Jorge Figueroa Mota

Expediente 398/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
398/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Jorge Figueroa Mota

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Jorge Figueroa Mota, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obra una copia certificada exhibida por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger el citado documento, apercibiéndole que en caso contrario, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por +++++++, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obra una copia certificada exhibida por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger el citado documento, apercibiéndole que en caso contrario, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente.".NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos que reclama del Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 398/2022-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós en el que no se resuelve favorable la petición de decretar la caducidad de la instancia. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva en contra de actos en juicio que no sean de imposible reparación. Asimismo, se observa que los actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se combaten actos en el juicio, se deben tomar en cuenta dos criterios, a saber: I. Que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. II. Que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. En caso de no reunirse alguno de esos criterios, debe estimarse improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. El criterio que informa, se contiene en la tesis P. LVII/2004, con registro número 180415, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, subsanando las posibles violaciones cometidas en su contra. Así es, la parte quejosa reclama el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, dictado en el toca civil 666/2018, en el que se determinó improcedente la declaratoria de caducidad de la instancia de apelación, actuación que si bien es desfavorable a sus intereses, lo cierto es que no le genera un afectación irreparable, en tanto que no la deja en estado de indefensión, la resolución que se dicte en dicha instancia puede ser favorable a sus pretensiones y las posibles violaciones cometidas en el acuerdo reclamado relativo a la caducidad resultarían intrascendentes para la continuación del juicio civil. De ahí que, la determinación establecida en el acuerdo reclamado no lesione alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, como son, la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros de los consagrados en la Carta Magna. Además, en el supuesto de que la resolución que se dicte en la instancia de apelación sea contraria a sus intereses, se encuentran en posibilidad de hacer valer el juicio de amparo directo y plantear como violación procesal el acuerdo en el que se decretó la improcedencia de la declaratoria de caducidad de la instancia, momento en el que pudiera ser reparable dicha violación, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), con registro número 2011428, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, que dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese orden de ideas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad capital. Asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que no acredito el registro de su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, proporcionan como forma especial y expedita de contacto un correo electrónico y número telefónico móvil, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente

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