Jorge Fernando Fuentes Navarro

Expediente 368/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
368/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Jorge Fernando Fuentes Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    agréguese el oficio signado por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al cual acompaña testimonio de la ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de inconformidad 13/2021, de su índice, en cuyo punto resolutivo determinó: "Único. Es infundado el presente recurso de inconformidad." En tal virtud, acúsese recibo al citado órgano colegiado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvase el expediente en que se actúa al archivo, tal como se ordenó en auto de cuatro de mayo del año en curso. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."intégrese el oficio remitido vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual comunica el contenido del proveído dictado el ocho del mes y año en curso, por el cual, acusa recibo del original del escrito de expresión de agravios, una copia y los autos del juicio de amparo 368/2020-IV de este índice. Asimismo, informa que la Presidente del referido órgano colegiado admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución que declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, el cual se registró con el expediente Inconformidad. 13/2021. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    agréguese el escrito signado por el quejoso Jorge Fernando Fuentes Navarro, mediante el cual interpone recurso de inconformidad contra de la resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, por el cual se declaró infundado el incidente de repetición del acto reclamado, denunciada por el promovente, contra el acto del Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En consecuencia, con apoyo en el artículo 203 de la Ley de Amparo y conforme al acuerdo 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con el Instrumento Normativo aprobado por el citado Pleno, el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, del mencionado acuerdo Notifíquese en el portal del internet del Poder Judicial de la Federación y vía electrónica a la tercera interesada.

  4. Principal

    CONSIDERANDOS 1. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, en términos del artículo 199 de la Ley del Amparo, toda vez que, en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo del que derivó la denuncia de repetición del acto reclamado. 2. Oportunidad. La denuncia se presentó dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución de trece de abril de dos mil veintiuno, se notificó el catorce y surtió efectos el quince siguiente, ambos del mes y año citados. Por tanto, el plazo para presentar la denuncia transcurre del dieciséis de abril al seis de mayo de dos mil veintiuno, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril, uno y dos de mayo, del año que transcurre, por ser considerados inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. 3. Estudio. La denuncia de repetición del acto reclamado es infundada por las razones que se exponen a continuación. El quejoso, en esencia, sostiene que la autoridad responsable desatendió los parámetros establecidos en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, las resoluciones precedentes emitidas por este órgano jurisdiccional y los diversos numerales 14 y 16 constitucionales. Agrega que el monto abonado cubre primero los intereses moratorios, después la actualización referida en el primer párrafo de la fracción I del numeral antes citado y por último la obligación principal. Añade que el pago de intereses moratorios debía calcularse de abril de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve, tal como se ordenó en la ejecutoria de esta contienda constitucional, en la cual se estableció que aquéllos que calcularían sobre la base de la obligación incumplida que es de $35,953.85 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 85/100 moneda nacional), que se hizo exigible el cinco de noviembre de dos mil catorce, por lo que el valor de la unidad de inversión fue de 5.208376, misma que al ser dividida entre ese valor, dio como resultado 6,903.08265 unidades de inversión mensuales y sobre ello se debe continuar capitalizándolos. Refiere que a la autoridad responsable se le requirió para que explicara porqué consideraba como base la actualización a marzo de dos mil diecisiete por 44,791.52 unidades de inversión, si la misma debe partir de abril de ese año por 50,555.89 unidades de inversión. Agrega que al no aplicarse debidamente el dispositivo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, se incurre en la repetición del acto reclamado. Como ya se adelantó, la denuncia de repetición del acto reclamado es infundada. En principio, conviene destacar que la denuncia de repetición del acto reclamado tiene por objeto determinar si el nuevo acto emitido por las autoridades responsables, reitera las violaciones de aquél respecto del cual se otorgó la protección constitucional y, por ende, si produce idéntica afectación en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la repetición del acto reclamado tiende al análisis de una probable conducta de la autoridad responsable que reitera su contumacia en perjuicio del gobernado, ya favorecido con el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con la posible infracción a la institución de la cosa juzgada y del carácter vinculante de la sentencia. Además, requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de los derechos fundamentales a los que se impugnaron en el juicio constitucional, de manera tal que se advierta, claramente, que están basados en los mismos supuestos y motivos que la autoridad federal tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional, pues, de lo contrario, es decir, si los actos no reproducen las características básicas de los reclamados deben estimarse como diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo. En el caso, Jorge Fernando Fuentes Navarro, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, consistente la sentencia interlocutoria de seis de mayo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorio en el juicio oral mercantil 486/2016. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de enero de este año, este órgano federal concedió el amparo y protección solicitada, en la que se sostuvo lo siguiente: "Ahora, conviene precisar que en cumplimiento al juicio de amparo 883/2019 del índice de este juzgado, con libertad de jurisdicción, la responsable emitió el auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, donde determinó, entre otras cosas, que en sentencia definitiva de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se condenó a Metlife México, Sociedad Anónima, al pago de la indemnización por concepto de mora, en los términos del numeral 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; 2) Que el cuatro de julio de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente de intereses moratorios, ajustando la planilla por $241,093.17 (doscientos cuarenta y un mil noventa y tres pesos 17/100 moneda nacional), respecto del periodo de noviembre de dos mil catorce (momento en que se deberá realizar el reembolso) a marzo de dos mil diecisiete (fecha en que la actora cuantificó su reclamo); que dicho monto fue cubierto por la demandada mediante cheque 4180182 en julio de dos mil diecinueve; y estableció que se encuentran pendientes por liquidar (por concepto de interés por mora) el periodo comprendido de abril de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve (fecha en que realizó el pago total), por lo que dejó expedito el derecho del quejoso Jorge Fernando Fuentes Navarro, para hacer la cuantificación correspondiente. Por tal motivo, previa solicitud del quejoso, la autoridad responsable, el seis de mayo de dos mil veinte, se avocó a resolver el incidente, donde determinó procedente la actualización de los intereses moratorios de abril de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve, y condenó a la tercera interesada al pago de $38,905.37 (treinta y ocho mil novecientos cinco pesos 37/100 Moneda Nacional). Acto que constituye el acto reclamado. Ahora, para cuantificar los intereses moratorios del periodo comprendido de abril de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve, la responsable no establece con claridad la cantidad base que tomó en consideración para calcular los intereses. Lo anterior es así, por las siguientes consideraciones: Por una parte, la responsable estableció que los intereses moratorios a que se condenó la demandada se calcularán sobre la base de la obligación incumplida que corresponde a la suerte principal a que se le condenó en la sentencia definitiva de $35,953.85 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 85/100 Moneda Nacional), que se hizo exigible el cinco de noviembre de dos mil catorce (fecha de exigibilidad), por lo que el valor de Unidades de Inversión en ese mes de noviembre fue de 5.208376; en consecuencia, dividiendo la cantidad exigible entre el valor de Unidades de inversión del mes de noviembre, dio como resultado como obligación incumplida: 6,903.08265 unidades de inversión; por lo que la capitalización de intereses se realizará continuando la capitalización de los intereses generados sobre esa base. Siguiendo dicho criterio, para el pago de interés moratorio, deberá realizarse sobre la obligación denominada en unidades de inversión 6,903.08265, el cual se capitalizará mensualmente. Así, la tasa de interés moratorio resultará de multiplicar 1.25 por el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Luego, siguiendo el mismo lineamiento, los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha de vencimiento de los plazos, hasta el día en que se efectúe el pago; y para su obtención, deberá dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondiente a los meses en que persista el incumplimiento. Consecuentemente, se advierte que la autoridad responsable vulneró en perjuicio del peticionario de amparo la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que no realizó el cálculo de la indemnización por mora solicitado respecto del periodo comprendido de abril de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve, de conformidad con el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por los motivos vertidos en la presente sentencia; razón por la cual, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Aunado a lo anterior, también resulta incongruente, y como consecuencia, carece de fundamentación y motivación; en virtud de que inicialmente la responsable declaró que los intereses moratorios a que se condenó la demandada se calcularán sobre la base de la obligación incumplida que corresponde a la suerte principal a que se le condenó en la sentencia definitiva de $35,953.85 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 85/100 Moneda Nacional), que se hizo exigible el cinco de noviembre de dos mil catorce (fecha de exigibilidad), por lo que el valor de Unidades de Inversión en ese mes de noviembre fue de 5.208376; en consecuencia, dividiendo la cantidad exigible entre el valor de Unidades de inversión del mes de noviembre, dio como resultado como obligación incumplida: 6,903.08265 unidades de inversión; por lo que la capitalización de intereses se realizará sobre esa base. Sin embargo, en la propia resolución estableció que el monto de la obligación principal no pagada son 44,791.52 unidades de inversión que conforman la obligación no cumplida al mes de marzo de dos mil diecisiete, que será la base de obligación de incumplimiento a partir de la cual se continuará con la liquidación de intereses moratorios. Por lo tanto, a efecto de no vulnerar la garantía de seguridad jurídica de las partes, deberá establecerse con claridad la base de la obligación incumplida en unidades de inversión sobre la cual se continuará con la liquidación de intereses moratorios, fundado y motivando con claridad la obtención de dicha base. Además, en caso de insistir que la obligación incumplida en unidades de inversión es de 44,791.52 que conforman la obligación no cumplida al mes de marzo de dos mil diecisiete, deberá justificar porqué se toma en consideración el mes de marzo de dos mil diecisiete si previamente en autos se estableció que los intereses moratorios se calcularían del mes de abril de dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve, inclusive, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 883/2019 del índice de este juzgado. Finalmente, se reitera el mismo criterio de la ejecutoria de amparo 15/2019 del índice de este juzgado, donde se fijó el modo de cuantificación de los intereses moratorios, donde se precisó que dicha fórmula deberá ser utilizada para calcular el monto de los intereses moratorios mensuales de todos los demás meses". Al no haber sido recurrido ese fallo, en acuerdo de veintinueve de marzo siguiente, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento. Luego, en cumplimiento al fallo protector, el trece de abril de dos mil veintiuno el juez responsable dictó una nueva resolución -motivo de la denuncia-, en la que: - Reiteró lo que no fue materia de concesión. - Estableció con claridad la cantidad base que se tomaría en consideración para calcular los intereses, siendo la suerte principal a que se condenó en la sentencia definitiva por el monto de $35,953.85 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 85/100 moneda nacional), la cual sería dividida entre el valor de unidades de inversión, correspondiente a cada mes del periodo a liquidar, iniciando con 6,903.08265, continuando con el correlativo al último día del mes a pagar. - Fijó el monto a calcular por concepto de intereses moratorios mensuales del periodo comprendido del uno de abril de dos mil diecisiete, hasta el día en que se efectuó el pago de la suerte principal, esto es, treinta de julio de dos mil diecinueve, atendiendo las bases establecidas en la ejecutoria de amparo 15/2019 de este índice, pues tomó en consideración el valor correspondiente al último día de cada mes, a ese resultado le sumó el valor del interés moratorio en unidades obtenido en el mes cuantificado, arrojando la base actualizada del valor de la obligación incumplida que consideró en la mensualidad siguiente, operación que se ejecutó sucesivamente hasta la fecha de pago. - Sostuvo que la suma de intereses generados en el periodo a liquidar, resultó por un total de $11,702.0174 unidades de inversión, equivalente a la cantidad de $72,850.08 (setenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 08/100 moneda nacional), sin que se sume la base actualizada del valor de la obligación incumplida, porque ya fue cubierta. - Determinó que no se tomarían en consideración los intereses moratorios del periodo comprendido del once al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, al no haber sido reclamados por la actora, de conformidad con el artículo 1327 del Código de Comercio. En su informe, el juez responsable negó haber actualizado la repetición del acto que se le atribuye. Como se adelantó, de lo narrado con antelación, se advierte que la denuncia de repetición del acto reclamado es infundada. Se estima de ese modo, porque el acto destacado en este juicio constitucional fue la resolución de seis de mayo de dos mil veinte, dictada en el juicio oral mercantil 486/2016, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios. Se concedió el amparo solicitado para que el juez responsable la dejara insubsistente y dictara una nueva en la que reiterara lo que no fue materia de concesión y determinara la capitalización de los intereses moratorios de manera fundada y motivada, estableciendo con claridad la base de la obligación incumplida en unidades de inversión, particularmente, tomando en consideración el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Entonces, si en el auto de seis de abril de esta anualidad, dictado en el controvertido aludido, el juez responsable dejó insubsistente la resolución de seis de mayo de dos mil veinte; y, el trece de abril de dos mil veintiuno dictó una nueva, en la que de manera fundada y motivada, determinó la capitalización de los intereses moratorios de la obligación a la que fue condenada la empresa demandada, en términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, estableciendo como base de la obligación la cantidad de $35,953.85 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos 85/100 moneda nacional), misma que dividió entre el valor de unidades de inversión, correspondiente a cada mes del periodo a liquidar, iniciando con 6,903.08265, continuando con el correlativo al último día del mes a pagar, del periodo comprendido del uno de abril de dos mil diecisiete, hasta el día en que se efectuó el pago de la suerte principal, esto es, treinta de julio de dos mil diecinueve. Además, aun cuando la autoridad responsable no explicó por qué consideraba como base la actualización a marzo de dos mil diecisiete por 44,791.52 unidades de inversión, se estima que ello no era necesario, en virtud de que ajustó la cuantificación a la unidad de inversión determinada por este órgano de control constitucional en la ejecutoria de amparo. Por tanto, es evidente que el juez natural no reiteró la violación del derecho fundamental por el que se concedió la protección constitucional, al haberse determinado en el nuevo fallo, el marco normativo aplicable en relación con la resolución reclamada y al haberse ajustado a la ejecutoria de amparo. Cabe señalar que, cuando la protección de la Justicia Federal se otorga por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede actualizarse dicha figura, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de derechos humanos, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo. En el caso, si alguna de las partes estima que la nueva resolución dictada por la autoridad responsable es violatoria de derechos humanos, puede combatirla a través del medio de impugnación correspondiente, dado que, como ya se estableció, a través del presente incidente no se puede realizar pronunciamiento alguno sobre la legalidad o la constitucionalidad de la nueva determinación emitida por la autoridad responsable. En ese sentido, es evidente que el juez responsable no reiteró la violación del derecho fundamental por el que se concedió la protección constitucional, al haber dejado intocado lo que no fue materia de concesión y determinar la capitalización de los intereses moratorios de manera fundada y motivada, estableciendo con claridad la base de la obligación incumplida en unidades de inversión, particularmente, tomando en consideración el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. En mérito de lo anterior, lo procedente es declarar que en el caso no existe repetición del acto reclamado, por ende el presente incidente es infundado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÙNICO. Es infundada la repetición del acto reclamado, denunciada por Jorge Fernando Fuentes Navarro, contra el acto del Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Notifíquese vía electrónica a las partes.

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