las tesis sustentadas por el más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que solo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección. Tesis: 891. Página: 995.) "PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU ILEGAL DESAHOGO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, SIN QUE LA FALTA DE COMPARECENCIA DEL OFERENTE PARA REALIZAR OBJECIONES IMPLIQUE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO DE ESA TRANSGRESIÓN. De lo dispuesto en las tesis de jurisprudencia 4a./J. 14 (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, julio-diciembre de 1989, Primera Parte, Pleno y Salas, página 337) y 2a./J. 74/2003, sustentadas, respectivamente, por la anterior Cuarta Sala y por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el ilegal desahogo de la prueba de inspección ocular, con independencia de que el oferente sea o no el quejoso, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo y que, por ende, la concesión del amparo tendrá por efecto que se ordene la reposición del procedimiento. En ese sentido, el hecho de que el oferente de la prueba no comparezca a su desahogo para realizar objeciones u observaciones no debe reputarse como un consentimiento tácito de dicha violación, toda vez que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en términos del artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, tienen facultad para corregir cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, por lo que es obvio que el oferente demuestra su interés en el desahogo de la prueba al ofrecerla acompañada de los elementos necesarios y, por tanto, no puede estimarse que consienta la violación procesal derivada de su ilegal desahogo, si considera que el actuario no se ciñó a la forma en que se ofreció y admitió tal medio de convicción, máxime que en materia laboral no hay recursos dentro del procedimiento para remediar el desahogo ilegal de pruebas." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011.Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Procedencia del amparo directo. Tesis: 888. Página: 992.) "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL AUTO QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, RESERVA ACORDAR SU ADMISIÓN Y SU EVENTUAL DESAHOGO, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. El auto por el que se reserva acordar sobre la admisión de pruebas en el procedimiento laboral es impugnable en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46, 158 y 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo, en tanto que constituye un acto intraprocesal que no es irreparable, esto es, de aquellos a los que se refiere el artículo 114, fracción IV, de la propia ley, ya que no infringe derecho sustantivo constitucional alguno de manera directa e inmediata; y, desde diverso aspecto, el efecto de la sentencia que llegara a conceder el amparo, tampoco sería el de destruir los elementos de la acción que impidiera el pronunciamiento de un laudo. Lo anterior, con la salvedad relativa a que si con la expedición del citado auto se llegara a paralizar el procedimiento laboral, en ese supuesto se estaría en presencia de un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, que afecta el derecho sustantivo del gobernado previsto en el artículo 17 constitucional, ya que tal paralización impediría la emisión del laudo correspondiente de manera pronta y, por tanto, se evitaría también que la administración de justicia tuviera lugar en los plazos y términos que fija la ley laboral." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección. Tesis: 890. Página: 994.) "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. PROCEDE RECLAMAR LA VIOLACIÓN RESPECTIVA EN AMPARO DIRECTO. Si la Junta recibe las pruebas de la contraparte del quejoso violando en perjuicio de éste, las normas del procedimiento, el quejoso puede reclamar esas violaciones en amparo directo, de conformidad con la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, la cual establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Como se ve, la fracción III, prevé dos supuestos en los que pueden alegarse en amparo directo las violaciones relacionadas con el ofrecimiento de pruebas: El primero, cuando en el juicio ordinario los elementos de convicción son ofrecidos por el quejoso y no se le reciben legalmente; el segundo, cuando los ofrecen otras partes distintas del quejoso, y, en perjuicio de éste, no se reciben conforme a la ley; tal distinción es válida si se tiene en cuenta que la primera hipótesis de dicha fracción utiliza el pronombre "le", con el cual obviamente se refiere al quejoso, mientras que la segunda no lo utiliza, por lo que debe entenderse que se refiere a las demás partes distintas del peticionario de garantías. En consecuencia, como la disposición legal de que se trata, expresamente prevé el caso en que debe alegarse la referida violación en cita en amparo directo, esta Cuarta Sala, con fundamento en los artículos 192, parte final y 194, último párrafo, de la Ley de Amparo, modifica su criterio anterior contenido en la tesis jurisprudencial 341 (compilación 1985 Quinta Parte), para adoptar el expuesto." (Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Procedencia del amparo directo. Tesis: 902. Página: 1009.) "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no solo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos. Tesis: 1396. Página: 1569.) "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley." (Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 407. Página: 273.) "PROCEDIMIENTO OBRERO, LA NEGATIVA PARA RECIBIR LAS PRUEBAS EN EL, SOLO DA LUGAR AL AMPARO DIRECTO. Es correcto el sobreseimiento dictado en el caso por el inferior, ya que de acuerdo con la fracción III del artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se interponga contra los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, será directo, y en él podrán reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento, cuando afecten las partes sustanciales del mismo y se deje sin defensa al quejoso; y justamente el siguiente artículo 159, consigna que se estimarán violadas las leyes de procedimiento y privado de defensa al quejoso, cuando no se reciban a éste las pruebas que hubiere ofrecido legalmente, como acontece en la especie, según afirmación de la parte quejosa, estimando substanciales las violaciones que según dice se cometieron en su perjuicio durante el curso del procedimiento, en términos de que provocan su indefensión; por consiguiente debe confirmarse el fallo del inferior y sobreseerse en el juicio." (Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXVII. Página: 5106) Desde luego, estas tesis, al igual que las ya invocadas, son aplicables al caso que aquí nos ocupa, aunque estén sustentadas y surjan de la interpretación de normas de la derogada Ley de Amparo, a final de cuentas porque parten, analizan y dilucidan acerca de la improcedencia de la vía de amparo tratándose de un acto vinculado con pruebas en el juicio natural, tal como redunda en el asunto que nos ocupa, además de la excepción de litisconsorcio pasivo, por los motivos que expuso en el fallo reclamado. Sobre ese particular, se citan las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD. La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Abril de 2007. Tesis: 2a. XXXI/2007. Página: 560.) "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 27, Febrero de 2016, Tomo I. Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.). Página: 705.) Todos esos criterios son aptos y suficientes para apoyar la decisión aquí adoptada, básicamente, por la mayor exigencia actual de la ejecución irreparable que justifica la propia procedencia del juicio de amparo, en función de un argumento por mayoría de razón. En la derogada Ley de Amparo se advierte que para efecto de la procedencia de la vía, a través de la imposible reparación de los actos de autoridad, se admitía que los actos causaran algún agravio a derechos sustantivos, o bien, a los de carácter adjetivo o procesal siempre y cuando la afectación fuera en un grado predominante o superior. Como claro ejemplo de tal criterio está la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, que se halla localizable en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, relativo a octubre de dos mil cuatro, que dice así: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Por cierto, con base en el propio criterio es que se concluía que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de un acto relacionado con pruebas en el juicio natural, porque en esas condiciones únicamente existía afectación a un derecho adjetivo, sin causar un agravio en grado predominante o superior y, así, no se justificaba la imposible reparación prevista como procedencia de la vía constitucional. Por el contrario, en la actual Ley de Amparo se tiene que para efecto de la procedencia de la vía, a través de la ejecución irreparable, los propios actos no únicamente necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, sino que también deben recaer en derechos cuyo significado rebase lo puramente procedimental. Con lo anterior es palpable la diferencia legal existente entre la derogada y la actual ley de la materia, tratándose de la imposible reparación que justifica la procedencia de la vía constitucional, pues en la derogada hay mayor flexibilidad al respecto, mientras que en la actual existe mayor rigor. En efecto, en la derogada ley de la materia se admitían actos relacionados con derechos sustantivos y procesales siempre que estos últimos causaran una afectación en grado predominante, en tanto que en la actual Ley de Amparo ya no se admiten siquiera los actos involucrados con los derechos adjetivos, sino solo actos que inciden en derechos sustantivos, al grado de que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan de manera actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal, que no necesariamente llegará a trascender en el fallo relativo, rebasándose así lo puramente procesal, según se trate, y se lesionen bienes cuya fuente no derive exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Luego, si conforme con la derogada Ley de Amparo resulta improcedente el juicio de amparo contra un acto relacionado con pruebas en el juicio respectivo, por carecer de ejecución irreparable; entonces, con mayor razón no procede esta vía con la actual ley de la materia, dado que en la actualidad es mayor la exigencia en la imposibilidad de la reparación que deben presentar los actos correspondientes, pues, a diferencia de lo previsto en la derogada ley en la que se aceptaba la violación a derechos de carácter sustantivo y procesal, en la actualidad no solo se excluye el agravio de todo derecho procesal, sino que, además, se requiere que los actos produzcan alguna afectación material a derechos sustantivos, cuyo significado jurídico rebase lo meramente procedimental, lo que, desde luego, no acontece en la especie, justamente porque en el mejor de los casos la afectación que ocasiona alguna resolución de ese talante impacta en un derecho procesal o adjetivo. Nada más. Por tanto, se insiste, esos criterios son aptos y suficientes para apoyar la decisión ahora adoptada, básicamente, no solo al contemplarse el propio supuesto jurídico, sino también por la mayor exigencia actual de la ejecución irreparable que justifica la procedencia del juicio de amparo, de ahí que, se insiste, el acto reclamado, por su naturaleza jurídica, efectos y consecuencias, carece de una ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía. Por lo anterior, en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en torno al diverso 107, fracción V, de la legislación de la materia, por no constituir un acto de imposible reparación el atacado en esta vía. Desechamiento. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar la demanda de amparo relativa, lo cual es jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos del acto reclamado, por lo menos, respecto de la procedencia de esta vía. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Autorizados. De acuerdo con los artículos 12 de la Ley de Amparo, se tiene como personas autorizadas para intervenir en este juicio a las designadas para tal fin en la demanda de amparo, en los términos expresamente especificados por la parte quejosa, en cuya hipótesis ante la falta de cédula profesional o de su registro jurisdiccional, la autorización únicamente tiene efectos limitados y no amplios, inclusive a pesar de la designación sobre el particular. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se tiene a la parte quejosa designando los estrados de este tribunal, para efectos de oír notificaciones. Exhortación juicio en línea. De conformidad con el artículo 2° del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Integración. Para facilitar el manejo del expediente en que se actúa, manténganse por separado el anexo remitido por el tribunal colegiado. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Transparencia. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no solo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa -por estrados-.

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