Jorge Fernández Rodríguez

Expediente 63/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
63/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Elsa Lara Valencia
  • Jorge Fernández Rodríguez
  • Abenamar Montaño Sanchez
  • Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, firmado electrónicamente, con evidencia criptográfica; en atención a su contenido, téngase acusando recibo de la diversa comunicación 7581, del registro de este tribunal federal, con el cual se remitió la ejecutoria emitida en el presente asunto, así como el juicio de amparo indirecto 938/2021-II-A. Finalmente, al haberse confirmado la sentencia sujeta a revisión que sobreseyó en el juicio de amparo, y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados; además de no existir documento original que devolver; ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 17, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; el expediente en que se actúa es CONSERVABLE. Notifíquese.

  2. Amparo en revisión

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA.- SEGUNDO.- SE SOBRESEE DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ***, RESPECTO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADOS COMO RESPONSABLES.- TERCERO.- LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE AL QUEJOSO." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto; se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, y al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, 18, fracción tercera, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citados; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, del amparo directo 63/2022, se advierte que la autoridad responsable, Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informó mediante oficio 27-1-1-1062/23, de seis de enero de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Ahora, este Tribunal Colegiado, en sesión ordinaria virtual de treinta de noviembre de dos mil veintidós, determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, Elsa Lara Valencia, en la que se precisó: "En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para que la autoridad responsable, Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: a) Deje insubsistente la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 936/21-27-01-4; y, b) Emita otra en la que respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, defina cómo es que deben realizarse los incrementos a la actora Elsa Lara Valencia, atendiendo a su fecha de jubilación, dieciséis de agosto de dos mil ocho; hecho lo anterior, determine si en el particular, es aplicable o no a dicho concepto, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o el aumento al salario base de los trabajadores en activo, el que le resulte más benéfico." Luego, en acatamiento a lo ordenado por este órgano pluripersonal, la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante oficio 27-1-1-58285/22, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del acuerdo de la misma fecha, de la cual se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada: '(.) se deja sin efectos la sentencia de 24 de noviembre de 2022 (.)'. Asimismo, el diverso oficio 27-1-1-1062/23, de seis de enero de dos mil veintitrés, en el que remitió copia certificada de la nueva sentencia de seis de enero de dos mil veintitrés del cual se advierte, se pronunció respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, definió cómo es que deben realizarse los incrementos a la actora Elsa Lara Valencia, atendiendo a su fecha de jubilación, quince de agosto de dos mil ocho; se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, esto es, se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél, pues al respecto puntualizó: "(.) En su resolución la Segunda Sala del Alto tribunal consideró, que la pensión jubilatoria será equivalente al 100 por ciento del sueldo básico disfrutado en el último año anterior a la baja del trabajador, siempre y cuando tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años y en el caso de tener menos de este tiempo, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior al último, sin importar su antigüedad y que conforme a los artículos 15, párrafo quinto y 57, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el monto máximo de las pensiones no puede exceder de diez veces el salario mínimo. Y que, una vez establecida la cantidad mensual referida en el párrafo anterior, la propia ley preveía que la misma, tendrá un monto o tope máximo. Luego, se consideró, por un lado, que el salario mínimo es un concepto de remuneración inferior para una subsistencia digna, concebido como un derecho constitucional, conforme al cual nadie puede ganar por su trabajo una cantidad menor a éste y, por otro lado, que el monto de la pensión lo constituye el del salario obtenido por el trabajador en el último año en que estuvo activo. En el caso de estas dos premisas, no cabe duda que ambas forman parte del ámbito laboral. Sin embargo, el monto máximo que puede recibir un asegurado, una vez calculado el monto de su pensión no tiene relación con la definición de lo que es un salario mínimo, ni con el citado monto de su pensión y, por tanto, puede concluirse, que sí se trata de una medida de referencia y en consecuencia, le es totalmente aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, los conceptos de salario mínimo establecidos en el artículo 57 de la Ley y 7 del reglamento deben entenderse referidos a la nueva Unidad de Cuenta. Esta conclusión, dijo la Segunda Sala, se reafirma, si se tiene en consideración, que debido a la recuperación progresiva que ha tenido el salario mínimo (aproximadamente treinta por ciento en los años posteriores la reforma de desindexación), el volver a considerarlo como medida para el tope del monto máximo de la pensión, incrementaría en la misma proporción las obligaciones a cargo de los fondos de pensiones del sistema solidario y así sucesivamente, aumentando el déficit del sistema con cada incremento; dicho en otras palabras, ese elemento ajeno al salario, seguramente propiciaría la necesidad, una vez más, de contener o detener la recuperación del salario mínimo, lo que es contrario al espíritu de la Reforma Constitucional en materia de desindexación. A mayor abundamiento, sostuvo la Sala de la Corte, era indudable que la pensión jubilatoria, como beneficio de seguridad social, constituye una prestación a la que los trabajadores acceden una vez que satisfacen los años de servicio y edad previstos legalmente. Sin embargo, el hecho de que se trate de un derecho que constitucionalmente se configura como consecuencia de la existencia de una relación de trabajo, los aspectos relativos a la cuantificación de las pensiones entre los que se encuentra el monto máximo previsto en la ley, constituye un aspecto ajeno a la materia de trabajo. De ahí que, si bien el otorgamiento de la pensión jubilatoria constituye un derecho previsto en la Constitución, que deriva de la existencia del vínculo laboral que los trabajadores del Estado sostienen con los Poderes de la Unión, el aspecto relativo a la cuantificación de las pensiones, corresponde a la materia administrativa y, por tanto, la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional, prohíbe emplearlo como "índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza". Más aún, si se tiene en cuenta, que el monto máximo de las pensiones, únicamente es aplicable a los asegurados con los salarios de cotización más altos, es decir, aquellos que cotizan al ISSSTE con un salario superior a 10 veces la Unidad de Medida Actualización, puede concluirse, que esta interpretación es acorde con el objetivo esencial de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo que se reitera, consiste en favorecer la recuperación de este, a efecto de que cumpla con la función que constitucionalmente tienen encomendada, como remuneración mínima. Asimismo, en esa ejecutoria se dijo, que tal conclusión, también era acorde con lo previsto en el Convenio 102 sobre la Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 65, incisos 1) y 2). Que atendiendo que tanto el salario máximo de cotización, como el monto máximo de la pensión jubilatoria, que antes se cuantificaban con el equivalente a diez veces el "salario mínimo" y como consecuencia de la multicitada reforma, se determinan con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización, no podría considerarse que se genere una afectación a los asegurados, pues tanto su salario de cotización, como el monto máximo de las pensiones, tienen un límite máximo que es equivalente. Y que tampoco podría considerarse que el sustituir el valor del salario mínimo por el de la Unidad de Medida y Actualización, impida que los asegurados accedan a pensiones mayores de aquellas que venían recibiendo. Ello, porque no todos los asegurados cotizan al ISSSTE con base en el monto máximo del salario de cotización y por tanto, no todos tienen derecho a una pensión equivalente al monto máximo de 10 Unidades de Medida y Actualización. En tanto a aquellos asegurados que pueden alcanzar un salario de cotización mayor del equivalente a 10 Unidades de Medida y Actualización, la implementación de la mencionada medida, tampoco les impide acceder a un monto pensionario mayor que aquel que les correspondía antes de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Ello, porque antes de la implementación de la mencionada reforma, el monto máximo de las pensiones (y del salario de cotización) se calculaba con base en un salario mínimo que crecía en un porcentaje menor al inflacionario. Posteriormente, el Constituyente Permanente estableció, que el valor inicial de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, el correspondiente al año 2016, debía ser igual al que en ese momento tenía el salario mínimo, es decir, el equivalente a $73.04 (setenta y tres pesos con cuatro centavos). Luego, si bien es cierto que a partir del 2017, el valor del salario mínimo y el de la Unidad de Medida y Actualización comenzó a ser diferente en tanto que el primero tuvo un valor de $80.04 (ochenta pesos con cuatro centavos) y la segunda de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos), lo cierto es que el monto que corresponde a esta última es el equivalente al índice que fue contemplado en el diseño actuarial que sustenta el esquema pensionario previsto en las mencionadas legislaciones, incluso, podría considerarse que genera mayores beneficios económicos que el "salario mínimo" que la legislación contemplaba hasta antes de la reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, es decir, el anterior a 2016. (.) En el entendido de que aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no de la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE, o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente. En este contexto, resulta INFUNDADO el argumento de la parte actora en el sentido de que el monto máximo de las pensiones prevista tanto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y en el régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, debe cuantificarse con base en los salarios mínimos para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues en realidad el monto máximo aplicable debe ser tomando en consideración el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a partir del año de 2016 en que entró en vigor. La Jurisprudencia 2a./J 30/2021 (10a) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, referida en párrafos precedentes, es del tenor literal siguiente: 'PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO' (transcribe). Cabe resaltar que en el caso particular, resulta aplicable la Jurisprudencia anterior, pues la parte actora no acredita en el preste (sic) juicio que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, no le sea aplicable, pues para ello era indispensable que se demostrara: 1. Si al momento de la Concesión de Pensión, se le otorgó el monto máximo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al momento del otorgamiento, esto es, como se vio con antelación, la publicada en el Diario Oficial de la Federación del 01 de junio de 2001 y vigente a partir del 01 de enero de 2002. 2. Si a partir del 28 de enero de 2016, fecha en la que entró en vigor la reforma constitucional, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, al actor se le estaba cubriendo su pensión por el equivalente a 10 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 3. Si en el caso, existe una sentencia ejecutoria, por la cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en acatamiento a la misma le haya otorgado a la hoy parte actora una cuota diaria de pensión equivalente a 10 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). En efecto, si la actora no demuestra ubicarse en alguno de estos supuestos, es claro que no procede reconocerle el derecho adquirido de percibir una cuota diaria de pensión por el equivalente a 10 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Ello, ya que, como se dijo, la actora se encontraba obligada a demostrar que se ubica en alguno de los supuestos de excepción antes referidos, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el diverso 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; lo cual se corrobora pues la propia actora acudió ante la autoridad, controvirtiendo la aplicación de las Unidades de Medida y Actualización. (.) D) AHORA BIEN, EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2016, COMO PARÁMETRO DE INCREMENTO DE LA PENSIÓN DE LA PARTE ACTORA (SEGÚN LA AUTORIDAD) Y LA APLICACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO COMO PARÁMETRO PARA INCREMENTAR LAS PENSIONES A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2016 (SEGÚN LA PARTE ACTORA). Sobre estos tópicos, en estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, una vez analizadas las constancias que obran en los autos del juicio que se resuelve, le asiste sustancialmente la razón a la actora, pues es ilegal lo expresado por la autoridad en la resolución contenida en el oficio número SP/DPSH/OP/0333/2021, de fecha 02 de febrero de 2021, cuando afirma '.que resulta aplicable la UMA como parámetro de incremento de la pensión del actor (sic) a partir del año 2017.'; ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 57 de la (sic) instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el día 31 de marzo de 2007, aplicable. En efecto, como se ha mencionado en párrafos que anteceden, a la parte actora se le otorgó su pensión a partir del 16 de agosto de 2008, por lo que el factor o parámetro de incremento de la pensión se rige conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que este resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, como se establece en el artículo 57 de la (sic) instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 01 de junio de 2001 y vigente a partir del 1 de enero de 2002. En esta guisa, es claro que la autoridad demandada en forma inexacta resuelve que a partir del 2017 los incrementos de la cuota diaria de pensión se aplican conforme al incremento de la Unidad de Medida y Actualización, pues de acuerdo con el artículo aplicable la pensión de la impetrante se incrementará año con año conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que este resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Asimismo, resulta inexacta la apreciación de la parte cuando sostiene que su pensión debe incrementarse conforme a aumentos que año con año ha tenido el Salario Mínimo General Vigente desde el 27 en enero de 2016, pues ése tampoco es el parámetro que la ley marca para que las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado se incrementen. Ello, porque tal derecho (incremento de pensión) se encontraba protegido por la norma vigente en ese momento, precisamente por tratarse de un derecho adquirido, sin que resulte aplicable una norma anterior o posterior que modifique tal derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 155/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: 'ISSSTE. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN LA LEY RELATIVA PARA EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL' LO. DÉ ABRIL DE 2007)' (trascribe). Asimismo, es aplicable por identidad de 2a./J.33/2017 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 'INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA' (transcribe). Ahora bien, conforme a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, es de considerar por esta Sala que los incrementos de la cuota diaria de pensión de la parte actora atendiendo a la fecha en que se jubiló es decir el 16 de agosto de 2008 (sic), se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la (sic) instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el día 31 de marzo de 2007, es decir se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. Por lo que contario a lo expuesto por la autoridad demandada en la resolución impugnada la Unidad de Medida y Actualización, no puede ser tomada en consideración como parámetro para el incremento de la cuota de diaria de pensión del accionante, de ahí lo fundado de los argumentos vertidos por la parte actora (.)." De la lectura de la anterior transcripción se considera que la Junta responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este tribunal, porque: Dejó sin efecto la sentencia que resultó inconstitucional de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Emitió otra en la se pronunció respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, pues definió cómo es que deben realizarse los incrementos a la actora Elsa Lara Valencia, atendiendo a su fecha de jubilación, quince de agosto de dos mil ocho, al puntualizar que se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, esto es, se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. Por lo anterior, se concluye que la responsable ha dado cumplimiento total a la ejecutoria, sin excesos ni defectos, en términos del cuarto párrafo del precepto 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, ha transcurrido el plazo de diez días que se dio a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, según se aprecia del auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, siendo omisas."

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