Jorge Flores Medina

Expediente 922/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
922/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Jorge Flores Medina

Actuaciones

  1. Principal

    El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del diez al dieciséis de noviembre del año en curso, con exclusión de los días once y doce del citado mes y año, por corresponder a sábado y domingo; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el treinta de octubre anterior, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de treinta de octubre anterior, en el que se desechó la demanda promovida por Jorge Flores Medina, contra actos de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "CÚMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Jorge Flores Medina, por el que da cumplimiento a las prevenciones realizadas en auto de veinte de octubre del año en curso. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio de cuenta y anexos que se adjuntan se advierte que las autoridades responsables y actos reclamados en el presente juicio son los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Gobernador del Estado. Jefe de Permisos y Licencias del Municipio de Zacatecas. Titular de la Unidad de Enlace de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Director Jurídico de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Subdirectora de Patrimonio Privado de la y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Autoridades responsables ejecutoras: Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Supervisora de Obra de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Actos reclamados: El oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se le impone una multa y su ejecución. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se le impone una multa, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; .". Es aplicable a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia P./J. 144/2000, publicada en la página quince, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Bajo ese contexto, de la interpretación del normativo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo y de las tesis citadas revelan que debe desecharse el juicio de amparo cuando el promovente haya instado un recurso ordinario o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado y éste se encuentre tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, con el cual pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Precisado lo anterior, es importante señalar que, para que se actualice la causal de improcedencia arriba invocada, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual se solicita el amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para que el acto reclamado por la vía constitucional sea modificado, revocado o nulificado. Ahora, de la copia certificada del expediente TJA/1016/2017 y de las propias manifestaciones que realiza el quejoso se advierte, que ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se encuentra substanciándose el juicio de nulidad interpuesto en contra del oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se le impone una multa, que ahora reclama; encontrándose en etapa de instrucción y pendiente de resolver. En ese contexto, se advierte que surte la primera hipótesis para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues queda de manifiesto que el quejoso promovió juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, contra el oficio que constituye el acto reclamado señalado en párrafos precedentes. Asimismo, que el juicio de nulidad interpuesto por el ahora quejoso Jorge Flores Medina, fue admitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, el tres de agosto de dos mil diecisiete (foja 315 del legajo de copias certificadas del expediente TJA/1016/2017 que el promovente adjuntó a la demanda con que se formó el presente juicio), por lo que el mismo se está tramitando al momento en que se analiza esta petición de amparo, surtiéndose así la segunda hipótesis exigida por la causal de improcedencia en estudio; esto es, que dicho recuso se tramita paralelamente a este juicio de amparo. De igual manera, se acredita el tercero de los requisitos exigidos, pues en términos del artículo 20, fracciones I y VIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, prevén el juicio de nulidad hecho valer por el promovente, dicho juicio es el medio idóneo de impugnación, para que el oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se le impone una multa que reclama en ésta instancia, sea modificado, revocado o nulificado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, pues será ésta autoridad quien resolverá el medio de impugnación de que se habla, además el aludido juicio de nulidad se encuentra dentro del marco de la legalidad que la Ley de Justicia Administrativa del Estado establece. Así, al no existir constancia alguna en autos que permita desvirtuar que actualmente se encuentre tramitando ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el juicio de nulidad contra el oficio reclamado en el que se le impone la multa que ahora reclama, conlleva a concluir que corresponderá a dicho tribunal, resolver si el comunicado combatido se encuentra dentro del marco de la legalidad que la Ley de Justicia Administrativa del Estado le establece; lo anterior es así, pues al momento de interponer el recurso ordinario (juicio de nulidad) lo hizo contra el oficio aquí reclamado, englobando con ello todas sus consecuencias jurídicas. En ese contexto es notorio y manifiesto que en la especie cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede desechar la demanda promovida por Jorge Flores Medina. Sirve de apoyo por identidad de razones la tesis (I Región) 4º .11ª (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1162, Materia Común, Décima Época, con número de Registro 2006919, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado."

  3. Principal

    CUENTA. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con un escrito registrado con el folio 14484 y copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de octubre de dos mil diecisiete. CÚMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Jorge Flores Medina, por el que da cumplimiento a las prevenciones realizadas en auto de veinte de octubre del año en curso. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio de cuenta y anexos que se adjuntan se advierte que las autoridades responsables y actos reclamados en el presente juicio son los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Gobernador del Estado. Jefe de Permisos y Licencias del Municipio de Zacatecas. Titular de la Unidad de Enlace de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Director Jurídico de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Subdirectora de Patrimonio Privado de la y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Autoridades responsables ejecutoras: Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Supervisora de Obra de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Actos reclamados: El oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se le impone una multa y su ejecución. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se le impone una multa, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; .". Es aplicable a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia P./J. 144/2000, publicada en la página quince, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Bajo ese contexto, de la interpretación del normativo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo y de las tesis citadas revelan que debe desecharse el juicio de amparo cuando el promovente haya instado un recurso ordinario o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado y éste se encuentre tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, con el cual pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Precisado lo anterior, es importante señalar que, para que se actualice la causal de improcedencia arriba invocada, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual se solicita el amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para que el acto reclamado por la vía constitucional sea modificado, revocado o nulificado. Ahora, de la copia certificada del expediente TJA/1016/2017 y de las propias manifestaciones que realiza el quejoso se advierte, que ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se encuentra substanciándose el juicio de nulidad interpuesto en contra del oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se le impone una multa, que ahora reclama; encontrándose en etapa de instrucción y pendiente de resolver. En ese contexto, se advierte que surte la primera hipótesis para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues queda de manifiesto que el quejoso promovió juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, contra el oficio que constituye el acto reclamado señalado en párrafos precedentes. Asimismo, que el juicio de nulidad interpuesto por el ahora quejoso Jorge Flores Medina, fue admitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, el tres de agosto de dos mil diecisiete (foja 315 del legajo de copias certificadas del expediente TJA/1016/2017 que el promovente adjuntó a la demanda con que se formó el presente juicio), por lo que el mismo se está tramitando al momento en que se analiza esta petición de amparo, surtiéndose así la segunda hipótesis exigida por la causal de improcedencia en estudio; esto es, que dicho recuso se tramita paralelamente a este juicio de amparo. De igual manera, se acredita el tercero de los requisitos exigidos, pues en términos del artículo 20, fracciones I y VIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, prevén el juicio de nulidad hecho valer por el promovente, dicho juicio es el medio idóneo de impugnación, para que el oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se le impone una multa que reclama en ésta instancia, sea modificado, revocado o nulificado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, pues será ésta autoridad quien resolverá el medio de impugnación de que se habla, además el aludido juicio de nulidad se encuentra dentro del marco de la legalidad que la Ley de Justicia Administrativa del Estado establece. Así, al no existir constancia alguna en autos que permita desvirtuar que actualmente se encuentre tramitando ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el juicio de nulidad contra el oficio reclamado en el que se le impone la multa que ahora reclama, conlleva a concluir que corresponderá a dicho tribunal, resolver si el comunicado combatido se encuentra dentro del marco de la legalidad que la Ley de Justicia Administrativa del Estado le establece; lo anterior es así, pues al momento de interponer el recurso ordinario (juicio de nulidad) lo hizo contra el oficio aquí reclamado, englobando con ello todas sus consecuencias jurídicas. En ese contexto es notorio y manifiesto que en la especie cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede desechar la demanda promovida por Jorge Flores Medina. Sirve de apoyo por identidad de razones la tesis (I Región) 4º .11ª (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1162, Materia Común, Décima Época, con número de Registro 2006919, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  4. Principal

    CUENTA. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Juez con lo siguiente: Demanda de derechos suscrita por Jorge Flores Medina, registrada con el folio 14059 con anexos y quince copias que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Juan Pablo de la Rosa, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de octubre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Flores Medina, contra actos de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado, con sede en esta ciuad y otras autoridades, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16, 19 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 922/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;". Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisito, entre otros, el que se exponga de manera clara el acto o actos reclamados que se reclamen de cada autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Ahora, toda vez que el promovente señaló autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Gobernador del Estado. Jefe de Permisos y Licencias del Municipio de Zacatecas. Titular de la Unidad de Enlace de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Director Jurídico de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Subdirectora de Patrimonio Privado de la y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Autoridades responsables ejecutoras: Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Supervisora de Obra de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales del Estado. Actos reclamados: "1.- Señalo como acto que reclamo de TODAS Y CADA UNA DE ELLAS, las Autoridades Responsables Ordenadoras.- MULTA ECONOMICA, QUE SE ME NOTIFICA EN FECHA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, ASI COMO TODOS LOS ACTOS MATERIALES QUE DE ELLO DERIVEN O EMANEN y afecten mi esfera jurídica de mi propiedad. 2.- Señalo como acto reclamado de la Autoridad Ejecutora.- LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE BOBIERNO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS. LA EJECUCIÓN Y COBRO DE LA MULTA QUE SE ME NOTIFICA EN FECHA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. Y todos los actos que de ello se deriven y afecten mi esfera jurídica de mi propiedad". Ahora, toda vez que del contenido de la demanda y anexos que se adjunta se advierte que la multa que reclama el promovente le fue impuesta mediante oficio SPPR-363/2017, emitido por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete; por tanto, resulta incierto el acto que le atribuye a cada una de las autoridades que señaló como responsables. Asimismo, del contenido del legajo de copias certificadas del expediente TJA/016/201-II, que el promovente adjuntó con la demanda de cuenta, se advierte que ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, se encuentra substanciándose un juicio de nulidad promovido por el propio quejoso contra la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Pleno de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, sin embargo, no se advierte que el mismo haya sido resuelto, por tanto, es necesario conocer el estado procesal en que el mismo se encuentra. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa el acto que a cada una de las autoridades responsables les atribuye, es decir, deberá señalar la resolución, acuerdo, acta, constancia, oficio u omisión que les reclama a cada una de ellas; lo anterior, a fin de establecer la litis constitucional en el presente juicio. Asimismo, deberá señalar el estado procesal en que se encuentra el juicio de nulidad TJA/016/201-II, o bien, informar si a la fecha ya se emitió la resolución correspondiente en el mismo, y de ser así la fecha de su emisión y de notificación. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir once copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, es decir, ocho para las autoridades responsables, dos más para agregar a los cuadernos incidentales y la última para darle la intervención a la agente del Ministerio Público de la Fedeacion que también es parte en el juicio de amparo. Se hace del conocimiento del quejoso que es el quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que es el promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar los actos que reclame de la autoridad responsable, por ser el afectado con estos, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al peticionario de garantías, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido se tendrá por no presentada la demanda, en términos de la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón la Jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.- El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público.". DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente se tiene como autorizado únicamente como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos al Juan Pablo de la Rosa, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional y como domicilio para tal efecto el ubicado en avenida Morelos número ochocientos veintitrés (823), de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el juez Iván Ojeda Romo, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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