Jorge Flores Arizmendi
Expediente 1990/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1990/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Flores Arizmendi
- Jorge Raúl Espíndola Vabela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
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MESA VII *QUEJOSA SOLICITA COPIAS* POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR EL QUEJOSO. POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE TODO LO ACTUADO EN EL PRESENTE ASUNTO. EN RELACIÓN A SU SOLICITUD DE PROPORCIONARLE COPIA SIMPLE DE LAS CONSTANCIAS QUE SEÑALA, Y POR ANALOGÍA, EXPÍDASE A SU COSTA LAS COPIAS QUE MENCIONA EN EL ESCRITO QUE SE PROVEE, PARA LO CUAL DEBERÁ DEJAR EN AUTOS CONSTANCIA DE SU ENTREGA A SATISFACCIÓN DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. A SU VEZ SE TIENEN POR AUTORIZADOS PARA RECOGERLAS A LAS PERSONAS QUE SE INDICA. NOTIFÍQUESE.
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MESA VII. *EJECUTORIA SOBRESEE-ARCHIVO* VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS... SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... EL PRESENTE ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL... SE ORDENA AGREGAR ÚNICAMENTE EL CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN QUE OBRA POR SEPARADO... Y TODA VEZ QUE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS, SE HACE CONSTAR QUE SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL Y DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO, SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATA COMO CONCLUIDO, AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. NOTIFÍQUESE
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Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1990/2016-VII, promovido por Jorge Flores Arizmendi y otros, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Movilidad de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 27), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado ese mismo día y recibido al siguiente en este órgano jurisdiccional, Jorge Flores Arizmendi y otros, por su propio derecho, promovieron juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. B) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO C) SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS.- Se señalan como actos reclamados, a) La orden emitida por parte de las autoridades señaladas como responsables de impedir a los suscritos quejosos prestar el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la hoy Ciudad de México. b) El impedir la circulación de las unidades con las que los suscritos prestamos el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en el Distrito Federal, por supuesta falta de vigencia. c) Le negativa de obtener el holograma "0" en el proceso de verificación vehicular de las unidades con las que los suscritos prestamos el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la Ciudad de México. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, expuso como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 5°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y manifestó que no existe tercero interesado alguno en el presente asunto. TERCERO. En proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 29 a 38), se ordenó el registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1990/2016-VII y se requirió a diversos quejosos para que ratificaran su contenido. Además, en dicho proveído se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo, por lo que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 51 a 63), señaló, entre otras cosas, lo siguiente: 1. Se especifica que acto en concreto se reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables: A) SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. a) La orden de impedir a los suscritos quejosos prestar el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la hoy Ciudad de México. b) La orden de impedir la circulación de las unidades con las que los suscritos prestamos el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la hoy Ciudad de México, por supuesta falta de vigencia de la concesión otorgada. B) SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. a) La negativa de obtener el holograma "0" en el proceso de verificación vehicular de las unidades con las que los suscritos prestamos el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la Ciudad de México. C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. a) La ejecución a la orden de impedir a los suscritos quejosos prestar el servicio de transporte colectivo de pasajeros en la hoy Ciudad de México. b) La ejecución a la orden de impedir la circulación de las unidades con las que los suscritos prestamos el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la hoy Ciudad de México, por supuesta falta de vigencia de la concesión otorgada. CUARTO. Por auto de nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 65 a 71), se tuvo por no presentada la demanda de amparo por lo que hace a Carlos Espíndola Fabela, Paulino Calisto Reyes, Alberto Ortega Alvarado, Reinalda Estrada Solís, Marcos Martínez Torres, Ramiro Carranza Serrano, Javier Soto López, Oscar Ubaldo Zabala, Cipriano Lorenzano Velazco, Agustín Santos Celis, Miguel Ángel Cerón López, Oscar Medina Mercado, Carlos Ubaldo Zabala, María de Jesús Cabrera Correa, Wenceslao Ubaldo Vargas y Bruno Hernández de Jesús. Por otra parte, en dicho auto se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Jorge Flores Arizmendi, Juan Carlos Carranza Rivas, Jorge Raúl Espíndola Fabela, Marcos Espíndola Fabela, María Guadalupe Jiménez Zamora, Julio César Vega Ramírez, Federico Fonseca Alanís, Jaime Fonseca Alanís, Leonardo Fonseca Alanís, Jaime Fonseca Sandoval, Rubén Vilchis Flores, Rubén Eduardo Vilchis Alvarado, Jorge Vilchis Alvarado, José Luis Méndez Sánchez, Vicencio Sánchez Ministro, José Luis Flores Domínguez, Andrés Rivera Carrasco, Elías Buenrostro Ruíz, Yolanda Buenrostro Hernández, Félix Rodríguez Delgadillo, Adelina Ávila Morales, Rogelio Pérez Lara, José Guadalupe Ávila Morales, Salvador Martínez Quiroz, Israel Martínez Martínez, Valentín Torres Vargas, Armando García Saucedo, Pablo Ortega Alvarado, Roberto Paz Pelcastre, Reynaldo Ruiz Aquino, Francisco Sánchez López, José Luis Gerardo Vilchis Antonio, Gilberto García Sandoval, Juan Ávila Morales, Marcela Gutiérrez Medina, Roberto Moreno Vargas, Celia Medina Castillo, Mario Cerón López, Antonio Mendoza Puente, Jorge Espinosa Salgado, Teófilo Carranza Chávez, Teófilo Carranza Chávez, José Alejandro Rivera Velarde, Romualdo Binzha Elías, Vicente Grimaldo Ruíz, Pedro Flores González, Pedro Santos Garnica, Ignacio Cerón Ceballos, Ignacio Francisco Cerón López, Jesús A. Carmona, José Aureliano Ismael Cortez Arroyo, Justo Roldán Hernández, Alberto Rolando Peña Becerril, Juan Rivera Romano, Miguel Ángel Cerón López, Miguel Romero Bustamante y María Guadalupe Pérez Téllez, por propio derecho. Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la participación que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. En acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo por lo que hace a la Directora General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en virtud de que la Titular de dicha Secretaría, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama y manifestó que es a dicha autoridad a quien corresponde establecer y operar por si o a través de personas que autorice para ello, los sistemas de verificación del parque vehicular en circulación, matriculados en la Ciudad de México. SEXTO. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 135 a 141), en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la parte quejosa amplió su demanda de amparo en contra de la Directora General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. SÉPTIMO. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 143 a 146), se admitió la ampliación de la demanda de amparo y se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado. OCTAVO. Seguido el procedimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto primero, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que los actos que reclama la quejosa tienen ejecución en la ciudad donde este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que del estudio integral de la demanda y de la causa de pedir que en ella se contiene, es posible determinar que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: a) La orden de impedir a los quejosos la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la Ciudad de México, así como su ejecución. b) La orden de impedir la circulación de las unidades con las que los quejosos prestan el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la Ciudad de México, por falta de vigencia de la concesión otorgada, así como su ejecución. c) La negativa de obtener el holograma "0" en el proceso de verificación vehicular de las unidades con las que los quejosos prestan el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la Ciudad de México. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 40/2000, localizable en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Por técnica jurídica procede el estudio de la existencia o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia XVII.2°.J/10, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En ese sentido, el Secretario de Movilidad, Secretario del Medio Ambiente, Secretario de Seguridad Pública y Directora General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, todos de la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados (fojas 84 a 85, 90 a 91, 97 a 99 y 167 a 169), respectivamente, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en: a) La orden de impedir a los quejosos la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la Ciudad de México, así como su ejecución. b) La orden de impedir la circulación de las unidades con las que los quejosos prestan el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la Ciudad de México, por falta de vigencia de la concesión otorgada, así como su ejecución. c) La negativa de obtener el holograma "0" en el proceso de verificación vehicular de las unidades con las que los quejosos prestan el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la Ciudad de México. Lo anterior, sin que los quejosos aportaran prueba idónea en contrario que desvirtúe las negativas de mérito; por tanto, no existen los actos reclamados. En tales condiciones, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, dado que no es dable atribuir los actos reclamados a las autoridades señaladas con el carácter de responsables. En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia de pleno número 310, que se localiza en la página doscientos nueve del Tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Sexta Época, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Así como la tesis número VI. 2°. J/308, visible en la foja setenta y siete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 a 65, 73 a 76, 79, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto número 1990/2016-VII, promovido por Jorge Flores Arizmendi y otros, por su propio derecho; por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Maestro Carlos Hugo Luna Baraibar, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario licenciado Francisco Javier García Hernández, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. EL JUEZ EL SECRETARIO
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MESA VII. *INFORME JUSTIFICADO CON PRUEBAS* POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL. POR MEDIO DEL CUAL RINDE SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN. SE TIENE POR RENDIDO EL INFORME JUSTIFICADO DE LA AUTORIDAD CITADA EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, SE TIENE COMO DELEGADOS DE LA AUTORIDAD CITADA A LAS PERSONAS QUE MENCIONA. SE RECONOCE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUE SEÑALA. SE TIENEN POR OFRECIDAS Y ADMITIDAS LA PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, LAS CUALES SE DESAHOGAN POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA, SIN PERJUICIO DE HACER RELACIÓN DE ESTAS AL MOMENTO DE CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFÍQUESE.
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