Jorge Figueroa Ramos

Expediente 257/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
257/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Figueroa Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 257/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data diecisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas 31 a 33 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data diecisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas 31 a 33 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica al quejoso la sentencia engrosada el veintidós de junio de este año la cual en su parte medular dice: "... RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, y turnado el treinta siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-5). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este juzgado; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 11-15). Se agregó en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 20-25 y 31-32) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 44-46). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, al reclamarse el corte del servicio de suministro de agua potable, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente su derecho humano de acceso al agua, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La orden de corte del servicio de agua potable en el domicilio del quejoso, ubicado en ********************. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. La Directora de Asuntos legales del 1. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman (fojas 31-32). Por ende, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción alguno con el cual desvirtuara la negativa de la mencionada autoridad, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia de los actos que les atribuyen, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se cita en términos de artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. El apoderado legal de 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia de la orden de corte del servicio de agua potable que reclama el quejoso (fojas 20-25). Ello es así, pues manifestó que dentro de su base de datos no existe un contrato de servicio de agua potable, respecto de algún bien inmueble a nombre del directo quejoso ******************** Asimismo, señaló que el inmueble que defiende el quejoso, ubicado en ********************, cuenta con un contrato a nombre de ********************, bajo el número ********************, el cual presenta un adeudo de $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional) motivo por el cual aceptó haber suspendido el servicio de agua potable en dicho domicilio. Todo lo anterior, se corrobora con las constancias que anexó a su informe de ley como justificación de sus actos (fojas 26-28). Documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. De lo anterior, se aprecia la certeza del corte de suministro de agua potable en el inmueble ubicado en ********************; de ahí, que dicha negativa queda desvirtuada, lo anterior en observancia además de la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. QUINTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. La autoridad responsable manifiesta que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo ********************, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues aduce que el acto reclamado no trasciende ni afecta el interés jurídico de la parte quejosa, dado que ésta no es la titular del contrato de prestación de los servicios de agua potable en el domicilio que refiere, pues el mismo se encuentra registrado a nombre de diversa persona, a saber, ********************. Dicho motivo de improcedencia es fundado. El artículo ********************, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5, de la citada ley, así como contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se puede advertir que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con lo anterior, para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general, la parte quejosa deberá ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Ser titular de un derecho subjetivo; es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. b) Aducir un interés legítimo, el cual debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En el caso, el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la orden corte o retiro del servicio de suministro de agua en el domicilio del quejoso. Ahora bien, para pretender acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió las siguientes documentales: Copia simple de cuatro recibos de pago de trece de julio de dos mil veinte, tres por la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional) y el restante por la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional) (foja 8). Copia simple del convenio de pago en parcialidades de trece de julio de dos mil veinte, respecto al inmueble con número de registro ********************, celebrado entre el aquí quejoso y la responsable 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (foja 9). Esas documentales tienen valor de indicio al tratarse de copias simples, no obstante adminiculadas con lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado, en el sentido que la titular del contrato de los servicios de agua en el domicilio de que se trata lo es ********************, adquieren valor probatorio suficiente en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para demostrar únicamente que el quejoso celebró un convenio de pago de parcialidades con el organismo responsable y, que ha cubierto una parte del adeudo que existe respecto del suministro de agua potable en el domicilio ubicado en ********************. No obstante, dichas probanzas no alcanzan para demostrar plenamente que el quejoso tiene interés jurídico en el presente asunto, en la medida que únicamente demuestran que dicho solicitante del amparo celebró un convenio con la autoridad responsable de pago en parcialidades, respecto al adeudo que presenta el bien inmueble citado en el párrafo que antecede, así como el haber realizado cuatro pagos; mas no que el inmueble que defiende sea de su propiedad, ni tampoco que habite el referido domicilio, puesto que no se aportó prueba alguna que así lo demuestre. De ahí que, se concluya que el quejoso no demuestra que tenga interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, pues no se acreditó con prueba alguna que el inmueble que defiende: 1) sea de su propiedad, 2) ni tampoco que habite en dicho inmueble. Sirve de respaldo a lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 47/2018 (10a.) que se lee: "INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL. El artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que constituye la exigencia del interés jurídico. Por otra parte, en relación con el derecho de posesión y el interés jurídico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002,(1) definió que la posesión constituye objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, siempre que se funde en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Con base en estas premisas, resulta que la figura del domicilio conyugal remite al establecimiento de una vivienda o lugar físico en donde los cónyuges vivirán para organizar su vida en común, sin que constituya una figura que genere "el derecho a poseer" un determinado inmueble, por tanto la posesión simple o mera tenencia material que ejercen los cónyuges sobre una vivienda a partir de la designación del domicilio conyugal, no es el tipo de posesión que se tutela en el juicio de amparo indirecto contra actos provenientes de tribunales judiciales, y por ello, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble, aun cuando el domicilio conyugal se haya establecido antes de la celebración del arrendamiento. Sin embargo, cuando la prueba de la posesión del domicilio conyugal, se complementa con la prueba de algún título sustentado en una figura jurídica (diversa al contrato de arrendamiento controvertido) o en un precepto legal que genere el derecho a poseer el domicilio conyugal (como podría ser que uno de los cónyuges es propietario del inmueble), tales elementos sí podrían servir en su conjunto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble y el establecimiento del domicilio conyugal fue previo a la celebración del arrendamiento. Lo anterior, sin que el reconocimiento del interés jurídico implique pronunciamiento alguno respecto de la cuestión de fondo, la que quedaría sujeta a que las pruebas o argumentos de la parte quejosa, arrojaran razones jurídicas para sostener que existió, o no, un derecho de audiencia que debió respetarse en el procedimiento cuya tramitación y resolución se reclama." Conclusión En consecuencia, al concretarse el aludido motivo de improcedencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable 2. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Veracruz, Veracruz. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************contra el acto reclamado y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercer y quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley...."

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, signada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, mediante la cual hace constar que en cumplimiento al auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se constituyó en Calle Violetas, número veinticuatro (24) esquina Girasoles, de la Colonia Rafael Serdán, de Veracruz, Veracruz, a fin de realizar la inspección judicial ofrecida por la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente de que surta sus efectos legales la notificación que se le realice del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. En consecuencia y en atención a lo acordado en párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional señalada para el día veintidós de mayo del actual, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.

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