Jorge Fernando Hernandez Chavez
Expediente 959/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Fernando Hernandez Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
quince de noviembre de dos mil veintitrés. RAZÓN. Por otro lado, agréguese a los autos la razón de trece de noviembre de dos mil veintitrés, signada por el actuario judicial adscrito, a través de la cual, devuelve el oficio 9803, dirigido a la autoridad tercera interesada, LAURA HERNÁNDEZ MONTES, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, que contiene la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintitrés; en virtud de que al constituirse en el domicilio que ocupan diversas agencias del Ministerio Público - que se encuentran en las instalaciones que ocupa el C5-, en la oficina donde se recibe la correspondencia, fue atendido por Claudia Portillo Avelino quien dijo ser agente del Ministerio Público y estar encargada de recibir la correspondencia, quien le manifestó que no podía recibir el oficio 9803, pues LAURA HERNÁNDEZ MONTES, no está adscrita a flagrancia y desconocía a qué unidad pertenezca. Sin embargo, de las constancias que integran el presente controvertido, se advierte que la referida autoridad tercera interesada fue notificada dentro del presente sumario constitucional bajo dicha denominación, según acuse de recibo del oficio 10702023, de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés (foja 39). Por tanto, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la notificación de la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en este sumario constitucional, a la autoridad tercera interesada citada con antelación, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción se presentó de forma física, además de que genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jorge Fernando Hernandez Chávez, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia e intégrese al expediente físico, en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizado; por lista a este último y a los terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado.
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Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés: R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jorge Fernando Hernandez Chávez, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia e intégrese al expediente físico, en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizado; por lista a este último y a los terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado.
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PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en la circular 28/2023, firmada por el Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que ante las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos se declaraban inhábiles los días diecinueve a veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y, de manera retroactiva, el dieciséis, diecisiete y dieciocho del mes y año en cita, suspendiéndose los plazos y términos durante las fechas aludidas, con la precisión de que las actuaciones y diligencias que se hubieran celebrado subsistirían en su validez. Asimismo, que mediante avisos de veinticinco y veintiséis del mes y año que transcurren, emitidos por el titular de este Juzgado y por el Coordinador de las Juezas y Jueces de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, se declararon inhábiles pero laborables, los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, donde tampoco transcurrirían términos procesales. Y, que en la diversa circular 12/2023, signada por el aludido funcionario, se informó -en lo que interesa- que se declararon inhábiles los días uno, dos y tres de noviembre de dos mil veintitrés, donde igualmente no correrán los términos de ley. En relación con lo anterior, es menester señalar que, de los autos de este controvertido, se aprecia: 1. Que mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Francisco Javier Martínez Castillo. Asimismo se tuvo como terceros interesados a Laura Hernández Montes, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como a Guillermo Martín Hanan Budib, ordenándose su emplazamiento al presente juicio constitucional. 2. Que ese acuerdo se notificó por oficio a la mencionada fiscal el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; y, por lista (previo citatorio), a la parte quejosa y al tercero interesado, el tres de octubre de dos mil veintitrés y surtió efectos el cuatro posterior. 3. Que tomando en consideración las circunstancias apuntadas, a más de los días inhábiles establecidos en el ordinal 19 de la Ley de Amparo, el plazo de ocho días que establece el diverso arábigo 117 de la legislación de marras, transcurrirá del cinco al treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Consecuentemente al no mediar el plazo establecido por el último de los artículos supracitados, se difiere la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados y, por lista a las demás partes.
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